MÉS reprocha a Galmés su "falta de valentía" para limitar la entrada de coches en la isla de Mallorca

PALMA.- El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha reprochado este jueves al presidente, Llorenç Galmés, su "falta de valentía" para limitar la entrada de coches en la isla, tras rechazar el pleno, con los votos del PP y Vox, la propuesta de los ecosoberanistas en ese sentido. 

"Las medidas valientes deben adoptarse en esta sala. Anunciar el encargo de un estudio creo que tiene poco de valiente. Valentía es gobernar y tomar decisiones", ha defendido Alzamora.

El portavoz de MÉS solicitaba limitar la entrada y la circulación de vehículos en la isla según criterios medioambientales y además establecer un número máximo de vehículos de alquiler, medidas que para los ecosoberanistas "no pueden esperar más".

Alzamora ha recalcado que en las últimas dos décadas el parque automovilístico de Baleares "se ha disparado en cerca de un 44 por ciento hasta superar el millón de unidades".

"Las últimas cifras oficiales confirman que existen 913 vehículos por cada 1.000 habitantes. Estos datos son, con mucha diferencia, los más elevados de todo el Estado y sitúan al archipiélago como el tercer territorio del mundo sólo por detrás de San Marino y EEUU. Sólo en la ciudad de Palma hay ahora mismo 326.448 automóviles, son 94.287 más que en 1997", ha apuntado.

Por otro lado, el pleno ha debatido y aprobado mociones del grupo socialista sobre parques fotovoltaicos, educación 0-3 y proyectos financiados con fondos Next Generation, algunas parcialmente.

Así, se ha aceptado instar al Consell a terminar la tramitación de la modificación 4 del Plan Territorial de Mallorca para la zonificación de las instalaciones de generación de energías renovables, que ya cuenta con un texto terminado elaborado en la pasada legislatura. La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha apremiado al equipo de gobierno a ejecutarlo.

"Esta regulación será clave para saber cómo y dónde se pueden instalar los parques de fotovoltaicas y cómo deben ser las instalaciones domésticas", han indicado desde el PSIB.

Mientras, se han aprobado dos de los cuatro puntos de una moción para garantizar los proyectos comprometidos financiados con fondos europeos. El conseller Javier de Juan ha advertido del riesgo de renunciar a esta financiación, ya que están adjudicados 150 millones de euros comprometidos en 122 proyectos.

La tercera de las mociones presentadas por el Grupo Socialista ha obtenido apoyo del pleno para la mejora de la etapa educativa 0-3 años. Se ha acordado instar al Govern a incrementar los recursos destinados a este ciclo y crear más plazas de guarderías educativas.

También propone priorizar la convocatoria ya presupuestada en la anterior legislatura con una partida de 1 millón de euros, para facilitar el proceso de adaptación de las guarderías a la nueva normativa.

El Consell crea dos registros insulares de entidades de caza y pesca fluvial

PALMA DE MALLORCA.- La Dirección insular de Cooperación Local y Caza del Consell está creando dos registros insulares de caza y pesca fluvial para mejorar la difusión de su tarea y presencia en la isla, en los que se pueden inscribir las entidades sin ánimo de lucro del ámbito cinegético de la Isla.

Según ha informado el Consell este domingo en una nota de prensa, en primer lugar se ha creado un Registro Insular de entidades sin ánimo de lucro de caza y pesca fluvial, de acuerdo con la Ley balear de caza y pesca fluvial. Además, ha recordado, en el pasado pleno del Consell del mes de junio se acordó elaborar este registro.

En segundo lugar, ha añadido, se ha impulsado un Registro de entidades de carácter informativo de caza mayor y de control de fauna, la cual, ha confiado, facilitará el contacto de entidades cinegéticas, empresas y profesionales del ámbito con la ciudadanía que necesite sus servicios, como por ejemplo en el caso de titulares de fincas agrícolas que sufran daños y perjuicios por parte de especies cinegéticas.

Con todo, la institución insular ha apuntado que las entidades sin ánimo de lucro interesadas en formar parte de los registros se han de inscribir con el modelo de instancia adjuntado en las resoluciones de caza y pesca fluvial y de caza mayor y control de fauna, que hallarán en el BOIB.

