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viernes, octubre 18, 2019

Joan Garcés: "O encontramos una solución para Catalunya entre todos o decidirá una potencia extranjera"


MADRID.- El día que Salvador Allende fue elegido candidato a la presidencia de Chile por Unidad Popular invitó a Joan Garcés a ser su asesor personal. Y allí estuvo hasta que Pinochet entró a sangre y fuego en el Palacio de la Moneda. Allende le dio orden de salir: "Alguien lo tiene que contar".  

Garcés (Liria, Valencia, 1944) es doctor en Ciencias Políticas por La Sorbona (París), ganador del Premio Nobel alternativo que entrega el Parlamento de Suecia y Oficial de la Orden de Mérito de Francia por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos y a la Justicia Universal. De hecho, fue suya la querella que permitió iniciar un proceso judicial que acabó con la impunidad de la que disfrutaba el exdictador chileno. 
Garcés atiende a Público en un despacho de abogados situado en las espaldas del Congreso. Es miércoles. Han pasado dos días desde la sentencia del 'procés' y la calle está cortada por la marcha de los pensionistas, llegados desde diferentes puntos del Estado a Madrid. En esta conversación, Garcés expone su punto de vista sobre "la revuelta" catalana, "la crisis del Estado español" y sus causas y consecuencias. Una de las ideas fuerza que más repite es la que se destaca en el titular: "O encontramos una solución para Catalunya entre todos, aunque sea imperfecta, o terminará decidiendo una potencia extranjera según sus propios intereses". 
También deja claro que no comparte la idea de un referéndum como solución al conflicto. "La situación es mucho más compleja que un referédum entre independencia sí o independencia no". En su opinión, la solución pasa "por reformas profundas dentro del Estado español, que incluye también a Catalunya". 
Hay que distinguir entre efectos y causas. El país está viviendo circunstancias muy problemáticas en lo económico, en lo social y en lo político. El debate está alrededor de los hechos que, en mi opinión, son solo las consecuencias o efectos. Creo que tenemos que fijarnos más en las causas. Y estas causas hay que mirarlas en la continuidad de la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura y el hecho de que esa impunidad se perpetua hasta hoy.
Uno de los efectos de esa impunidad es la continuidad de los restos de Franco en el Valle de los Caídos. ¿Por qué no lo retiró el gobierno de Suárez? ¿Por qué no lo retiró Felipe González? Me parece, además, muy sintomático que la retirada se produzca a la vez que se da la revuelta en Catalunya, que invoca al antifranquismo de una manera muy militante.
Por otro lado, la marcha de los pensionistas también hay que vincularla con la altísima tasa de desempleo que hay en los jóvenes. Sin embargo, hablamos de los pensionistas, pero no hablamos apenas de las causas económicas profundas que están en la base de esos desajustes económicos que provocan que los pensionistas marchen sobre Madrid o que los jóvenes en Catalunya se rebelen contra el Estado. Muchos de los jóvenes que están en Catalunya pidiendo independencia están en situación de desempleo o con empleos precarios.
Es importante que tengamos en cuenta que la agudización de la crisis política en España y Catalunya comenzó a la vez que la crisis económica. Se puede observar cómo el número de independentistas en estos años se ha multiplicado por tres o por cuatro. Una de las derivaciones de la crisis económica de 2008 y de las pocas herramientas que tiene el Estado español para hacerle frente debido a su integración en el Euro es la multiplicación del paro en los jóvenes y de la acción independentista.
Hay un vínculo muy profundo. Por una parte, en la manera en la que el Estado español responde a la acción independentista. Por otra parte, en la medida en la que la revuelta en Catalunya tiene un componente abiertamente antifranquista y contrario a la perpetuación de las estructuras políticas españolas que tienen sus raíces en el franquismo. Este antifranquismo que hay en Catalunya se ve ahora, pero no solo. Cuando Franco murió la única parte del Estado que reivindica la legalidad republicana, de la institucionalidad republicana, es Catalunya y exige en las calles de manera masiva el reconocimiento del presidente de la Generalitat que estaba en el exilio. Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos acceden a restaurar la Generalitat. No hay ninguna otra parte de España donde esto se produce. Por tanto, la revuelta republicana en Catalunya no puede verse solo como un fenómeno de hoy. 
Lo grave de la situación que hoy atraviesa España y Catalunya es la ausencia de un pacto como el que en 1930 firmaron las fuerzas republicanas, socialistas y nacionalistas de diversa índole en San Sebastián, el conocido como Pacto de San Sebastián, que fue el germen de la II República. Ahora, la revuelta republicana catalana se ha aislado del resto del país. Fuera de Catalunya no encuentra con quien articularse. No tiene aliados potentes en Madrid, Galicia, Euskadi, Valencia, Canarias... Esas alianzas sí estaban en el Pacto de 1930 y esa circunstancia ha llevado a los republicanos catalanes a una vía de aislamiento en su confrontación con el Estado español. Una situación que, estratégicamente, es muy negativa para los catalanes hoy salvo que una intervención extranjera en un futuro a medio plazo cambie la situación.
La Monarquía española ha conocido lo que está pasando ahora en Catalunya varias veces en su historia. La conoció en las revueltas con motivo de la crisis del Estado que se produjo en 1808 con la invasión de las tropas francesas. Y en esa crisis del Estado se manifestaron unas tendencias que mutatis mutandis pueden verse hoy día. La respuesta a esa crisis fue, por un lado, la absolutista, personificada en la persona de Fernando VII, que fue la vía represora. Y, por otro, las respuestas de las vías republicanas y liberales de españoles de la península y de los virreinatos. En la Península Ibérica se impuso la absolutista y eso generó desajuste con los virreinatos provocando guerras de independencia. Esta crisis se resolvió con la participación de una potencia extranjera. Inglaterra decidió reconocer la independencia de los virreinatos y de esa manera se hizo efectiva.
Lo mismo ocurrió en la Constitución de la I República Española. El artículo 1 decía: "Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Filipinas, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas". En aquel momento había un movimiento autonomista muy fuerte en Cuba y hay dos posiciones en la península. Por una parte, una posición que apostaba por la República federal y que apostaba por dialogar con los secesionistas cubanos y llegar a acuerdos que sean aplicables allí y aquí. 
Y después estaba la respuesta de la vía más absolutista y conservadora, que se vio en la Restauración borbónica de 1874 y su líder, Cánovas del Castillo. Este hombre dijo que lo que pasaba en Cuba era una cuestión de "filibusteros, bandoleros y bandidos", es decir, lo que hoy llamaríamos terroristas, y que con esta gente no se podía hablar. Esa crisis del Estado español también se resolvió con una intervención extranjera. Las potencias extranjeras retiraron su apoyo a la posición española de mantener Cuba dentro de la Corona y Estados Unidos interviene y se produce la desintegración de Cuba y Puerto Rico. 
Lo mismo puede pasar ahora. Estamos en una crisis de Estado y las dos partes (España y Catalunya) están pidiendo una intervención extranjera. Las dos partes apelan una y otra vez a la Unión Europea. Y ese es, en mi opinión, el problema más grave. La falta de acuerdo, la renuncia o la incapacidad de buscar acuerdos entre españoles puede propiciar que la resolución de este conflicto llegue de fuera de España. En este caso, la decisión que tomen los países extranjeros será siempre según sus intereses y no la de los ciudadanos españoles o catalanes. 
Entonces, para mí, la reflexión es la siguiente: ¿Qué hacer en estas circunstancias de crisis? Una vez más estamos como en una situación del primer tercio del siglo XIX. Podemos reprimir o buscar fórmulas de acuerdo. Mi postura es que siempre es mejor un acuerdo imperfecto entre españoles a que la suerte de todos la decida una potencia extranjera en función de sus intereses. 

