Este viernes se da luz verde a la medida que se lleva a cabo gracias a la colaboración público-privada y apuesta por no consumir territorio. El Ejecutivo balear facilitará a partir de hoy la información en su web para que promotores, constructores y propietarios puedan inscribir sus propiedades en el registro de viviendas de precio limitado.
¿Cómo llegarán éstas a los interesados? Un vez que estén finalizadas se pondrán en el mercado, para lo que se prevé una espera de unos 22 meses en el mejor de los casos. Las viviendas de precio limitado serán anunciadas por promotores, constructores y propietarios, por lo que empezarán a salir en los anuncios y portales inmobiliarios.
Una vez que los nuevos inquilinos hayan contactado con los anunciantes y opten a una de estas viviendas, deberán entregar en la Conselleria d’Habitatge una declaración responsable y la documentación que acredite que pueden optar a ellas. Para ello, deberán cumplir los siguientes requisitos: no podrá ser titular al 100 por cien de una vivienda, deberá ser mayor de edad y tendrá que ser su domicilio permanente y habitual.
Con estos requisitos se quiere dejar fuera de este nicho de mercado a los inversores y aquellos que cuentan con más de una vivienda, para así permitir el acceso a las clases medias y trabajadoras. En caso de no cumplir con los requisitos, podría haber sanciones.
La horquilla de precios que esgrime el Govern para estas viviendas de precio limitado son casi un 50 por ciento inferiores al mercado libre, que en los últimos años se ha desbocado. Así, a modo de ejemplo, un piso de 60 metros cuadrados está en el mercado libre a 262.683 euros y de alquiler alcanza los 1.118 euros al mes.
Si entra dentro de la categoría de precio limitado en edificaciones existentes, los pisos de esta superficie estarían a la venta por 160.680 euros y se alquilarían por 603 euros mensuales. Todo esto si entra dentro de la categoría A de municipios, en la que entran 44 de toda Balears, es decir, la mayor parte, y cuentan con una etiqueta energética C-D.
¿Qué ocurre con las viviendas de 80 metros cuadrados? Si en el mercado libre su precio escala a los 350.244 euros, en el caso del precio limitado se quedaría en 214.240 euros. En cuanto al alquiler, en la actualidad está en una media de 1.491 euros y con el precio limitado se quedaría en 804 euros mensuales. De esta manera, según los cálculos del Govern, el precio máximo de venta de precio limitado es un 39 por ciento inferior al mercado libre, mientras que el de alquiler se abarata un 47 por ciento.
Otro asunto es si los baleares podrán acceder a hipotecas con estos precios limitados. En el caso de un piso a 160.680 euros, de 60 metros cuadrados, el comprador deberá adelantar un mínimo del 10 por ciento del valor de la vivienda y sumar otro 10 por ciento en concepto de gastos e impuestos. Es decir, necesita una entrada de 35.000 euros. Si el préstamo hipotecario es de tipo variable y se coloca al 4,37 por ciento, pagaría una letra mensual de 807 euros durante los próximos 30 años. Está por ver si los insulares pueden acceder a estos préstamos.
Con todo, resulta una medida que intenta paliar la escasez de vivienda al alcance de las clases medias y trabajadoras. Los promotores calculan que podrían sumarse entre 2.000 y 3.000 viviendas al mercado a precios más asequibles aunque solo Mallorca «tiene un déficit de 14.000 viviendas, de las que 10.000 harían falta en Palma», según Luis Martín, presidente de la asociación Proinba.
La consellera de Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha impulsado esta medida en poco más de dos meses en los que el PP lleva gobernando en Baleares. Y lo hace con una medida que, ha afirmado en otras ocasiones, se ha consensuado con organizaciones y colegios profesionales con los que se ha reunido las últimas semanas. Se trataría del primer paquete de medidas urgentes en materia de vivienda.
Habrá que esperar al Consell de Govern de este viernes para conocer la letra pequeña del decreto de emergencia habitacional. El Govern balear pone así al alcance de los ayuntamientos insulares un conjunto de medidas que facilitarán el acceso a la vivienda en todos los municipios de las Islas.
Eso sí, respetando las competencias municipales, ya que los consistorios, gracias a un acuerdo del pleno municipal, podrán limitar de forma parcial o dejar sin efecto las actuaciones previstas en el decreto ley que por cualquier circunstancia se acuerde dentro de su competencia. Habrá que esperar al año 2025 para ver los efectos de este decreto urgente en el mercado de vivienda balear.
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