S&P Global considera necesaria una "profunda reforma" del modelo de financiación autonómica

MADRID.- La agencia de calificación crediticia S&P Global ha destacado que es necesario llevar a cabo una "profunda reforma" del sistema de financiación autonómico con el objetivo de atajar sus problemas de endeudamiento, según se desprende de un informe publicado este jueves.

Aunque la firma ha subrayado que la fortaleza de la economía y las "estrictas" reglas fiscales están ayudado a las comunidades autónomas a reducir sus déficits y mejorar su perfil crediticio, en lo que respecta a la deuda no es suficiente.

"El crecimiento por sí solo no puede reducir la deuda de las regiones españolas de forma significativa. Un desendeudamiento estructural requeriría una profunda reforma del sistema de financiación regional, que es algo que no está a la vista todavía", ha explicado la analista soberana de S&P Inés Olondriz.

A cierre del primer trimestre de 2019, la deuda de las comunidades autónomas fue de 296.658 millones de euros, equivalente al 24,4% del PIB.

Por otro lado, con respecto a las necesidades de financiación, la calificadora de riesgos ha valorado de forma positiva el hecho de que los perfiles crediticios "mejorados" y las "condiciones favorables del mercado" están permitiendo a las regiones volver al mercado de bonos para reducir su dependencia de las líneas de liquidez del gobierno central.

Así, en el último año han vuelto al mercado de bonos Andalucía, Asturias, Islas Baleares y Castilla y León, que se han unido a Madrid, País Vasco y Navarra, que ya eran emisores regulares. Esto es positivo para S&P, ya que la emisión de deuda ofrece plazos de vencimiento más prolongados, a pesar de que su coste sea más elevado.

El informe de S&P también ha alertado de que el envejecimiento de la población supone un "reto presupuestario estructural" para las comunidades autónomas, ya que de ellas dependen la sanidad y otros servicios sociales, cuyo gasto per cápita se incrementa cuanto más envejecida sea la población.

1.700 millones para potenciar un nuevo mapa ferroviario en Mallorca

PALMA.- El Consell de Govern ha aprobado este viernes el decreto que aprueba el Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares 2019-2026, presupuestado con 1.720 millones de euros que, entre otras cuestiones, potenciará la red ferroviaria para desarrollar líneas de Palma a Llucmajor, tren hasta Alcúdia, Artà y Cala Rajada o la integración del metro en la red urbana de Palma.

Así ha informado el conseller de Territorio, Energia y Movilidad, Marc Pons, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que ha estado acompañado de la consellera de Presidencia, Pilar Costa.
«Es un plan para garantizar la movilidad a todo el mundo y que plasma la apuesta por la reducción del vehículo privado en favor del transporte público», ha manifestado Pons.
El Plan fija como objetivos principales la accesibilidad al transporte de la ciudadanía en todo el territorio, la reducción de la contaminación y accidentalidad, la transformación del modelo de transporte hacia el transporte público y la flexibilización de las condiciones del transporte público ante la «rigidez» del privado.
Así, se prevé el incremento del 50 por ciento de las concesiones de autobús en Mallorca así como un nuevo mapa ferroviario que plantea desarrollar la línea de Migjorn, de Palma a Llucmajor; la implantación del Trambadia desde Palma hasta el aeropuerto y la integración del metro en la red urbana de Palma, con la ampliación de la línea al ParcBit y al Hospital de Son Espases.
Además, se prevé que las líneas de tren lleguen hasta Alcúdia, Artà y Cala Rajada, además de la ampliación de la línea de Migjorn hasta Felanitx o del tranvía hasta Santa Ponça.
Otras de las medidas contempladas en el plan son la creación de hasta 50 kilómetros de carril bus VAO, la habilitación de aparcamientos disuasorios en la periferia de las ciudades o la integración tarifaria de todas las Islas, así como la apuesta por el vehículo eléctrico y por continuar con la electrificación de la red ferroviaria.
En este sentido, el Plan prevé una nueva distribución de los modos de transporte de la población residente y apuesta para que el 13 % de los desplazamientos se realicen en transporte público; un 42 % a pie y un 9 % en bicicleta, lo que reducirá el peso del coche del 56 % al 36 %.
En el caso de los turistas, se ha estimado que se pueden reducir en un 30 % los desplazamientos que realizan en coche.
«Es un modelo en el que la utilización del coche privado pierde peso en favor del transporte colectivo», ha asegurado Pons, quien ha añadido que el plan tiene un carácter «social, de integración y de igualdad» para garantizar el «derecho a la movilidad» de la ciudadanía.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

