Rusos y ucranianos se mudan a España

 

MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.

Por su parte, los no residentes cerraron 690 compraventas, el 61,6 % más, aunque antes del estallido de la guerra llevaban a cabo más operaciones. Pagaron de media por sus viviendas 2.612 euros/m2, el 1,8 % menos.

Récord ucraniano

El desembarco ucraniano ha ido parejo. En la primera mitad de 2023 llevaron a cabo 1.758 operaciones, el 41,5% más, y la mayor cifra de la serie histórica. Esta cantidad contrasta, por ejemplo, con las 77 casas que compraron en los seis primeros meses de 2009.

Desde 2022, coincidiendo con el conflicto, rebasan las 1.000 operaciones en España, una cifra que se va incrementando progresivamente hasta aproximarse en estos momentos a las 2.000 unidades.

Por sus viviendas en España, los ucranianos pagaron menos que los rusos: 1.672 euros/m2, máximos desde 2010, y el 3,5 % más que un año antes.

Los ucranianos que residen en España fueron los más activos con 1.406 compraventas, el 48,3 % más, y pagaron por sus viviendas 1.554 euros/m2, el 10,4 % más.

Los no residentes cerraron 352 operaciones, una cifra que sigue en máximos y que supone un 19,7 % más que el año anterior. Sin embargo, el precio que desembolsaron por metro cuadrado se situó en 2.101 euros, el 7,7 % menos.

Las compras de extranjeros ponen fin a dos años al alza pero baten su máximo histórico.

A pesar de los fuertes incrementos registrados en las compraventas de vivienda por parte de rusos y ucranianos, las protagonizadas por el conjunto de extranjeros cayeron un 7,5 % interanual en la primera mitad del año hasta las 67.983, rompiendo con una tendencia de subidas que duraba ya dos años.

Sin embargo, concentraron el 21,4 % del total de compraventas que se registraron a nivel nacional, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Los británicos siguen liderando las compras de extranjeros en España con el 9,6 % del total, seguidos por alemanes (8,1 %) y marroquíes (7,3 %) y son los suecos los que compran el metro cuadrado más caro (3.036 euros).

Carta de los Obispos de las Islas Canarias ante el aumento de la migración

 

LAS PALMAS.- "En los últimos días, hemos asistido a la llegada de más de 3.000 personas, muchas de ellas menores de edad, procedentes del continente africano. La inestabilidad política en Senegal y otros países del Sahel, la pobreza y el cambio climático, entre otros motivos, están empujando a la población a huir. Se trata de seres humanos que arriesgan sus vidas cruzando el Atlántico con la esperanza de un futuro mejor para sí y sus familias.

Las imágenes que hemos visto de los desembarcos en nuestras Islas Canarias y las declaraciones de distintos profesionales nos hacen recordar la inaceptable situación que se está viviendo en Lampedusa y nos entristece contemplar la indiferencia de los gobiernos europeos reunidos en Granada que por desgracia han declinado abordar y dar respuesta al preocupante tema de la migración.

La falta de previsión, unida a la insuficiencia de infraestructuras, dificulta una acogida digna y aumentan la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos. Cientos de personas han vuelto a dormir al raso en los muelles canarios ante la falta de espacios de recepción. La escasez de intérpretes, la ausencia de información jurídica comprensible o la asistencia grupal a las personas migrantes son solo algunos ejemplos. 

Además, los centros de acogida para menores de edad vuelven a estar saturados y las derivaciones a otras comunidades autónomas se encuentran paralizadas. Tampoco podemos olvidar la tragedia de quienes pierden la vida durante la travesía, dejando atrás sus sueños e ilusiones.

Paralelamente, están surgiendo peligrosos discursos alarmistas que no deben permitirse. El Papa Francisco declaró en su reciente visita a Francia que “aquellos que arriesgan sus vidas en el mar no invaden, buscan ser bienvenidos” e instó a evitar “discursos alarmistas”.

El pasado 24 de septiembre celebrábamos la 109 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado bajo el lema “libres de elegir si migrar o quedarse”. En el mensaje del Santo Padre con motivo de este día, nos recordaba que “mientras trabajamos para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante; y esto significa acompañar y gobernar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. Dondequiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde hemos nacido o en otro lugar, lo importante es que haya siempre allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos, sin distinción y sin dejar a nadie fuera”.

No debemos olvidar que solo cuando cese la injusticia actual del comercio internacional, cuando cesen las guerras inducidas en países con riquezas mineras, cuando los dictadores que expolian a su pueblo dejen de contar con la complacencia de gobiernos y empresas multinacionales, cuando cese el comercio de armas, la inmigración de ciertas zonas del mundo se podrá regular. Cuando se acabe con la injusticia actual la migración se moderará.

