PALMA.- El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha
anunciado un plan de inversiones para modernizar las infraestructuras
del ciclo del agua, la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenación y
Gestión integral del litoral de Baleares o una mayor dotación de
personal para resolver la cantidad de expedientes pendientes en Recursos
Hídricos o Costas.
Estas han sido algunas de las líneas sobre las que actuará durante su mandato al frente del departamento y que ha esbozado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.
Lafuente ha explicado que una de las principales medidas de su Conselleria para esta legislatura será poner en marcha un Plan de modernización para invertir en infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.
Así, ha destacado que las redes de canalización son la infraestructura que mantiene el suministro de Baleares y su estado de conservación y eficiencia "tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos".
El responsable del Ciclo del Agua ha puntado que este programa vendrá acompañado de la financiación necesaria con la creación de un fondo específico, con recursos procedentes del canon de saneamiento, de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), inversiones del Estado y Fondos Next Generation.
Respecto al proyecto de ley del litoral, ha resaltado que la normativa tendrá como objetivo estructurar la costa, además de establecer la protección de construcciones históricas, como los 'escars' o las 'cases de vorera'. La ordenación se desarrollará de acuerdo con planes insulares, con una especial atención a la problemática específica de Formentera.
Lafuente ha indicado que esta ley, no solo actuará como gestión y ordenación integral del litoral, sino que se trabajará para hacer compatible la ordenación del litoral y su uso con la protección y la preservación. "Esta normativa permitirá establecer claramente qué usos y servicios son admisibles y cuáles no", ha detallado.
En referencia a las carencias de personal de su departamento, la Dirección General de Recursos Hídricos ha puesto en marcha un plan de reorganización, dotado con más recursos, para paliar la "gestión deficiente" de los últimos ocho años que "ha generado más de 4.295 expedientes en proceso de resolución".
De este modo, ha puesto como ejemplos los "retrasos alarmantes" de dos años en el Servicio de Aguas Subterráneas, con expedientes pendientes desde 2019, o de dos años y medio de los informes de zonas inundables en el Servicio de Dominio Público Hidráulico.
Por lo que afecta a la Dirección General de Costas y Litoral --competencia transferida por el Gobierno central--, también ha destacado la "preocupante" situación que vive este área debido a "la mala gestión en cuanto a la transferencia de competencias".
"La falta de personal ha desencadenado que haya unos 2.000 expedientes pendientes de atención, algunos de los cuales datan de hace años. Aunque se supone que se debería contar con un equipo de 38 personas, actualmente solo trabajan 18 y el resto son plazas que están pendientes de cubrir. En Ibiza y Formentera, por ejemplo, no hay vigilantes y en el caso de Menorca solo hay uno", ha detallado el conseller.
Estas han sido algunas de las líneas sobre las que actuará durante su mandato al frente del departamento y que ha esbozado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.
Lafuente ha explicado que una de las principales medidas de su Conselleria para esta legislatura será poner en marcha un Plan de modernización para invertir en infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.
Así, ha destacado que las redes de canalización son la infraestructura que mantiene el suministro de Baleares y su estado de conservación y eficiencia "tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos".
El responsable del Ciclo del Agua ha puntado que este programa vendrá acompañado de la financiación necesaria con la creación de un fondo específico, con recursos procedentes del canon de saneamiento, de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), inversiones del Estado y Fondos Next Generation.
Respecto al proyecto de ley del litoral, ha resaltado que la normativa tendrá como objetivo estructurar la costa, además de establecer la protección de construcciones históricas, como los 'escars' o las 'cases de vorera'. La ordenación se desarrollará de acuerdo con planes insulares, con una especial atención a la problemática específica de Formentera.
Lafuente ha indicado que esta ley, no solo actuará como gestión y ordenación integral del litoral, sino que se trabajará para hacer compatible la ordenación del litoral y su uso con la protección y la preservación. "Esta normativa permitirá establecer claramente qué usos y servicios son admisibles y cuáles no", ha detallado.
En referencia a las carencias de personal de su departamento, la Dirección General de Recursos Hídricos ha puesto en marcha un plan de reorganización, dotado con más recursos, para paliar la "gestión deficiente" de los últimos ocho años que "ha generado más de 4.295 expedientes en proceso de resolución".
De este modo, ha puesto como ejemplos los "retrasos alarmantes" de dos años en el Servicio de Aguas Subterráneas, con expedientes pendientes desde 2019, o de dos años y medio de los informes de zonas inundables en el Servicio de Dominio Público Hidráulico.
Por lo que afecta a la Dirección General de Costas y Litoral --competencia transferida por el Gobierno central--, también ha destacado la "preocupante" situación que vive este área debido a "la mala gestión en cuanto a la transferencia de competencias".
"La falta de personal ha desencadenado que haya unos 2.000 expedientes pendientes de atención, algunos de los cuales datan de hace años. Aunque se supone que se debería contar con un equipo de 38 personas, actualmente solo trabajan 18 y el resto son plazas que están pendientes de cubrir. En Ibiza y Formentera, por ejemplo, no hay vigilantes y en el caso de Menorca solo hay uno", ha detallado el conseller.
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