La decimocuarta jornada de huelga general y manifestaciones de ayer quiso poner el foco sobre la batalla parlamentaria que se esta dando alrededor de la proposición de ley del grupo parlamentario LIOT (acrónimo de Libertés, Indépendants, Outre-Mer y Territoires), que pretende principalmente eliminar el paso a los 64 años como edad mínima para jubilarse y volver a los 62 años que había antes de la última reforma.
Por lo pronto, la jornada de huelga general del martes dejó varios titulares. En primer lugar, queda claro que la juventud ha venido para quedarse en el movimiento social, no solo por las docenas de miles de nuevas afiliaciones a los sindicatos, sino también por la continuidad que movimientos como el estudiantil y el ecologista están teniendo en la duración e intensificación de las protestas.
Como en las anteriores jornadas de huelga general, líderes políticos y sindicales nacionales acudieron de forma descentralizada a las manifestaciones, por ejemplo el Secretario General del Partido Comunista de Francia Fabien Roussel (hoy integrado como el resto de fuerzas de izquierdas en la NUPES) participó en la manifestación de Montpellier. Esto añade a la continuidad del movimiento social su distribución territorial mucho más equilibrada y repartida por todo el territorio.
Reforma adoptada por la fuerza
Tras las primeras huelgas de enero y con el debate sobre el modelo de jubilación en primera plana, el recorrido parlamentario de la ley estuvo marcado por el uso acumulativo de medidas del pretendido “parlamentarismo racionalizado” de la Constitución de la V República francesa.
La reforma de las pensiones, cuya medida principal sube la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años, fue finalmente adoptada el 20 de marzo mediante el uso del artículo 49.3 de esa misma Constitución, que permite al ejecutivo considerar la ley adoptada por el Parlamento sin que las cámaras la voten.
En aquel momento, solo faltaron nueve votos para que prosperara una moción de censura que hubiera derrocado al Gobierno de la Primera ministra Élizabeth Borne, alineado con las posiciones del presidente de la República, Emmanuel Macron.
Para entonces, ocho jornadas de huelga general y manifestaciones habían ya tenido lugar bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales unidas.
En cada ocasión se agruparon entre un millón y 3,5 millones de personas, según la Confederación General del Trabajo, o entre 400.000 y 1,3 millones según el Ministerio del Interior. Una tras otra se fueron así alcanzando niveles de contestación no conocidos en las generaciones actuales de trabajadores y trabajadoras, aunque las huelgas no llegaron a ser tan multitudinarias como para bloquear el país de forma permanente, pese a las huelgas indefinidas en sectores estratégicos, como las refinerías de petróleo, los transportes o la recogida de basuras.
Contestación histórica ninguneada
Aún así, un hecho se impuso tras la aprobación de la ley en marzo: la intensificación de las protestas en las calles, que se desató en una ola de manifestaciones no declaradas, no tan masivas como las anteriores demostraciones de fuerza de los sindicatos, pero más jóvenes y dinámicas, al tiempo que radicalizadas en sus formas de acción.
Este aumento de la tensión social se ha enfrentado a una fuerte represión policial, incrementada a medida que se intensificaban las movilizaciones. Custodias policiales masivas para asfixiar las manifestaciones, casos de violencia sexista contra mujeres detenidas en comisarias de Paris, humillaciones con amenazas contra jóvenes manifestantes, prohibiciones de toda congregación de personas en amplias zonas de la capital o el recientemente aprobado control de manifestantes mediante drones, son solo algunos de los ejemplos constatados.
Estos hechos han generado investigaciones y denuncias por parte de estamentos profesionales y sociales varios.
La intersindical que reúne las ocho principales organizaciones sindicales del país tampoco se ha rendido y ha seguido convocando jornadas de huelga general. Trece jornadas de huelga general y manifestaciones masivas en total, entre el 19 de enero y el pasado Primero de mayo. 2,3 millones de personas acudieron a las convocatorias de este día internacional de lucha para los derechos de las trabajadoras y trabajadores (800.000 según la policía), no se trataba de un Primero de mayo normal, ya que no se había visto una afluencia tan importante en este día desde 2002, manifestaciones que se habían dado entonces en un contexto especial, justo antes de la segunda vuelta de la elección presidencial que había visto enfrentarse al presidente Jacques Chirac y, por primera vez, al entonces líder de la extrema derecha Jean-Marie Le Pen.
