Aragonès responde a la ANC que una declaración de independencia hoy “no serviría para nada”

 

BARCELONA.- El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado a la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, que una declaración unilateral de independencia hoy sería inútil sin apoyo internacional. “No serviría para nada ahora mismo”, ha afirmado. 

Asimismo, el president también ha respondido que una candidatura cívica independentista, tal como propone la entidad, “no es lo que más le conviene al movimiento”. 

“A la gente que participó en la manifestación [de la Diada] no la podemos encasillar en una sola candidatura”, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.   

En la manifestación con motivo de la Diada, Feliu avisó de que la Assemblea presentará una lista cívica a las elecciones si los partidos catalanes no hacen efectiva la independencia y pidió que se convoque a las urnas si no se asume el resultado del referéndum del 1-O. 

Aragonès ha defendido que la independencia “no se hace deseándola mucho” y ha apostado por “fijar entre todos un mecanismo que permita que la próxima vez que se vote el resultado sea reconocido por la comunidad internacional”.

 “Si no, será muy difícil”, ha añadido. 

Ante la petición concreta de la ANC para que se haga efectiva la independencia, el presidente catalán responde que “no es una cuestión de proclamarla” solamente. “Podemos salir al balcón 15 veces. La cuestión es cómo se hace efectiva y hace falta reconocimiento internacional”, ha dicho.

Feliu también avisó de que la ANC se presentará a las próximas elecciones al Parlament si no cambia la situación. Aragonès pone en duda que incrementar el número de candidaturas independentistas convenga al movimiento aunque ha añadido que “cada uno es libre de realizar su proyecto”. 

De hecho, según Aragonès, sería una “oportunidad para ver el apoyo electoral que puede tener cada opción y aclararía las cosas”.  

En cuanto a los contactos con el Estado para la investidura de Pedro Sánchez, Aragonès ha afirmado que la negociación formal todavía no ha comenzado ni se han puesto documentos sobre la mesa. Asegura que no ha habido conversaciones con el líder del PSOE en las últimas semanas. Por contra, ha explicado que sí habló hace unas semanas con la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Aragonès ha defendido que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no forme parte de una eventual amnistía ya que los hechos por los que fue condenada “no tienen nada que ver” con el 1-O y ni la consulta del 9-N. 

“La amnistía no puede cubrir condenas de corrupción. Existe una sentencia que la vincula con delitos de corrupción”, ha dicho en referencia a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la condena por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas ( ILC).

Aragonès ha insistido en que la amnistía es un listado de hechos y no de personas. Y ha avisado de que si se mezcla la amnistía con otras causas “se estará haciendo un mal servicio al movimiento”.

Según Aragonès, ahora existe un “escenario nuevo” porque ERC y Junts no sólo comparten los objetivos –amnistía y autodeterminación– sino también la herramienta, la vía de la negociación. Y ha admitido que le gustaría que Junts ofreciera estabilidad al Govern, aunque reconoce que en estos momentos no se está en esta situación. 

Los militantes de ERC claman por la unilateralidad

BARCELONA.- La militancia de ERC consiguió que la formación mantenga abierta la posibilidad de la unilateralidad. Las bases republicanas votaron por no descartar ninguna vía para alcanzar la república catalana, según Economía Digital.

La ponencia estratégica de ERC fue aprobada con 511 votos a favor (el 96%), seis en contra y 19 votos en blanco, en una conferencia nacional del partido celebrada en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat.

El texto aprobado incluye la mayoría de las 1.450 enmiendas presentadas por la militancia republicana, que opto por indicar explícitamente que ERC no descarta ninguna vía "democrática y pacífica" en el camino hacia la república.

Así las cosas, ERC deja abierta la posibilidad a una declaración unilateral de independencia si las negociaciones bilaterales o multilaterales no fructifican.

La ponencia que las bases aprobaron el fin de semana agrega que el ejercicio de la soberanía tiene que culminar finalmente en una negociación multilateral con diferentes actores del Estado español o internacionales.

"La ruptura con el régimen del 78 no se producirá por una ruptura súbita, sino más bien gradual y sin opción a retorno", dice el texto.

Unilateralidad... y desobediencia

El resultado de la votación interna de ERC este fin de semana resalta el choche de los partidos independentistas con sus bases tras mostrar su intento por regresar al realismo.

Todavía el sábado, la portavoz Marta Vilalta inauguró la conferencia nacional de ERC abogando por la "desobediencia civil" e insistiendo por las negociaciones y el diálogo por encima de la unilateralidad.