Rajoy promete abordar "de inmediato" la reforma de la financiación autonómica

MADRID.- El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido hoy ante la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a convocar "de inmediato" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy ha pedido a Díaz que facilite el consenso entre el Ejecutivo y el PSOE para hallar un acuerdo a través de la "vía del consenso".


  Rajoy se ha reunido durante algo más de una hora y cuarto en el Palacio de la Moncloa con Díaz y, al término del encuentro, ha hecho público un comentario en su cuenta de Twitter en el que, junto a una foto de la reunión, ha insistido en la necesidad de consensuar el nuevo modelo de financiación.

"Tratamos asuntos prioritarios para Andalucía: inversiones y el sistema de financiación, un modelo -señala- que siempre he defendido reformar por la vía del consenso".

La presidenta andaluza ha expresado su satisfacción por ese compromiso de Rajoy con el que confía que se desbloquee la situación y ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión con voluntad de acuerdo y entendimiento. "Si se quiere, será posible, pero hay que querer hacerlo. De momento, hay un paso importante", ha señalado en referencia a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa reunión ha subrayado que marca el inicio del diálogo, pero ha insistido en que ahora debe haber "voluntad de entendimiento y dinero".

El jefe del Ejecutivo, según Díaz, le ha trasladado una fecha orientativa para esa reunión del CPFF, pero ha remitido a Rajoy y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que sean ellos los que informen al respecto porque cree que sería una falta de respeto que lo comunicara ella. 

Además, ha explicado que Montoro deberá hacer una ronda con los gobiernos autonómicos para exponer el modelo de financiación que proponen. 

Un modelo que, según la presidenta andaluza, Rajoy no le ha trasladado en la reunión de hoy, aunque ella sí le ha expuesto el avalado por la gran mayoría de grupos del Parlamento de su comunidad. 

Tampoco el jefe del Gobierno ha ligado en algún momento de la reunión el nuevo modelo de financiación con la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Díaz ha informado también de que Rajoy se ha comprometido a que en los próximos días el ministro de Fomento y el consejero andaluz de este área se reúnan para intentar alcanzar algún acuerdo en materia de inversiones en Andalucía para trasladarlo después al proyecto de ley de presupuestos.

Montoro destapa que diez autonomías gastan más de lo que permite la ley

MADRID.- El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. 

El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. 

El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.

La regla de gasto es, dentro de las normas de estabilidad fiscal, la más desconocida. Fija el límite por el cual las Administraciones pueden elevar sus desembolsos, y lo hace teniendo en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. 

De ahí que el Gobierno determinase que el ejercicio pasado, con un avance del 3,1 por ciento pero a la baja en lo sucesivo, el margen era del 2,1 por ciento. Era el más generoso de los últimos ejercicios. Sin embargo, y a tenor de los resultados, no ha sido suficiente.

Al margen de los casos de Navarra, Castilla y León y Madrid, incumplieron también el citado 2,1 por ciento Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas; La Rioja y Murcia, gobernadas por el Partido Popular; Cataluña, donde hasta octubre llevaba la batuta la extinta Junts pel Sí; y País Vasco, bajo el mandato del PNV. Se de-muestra así que la disciplina fiscal no entiende de ideologías, al menos en nuestro país.

Porque, entre las pocas que sí se ciñeron a los límites impuestos por el Gobierno, están Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, del PSOE; Galicia, del PP; Canarias, bajo el mando de Coalición Canaria; y Cantabria, del PRC de Miguel Ángel Revilla. 

En esta lista llaman la atención varios resultados. Extremadura, flagrante incumplidora del déficit, fue la única región que rebajó su gasto en 2017, demostrando que, al menos, está haciendo un esfuerzo por reconducir sus cuentas públicas. 

