Se anuncia una nueva ley balear de ordenación del litoral

 PALMA.- El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciado un plan de inversiones para modernizar las infraestructuras del ciclo del agua, la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenación y Gestión integral del litoral de Baleares o una mayor dotación de personal para resolver la cantidad de expedientes pendientes en Recursos Hídricos o Costas.

Estas han sido algunas de las líneas sobre las que actuará durante su mandato al frente del departamento y que ha esbozado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

Lafuente ha explicado que una de las principales medidas de su Conselleria para esta legislatura será poner en marcha un Plan de modernización para invertir en infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.

Así, ha destacado que las redes de canalización son la infraestructura que mantiene el suministro de Baleares y su estado de conservación y eficiencia "tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos".

El responsable del Ciclo del Agua ha puntado que este programa vendrá acompañado de la financiación necesaria con la creación de un fondo específico, con recursos procedentes del canon de saneamiento, de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), inversiones del Estado y Fondos Next Generation.

Respecto al proyecto de ley del litoral, ha resaltado que la normativa tendrá como objetivo estructurar la costa, además de establecer la protección de construcciones históricas, como los 'escars' o las 'cases de vorera'. La ordenación se desarrollará de acuerdo con planes insulares, con una especial atención a la problemática específica de Formentera.

Lafuente ha indicado que esta ley, no solo actuará como gestión y ordenación integral del litoral, sino que se trabajará para hacer compatible la ordenación del litoral y su uso con la protección y la preservación. "Esta normativa permitirá establecer claramente qué usos y servicios son admisibles y cuáles no", ha detallado.

En referencia a las carencias de personal de su departamento, la Dirección General de Recursos Hídricos ha puesto en marcha un plan de reorganización, dotado con más recursos, para paliar la "gestión deficiente" de los últimos ocho años que "ha generado más de 4.295 expedientes en proceso de resolución".

De este modo, ha puesto como ejemplos los "retrasos alarmantes" de dos años en el Servicio de Aguas Subterráneas, con expedientes pendientes desde 2019, o de dos años y medio de los informes de zonas inundables en el Servicio de Dominio Público Hidráulico.

Por lo que afecta a la Dirección General de Costas y Litoral --competencia transferida por el Gobierno central--, también ha destacado la "preocupante" situación que vive este área debido a "la mala gestión en cuanto a la transferencia de competencias".

"La falta de personal ha desencadenado que haya unos 2.000 expedientes pendientes de atención, algunos de los cuales datan de hace años. Aunque se supone que se debería contar con un equipo de 38 personas, actualmente solo trabajan 18 y el resto son plazas que están pendientes de cubrir. En Ibiza y Formentera, por ejemplo, no hay vigilantes y en el caso de Menorca solo hay uno", ha detallado el conseller.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Ley de Costas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas con el fin de garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sosteniblidad de las actividades económicas en la zona, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Saénz de Santamaría ha destacado que, para la elaboración del texto, se ha contado con participación de ciudadanos, ONG, empresas, CCAA y ayuntamientos, además de incorporar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.

Entre otras novedades, el Reglamento introduce cambios en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros para lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público marítimo terrestre, y evitar que se pueda comprar una vivienda u otros bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público.

Respecto a la prohibición de edificar en la costa, destaca la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la costa así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen en los edificios en la costa. Además, el Reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.

El texto también contempla la máxima protección de los tramos naturales de las playas y diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común.

Además, la norma garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase, por todos los ciudadanos y, en cuanto a los eventos en las playas, concreta los requisitos, límites y condiciones en los que son posibles, garantizando su conservación y entendiendo que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.

En el capítulo de concesiones, destaca el plazo máximo por el que pueden ser otorgadas, dentro del límite de 75 años establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y se regulan tres supuestos distintos con máximos de 75, 50 y 30 años. Para la determinación de los plazos se recogen los criterios a tener en cuenta como la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económicofinanciero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar.

Se abre la posibilidad de prorrogar estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las autorizaciones de hasta cuatro años), con el requisito de que se acredite su sostenibilidad ambiental y se permite la transmisión de los derechos de las concesiones, previa autorización. Al respecto, se recoge la posibilidad de trasmitir las concesiones 'inter vivos', siempre que la Administración reconozca el cumplimiento por parte del adquiriente de las condiciones establecidas en la concesión.