¿No cree que un referéndum puede solucionar el conflicto?

Creo que la situación es mucho más compleja que un referéndum entre independencia sí o independencia no. Creo que la solución pasa por reformas profundas dentro del Estado español, que incluye también a Catalunya, y por ofrecer esas reformas a los ciudadanos de Catalunya y del resto del Estado. Unas medidas que superen los déficits extraordinarios y estructurales que tiene el Estado español. 
Eso me parece lo prioritario. Tenemos que hablar con los catalanes, independentistas y no independentistas, y buscar con ellos fórmulas para que se sumen a esa política de reformas estructurales profundas para todo el Estado. No le queda duda de que fuera de Catalunya estas reformas van a encontrar unas resistencias brutales. Reducir el problema catalán a independencia sí o independencia no... pues no creo que sea tan sencillo el asunto. 
Mira. La moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy y su caída fue un Pacto de San Sebastián actualizado. Aunque sus firmantes no lo supieran o desconocieran la existencia de ese pacto. El Pacto original, el de 1930, surgió contra la corrupción de la monarquía de Alfonso XIII y su deriva autoritaria. El de 2017 surgió contra la corrupción del partido del gobierno. Fue esa unión de las fuerzas progresistas o, al menos, no conservadoras la que permitió echar a Rajoy del gobierno. Ese acuerdo se llevó a cabo incluso con la oposición de una parte del PSOE, del felipismo. Y creo que la solución pasa por ahí, por avanzar en acuerdos entre fuerzas no conservadoras y comenzar a discutir, debatir qué es lo mejor para el país y generar algo nuevo. 
Sin embargo, lo que se está produciendo en la actualidad es todo lo contrario. Es tratar de evitar el desarrollo de ese acuerdo y sustituirlo por otro, que es lo que propone Mariano Rajoy y el propio Felipe González en sus últimas intervenciones. Buscan reestablecer el acuerdo de las fuerzas derrotadas en la moción de censura, porque lo vuelvo a repetir, el felipismo también fue derrotado dentro del PSOE para que saliera adelante la moción. 
Creo que hay una gran falta de madurez y de claridad de idas a la izquierda del PSOE. Además, hay divisiones artificiales que nos imponen como las etiquetas de constitucionalista o no constitucionalista. Si usted está en contra del sistema actual no le pueden llamar no constitucionalista porque la Constitución tiene muchas interpretaciones. Ahora bien, si usted está en contra de cuestiones esenciales de la Constitución creo que la alternativa es la Constitución republicana. No entiendo por qué la izquierda no reivindica que constitución y libertades sí, pero republicanas. Pero no lo hacen. 
Asimismo, creo que una proyección a futuro del acuerdo de las fuerzas políticas que derrotaron a Rajoy hubiera posiblemente evitado la agudización de la situación en Catalunya. Pero fíjate y esto es importante: la derecha sí tiene memoria histórica. 

¿Qué quiere decir con que la derecha sí tiene memoria histórica?