Hay que evitar migraciones no necesarias creando en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Como sabemos, también existe el derecho a no emigrar, y muchos de estos hermanos nuestros no iniciarían un viaje tan incierto si en sus pueblos y países se vivieran situaciones más justas

La Iglesia en las Islas Canarias trabaja diaria e incansablemente con las personas migrantes en distintos ámbitos con el objetivo de favorecer su promoción e inclusión laboral y social. El trabajo humano y asistencial diario para atender las necesidades de los migrantes, la puesta en marcha de los Corredores de Hospitalidad o el acompañamiento a los internos en los CIE, que tanto sufrimiento provocan, son una muestra del esfuerzo de la Iglesia por estar junto a los más necesitados.

Por ello, no podemos mirar hacia otro lado y mostramos nuestra máxima preocupación ante esta situación. Desde una lectura creyente de la realidad, los Obispos canarios, queremos exponer:

1. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con las distintas Administraciones Públicas y actores sociales para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a favorecer una acogida digna e integral a las personas migrantes.
2. Pedimos el establecimiento de vías legales y seguras para acceder a territorio europeo.
3. Instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de los derechos de las personas migrantes y ofrecer un recibimiento adecuado a sus necesidades. Como recordábamos en nuestra carta pastoral Escuchar el “Eco de Lampedusa” en las Islas Canarias, hacemos una llamada a todos a crear la cultura del encuentro, a superar la fobia al extranjero, a luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo de los países de origen. Como afirma la Encíclica Fratelli Tutti: Se trata de problemas globales que requieren acciones globales, evitando una “cultura de los muros” que favorece la proliferación de mafias, alimentadas por el miedo y la soledad (FT 27-28).
4. Apremiamos al resto de comunidades autónomas a la apertura y solidaridad, pues Canarias no puede afrontar sola esta contingencia.
5. Hacemos un llamamiento a los sacerdotes, laicos y comunidades parroquiales de nuestras diócesis a vivir auténticamente el Evangelio, promoviendo una cultura de hospitalidad y construyendo el futuro con las personas migrantes y refugiadas, sin excluir a nadie: es Cristo mismo quien llama a nuestra puerta.
6. Valoramos y agradecemos todo el trabajo realizado por tantas personas para humanizar el drama que contemplamos en nuestros mares y costas. Cómo olvidar las vidas salvadas y rescatadas por los profesionales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo. Ellos son auténticos ángeles custodios en medio de nuestros mares y sería deseable que esa humanitaria labor de socorrer y salvar vidas siga contando en nuestra frontera sur con un apoyo decidido por parte de los diferentes gobiernos. A ellos hay que añadir la magnífica labor de la Policía Nacional, del personal de la Cruz Roja y de los Sanitarios que en la Isla de El Hierro están siendo en estos días auténticos samaritanos. Son esos profesionales los que, junto con los voluntarios y miembros de Cáritas y de la pastoral de migraciones, así como de otras organizaciones humanitarias, lo que nos ayudan a evitar la globalización de la indiferencia.

Nos encomendamos a la Virgen María, a la que todos veneramos con gran devoción -con distintas advocaciones- en cada una de nuestras islas.  A ella le confiamos las esperanzas de todos los emigrantes y refugiados, también le encomendamos el eterno descanso de los que han dejado sus vidas en el océano y le pedimos para que los que huyen de sus países encuentren en nosotros un testimonio de esperanza y solidaridad.

 Domingo 8 de octubre de 2023.

† José Mazuelos Pérez, obispo Canariense

† Bernardo Álvarez Afonso, Obispo Nivariense.

† Cristóbal Deniz Hernández, Obispo Auxiliar de Canarias .

Ascienden a 37 los migrantes llegados a Baleares tras interceptarse a 8 personas en Formentera

IBIZA.- La Guardia Civil y la Policía Local han interceptado a otros ocho inmigrantes llegados en patera a la isla de Formentera, ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

La intervención se ha producido en la carretera de la Mola y todos los migrantes, de origen magrebí, se encuentran en aparente buen estado de salud.

Se trata de la tercera patera registrada desde este jueves en Baleares después que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaran de madrugada otras dos en aguas próximas a Cabrera, al sur de Mallorca, y otra más cerca de Formentera con ocho personas más. 

 

En las tres pateras viajaban un total de 37 inmigrantes.