La Ley de Costas prevé que puede facilitar la generación de cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica en la costa. En este sentido, Medio Ambiente indica que la clarificación sobre los criterios para el establecimiento de actividades en la costa que establece el Reglamento puede asegurar la situación a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal, que ahora podrán prolongar los negocios y hacer reformas para modernizarse y ganar calidad.

Asimismo, asegura que se ordena definitivamente la situación de unos 3.000 chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que podrán prorrogar sus concesiones, entre otros avances.

El documento también recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos del Cambio Climático en el litoral. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que está elaborando una Estrategia para la Adaptación de la costa al Cambio Climático que en la actualidad está en fase de evaluación ambiental estratégica y que se presentará antes del fin de la legislatura, en coordinación con las CCAA.

El GOB pide que se descarte la ampliación del Club Marítimo del Molinar

PALMA.- EL GOB pide ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que descarte y retire el proyecto de ampliación del Club Marítimo del Molinar por "el elevado impacto" que representa ya que dicha iniciativa implicará pasar de 75 a 315 amarres y aumentar un 734% el empleo total (terrestre y sobre agua) del puerto.

   En un escrito dirigido al Ministerio, debido a su petición sobre la evaluación del impacto ambiental del proyecto de "mejora y remodelación" de estas instalaciones, el GOB ha afirmado que "en realidad" se trata de una proyecto de ampliación de "grandes dimensiones" que "desfigurará" la barriada del Molinar y generará "unos impactos inasumibles".

   Esta organización, junto con ARCA y los vecinos del barrio han solicitado a la autoridad competente que "tome conciencia" de la importancia de conservar este "lugar emblemático" para la ciudad de Palma, "e impida que este desproporcionado proyecto pueda prosperar".

Por su parte, el presidente del Club Marítimo del Molinar, Rafael Vallespir, ha explicado que con la ampliación de las instalaciones su entidad "se mejorará la imagen de la barriada" y, además, ha negado que se vaya a crecer en paralelo a la costa, sino que se hará ajustados a los límites actuales.

   Vallespir ha señalado que lo que da una imagen negativa al Molinar en la actualidad es el propio club, ya que cada vez que llueve se inunda y las aguas pueden llegar a la zona peatonal y también genera malos olores por la acumulación de algas.

   Además, ha dicho que las fotografías que se han distribuido en distintos medios de Baleares, "no corresponden con la realidad" y que "no es cierto", como han asegurado algunos sectores, que los de vecinos estén en contra del proyecto. "La mayoría de entidades de la barriada han dado apoyo por escrito", ha especificado al respecto.

El 87% de las playas españolas tiene aguas de calidad excelente, por encima de la media europea

BRUSELAS.-   La calidad del agua en las playas españolas es "excelente" en el 87,2% de las zonas costeras sometidas a examen en 2012, por encima del 81 % que suma la media europea, según el informe publicado este martes por la Agencia Europea de Medio Ambiente. También aprueban en su mayoría los ríos y otras aguas interiores aptas para el baño, aunque solo un 46,1 % lo hace con nota, frente al 72 % de media europea.

   En total, España sometió a examen 2.156 zonas de agua de baño en 2012, de las que 1.886 son áreas costeras y otras 230 son interiores (144 ríos y 86 lagos), lo que supone un 10,3 % del total de aguas analizadas en el conjunto de la Unión Europea, más Croacia y Suiza. Las autoridades españolas sacaron definitivamente siete zonas en la información remitida en 2012 por estar "permanentemente cerradas", según indica la Agencia europea.

   En la visión conjunta de aguas costeras e interiores, los resultados colocan a España entre los países con mejor calidad, aunque destacan Chipre y Luxemburgo, cuyas zonas de baño "cumplen sin excepción el nivel de calidad excelente". Les siguen ocho países que superan la media europea: Malta (97 %), Croacia (95 %), Grecia (93 %), Alemania (88 %), Portugal (87 %), Italia (85 %), Finlandia (83 %) y España (83 %).