Mire. La respuesta del fiscal José Manuel Maza al 1 de octubre de 2017 en Catalunya es una respuesta perfectamente adaptada a lo que fue la respuesta de la derecha española la proclamación en octubre del estado catalán dentro de la República Federal española. El anuncio de Companys entraba dentro de la corriente de pensamiento de la I República española con el artículo 1 que hemos visto antes. La reacción de la derecha, entonces en el gobierno, fue detener a mucha gente y enjuiciar a Companys tachándole de separatista, pero Companys nunca fue separatista. Lo primero que hizo tras proclamar la república catalana fue llamar al general del Ejército en Catalunya y decirle que se pusiera a sus órdenes porque él representaba a la República Federal española. Franco, como jefe del Estado mayor del momento, mandó al general Batet que entrara en la Generalitat a sangre y fuego. Batet rechazó esa posibilidad porque decía que no había necesidad de tanta violencia. Franco se lo volvió a ordenar y Batet dijo que estaba negociando una rendición. Finalmente, se rindieron y Companys fue apresado. Dos años después, Franco firmó el fusilamiento de Batet. 
Ahora, observa la reacción del fiscal Maza cuando ordena reprimir el 1 de octubre y, por otro lado, la reacción de Trapero, que era jefe del cuerpo de los Mossos. Trapero trata de evitar la represión violenta por miedo a reacciones más violentas y ahora le acusan de complicidad con la rebelión. 
Se puede establecer mutatis mutandis la respuesta de la derecha política y militar frente al esfuerzo de Batet por reestablecer el gobierno de ese momento sin entrar a sangre y fuego en la Generalitat. Por eso digo que la derecha tiene memoria histórica. Sus reacciones de ahora tienen coherencia con sus reacciones en los años 30. Lamentablemente, algunos sectores de la izquierda no tienen esa memoria. 

¿Por qué?

El principal defensor de Companys en su juicio del año 34 fue Luis Jiménez de Asúa, catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central y máximo dirigente del PSOE. También le defendió Ángel Ossorio y Gallardo. Es decir, los mejores juristas del progresismo español defendieron a Companys. No hay nada equivalente a día de hoy dentro del PSOE o, al menos, no se ve. 
Exacto. Qué visión más pobre tienen algunos dirigentes del PSOE. El otro día leía que uno de ellos decía los disturbios en Barcelona mostraban que las políticas de la Generalitat habían fracasado. Oiga, pero ¿y la política del Estado español que ha encarcelado a sus dirigentes? ¿Y el problema de fondo? ¿Creen que ya está resuelto? ¿Usted cree que puede acabar con el problema con una medida a corto plazo como esta? Han perdido la dimensión histórica de los problemas. Están desorientados. No tienen brújula. 
Franco también pensó que había encontrado la solución al problema catalán, y al vasco, y al de los laicos, y al de los liberales... La solución que aplicó era pasarlos por las armas. ¿Y qué pasa hoy? Que sigue habiendo independentistas vascos, catalanes, laicos, librepensadores, socialistas... Quiero decir con esto: la solución no es la represión. Por más que esa represión dure varias generaciones. Cuando hay una realidad nacional popular puedes sofocar ese sentimiento en padres e hijos, pero volverá a nacer en hijos y esa es la historia de este país. 
Lo que hay es un problema de legitimidad del Estado. Este es un tema muy importante. El Estado español, en su dimensión democrática, lleva la carga de deslegitimidad de no haber roto con la dictadura a pesar de los años transcurridos. En segundo lugar, la Constitución tiene aspectos muy positivos en derechos y libertades, pero algunos de sus puntos están pensados para evitar el desarrollo republicano. Como, por ejemplo, la jefatura del Estado que fue entregada a un rey elegido por Franco, además fue declarado inviolable y a pesar de que, según la prensa, ha cometido irregularidades no se investigan a fondo. A eso se suma una corrupción casi estructural que tampoco ha sido atajada por el Estado. Así que tenemos, de momento, raíces franquistas y corrupción no investigada a fondo. Eso genera deslegitimidad. 
Pero a estos dos factores hay que añadir un tercero. La tercera dimensión es la desvitalización del Estado como instrumento económico y político para cumplir con sus funciones dentro del conjunto de España. La capacidad económica del Estado ha sido disminuida enormemente en los últimos años. Han sido desmantelados bancos públicos, empresas públicas, etc. y, por consiguiente, la capacidad del Estado para responder a una crisis económica es mucho menor que la que tenía hace 40 años. Así que cuando llegó la crisis de 2008 la única herramienta que teníamos era la de endeudarnos con una banca privada que persigue sus propios fines y no está interesado en el interés general. 
Estos son algunos factores que han provocado la pérdida de legitimidad del Estado. Pero hay más más. Esa deslegitimización también se produce en Galicia o en Canarias. Solo que en estos lugares no han encontrado una salida política organizada como en Catalunya.
Mientras tanto, escucho a dirigentes de izquierdas decir que están aprendiendo cosas... No sé cuánto tiempo más necesitan para madurar. Por otro lado, también creo que en Catalunya han hecho una lectura imperfecta, con limitaciones. No han medido las consecuencias de actuar en solitario sin articularse con otros territorios y personas que están sufriendo las mismas consecuencias. 

Ante esta situación, ¿cuál es la propuesta que usted formula?