Algo similar a lo que ha hecho Baleares en los últimos años, que de incumplir los objetivos de estabilidad ha pasado a engrosar la lista de Administraciones más disciplinadas. Mención que merece también Galicia, donde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la estabilidad fiscal una de sus cartas de presentación.

El ministro ya cumple

En conjunto, las autonomías elevaron su gasto un 2,9 por ciento frente al 2,1 por ciento legal, al desembolsar 4.003 millones de euros más que en el ejercicio 2016. También infringieron su límite de deuda por más de 7.000 millones de euros. Una situación que contrasta con la de la Administración Central, que incumplió las reglas de los años 2012 a 2015 pero que, por segunda vez consecutiva, se ciñó a los objetivos, tanto de gasto como de pasivo -que no de déficit-.

En un ejercicio marcado por la tardía aprobación de los Presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro rebajó los desembolsos un 3,8 por ciento, lo que supone 3.800 millones de euros menos que el año anterior.

Las Corporaciones Locales, las más saneadas y cumplidoras con la Ley de Estabilidad desde que esta normativa se aprobara, tampoco sorprendieron y lograron cumplir con holgura. En superávit presupuestario, sus desembolsos aumentaron un 0,6 por ciento, tres veces menos de lo que les permitían las normas, y ello pese a las polémicas que el propio ministro Montoro ha tenido con ayuntamientos como el de Madrid.

El perfil académico de los presidentes autonómicos

MADRID.- La polémica sobre el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira los logros académicos de los políticos. Los mandatarios autonómicos son en su mayor parte abogados y con poca formación complementaria posterior, al menos según consta en sus currículos.

Una formación complementaria, como la de los máster, que no era necesaria para ser licenciado en la época en la que cursaron estudios la mayoría de los actuales presidentes regionales.

Sea o no por la edad, son pocos los homólogos de Cifuentes que exhiben algún máster en las biografías oficiales que constan en las respectivas páginas web de los gobiernos autonómicos.

Tiene uno, por ejemplo, su compañero de partido en Murcia, Fernando López Miras, que aún no ha cumplido los 35 años, licenciado en Derecho y que ostenta un título de MBA de ENAE, la escuela de negocios adscrita a la Universidad murciana.

Cifuentes ha sido la más aplicada a la hora de completar sus estudios, a tenor de lo que figura en la web del Gobierno madrileño, ya que además del controvertido máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene en su haber un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

En general, en el mundo de la política priman los licenciados en Derecho y el plano autonómico no se escapa a esa generalización.

Son abogados la propia Cifuentes y el ya citado López Miras, así como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la de Andalucía, Susana Díaz, esta última también diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.

Es decir, el 40% de los 16 mandatarios actuales es experto en leyes.

Visto por el lado de los partidos, cuatro de las cinco comunidades gobernadas por el PP tienen al frente a abogados y sólo La Rioja se sale de esa tónica.

Si se analizan los méritos curriculares desde el tradicional punto de vista de ciencias o letras, estas últimas arrasan por mayoría, con diez de los dieciséis presidentes autonómicos.

Además de abogados, los estudios más cursados son los de Ciencias Económicas y Empresariales, Periodismo y Magisterio.

Los expertos en Economía son los de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (también es diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco) y Canarias, Fernando Clavijo, mientras que el valenciano Ximo Puig y la navarra Uxue Barkos son periodistas, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, son maestros.

Revilla es el más veterano de los presidentes regionales, junto a su vecino de la cornisa cantábrica, el asturiano Javier Fernández, que es ingeniero de Minas y diplomado en Calidad Ambiental.

El aragonés Javier Lambán es el único licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Historia por su tesis doctoral "La reforma agraria en Aragón en la II República", calificada con la máxima nota posible: apto "Cum laude", y su compañera de filas balear, Francina Armengol, es la única farmacéutica y además tiene un posgrado en Dermofarmacia y estudios de Derecho.

Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, el único que es médico forense, obtuvo el grado mediante tesina de licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente.

En todo caso, aunque muchos hayan ejercido su profesión también llevan muchos años en el mundo de la política, por lo que han dejado atrás los estudios, al menos de momento.

Andalucía y Baleares, dispuestas a prescindir de los préstamos de Montoro

MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.

Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".

Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 

Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.

El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 

A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.

Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.

En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 

Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.

Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 

Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.