   En cualquier caso, el 94 % de las zonas de balo de la Unión Europea cumple con las normas mínimas de calidad del agua, con un 78 % de calidad superior y una mejora del 2 % en aquellas aguas que cumplen los requisitos mínimos.

   El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha celebrado que la calidad del agua "sigue mejorando", pero ha advertido a los Estados miembros de que "queda mucho por hacer para garantizar la calidad de todas nuestras aguas para bañarse y beber", así como para proteger "el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos".

   "El agua es un recurso valioso y debemos poner en práctica todas las medidas  necesarias para protegerla al máximo", ha añadido Potocnik.

El Congreso aprueba la Ley de Costas, que asegura construcciones junto al mar

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

   El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.

   En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.

   Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.

   Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.

   Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.

   Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

   Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

   En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).

    Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.

   Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.

   Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justifica.

   En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.  

   Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.

   Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.

   Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.

   La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.

   Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.

   Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.

   Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.

   Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de "duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección".

   Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.

Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe "expresamente" construir en dominio público

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado, ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de 1998, que la nueva norma "prohíbe expresamente" la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.

   Así, valora que el nuevo texto "afronta los problemas que no pudo solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado. Además, manifiesta que la norma "responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental.

   Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de lucha contra el cambio climático.

   Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene "como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.

   Para el Ministerio, la Ley de Costas "responde única y exclusivamente al interés general", a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.

   En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido resolver. Por ejemplo, se refiere a la "urbanización descontrolada" en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.

   Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.

   La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.

   Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en España.

   Otra de las medidas que valora como "esenciales" es la mejora de la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.

   Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.

   Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el Ministerior, "jamás se ha hecho".

Gabriel Company evita adoptar medidas para aumentar la protección de la posidonia en Formentera

IBIZA.- La consellería de Medio Ambiente del Govern balear, que dirige Gabriel Company, no aportará este verano medios adicionales para luchar contra la destrucción de la posidonia que sufre la isla de Formentera, según se desprende de las explicaciones que dio –en la isla de Mallorca– sobre las medidas que adoptará al respecto.

El plan de actuación que tenía previsto dar a conocer Company para preservar la posidonia ha resultado ser idéntico al del verano pasado, cuya falta de eficacia práctica se puso de manifiesto con la constante irrupción de grandes yates sobre estas praderas protegidas. Tampoco se cumple, por tanto, el anuncio hecho por el delegado del Govern en Formentera, José Manuel Alcaraz, quien en marzo de este año anunció que «se está trabajando para aumentar las medidas de protección en el Parque Natural». 

En concreto, en es Caló de s´Oli se colocarán 26 boyas y en Espalmador-Badia de s´Algar otras 51, exactamente las mismas que en 2012. A la isla de Ibiza (ses Salines) se destinarán 33, menos incluso que las 39 que aparecían en el proyecto Life-Posidonia en que se basa la estrategia del Govern.

Además, la consellería de Medio Ambiente anunció que «licitará en los próximos días» la gestión del servicio y vigilancia de estas boyas, aunque no detalla cuánto personal se destinará a Formentera, que el verano pasado estuvo atendido por un solo vigilante, sin capacidad sancionadora y que se limitaba a informar a los buques.

La conselleria señala que este año se establecerá una tasa por usar estas boyas, que oscilará entre los 15 y los 40 euros por día, según la eslora de la embarcación.

El Govern anuncia, también para un futuro aún sin determinar, que «volverá a editar 10.000 folletos con toda la información sobre las áreas de fondeo regulado y la reserva de las boyas ecológicas, así como consejos para una navegación recreativa responsable y respetuosa con el medio ambiente».

También alude nuevamente a la aplicación informática gratuita para teléfonos móviles, «por medio de la cual se podrá consultar si está permitido fondear en el lugar donde se encuentra la embarcación».

En la nota emitida por la consellería no solo no se comparte la advertencia hecha por los científicos sobre la grave regresión de la posidonia, sino que incluso se asegura que la mayor parte de las praderas de Balears están en crecimiento o en situación estable, «y solo el 15 por ciento decrece». Incluso «se ha detectado una nueva floración masiva». En ningún momento se alude al estado de degradación masiva que sufren las praderas de Formentera, según 'Diario de Ibiza'.