Mi posición es hoy la misma que hace 30 o 40 años. Mi opción es y será la de la unidad de las fuerzas políticas progresistas y democráticas. 
Más allá de eso, mi opción es abrir un debate en los centros de reflexión y acción social, política y económica del país. Que nos pongamos a reflexionar para construir alternativas viables a la situación actual en los ejes fundamentales. ¿Cuál es la postura de España en temas como Defensa? ¿Cuál es la política exterior de España? ¿Cuál es la apuesta de España para su economía? La pregunta me sirve igual para el ámbito político. O para otros actores. ¿Cuál es la postura en Política Exterior de Unidas Podemos? Yo lo desconozco. España lleva desde el año 39 subyugada a una política extranjera. Hasta el 45 a la Alemania nazi, después a lo que llamamos la pax americana. Ahí creció el sistema político español con Alemania marcado el rumbo. Felipe González nunca llevó la contraria a Alemania. Solo Aznar se salió de la sombra alemana y fue para plegarse a Estados Unidos. ¿Formaba parte de nuestros intereses estratégicos participar en los bombardeos de Yugoslavia, Irak o Libia? No lo creo. 
La cuestión es que necesitamos construir una alternativa que debe ser fruto de la acción colectiva. Cuando Franco murió la cuestión de la Política Exterior y de Defensa estaba en el debate público. Había posiciones nítidamente en contra de entrar en la OTAN hasta el punto de que Felipe González tuve que esforzarse a fondo dentro y fuera de su partido para no perder el referéndum y hoy día parece que no hay más salidas que subyugarse a los intereses de otros países. Hemos retrocedido. 
El lunes, tras la sentencia del procés, Sánchez apelaba a la Unión Europea. El presidente catalán también lo hacía. Los dos polos del conflicto se están poniendo en manos de una Unión Europea de la que hoy conocemos su posición, en Berlín y París están diciendo que no a Catalunya. Pero ¿y dentro de cinco años? ¿Quién gobernará en esos países? ¿Quién tendrá más peso en la UE? Nadie lo sabe. Dejar nuestro futuro en manos de la UE nos puede llevar a unas situaciones aún más complicada. No saquemos las decisiones que nos afectan fuera de los órganos representativos de nuestros pueblos. 
Alemania tiene sus intereses y los defiende. Francia, también. Inglaterra, también. ¿Por qué España no los tiene? ¿Por qué no podemos defender nuestros intereses con la misma legitimidad que lo hacen otros países? No se trata de decir que nos vamos a enfrentar a una u a otra potencia. Se trata de saber hacia dónde vamos. Ni podemos ni debemos aislarnos del mundo. ¿Pero era lo mejor para España desmantelar nuestras industrias? ¿Era lo mejor seguir las indicaciones de la UE en Agricultura? Porque el resultado es una economía que cada vez depende más y más del turismo y si el futuro de un país depende del turismo... La fortaleza económica de un país depende de su industria, de su agricultura, de su comercio exterior... pero hoy día estamos subordinados y dominados. 
El Estado español, igual que otros estados, está completamente desbordado por la dinámica económica internacional y por el propio desguace al que sus dirigentes le han sometido. El artículo 135 de la Constitución supone la subordinación total de la economía española, que queda en manos de sus acreedores, esto es, la banca privada. En el siglo XIX las potencias coloniales imponían el control de las aduanas a sus colonias. Quitaban y ponían gobiernos en función de sus intereses. Hoy día, no controlan las aduanas, controlan toda la economía con el fin de que devolvamos la deuda. Es un control superior al de la colonización. Y, sin embargo, nosotros cambiamos la Constitución en menos de una noche. Todo esto contribuye a la crisis tremenda que sufre el Estado español. El Estado fue incapaz de controlar las consecuencias de 2008 y si viene otra crisis las consecuencias pueden ser aún mayores. 
¿Y cuál es la lectura que hacen de todo esto en Catalunya? Pues se dirán: ¿para qué tienen que pasar por Madrid si la Política Exterior se fija en Bruselas o Wasington? ¿Para qué pasar por Madrid si el control de la moneda lo tiene el BCE? ¿Para qué pasar por Madrid si las exportaciones no dependen de ningún ministerio? Y todo esto les llevar a pensar... ¿Para qué sirve el Estado español? ¿Qué recursos extra me está aportando? El Estado español está completamente plegado a la lógica del mercado y eso puede desintegrarlo. 


lunes, abril 30, 2018

PP y Ciudadanos agitan el miedo al ‘procés’ en Navarra, Valencia y Baleares

MADRID.- PP, Ciudadanos y UPN repiten una consigna que ya es lema para las autonómicas de 2019: en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana hay Gobiernos con partidos nacionalistas que siguen el guion catalán de hace 30 años y aspiran a acabar en un 'procés'. Lo están diciendo incluso en Asturias, donde se está debatiendo la cooficialidad de la lengua asturiana en la próxima legislatura, adelanta hoy El País

Para el resto de partidos, incluido el PSOE, que preside en los dos últimos territorios, es puro delirio, una burda estrategia electoral para crear miedo. Rebaten que el independentismo es marginal en esos lugares. 
Pero la derecha subraya precisamente que así era en Cataluña hace diez años, que también estaba ahí el PSC, en teoría para frenarlo, y que este cuadro se puede revertir. Creen que hay una “agenda oculta” y para ello sirven los giros en políticas lingüísticas y educativas. 
En los tres territorios se han dado pasos en estos ámbitos que suponen un cambio respecto a los sistemas consensuados desde hace años.
Del otro lado, acusan a la derecha de querer una polarización similar al de Cataluña. Se repite un diálogo de sordos ya conocido, con referencias al maltrato financiero. Otra pregunta es que, si realmente hay riesgo de deriva soberanista, cuál es el plan del PP y Gobiernos centrales en los próximos años. 
Será un debate creciente, y plantea tensiones de fondo del procés. Emergen discusiones de la Transición y no hay reparos para frases apocalípticas.