"Esta vez, cuando lleguen estos nuevos 1-O, los ganaremos. No tengáis ninguna duda", recalcó Vilalta durante su discurso de apertura

La celebración de una votación, y su resultado, son pruebas de la crisis que enfrentan los partidos secesionistas ante el entusiasmo con el que sus militantes y simpatizantes han acogido los planteamientos unilaterales

Quim Torra exige a Pedro Sánchez 10.000 millones de euros pendientes

BARCELONA.- La Generalitat catalana quiere clarificar cuanto antes los ingresos que espera recibir con el cambio de inquilino en la Moncloa. Los cálculos del Govern, solo teniendo en cuenta pagos que lleva hasta una década reclamando al Estado, elevan la factura a más de 10.000 millones de euros, publica http://www.eleconomista.es/.

Se trata de importes vinculados a las competencias autonómicas, pero todavía no recibidos, que la administración catalana ha puesto sobre la mesa para aviso a navegantes antes de la reunión prevista dentro de una semana, el lunes 9 de julio, entre el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el español, Pedro Sánchez.

Dada la tardía formación del Govern, este mes de junio, y el difícil equilibrio de las mayorías en el Parlament, el nuevo vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha renunciado a intentar aprobar Presupuestos de la Generalitat para 2018 y ha iniciado directamente la elaboración de los de 2019, pero sí que está interesado en conseguir ingresos por todas las vías posibles cuanto antes.

Así, aprovechó su primera comparecencia en el Parlament la semana pasada para abogar por "iniciar la negociación con el Estado para que se cumplan los modelos vigentes", y cifró la deuda pendiente en 6.000 millones de euros. De estos, más de la mitad corresponden a las inversiones que debía realizar el Estado en infraestructuras catalanas entre 2007 y 2013, según lo que estipulaba la disposición adicional tercera del Estatut.

Además, la Generalitat cuenta con recibir casi 3.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el tercer y cuarto trimestre de este año. En la primera mitad de 2018, todavía con el Gobierno del PP, la comunidad autónoma recibió casi 5.900 millones, pero los siguientes pagos ya deben llegar bajo el mandato de Pedro Sánchez.

Con los mercados todavía cerrados para la administración catalana, el FLA es su fuente fundamental de financiación. Desde que se pusieron en marcha los mecanismos de liquidez estatal en 2012, Catalunya ha recibido 76.771 millones de euros -incluyendo aportaciones extraordinarias como adelantos de la liquidación del modelo de financiación-, y actualmente suponen el 70% de la estructura de deuda de la Generalitat.

Otro punto en el que el gobierno catalán quiere incidir ante Sánchez es en el "principio de lealtad institucional", apuntó Aragonès. El Ejecutivo de Torra reprocha que el Estado ha tomado decisiones en los últimos años que aumentan gastos o reducen ingresos de la Generalitat y no lo ha compensado con los recursos económicos correspondientes.

Algunos ejemplos son el aumento de la retribución de los funcionarios (1.100 millones), cambios en el IRPF (100 millones por la reducción de la base imponible), y modificaciones en la liquidación del IVA (400 millones). 

También en este apartado se incluye el reparto del límite de déficit entre los diferentes niveles de administraciones públicas españolas "injusto, arbitrario y que incumple la ley de estabilidad".

Impuestos

En cualquier caso, la voluntad de la Generalitat es la de aumentar los ingresos, ya sea por mayores transferencias del Estado o por mayor recaudación, y en este segundo apartado batallará para recuperar impuestos suspendidos por el anterior Gobierno central.

El mayor exponente es el impuesto sobre los depósitos bancarios, con el que la Generalitat pretendía recaudar 635 millones de euros anuales en su planteamiento inicial, si bien Cristóbal Montoro cortó las alas a las aspiraciones catalanas adelantándose con un tributo estatal equivalente. 

Joaquim Torra también quiere recuperar el impuesto al ADSL, con el objetivo de destinar la recaudación -estimada en unos 16 millones anuales- a impulsar la cultura catalana.

Sin embargo, el nuevo gobierno catalán no puede atribuir todos sus males a los anteriores ejecutivos centrales, sino que cuenta también con lastres propios, provenientes de los gobiernos autonómicos precedentes. 

El más relevante a corto plazo es el de la recuperación de la gestión pública de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) después de que la Justicia haya anulado el concurso de concesión durante 50 años adjudicado en diciembre de 2012.

Otro gran escollo para Torra, que afecta a la capacidad de acometer nuevas inversiones de obra pública, es la financiación diferida de obras realizadas en el pasado, denominada financiación estructurada. 

En los presupuestos de la Generalitat de 2017, el dinero comprometido era de 1.031,9 millones, y según los últimos datos fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, en 2013, la Generalitat catalana tenía gastos con cargo a ejercicios futuros por más de 92.400 millones de euros, con plazos que alcanzaban hasta más allá de 2050.