Oceana inicia la vigilancia sobre los fondeos irregulares en Ibiza

IBIZA.- La asociación ecologista Oceana ha dado comienzo a la vigilancia de los fondeos ilegales sobre posidonia en Ses Salines, dado que comienza a notarse la afluencia de embarcaciones en la zona. La organización internacional de conservación marina ha pedido a autoridades y navegantes que estén alerta y eviten daños a la posidonia. 

     Según han recordado fuentes de la organización, en abril de 2012, Oceana cursó la primera denuncia de las 36 emitidas en toda la temporada. Entonces, alertaron de la presencia del crucero Columbus 2, de 180 metros de eslora, que había fondeado en una zona prohibida dentro del espacio natural. La organización internacional de conservación marina pide a autoridades y navegantes que estén alerta y eviten daños a la posidonia.

     "Cada día que demoremos el inicio de la vigilancia podría suponer el destrozo de cobertura de esta planta protegida, vistos los resultados del informe de Oceansnell, que demuestran claramente que cada año se están arrasando cientos de hectáreas de posidonia en Ses Salines", ha apuntado Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa.

     Pastor también ha recordado que la posidonia es una planta protegida, "no solo dentro de este espacio natural, sino allá donde esté presente, por ser una especie incluida en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial". Según ha dicho, esto supone que cualquier agresión a esta planta está totalmente prohibida y las autoridades está obligadas a protegerla y a sancionar a aquellos que no respeten esta protección.

     "Tratándose de un parque natural, a lo que sumamos que es una especie protegida en España y en todo el Mediterráneo, es inadmisible lo que ha venido ocurriendo en Ses Salines de Formentera. Es responsabilidad del Govern evitarlo, así como los navegantes son responsables de los daños que sus embarcaciones causen al entorno, por lo que exigiremos como cada año el cumplimiento de la ley", ha manifestado Silvia García, científica marina de Oceana.

El Govern balear licitará la gestión y vigilancia de las boyas para fondeo regulado

PALMA.- El Govern licitará en los próximos días la gestión y vigilancia de las 382 boyas ecológicas que se colocarán este verano para regular el fondeo recreativo y reducir el impacto sobre las praderas de posidonia en zonas declaradas lugar de importancia comunitaria (LIC) de las Islas Baleares.

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha informado en el Salón Náutico Internacional de Palma de las principales medidas de protección de las praderas de posidonia y regulación del fondeo recreativo en estas zonas que activará el Govern durante este verano.

Company ha anunciado que este año se aumentará la tasa que deberán pagar los barcos por fondear en zonas protegidas, que dependerá del tamaño de la eslora de la embarcación; así, se cobrará entre 15 euros y 40 euros por día, mientras que el año pasado la tasa fluctuaba entre los 10 y 20 euros diarios.

Debido a la presencia de barcos cada vez más grandes en las costas baleares, el Govern ha aumentado el número de boyas para fondear embarcaciones de hasta 25 metros, al pasar de las tres que ofrecía el año pasado a las 24 de esta temporada.

Las 392 boyas serán colocadas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y se podrán reservar por internet a través de la web http://fondeos.caib.es

Se prevé que unas 15.000 embarcaciones utilicen este servicio, que pretende reducir el impacto del fondeo de la navegación recreativa sobre un hábitat protegido como es la posidonia, así como informar y concienciar a los navegantes de esta práctica respetuosa con el medio ambiente

Una segunda actuación es el ofrecimiento a una herramienta gratuita para dispositivos móviles inteligentes, accesible desde la web http://fondeos.caib.es, por medio de la cual se podrá consultar en tiempo real si está permitido fondear en el lugar donde se encuentra la embarcación.

Se editarán 10.000 folletos con toda la información sobre las áreas de fondeo regulado y la reserva de las boyas ecológicas, así como consejos para una navegación recreativa responsable y respetuosa con el medio ambiente.

El folleto, que se ofrecerá en catalán, castellano, inglés, alemán e italiano, se distribuirá entre los clubes náuticos y se podrá descargar de la web del Govern balear, de la página http://fondeos.caib.es y otras relacionadas.

