J.S.H, de San José de Ibiza pasa a estar destinado en Murcia; R.G.D, de Mallorca a Alicante; A.G.M, de Llucmajor a Madrid; D.D.O, de Mallorca a Vitoria. Y así, hasta 174 agentes. Esa es la lista que publicó la semana pasada el Boletín Oficial de la Guardia Civil en la resolución por la que se destina a sus nuevos puestos, texto reservado a consumo interno al que ha tenido acceso okDiario. La salida se produce en las modalidades de Antigüedad, Méritos y Libre Designación.
De esa forma, Baleares pierde desde esta misma semana 127 agentes de la Guardia Civil -descontando los 47 nuevos que llegan-, dejando a la Comunidad en una situación preocupante para Interior. AUGC había advertido a la Dirección General que hacían falta 600 agentes más en Baleares para evitar la saturación en algunos puntos con gran carga de trabajo, especialmente en zonas de gran afluencia de turismo. Sin embargo, en vez de aliviar el déficit, éste es cada vez mayor.
Actualmente, explican fuentes de la Guardia Civil en Baleares, en el archipiélago hay destinados alrededor de 1.700 agentes -cifra actualizada tras la salida de esos 127 guardias-. Es una dotación que para las asociaciones es a todas luces insuficiente.
El principal problema para los agentes en Baleares, tal y como vienen denunciando desde hace años, es el coste de la vivienda. Con los precios de compra y de alquiler disparados, y con un parque residencial cada vez más enfocado al turismo ocasional, la Comunidad se ha convertido en inaccesible para muchos de los funcionarios comisionados en alguna de sus islas. Y no hay plazas suficientes, ni mucho menos, en las casas cuartel.
Basten estos datos como botón de muestra: cinco de los seis municipios con la vivienda más cara de España están en Baleares; en algunos puntos de las islas, el precio se ha disparado por encima del 18% en sólo un año; y, respecto a hace una década, el precio se ha disparado en general un 73%.
Con los precios más altos del país, Interior se ha negado a darle a los guardias civiles de Baleares la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que permitiría adoptar medidas para garantizar el acceso a la vivienda y compensar el coste de la insularidad.
Según recuerdan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), esta problemática «ha llevado a que muchos efectivos opten por abandonar las islas en busca de condiciones de vida más adecuadas».
Baleares se ha convertido, dicen, en un «destino a evitar» para los guardias civiles «debido a la carestía de la vida y, en particular, a la escasez de viviendas asequibles».
«La dificultad de encontrar alojamiento asequible ha generado una situación insostenible para aquellos que prestan servicio en estas islas. Recordamos que a principios de este verano varios guardias civiles tuvieron que dormir en caravanas ante la imposibilidad de encontrar alojamiento», señalan desde AUGC.
Lo que reclaman a Grande-Marlaska es que el destino en Baleares sea considerado preferente. «Esto implicaría que los efectivos que completen tres años de servicio en las islas tengan prioridad al solicitar su siguiente destino. Esta medida no solo ayudaría a retener a los guardias civiles en Baleares, sino que también contribuiría a paliar la actual falta de personal en la región».
En la actualidad, la mayoría de los agentes destinados en Baleares optan por cambiar de destino después de cumplir el año obligatorio, lo que agrava aún más la escasez de efectivos en la región.
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