Según fuentes de la Fiscalía, detrás de este incremento hay varios factores, como el empeoramiento de algunas situaciones personales de progenitores que ya habían solicitado la guarda de los menores o una mejora en los protocolos de comunicación con las entidades encargadas de la protección, que en Balears son los consells insulares.
Otro elemento que ha sumado un buen número de menores en situación de riesgo tiene que ver con el incremento de llegada de pateras. Parte de la subida se debe a la llegada de menores por esta vía, tanto menores no acompañados que tienen que ser tutelados, como niños pequeños que viajan con sus familias en estas embarcaciones.
Además de las tutelas, la memoria refleja que son 268 los menores que se encuentran en situación de guarda voluntaria y 450 los que están calificados en riesgo.
En total, a lo largo de 2022, la Fiscalía llevó a cabo más de un millar de diligencias informativas civiles, relacionadas con comunicaciones de centros escolares, servicios sociales y sanitarios ante posibles situaciones en las que podían estar implicados derechos de menores de edad.
El aumento de estas situaciones de posible desatención también están vinculadas con el registro de salidas no autorizadas de domicilios, centros educativos o de protección. La memoria señala también un especial seguimiento a menores procedentes de Ucrania a raíz de la invasión rusa del país.
El área de menores del Ministerio Público apunta además a un incremento del control a las entidades de tutela y la petición de información sobre los programas de preparación para la vida independiente y sobre la administración de sus bienes.
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