Además, la Consellería mantiene abierta una línea de comunicación con el Instituto Hidrográfico de la Marina para introducir un tratamiento especial para la posidonia en las cartas náuticas españolas, que permita una localización más ágil y ofrezca una mayor seguridad jurídica a los navegantes durante el anclaje.

Las praderas de posidonia forman los ecosistemas marinos más importantes del Mediterráneo, alojan una cantidad inmensa de especies diversas y constituyen las áreas de puesta y forestación de alevines de muchas de las especies de peces comercialmente más preciadas.

Además, representan un papel fundamental en la conservación de los ecosistemas costeros, ya que frenan la erosión de las playas, son la principal fuente de sedimento arenoso en las Islas Baleares y contribuyen a mantener la transparencia de las aguas litorales.

En Baleares se calcula que hay cerca de 100.000 hectáreas de pradera, lo que representa cerca del 70 % de toda la posidonia de las costas españolas.

De la extensión de las praderas en Baleares, aproximadamente el 60 % está en Mallorca, el 30 % en las Pitiusas y el 10 % restante en Menorca.

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.

   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".

   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.

   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.

   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.

   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".

   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".

   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".

   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.

   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.

   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".

   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.

   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.

   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".

   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

Las playas vírgenes de Menorca tendrán solo servicios "indispensables", según la senadora Juana Francis Pons

MAHÓN.- La nueva Ley de Costas tiene mucho que decir en cuanto a si playas menorquinas vírgenes, como Cala Mitjana, La Vall, Son Saura y Cala en Turqueta, debían poder contar o no con servicios como chiringuitos y, según explicó la senadora del PP por Menorca, Juana Francis Pons Vila, en un sentido restrictivo.

El texto ha sido aprobado esta semana por el Senado y le queda aún cierto recorrido parlamentario antes de entrar en vigor. Pero el redactado actual, se supone, será muy similar al definitivo. Según comentó Pons Vila, la nueva Ley de Costas contempla que en las denominadas playas naturales, que vienen a ser las playas vírgenes, solo se admitan aquellas actividades “que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable”.

Pons Vila comenta que el detalle de lo que se podrá hacer o no en una playa virgen se verá cuando la Ley de Costas cuente con el correspondiente reglamento, aunque avanza que “será lo mínimo posible” ya que se aplicará “la máxima restricción”.

Donde no habrá tanta limitación será en las playas urbanas, donde el texto pasa a contemplar la organización de eventos de enfoque turístico, siempre que cuenten con los permisos pertinentes y dejen la playa como se la encontraron. Esta propuesta salió de la senadora menorquina, aunque no de forma exclusiva, y Pons Vila, según el diario 'Menorca', cree que puede tener una incidencia en la reactivación económica.

También podría tener un efecto económico positivo otra de las propuestas de la senadora del PP incluidas en el texto, como es la ampliación del periodo de las autorizaciones temporales de uno a cuatro años. Es una reclamación de las Estaciones Náuticas de Menorca que pretenden contar con una mayor seguridad jurídica a la hora de llevar a cabo sus proyectos empresariales.

La senadora destaca, entre todas las novedades, que se garantiza la información sobre el estado de los bienes que se encuentran en el dominio marítimo-terrestre, la posibilidad de prorrogar por un máximo de 75 años las concesiones actuales y que en el caso de Menorca acaban en 2018, la posibilidad de vender las concesiones y el hecho de que los Bienes de Interés Cultural quedarán protegidos cuando se lleve a cabo el deslinde “en régimen de concesión”.

El GOB exige la paralización de una urbanización a 30 metros de la costa en el litoral de Manacor

PALMA.- El GOB ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Manacor que paralice y desclasifique una urbanización que "podría arrasar más de diez hectáreas" de terreno virgen a 30 metros del mar, en la Cala de s'Estany d'en Mas (Manacor). 

   Según ha informado el grupo ecologista en un comunicado, esta zona es "el último gran espacio verde entre s'Estany d'en Mas y Cala Anguila", enclavado en una zona que ha sido "intensamente edificada" y contaría con 77 nuevos chalés. Por ello, ha entendido que se debe preservar este espacio para no degradar más los propios núcleos de s'Estany d'en Mas, Cala Anguila y Cala Mendia.