Llegan a Mallorca dos pateras con 16 personas magrebíes a bordo

PALMA.- La Guardia Civil ha informado del rescate de dos pateras llegadas en las últimas horas a Mallorca con 16 personas de origen magrebí a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las a las 03.34 horas de este miércoles han sido interceptadas seis personas de origen magrebí en aparente buen estado de salud, en tierra, en la playa de la Colonia de Sant Jordi, con la intervención de la Guardia Civil.

Más tarde, a las 06.10 horas, se ha rescatado a diez personas de origen magrebí en aparente buen estado de salud, en alta mar, al sureste de la isla de Cabrera. En este rescate ha intervenido Servicio Provincial Marítimo de Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Que nos empiecen a contar la "realidad" de lo que vamos a comenzar a ver con los refugiados ucranianos en España

 

MADRID.- La periodista Julia Otero, presentadora de Julia en la Onda en Onda Cero, ha avisado de que España y Europa se van a enfrentar a un “un enorme desafío migratorio” derivado de la guerra en Ucrania porque “cinco millones de personas no se realojan, escolarizan, curan, trabajan, en definitiva, viven de un día para otro en un lugar diferente del que tuvieron que huir”.

Yha subrayado que todo eso necesita un gran despliegue de recursos, ya sea dinero u organización, que requiere del trabajo de ayuntamientos, comunidades autónomas y países: “Es tan grande que a día de hoy ni siquiera se puede cuantificar”.

“Más allá de esa solidaridad espontánea, hermosa y sincera hay una realidad que nos tienen que empezar a contar. Esta situación no es para quince días o un mes, no es una acogida temporal”, ha avisado Otero antes de preguntarse: ”¿Cómo se va a organizar desde las diversas Administraciones la llegada de decenas de miles de ucranianos?”.

La periodista apunta que en esta fase “nadie parece plantearse el futuro” y solo se actúa “movidos por las emociones más nobles”, pero avisa: “También tendrán que contarnos la verdad”.

“Sobre todo para conformar la opinión pública, en valores que defendemos con pasión, pero que tienen un precio. Como no somos menores de edad será bueno que nos los cuenten. Los recursos son finitos y habrá que compartirlos. Y saber que los estamos compartiendo. Si no, la solidaridad puede mutar en situaciones delicadas”, ha avisado.

Argelia mantendrá cerradas sus fronteras todo el verano

ARGEL.- De forma más estricta aún que Marruecos, Argelia va a mantener durante todo el verano sus fronteras cerradas. Así que a la ausencia este año en las carreteras de los casi tres millones de marroquíes que vuelven a su país hay que añadir la de los 200.000 argelinos que hacían lo propio para llegar a su tierra.

A pesar de la dureza de estas restricciones, ni Marruecos ni Argelia han sufrido el impacto de la Covid en la misma medida que Europa. En el reino alauí se han contabilizado solamente 14.771 contagios y 242 muertes a causa del coronavirus. Argelia, por su parte, ha tenido 17.348 contagios y 978 fallecidos.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.

Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.

Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.

En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 

Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.

El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).

Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 

“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.

El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.

Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.

Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 

Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.

Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.

En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 

“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.

Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

Merkel, dispuesta a apoyar a España si crece la llegada de inmigrantes

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que se implicará a nivel europeo para que España reciba más "apoyo" si se intensifica la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras abordar en una reunión la reforma de la eurozona y la crisis migratoria, los dos puntos clave de la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas.
La canciller destacó que otros países de la UE ya han recibido apoyo del bloque en situaciones similares, y señaló el caso de Grecia durante el período más crítico de la crisis de los refugiados, porque el Gobierno heleno "recibió un montón de apoyo".
"Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, eso lo apoyaríamos con seguridad", indicó la canciller, que agregó que "si la situación en España se agrava", ella se "implicaría para que España reciba más apoyo".
"Vemos que la llegada inmigrantes a España se ha incrementado", señaló la jefa del Gobierno alemán en relación al alza del número de embarcaciones con migrantes que en las últimas semanas están llegando a costas españolas.
Dentro de su visión de cómo podría concretarse la respuesta del grupo de países europeos que quieren trabajar conjuntamente en la cuestión migratoria, Merkel apuntó podría establecerse que cada jefe de gobierno hable con ciertos países de origen (principalmente africanos), pero "no individualmente", sino "en nombre del resto de colegas".
"La responsabilidad se puede repartir entre líderes europeos", de tal forma que cada socio miembro hable con "uno o dos" países de origen, aclaró.
La canciller agregó a este respecto que el acuerdo de la UE con Turquía es un ejemplo, pues ayudó a reducir drásticamente el número de refugiados que llegaban a Europa y posibilitó el cierre de la denominada ruta de los Balcanes.
Merkel indicó que la cuestión migratoria es un "punto central" de la cumbre de líderes de este jueves y viernes en Bruselas y abogó por integrar este asunto en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo.

