PALMA.- La acusación popular en el caso que investiga
el presunto desvío de 1,4 millones de euros públicos en la gestión de
Ràdio Calvià, en el que está querellado el actual conseller de Turismo
del Govern y exalcalde del municipio, Carlos Delgado, ha ampliado la
querella que dio inicio a la causa, al comprobar que el Ayuntamiento
'calvianer' licitó en junio un nuevo contrato por valor de 48.400 euros,
sin publicidad ni mesa de contratación, a pesar de que el objeto del
mismo ya está incluido en el vigente contrato de explotación que está
siendo investigado en el marco de este procedimiento.
En su ampliación de querella, la representación procesal del Grupo Municipal Socialista de
Calvià, querellante en este proceso, apunta cómo en la página web del
Consistorio aparecen publicadas las bases de licitación de un expediente
relativo al servicio de realización de la programación de informativos y
entretenimiento en la emisora municipal, con un importe máximo de
20.000 euros más IVA por anualidad, siendo el límite total del contrato
de 48.400 euros y posibilidad de prórroga por seis meses -60.000 euros
en total más IVA-.
Sin embargo, el letrado que representa a la formación, Pablo
Alonso de Caso, denuncia que el contrato ha sido licitado bajo la
modalidad de negociado sin publicidad y sin mesa de contratación, lo que
"garantiza a los querellados más discrecionalidad en su concesión y
opacidad en quienes quieren concursar".
En concreto, en el marco de esta causa se encuentran querellados
el actual conseller de Turismo del Govern y exalcalde de Calvià, Carlos
Delgado; el actual primer edil, Manuel Onieva; la exresponsable de
comunicación en el Ayuntamiento y actual jefa de prensa de Delgado,
María José Merino; la periodista Antonia Pastrana y el último
adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López Hinojosa,
a raíz de su presunta concertación en la adjudicación de contrataciones
para explotar Ràdio Calvià.
Según pone de manifiesto el abogado, quien ya solicitó la
imputación de Delgado por su implicación en esta "orquesta criminal",
tanto Pastrana como Onieva "han cambiado de estrategia y ahora han
optado [desde el Ayuntamiento] por fraccionar aún más los contratos" y,
si López Hinojosa ostenta la explotación de la emisora, "ahora se está
licitando la programación de los informativos y programas de
entretenimiento cuando éstos ya están incluidos en el vigente contrato
de explotación".
Es por ello que, denuncia, resulta "plenamente injustificada su
licitación y fraccionamiento independiente" y ya hay un adjudicatario
"que con sus propios medios ya cumple esas labores que se pretenden
licitar".
Al hilo de lo anterior, el querellante asevera que lo que se está
haciendo con el nuevo contrato es "vaciar aún más de contenido la
gestión de la explotación de Ràdio Calvià a fin de incrementar los
costes que ha de asumir el Ayuntamiento -con el consecuente perjuicio
para las arcas públicas- y reducir los costes que el siguiente
adjudicatario deba asumir, esto es, a menor número de programas que
editar, menos medios personales y materiales se precisan y mayor margen
comercial".
Así, el letrado incide en que "la búsqueda deliberada del vaciado
de contenido de los contratos que se liciten más la licitación
innecesaria de contratos, junto al fraccionamiento ilegal de los
mismos", que "al fin y al cabo es una reiteración del comportamiento
delictivo que los querellados han venido efectuando hasta la fecha",
hace que deba ampliarse la querella interpuesta contra Onieva y
Pastrana, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a
la administración.
El abogado solicita asimismo en su escrito que, habida cuenta de
que aún no se ha producido un daño material al Ayuntamiento y en aras a
evitar "daños de difícil reparación", se suspenda de forma cautelar el
expediente de contratación y, en caso de estar licitado y adjudicado,
que los querellados presten fianza solidaria por el importe tramitado.
La jueza instructora de la causa ya apuntó en uno de los autos
dictados en el marco de esta causa a un fraccionamiento de los contratos
para que fueran adjudicados de forma directa así como a su falta de
justificación, motivo por el que incoó diligencias contra Delgado y el
resto de querellados.
En su resolución judicial, la titular del Juzgado de Instrucción
número 12 de Palma, Carmen González, aludía a la existencia de
"sospechas racionales" de que en la preparación y desarrollo de los
contratos "se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin
ilícito", aseverando que los hechos revisten características "que
permiten suponer" la comisión de delitos de malversación de caudales
públicos, fraude y prevaricación.
Se da la circunstancia de que una sentencia dictada en octubre de
2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma
ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de
2009, se adjudicaba a Pastrana el 'servicio para llevar a cabo la
realización de los trabajos de producción y realización de la
programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la
emisora', por haberse tramitado "al margen de la legalidad".
En concreto, el servicio fue adjudicado por un total de 80.000
euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en
aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por
tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por María
José Merino, "siendo la propia Administración la que ha querido que
concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que
sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación".
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