   "Este espacio merece ser preservado de la urbanización", ha apuntado el GOB, que ha explicado que es una zona de 'garriga' de litoral que se encuentra en buen estado y mantiene importantes valores ecológicos y paisajísticos. Además, "constituye un auténtico pulmón verde por el hecho de encontrarse dentro un entorno muy saturado urbanísticamente".

   Asimismo, el grupo ecologista ha recordado que esta nueva urbanización quiere construirse aferrada al "núcleo fantasma de Terrapolis, una urbanización fracasada de once hectáreas con más de 200 viviendas inacabadas". Según el GOB, "Terrapolis simboliza el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria".

   Por ello, el GOB ha criticado que el Ayuntamiento de Manacor continúe "apostando por urbanizar su litoral para contentar a ciertos promotores inmobiliarios que especulan descaradamente con el territorio". Así, ha explicado que el consistorio ha cambiado el uso hotelero de este espacio por uno residencial "de acuerdo con los promotores".

   Se trata, ha añadido, de "un caso más de urbanismo a la carta, que busca revalorizar activos financieros, equilibrar balances y volver a hinchar la burbuja inmobiliaria, a costa de sacrificar territorio, sostenibilidad, paisaje y bienestar social".

   El GOB ha apuntado que S'Estany d'en Mas y Cala Mendia tienen 350 habitantes, pero que esta cifra podría multiplicarse "por 33" puesto que "los planificadores municipales clasificaron, en medio de la fiebre constructora, suelo urbano y urbanizable para 11.700 habitantes".

   Por otro lado, la entidad ha informado que desde el pasado sábado dos jóvenes recorren Mallorca en monociclo con el propósito de sensibilizar sobre los impactos territoriales y medioambientales que sufre la isla.

   Este proyecto, que se realiza con el apoyo del Circ Bover, consiste en que dos artistas y deportistas, Guillem d'Estro y Marc Filigrana, realizarán un recorrido de 400 kilómetros que durará 20 días y pasarán por 27 municipios de Mallorca.

   También pretenden fomentar el deporte no competitivo y potenciar la isla como destino atractivo por monociclistas creando rutas con diferentes niveles.

   El recorrido empezó el pasado día 13 de abril en Sineu y la ruta llega este viernes a Manacor, donde coincidirá con el GOB para pedir al Ayuntamiento que pare la nueva urbanización de s'Estany d'en Mas.

MÉS pide al Govern que detenga la ampliación del Club Náutico de S'Arenal

PALMA.-   La coalición MÉS per Palma y la agrupación del PSM-Entesa de Llucmajor han pedido este sábado al Govern que renuncie al proyecto "desmesurado e insostenible" de ampliación del Club Náutico de S'Arenal ya que, según han asegurado, se ha "demostrado inviable".

   El portavoz del PSM-Entesa de Llucmajor, Jaume Tomàs, ha asegurado en un comunicado que "sus pretensiones son tan exageradas y sus repercusiones sobre la playa y la posidonia tan graves que no puede recibir el visto bueno del informe de impacto ambiental".

   El portavoz de MÉS per Palma, Antoni Verger, ha explicado, por su parte, que "se provocaría un desastre ecológico de dimensiones mayúsculas porque pondría en peligro la conservación de las colonias de posidonia de la Reserva Marina del Cap Enderrocat".

   Según han recordado, ambas formaciones, así como el GOB, han presentado distintas alegaciones en contra de este proyecto porque supondría una "variación de la dinámica de sedimentos".

   Así, han señalado que este proceso "acentuaría el proceso de aumento significativo" de la arena situada en la playa anexa al club náutico "en detrimento de la de la zona central da la bahía", que según han dicho, está "cada vez más despoblada de arena".

   Desde MÉS, han recordado que el Club Náutico de Llucmajor prevé el aumento de hasta el 75,6% de la superficie del club, lo que supondría pasar de las actuales 12,3 hectáreas (ha) a tener 21,67 ha.

   Además, prevén la la construcción de un centenar de nuevos amarres, con un incremento del 24%, destinados a embarcaciones de gran eslora.