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.

De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.

“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.

Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.

“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.

A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.

Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.

“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.

Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.

Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.

“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.

Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.

El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.

La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.

Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.

La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 

De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.

El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.

Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.

“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.

Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.

Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.

Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.

Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".

Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.

A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

La cifra de extranjeros en Baleares cae un 23% y es la menor en 10 años

PALMA.- La población extranjera empadronada en Baleares ha caído un 23% en los últimos seis años. El número de residentes nacidos en otro país ha retrocedido hasta cotas de hace una década. Desde 2011, año en que se registró el mayor número de extranjeros censados, el archipiélago ha ido perdiendo efectivos progresivamente hasta llegar a casi 56.000 empadronados menos.

Así, los residentes nacidos en el extranjero han pasado de 242.812 en 2011 a 186.933 en 2017. Las cifras han ido cayendo en los últimos años y hoy prácticamente se sitúan a la misma altura de los registros de 2007 (190.170).

La caída más espectacular se ha producido entre la población de procedencia sudamericana, con un descenso del 41% desde su año de máximos, 2010. Los sudamericanos han pasado de 58.479 ese año a 34.241 en 2017.

Los residentes de países de la Unión Europea también han visto su número significativamente mermado, con una caída del 30% (133.740 empadronados en 2012 frente a 92.733 el pasado año).

Por contra, la población africana ha experimentando una bajada mucho más contenida (apenas 2.000 individuos menos que en 2013). La nacionalidad africana más abundante, la marroquí, no ha vivido grandes cambios y se sitúa en las mismas cifras de los últimos ejercicios.

Por su parte, la población asiática no ha parado de crecer en los últimos 20 años, sobre todo gracias a la creciente presencia de inmigrantes chinos, nacionalidad que concentra casi la mitad de efectivos asiáticos en las Islas. Los chinos han pasado de tener 400 censados en 1998 a los 5.201 de hoy día. El incremento, por otra parte, ha sido continuo año a año, ya que no ha habido ningún periodo en que sus cifras se resintieran.

La crisis económica, que empezó a radicalizar sus efectos justo al inicio de la caída, se asoma como la causa más evidente del bajón global. No obstante, los expertos apuntan a otros factores e incluso advierten sobre el hecho de que las cifras de población real no obedecen necesariamente a los padrones.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo tanto, no acaban de reflejar la realidad con una fidelidad máxima. En ese sentido, hay que señalar que una causa importante de la bajada radica en el hecho de que muchos residentes han ido obteniendo la nacionalidad española en los últimos años. Tal es el caso de la población sudamericana, precisamente la procedencia que ha registrado un mayor descenso en el número de empadronados.

La incidencia de las nacionalizaciones en los ciudadanos de estos países de origen es mucho mayor que en comunidades asiáticas o africanas, dado que los plazos para la tramitación -dependientes de los diferentes convenios firmados entre países- son mucho menores en el caso de Latinoamérica.

Así lo explica el catedrático de Geografía Humana de la UIB, Pere Antoni Salvà a El Mundo. Aunque no hay dudas acerca de la intervención de la crisis económica global, hay que tener en cuenta que en el caso de los sudamericanos confluyen dos factores para explicar la reducción: el flujo migratorio desde América se ha detenido y mientras tanto gran parte de la población residente ha ido obteniendo la nacionalidad española. 

 «Si comprobáramos el número de nacionalizados procedentes de ese continente coincidiría prácticamente con el de censados que se han perdido», explica Salvà, quien matiza que «es verdad que ha habido un efecto retorno hacia el continente americano pero no tan pronunciado como insinúan los datos».

Por otro lado, el acertijo europeo. Las cifras van hacia abajo año tras año, pero la percepción ciudadana no coincide con el discurso de la estadística. La alemana es la nacionalidad más representativa de este fenómeno y la principal responsable del bajón global a nivel europeo. Los residentes teutones han caído casi a la mitad desde 2012: han pasado de 36.758 a 19.209, más de 17.000 efectivos menos desde ese año (un 47% de bajada). 

Lo cierto es que el padrón enmascara una verdad que confirman las estadísticas sobre estimaciones de la población real. Los alemanes siguen aquí, aunque prescindiendo de un empadronamiento que les perjudicaría fiscalmente. 

«Hay muchos alemanes que con la ley 7/2012 se vieron obligados a declarar todos sus bienes y que optaron por empadronarse en otros lugares con una fiscalidad menor». 

Estos ciudadanos están obligados a empadronarse si pasan más de seis meses en el país, recuerda Salvà; si reducen su estancia a menos de la mitad del año pueden sortear esa traba burocrática y beneficiarse de las ventajas fiscales. 

