MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado
para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La
disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a
partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la
vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos
podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la
valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión.
Esta
nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho
durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro,
habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de
vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el
precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza
de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido
aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los
ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El
principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la
que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de
forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes
en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal
el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios
públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados
con las restantes fuentes de información de que disponga".
En
el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias
de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores
catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista
del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora,
los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las
valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las
viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de
2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan
cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente
alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha
emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de
Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia
del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y
es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en
ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única
potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los
ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro
lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores
catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes
de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración
que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del
procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de
ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración
del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y
ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los
precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de
compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio
Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana
& Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá
elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos
territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de
valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe
una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado
con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda
comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por
otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán
correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por
construcciones.