Navarra, la pelea de la extensión del euskera

El PP presentó la semana pasada un vídeo con música de thriller que empieza así: “¿Preocupado por la situación en Cataluña? Pues escucha lo que está pasando en Navarra. Desde 2015 el Gobierno está en manos de la izquierda abertzale, que tiene como objetivo que Navarra desaparezca. Está imponiendo un proceso de batasunización”. 
Consistiría en la imposición del euskera, de la ikurriña y la anexión al País Vasco. Para EH Bildu es una “absoluta caricatura”. 
“Aquí no cuela”, opina Bakartxo Ruiz, portavoz de la formación abertzale.
Ana Beltrán, presidenta del PP navarro, no cree que exagere: “Esto pasa totalmente inadvertido, lanzo la alarma”. Opina que Geroa Bai y EH Bildu esperan el momento idóneo para un referéndum de anexión al País Vasco, posible según la Constitución: “Si repiten legislatura, desde luego”. Javier Esparza, presidente de UPN, piensa igual: “Saben que hoy pierden, siembran para el futuro”. El primer pleno monográfico de la legislatura, apuntan, fue para aprobar el derecho a decidir.
Les alarma la ampliación del euskera en administración y en escuelas. Que aparezca primero en papeles oficiales, en carteles viales, cuando solo lo habla un 12,9% de la población, la mayoría en el norte. La reforma para colgar la ikurriña en edificios públicos, si lo aprueba el municipio. La modificación en contratos públicos: las empresas que opten a concursos de atención al público deben tener un plan de euskera para sus empleados. 
“El euskera es una herramienta para la construcción nacional. Para optar a una plaza pública ahora saber euskera vale más que tener un doctorado. Las empresas, y quien quiera ser funcionario, tendrán que ir a La Rioja y aquí vendrán los guipuzcoanos”, acusa Esparza. También alega que se destinan recursos de forma desproporcionada para escuelas con cinco alumnos y además en zonas no vascófonas se les paga transporte y comedor.
El partido socialista comparte las críticas al Gobierno foral, pero acusa al PP y UPN de querer “polarizar con el miedo” a la sociedad. “Este es un Gobierno nacionalista en una comunidad que no lo es, e intenta hacer prevalecer una identidad sobre otra, como hacía UPN”, señala María Chivite, portavoz del PSN. “Deberíamos aprender de lo que ha pasado en Cataluña para no repetir los mismo errores y no alimentar miedos”.
El vasco no es oficial en Navarra, solo en el norte. Una ley socialista de 1986 la dividió en tres zonas: norte, vascófona, la única donde hay obligación de uso en los servicios públicos; centro, mixta; y sur, castellanohablante. Ahora se han abierto ikastolas en el sur. “Nadie está imponiendo nada. Solo hemos dado oportunidad de acudir a la red pública a algunas familias que lo pedían”, replicó la presidenta foral, Uxue Barkos, esta semana en un desayuno en Madrid. 
A preguntas de El País sobre un posible escenario como el catalán respondió: “No hay paralelismo ninguno, por más que se empeñen en buscarlos”. El Gobierno foral alega que con los funcionarios se adapta a la demanda real: de 16.000 solo tenían obligación de hablar euskera 160, con 80.000 hablantes. Argumentan que el salto tras décadas de UPN parece enorme, pero solo es un ajuste a la realidad.