Las caceroladas que persiguen desde mediados de abril el presidente Emmanuel Macron y sus ministros durante cada uno de sus desplazamientos continúan hasta hoy, aunque hayan perdido visibilidad mediática. Esto ha provocado que las agendas de los ministros sean cada vez menos públicas y las prohibiciones policiales cada vez más generalizadas, incluso excéntricas. De este modo, algunos prefectos (equivalentes a delegados del gobierno) han llegado a prohibir los “dispositivos de amplificación sonora” o los “dispositivos sonoros portátiles”, o sea las cacerolas.
A finales de mayo, unos militantes de la ciudad borgoñona de Dijon, que habían participado en una cacerolada el 7 de mayo, recibieron en sus buzones una multa de 68 euros por “emisión de ruido atentando contra la tranquilidad del vecindario o a la salud humana”. Más allá de la multa, el problema es que ninguno de ellos había sido identificado por la policía el 7 de mayo, lo que plantea la cuestión de cómo han sido identificados.
A pesar de que el fiscal de Dijon lo niega, la Liga de los derechos humanos considera que “la ausencia de control durante la manifestación demuestra que las multas han sido formuladas a posteriori fundándose en observaciones por videovigilancia”, aunque, según la ley, la infracción imputada no se puede constatar por ese método.
Los esfuerzos de los poderes públicos no han conseguido consolidar los cien días de apaciguamiento requeridos por el presidente Macron. Más bien, ha continuado una perturbación cotidiana permanente, tal como lo muestra la página internet 100 jours de zbeul, creada por el sindicato de informática de la Unión sindical Solidaries, que sigue contando los puntos de una competición entre los diferentes departamentos de Francia para medir quién es capaz de interrumpir más desplazamientos de los miembros del Ejecutivo.
El
Hérault (en Occitania) y la Seine-Saint-Denis (en la región parisina),
que lideraban hace un mes la competición, se encuentran ahora en quinta y
cuarta posición. Hay un empate en cabeza entre Paris y Lyon, mientras
que les sigue de cerca el Nord, el departamento más septentrional del
Hexágono.
Las prohibiciones de manifestaciones y de concentraciones también han sido ampliamente utilizadas para intentar acallar al movimiento popular, especialmente en el caso de oportunidades con una visibilidad tan relevante como la del Festival de Cannes.
En esa cita crucial del cine a nivel internacional, Justine Triet, ganadora este año de la Palma de Oro, criticó al gobierno desde el escenario del Palacio de los festivales. La realizadora francesa de Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) reivindicó, frente al auditorio y las cámaras de todo el mundo, que “este año el país ha estado atravesado por una contestación histórica, extremamente poderosa, unánime, de la reforma de la jubilación”, contestación que “ha sido negada y reprimida de forma chocante”, y también que “este esquema dominante cada vez más sin complejos ha estallado en varios ámbitos”, citando acto seguido los problemas de los que adolece la política cultural.
La intersindical no se rinde
La lucha sigue repartida por ciudades grandes y pequeñas de toda Francia. Este martes, 9.000 manifestantes caminaron en las calles de Montpellier (Hérault, Occitania) según los sindicatos, en un ambiente que seguía siendo de carácter combativo. En el Hérault, además, hubo cinco ciudades donde acudir a manifestarse. Las múltiples citas del martes y su nutrida afluencia dan testimonio de que un alto nivel de movilización sigue en marcha.
Detrás del camión de la Unión sindical Solidaries, algunos eslóganes relacionaban la lucha para la jubilación y en defensa del clima, argumentando que “no habrá pensionistas en un planeta quemado”. Se ha hecho también un homenaje a Clément Méric, joven militante antifascista del sindicato Solidaries estudiantes, muerto un 5 de junio hace diez años a manos de un grupo de skinheads de extrema derecha.
Esta primera semana de junio podría ser la de las últimas maniobras de esta batalla contra la reforma de la jubilación impulsada por Macron. El secretario general de la Confederación francesa democrática del trabajo (CFDT) así lo afirmaba desde la manifestación parisina, que será “la última con este formato contra la reforma de la jubilación”, a pesar de que persiste “siempre una ira y un resentimiento”.
Una movilización con la cual habrá que “seguir trabajando sobre los salarios, el poder adquisitivo, las condiciones del trabajo y del dialogo social”, concluía.
Sophie Binet, la nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo, coincidía por su parte en considerar que quería “verdaderas negociaciones” sobre los salarios, los “decretos-leyes Macron”, sobre el código del trabajo y “la igualdad entre mujeres y hombres”. Estimaba por su lado, también desde el cortejo parisino, que era “probable que haya otras manifestaciones al ver la ira en el país” y que “la intersindical va a quedar unida”.
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