Torra reactiva la comisión bilateral con el Gobierno español, que no se reúne desde 2011

BARCELONA.- El Gobierno catalán ha anunciado su intención de reactivar este martes la parte catalana de las comisiones bilaterales con el Ejecutivo del Estado -la Generalitat-Estado; la de transferencias, la de asuntos económicos y fiscales y la de infraestructuras- en el marco de la fase de diálogo que se abrirá el día 9 con la entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, dice hoy El País. 

El anuncio lo formalizó el consejero Ernest Maragall que recordó que la comisión bilateral Generalitat-Estado no se reúne desde 2011 justo cuando Mariano Rajoy accedió al poder. Las dos instituciones arrastran desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, una larga historia de desencuentros plasmada en 115 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias cruzados: La Moncloa ha presentado 48 de esos recursos -15 pendientes de sentencia- y 67 la Generalitat -ocho aguardan fallo-.

En un informe del Govern sobre esa conflictividad, la Generalitat entiende que la sentencia del Estatut marcó un "antes y un después" en sus relaciones con el Estado. 

La tensión se exacerbó a partir de 2014, el año de la consulta alternativa del 9 de noviembre, cuando el Gobierno de Rajoy presentó 9 recursos; en 2015 fueron 10 y en 2017, el año del referéndum ilegal, 16. 

La Generalitat, que denuncia el ánimo recentralizador y de impugnación sistemática de su capacidad normativa, ha presentado desde 2012, cuando estalló el proceso soberanista, 21 de los 29 conflictos de competencias. Sus recursos de inconstitucionalidad, sin embargo, fueron a la baja: 11 en 2013 frente a dos en 2017.

Al margen del tema capital del procés y de su reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación, el Govern quiere rescatar más de una decena de leyes de carácter social suspendidas y que nada tiene que ver con el pulso soberanista. 

Los recursos fueron interpuestos por Rajoy y el Gobierno de Sánchez decidir que se archivaran retirándose del caso. Son leyes tan dispares como la de la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de consumidores de cannabis o la de la emergencia habitacional. 

En este apartado, Torra tendrá la complicidad del PSC -votó muchas a favor- y de Catalunya en Comú. Los comunes, que han pedido que la bilateral se reúna dentro de un mes,  consideran que los recursos han sido una "injerencia intolerable" en la soberanía del Parlament y que han afectado de forma muy negativa a la calidad de la vida de las personas.

Con su firme decisión de ejercer de oposición activa, Torra no tendrá tanta complicidad de la CUP, que quiere ignorar al Constitucional y que se trace un plan para aplicar en 90 días las leyes suspendidas y anuladas. 

De hecho, ha presentado una moción para que se vote en el Parlament. Los anticapitalistas dudan que el Estado quiera rescatar las normas anuladas por el Constitucional como las de los impuestos a la energía nuclear, a los depósitos de las entidades de crédito la que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica o "fracking".

Los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont entregaron a Rajoy en las dos reuniones que mantuvieron en julio de 2014 y abril de 2016 dos memorandos que casi permanecen intactos ante la ruptura de relaciones entre las dos administraciones. 

 La Generalitat ya no hace abandera desde hace años la mejora de la financiación pero sí que reclama el pago de la deuda del Estado. Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, la cifró el lunes en 6.000 millones procedentes de impagos por la ley de la dependencia y de la suma de la adicional tercera del Estatut para infraestructuras. Fue un acuerdo político pero los tribunales han dictado sentencias exonerando al Estado de esa obligación. 

Con la  complicidad del tejido empresarial, su reivindicación por el déficit de inversión en infraestructuras es histórica: desde la obra del corredor Mediterráneo o los retrasos en el plan de Rodalies. 

Un caso paradigmático es el de la estación de Montada i Reixac: después de 10 años, el Gobierno licitó a final de 2017 el soterramiento de las vías. Los accidentes en ese punto se han cobrado la vida de 170 personas.

El Govern no quiere hacer una lista de prioridades por1ue considera que todo son incumplimientos del Estado pero en política de traspasos siempre ha hecho mención a dos: que se aplique la sentencia del Supremo que permite a Cataluña gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado social que proceden del 0,7% del IRPF. 

O el traspaso pendiente y con sentencias a favor del Constitucional en la gestión de becas. Estos dos puntos figuran en el informe La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de la situación, de 2013. De ese listado, los comunes reivindican como traspaso prioritario la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la FP para el empleo; las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Los datos de la conflictividad institucional

Esta es el balance de la conflictividad institucional entre las dos instituciones desde la sentencia del Estatut en 2010. Desde entonces, las dos Administraciones han elevado al Tribunal Constitucional un total de 115 casos-

Gobierno central: 48 casos. 45 recursos de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencias. Del total, 15 están pendientes de sentencia.

Generalitat: 67 acciones ante el Constitucional. 38 recursos de inconstitucionalidad y 29 conflictos positivos de competencias. 8 están pendientes de sentencia.