En la Comunidad Valenciana se está volviendo a evocar la batalla de Valencia, un traumático y violento episodio de la Transición, que enfrentó derecha e izquierda por la cuestión lingüística. Lo hace, por ejemplo, Isabel Bonig, la presidenta del PP: "El valenciano nunca ha sido un problema, y están reabriendo una separación, cuando el tema de la lengua se cerró en los ochenta". 
Pero desde el Bloc, el partido soberanista de la coalición Compromís, les acusan a ellos: “Es como entonces, cuando se agitó el fantasma de la lengua para frenar el proceso autonómico. PP y Ciudadanos compiten a ver quién la dice más gorda. Pero el Bloc nunca ha pedido la independencia. Hemos sido extraparlamentarios hasta 2007 y conocemos esta sociedad”, replica Àgueda Micó, secretaria general.
Bonig ve clarísimo que se quiere repetir el esquema catalán: "Están siguiendo los mismos hitos, control de los medios públicos y educación. No hablan de ello porque saben que ese mensaje hoy en Valencia no cala, pero quieren crear un clima". Toni Cantó, de Ciudadanos, valenciano, coicide: "El contagio es obvio. El PSOE no tiene problema en pactar con nacionalistas y ceder competencias, como en Cataluña. Juegan al poli bueno, Mónica Oltra, y el malo, Vicent Marzá, conseller de Educación
Están iniciando el camino que nos ha llevado al procés.Tengo sobrinos que solo dan una hora de castellano en su pueblo, y dos de inglés. Y eso lo empezó el PP.En la nueva televisión autonómica tienen más comisarios lingüísticos que realizadores". Se refiere al nuevo canal, À punt, que ha comenzado esta semana sus emisiones cuatro años después del cierre de Canal 9. La directora general, Empar Marco, ha sido 13 años delegada de TV3 en la comunidad.
"Lo que dice Cantó es imposible, que lo denuncie", replica Miguel Soler, socialista, secretario general de Educación. El último conflicto ha sido un nuevo decreto de educación que fue paralizado en julio de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad por discriminar el castellano, porque vinculaba el tener más horas de inglés a elegir la línea escolar en valenciano, entre otras cosas. El Gobierno valenciano reculó y rehizo una nueva ley. 
"Cogimos la sentencia del Supremo de Cataluña para aplicarlo. El ministerio de Educación nos ha dado el visto bueno. Lo más curioso es que Ciudadanos y PP piden en Cataluña lo que aquí critican".
El principal argumento del Gobierno valenciano es que el modelo actual del PP, que lleva veinte años, es en la práctica una inmersión -se elige línea en valenciano o en castellano-, que ellos estarían incluso suavizando con un modelo trilingüe. Actualmente hay un 90% de alumnos en línea en valenciano en Castellón, por ejemplo, la provincia donde esta lengua es predominante. 
 "La nueva ley prevé unos márgenes mínimos, 25% de valenciano, 25% de castellano y de un 10 a un 20% de inglés, y el resto, libre elección. El resultado ha sido muy plural: el 58% de las escuelas tiene 40% de valenciano, y el 40%, un 40% de castellano”, comenta Soler.
Pero Ramón López Cabrera, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alicante (FAPA), que recurrió el decreto, no lo ve tan inocente: “El decreto era llevar al sistema educativo una propuesta ideológica, no pedagógica. Era una evidente discriminación. La nueva ley también tiene una serie de despropósitos que llevan a pensar que es una política nacionalista. Es un tema político puro y duro”.
Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, rechaza de plano la teoría de la agenda oculta: “Es una tesis sin fundamento. Si le preguntas a cualquiera por el independentismo aquí es como muy marciano. Solo está en la agenda de quienes quieren crear caos. Yo me levanto por la mañana y no pienso en Cataluña, sino en el colegio de los niños, en la sanidad, en la vida real de la gente". 
¿Compromís es independentista? "Rotundamente no. No está en su ideario ni en el pacto de gobierno. El valencianismo es defender los intereses de los valencianos en un proyecto de Estado común. No queremos ser españoles de segunda. Fuimos los últimos en inversión estatal en 2017 y los penúltimos en 2018. España se rompe por los Presupuestos”.
“La derecha saca este argumento por dos razones”, opina Enric Bataller, diputado de Compromís en el Congreso. “Una, da votos en el resto de España, y es una línea muy peligrosa, abandonar el consenso para solo imponer mayorías numéricas, para la convivencia es fatal, así empezó Yugoslavia. Y dos, crea un frente interno en cada territorio, como en Cataluña, como Inglaterra con el unionismo en Irlanda del Norte, y tú sacas rédito político”. 
Bataller advierte que esto se puede combinar con una sensación de maltrato que se agudiza con los años, por la cuestión de la financiación: “Y eso sí moviliza a la gente”.
“Ahí tienen razón. Lo triste es que el Gobierno central no reacciona”, apunta Mikel Arteta, doctor en Filosofía Política y autor de La construcción nacional valenciana. “Los frutos de tener partido propio en el Parlamento nacional son evidentes. Ves a Coalición Canaria condicionando los Presupuestos. Basta exacerbar el victimismo y te votan. Es el fin del parlamentarismo”, lamenta. 
Sostiene que está en marcha una silenciosa imposición de la agenda nacionalista, copiada del plan de catalanización de Pujol de los noventa. Ve una “estrategia de la distorsión” con la lengua: “Solo el 30% habla valenciano. Pero si todo está en valenciano, la administración, la tele, los carteles, da la impresión de que es lo que tienes que hablar. Han ganado el terreno de lo políticamente correcto. Van tocando teclas, es cuestión de tiempo y lo saben”.
En esa supuesta agenda oculta estaría Acció Cultural del País Valencià (ACPV), asociación para la difusión de la lengua y la cultura valencianas fundada en 1978. Sería un equivalente de Òmnium, la entidad catalana con la que está asociada, y recibe subvenciones de la Generalitat. “Somos una entidad que difunde la lengua y la cultura, nada más”, rebate su presidente, Toni Gisbert. “Òmnium dio un salto que no hemos dado. No somos independentistas ni nos pronunciamos sobre política. Aquí nadie se cree el independentismo, hay algunos, pero igual que hay gente que cree en marcianos, hay de todo”. 
Considera las acusaciones de PP y Ciudadanos como “una campaña que juega con la verdad, como Donald Trump”. “Las mayorías absolutas se han acabado y los márgenes se juegan en zonas urbanas, votos que la derecha intenta movilizar con el miedo. No estamos en una fase similar a Cataluña ni de lejos, pero sí hay un sentimiento de discriminación que hace diez años no existía. Cada vez más valencianos dicen que hay que crear un problema valenciano para que nos hagan caso. Cuidado con jugar con fuego, porque a base de repetir mentiras puede pasar lo que dijo Montilla en Cataluña, que se cree desafección y sectores se sientan desamparados por Gobierno central”.

Baleares, conflicto en la sanidad

Mariano Rajoy visitó Baleares el pasado 21 de abril y el titular fue que alertaba del riesgo de contagio catalán. “Esperábamos qué venía a anunciar, quizá el descuento del 75% en el transporte para los residentes, y nos dice eso. ¿Hay algo más en este país que las amenazas, algún plan?", reprocha Guillem Balboa, uno de los coordinadores de MÉS Mallorca. 
Este partido, con nueve diputados y en el Gobierno insular, es el origen de la alarma de Rajoy. Es soberanista y tras el referéndum del 1-O anunció que su objetivo era realizar uno igual en 2030, propuesta que luego no prosperó en su congreso.
Balboa, alcalde de Alaró y el primero de raza negra de las islas, cree que “es mucho suponer esta agenda oculta. Al PP le viene muy bien Cataluña como excusa. MÉS Mallorca es un partido soberanista, hay unos independentistas y otros no. Reivindica el máximo de autodeterminación, el máximo que la población quiera alcanzar. Ahora no existe un sentimiento mayoritario de independentismo”.
“No estamos incómodos con ellos. Nuestra hoja de ruta es social, no de autogobierno”, explica Iago Negueruelas, portavoz del partido socialista balear, PSIB. En el PP no se lo creen: “En el MÉS luego se callaron, y así van, a la chita callando. Saben que necesitan tiempo. Son una minoría, pero sus políticas van entrando en la sociedad”, afirma el presidente popular, Biel Company.
El punto más polémico ha sido el decreto de marzo que introduce el catalán en la sanidad. Da dos años para obtener el nivel básico, y sin certificado no se puede optar a traslados ni promociones. Es requisito, no mérito. 
“Esto no es una cuestión sanitaria, la gente no piensa en el idioma cuando va al médico, y nunca había sido un problema, hay muchos médicos de fuera pero todos entienden catalán. En 2017, de 7.000 quejas solo hubo cinco por la lengua”, explica Miguel Lázaro, presidente de Sindicato Médico, central mayoritaria y la única que se opone.
Apunta que es muy importante el contexto: “Somos una comunidad importadora de médicos, con diez años sin oferta pública con niveles de interinidad del 35%. En Ibiza y Menorca hay una gran rotación, también los alquileres influyen. Los ocho gerentes de los hospitales de atención primaria de Baleares enviaron una carta en la que se oponían por razones técnicas: impide captar y fidelizar médicos”. 
Ya se han ido unos 20 facultativos y especialistas, aunque no solo por esta razón, pero ha contribuido a que hicieran las maletas. Han ido saliendo en la prensa: la única neuropediatra de Ibiza; un psiquiatra, un anestesista y una ginecóloga de Menorca… Se da además una circunstancia llamativa: a los médicos de otros países de la UE no les puede exigir el catalán, porque no es cooficial en Europa.
El decreto causó una sorprendente protesta de la nada, el movimiento Mos Movem. “Empezó en una cena, con un amigo médico que se desespera porque traen médicos de Perú, de Argentina, y tratamos de integrarlos para que no se escapen. Si se echan novia menorquina hacemos una fiesta”, relata Úrsula Mascaró, conocida empresaria de calzado, que se ha puesto al frente. Al final, el 17 de diciembre convocaron una manifestación. "Pensamos que seríamos cuatro gatos y según la prensa fueron 2.500, aunque eran más”. Ahora tienen 14.000 seguidores en la red social. segura que son apolíticos. “Yo tengo amigos en todo el mundo y esto es una cosa tan de pueblo… Con la educación tragamos, pero ahora la Sanidad, la orquesta sinfónica de Baleares, hasta los taxistas, no puede ser”. El 5 de mayo es la próxima manifestación, en Ibiza.
“No es un problema real, no ha habido concentraciones de personal sanitario. Si fuera así tendríamos un problema gordísimo. La alarma no cala porque no es verdad, los médicos están tranquilos”, replica Negueruela. Lo cierto es que las mayores protestas que recuerdan las islas se produjeron contra el anterior gobierno del PP, de José Ramón Bauzá. Rompió décadas de tranquilidad al modificar las normas educativas y lingüísticas, del propio PP. Lo pagó en las urnas -de 35 a 20 escaños- y el actual Gobierno ha restablecido el sistema anterior.
En el mismo PP fue derrotado por el ala más regionalista de Company. Por el camino perdió, por ejemplo, a Jaume Font, un histórico del partido que acabó fundando su propia formación, Proposta per les Illes (PI), un centro derecha moderado con tres escaños. “No veo nada de lo que dice Rajoy. Con la situación tan delicada que tenemos en España debería ser más responsable”, dice Font. 
"Los únicos que hablan de soberanismo son MÉS, nueve diputados de 59, y dentro de esos nueve hay de todo, ecologistas, gente que viene de IU…”. Sí cree que crece el malestar por el trato a Baleares: “Llevamos veinte años esperando el régimen especial para las islas. El Estado debería cuidar esto, todos somos españoles y debemos ser iguales”.
Pero a la derecha también le inquieta el PSOE. “El de aquí no es el de Madrid, pregúntale a Joan Mesquida”, dice Company. Se refiere al veterano socialista balear, exdirector general de la Guardia Civil y Policía Nacional, que acaba de dejar el partido. 
Al preguntarle, Mesquida da la razón a Rajoy: “Hay un evidente denominador común con Cataluña. Hay que estar muy vigilantes. El independentismo está permeabilizando puestos de responsabilidad del PSOE en Baleares. Hace diez años en Cataluña estaban con el Madrid nos roba. Estamos ya en esa fase”.

lunes, abril 23, 2018

Lambán envía cartas a sus alcaldes para imponerles la dictadura del catalán

ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, ha enviado una remesa de cartas a los alcaldes en la que les informa de su plan de imposición del catalán. El Ejecutivo aragonés da un plazo de quince días para presentar alegaciones, un plazo que, en muchos casos, ha resultado insuficiente.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Okdiario, se informa a los regidores de que su municipio ha sido declarado “zona de utilización histórica predominante de las modalidades lingüísticas propias de Aragón”. Esto es, según el gobierno de Lambán, no solo el aragonés, sino también el catalán.
Así, en la carta se recuerda a los alcaldes que el Estatuto de Autonomía de Aragón “atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”, además de la potestad en materia de Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
Igualmente, se avisa de que por Orden de la Consejería de Educación, de julio de 2017, “se ordenó el inicio de procedimiento para la elaboración de los decretos del Gobierno de Aragón por los que se determinan las zonas y municipios de utilización histórica predominante del aragonés y del catalán de Aragón”.
A continuación, se remite a la normativa al respecto de la oficialidad del catalán, aunque de manera manipulada según sus intereses.
Así, por ejemplo, la carta se remite al acuerdo del Pleno de las Cortes, de 1997, en el que se dice que “el catalán es una de las lenguas propias de las zonas limítrofes con Cataluña”y “se habla en un 11,6 por ciento del territorio de Aragón”.
Además, hace referencia al anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón, de 2001, “por el que se establecían los municipios que pueden ser declarados zonas de utilización predominante de su respectiva lengua o modalidad lingüística propia o zonas de utilización predominante del aragonés y del catalán”. 
 Esa ley establece que el castellano es la lengua oficial en toda la comunidad, mientras que el aragonés y el catalán lo serán “en los respectivos territorios predominantes, junto con el castellano“, algo que se omite en la carta enviada.
Además, municipios que, según ese informe, utilizan de forma mayoritaria el aragonés o el catalán -como Huesca, Jaca o Barbastro- son en su práctica totalidad castellanoparlantes. El gobierno aragonés no reconoce dialectos plenamente implantados en esas zonas, como el patués (utilizado en el Valle de Benasque) o el chapurriau, que en ningún caso se mencionan.
Aunque sin duda lo más sorprendente es que se esconda la Ley de Lenguas de 2013, aprobada bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi y actualmente vigente.  Esa ley solo se refiere al aragonés como lengua propia, en ningún caso al catalán. 
Varios regidores han denunciado que algunas de esas cartas fueron enviadas en plena Semana Santa, con el Ayuntamiento cerrado, lo que consideran una maniobra “premeditada” para evitar las alegaciones. En otros casos, los consistorios, mal comunicados, no recibieron la entrega con tiempo suficiente para expresar su rechazo.
El Gobierno de Aragón ha acelerado en las últimas semanas su plan de imposición lingüística, ultimando la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, la institución pública que dará cobertura al Instituto aragonés del catalán y asesorará a la instituciones sobre su uso.
El objetivo de ese organismo es la promoción y desarrollo del aragonés y del catalán, estimulando su uso, enseñanza y difusión, según los estatutos recientemente aprobados. Además, se precisa que el Instituto aragonés del catalán colaborará con las además instituciones académicas de la lengua catalana, lo que abre la posibilidad de establecer convenios con la Generalitat de Cataluña.
Se da la circunstancia de que el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, ha reconocido en varias ocasiones que no tiene el aragonés como lengua materna y que no sabe catalán.
Susín participó como jurista en 1998 en la elaboración del anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón en el que se declaraban aragonesoparlantes ciudades 100% castellano-hablantes como Huesca, Barbastro o Monzón, entre otras.
El Gobierno aragonés no ha ocultado además el rechazo que le provocan los dialectos que sienten como propios las zonas que intentan ‘catalanizar’. En el escrito a las alegaciones presentadas contra el mencionado Instituto del Catalán, en las que se defendía la utilización del chapurriau, se desdeñó que éste término solo significaba “hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores”.

miércoles, abril 11, 2018

La CUP Palma pone en marcha una campaña para que se reconozcan los derechos de los catalanohablantes

PALMA.- La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Palma ha puesto en marcha la campaña 'Dempeus pels nostres drets. Visquem la llengua', que tiene como objetivo «ampliar los derechos de los catalanohablantes que todavía no están reconocidos».

Asimismo, esta iniciativa contará con «varios frentes», como el ámbito educativo, el laboral, el empresarial, el social, el cotidiano o el sanitario, entre otros, según ha explicado la CUP en un comunicado.
Desde la CUP Palma han considerado que «los equipos de gobierno de Baleares, muy especialmente el del Ayuntamiento de Palma, tienen como deber adoptar medidas para preservar los derechos lingüísticos».
En este sentido, han denunciado que «a menudo» los ciudadanos de las Islas se encuentran que «el derecho a expresarse en catalán no está reconocido», ya que «la otra persona no tiene la capacidad para atenderlos».
Por ello, han señalado que «es responsabilidad de los diversos gobiernos ocuparse de que esto no se siga produciendo, ya sea con medidas legales, campañas de concienciación o cursos de formación».
Por último, la CUP Palma ha destacado que la campaña estará abierta a «la participación de cualquier persona que quiera trabajar en la línea que planeta la agrupación».