«No están fiscalmente aquí pero siguen residiendo en la isla gran parte del año. Y además es posible que hagan negocio alquilando su residencia cuando no están». En su opinión, Baleares cuenta con «unos 70.000» alemanes «que vienen y van pero que no han vendido sus propiedades».

Por otro lado, el caso chino, con 5.201 empadronados, ejemplifica otro tipo de situaciones en que la población flotante rebasa holgadamente la que aparece en los censos. «Siempre hay población flotante que aparece y desaparece, a veces trabajando en el ámbito de la alegalidad », explica Salvà. 

Por su parte, Fang Ji, presidente de la Asociación de Chinos de Baleares, señala que en realidad los suyos «son muchos más». Los datos que maneja la asociación hablan de cerca de 10.000 chinos, contando con varios miles que pueden estar oscilando entre la península y el archipiélago.

Pese a que las cifras hasta ahora han venido apuntando a lo contrario, la previsión de Salvà es la de que habrá un repunte de inmigrantes en los próximos años, siempre y cuando la recuperación económica acompañe. 

«Volverá a haber un potente efecto llamada, aunque a lo mejor no tan fuerte como en los 70 porque ya no contamos con un sector de la construcción tan fuerte». 

La crisis demográfica actual, con una importante caída de la natalidad, hará también necesaria una reposición poblacional a base de efectivos extranjeros.

Los españoles creen que hay el triple de inmigrantes respecto al número real

LUXEMBURGO.- Los recientes resultados del Eurobarómetro han revelado que varios países europeos sobreestiman el número de inmigrantes que hay en su país respecto a la cifra real. Así ocurre en Italia, Portugal y España, donde su percepción es de que más de un 20% de la población en territorio nacional es de nacionalidades extranjeras.

Sin embargo, los datos reales contrastan con estas estimaciones porque el porcentaje más alto de extranjeros se encuentra en España con un 8.8% respecto al 23,2% que perciben los locales. 

La mayor diferencia es para los italianos, que piensan que un 24,6% de la población es inmigrante cuando en realidad es solamente un 7%, según los datos de las instituciones europeas. 

En Portugal, el dato de la percepción enfrenta a un 20,5% de sensación frente a un 6,2% de realidad.

Esta percepción exagerada podría deberse al impacto de las noticias sobre la llegada de extranjeros a las costas, rescates o peticiones de asilo.

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

MADRID.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. 

Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid), recoge El País.

En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido "un gran efecto" en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas alternativas de acceso a la atención médica.

Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no ha sido afectada por la reforma. 

Para ello, se han servido de información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece. 

En 2012 hay un punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según ha explicado a El País Judit Vall, coautora del informe e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia y Salut (CRES-UPF).

La científica advierte que los resultados obtenidos son una estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular, se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles.

"Sabemos que este grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan información sobre el estado administrativo", detalla Vall. 

"Y aún así, encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber".

El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que rebasen esa edad. 

Gracias a las excepciones marcadas por el Real Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a 39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%. 

Por continente de origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.

Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer. 

"En algunos tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer, muchas veces, no da signos de alerta", explica. La experta recuerda que, si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia.

 "Y en el caso del cáncer, es carísima", incide. En el caso de otras dolencias que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero no significativo.

Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la reforma. "Ha sido complicado encontrar datos porque la población inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada", afirma Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares. 

No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2013 haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.

El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros. Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta sanitaria. 

La reforma estableció que debían estar en posesión de un permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país. Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.

Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención médica por el temor a revelar su situación irregular. 

"Se ven como perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser deportados o denunciados", explica la investigadora.

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).

Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.

Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).

En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.

Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).

Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

El Fórum de la Inmigración Menorca se reunirá como mínimo dos veces por año

CIUDADELA.- El Consell de Menorca ha reunido al Fórum de la Inmigración como órgano consultivo de Bienestar Social y Juventud para impulsar "la participación, consulta y diálogo de todas las instituciones y entidades implicadas en el proceso de la integración social de los inmigrantes que viven en la isla" y que se reunirá al menos dos veces al año.

La consellera Aurora Herráiz ha explicado que las principales tareas de este foro consisten en "la puesta en común de ideas, coordinación de programas, detección de problemas, lucha contra el racismo y xenofobia, así como el diseño de propuestas y elaboración de estudios sobre la situación de los inmigrantes en Menorca".

Integran este organismo el Govern balear, la dirección insular de la Administración general del Estado en Menorca, los ocho ayuntamientos de la isla, el IB-Salut, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de inmigrantes, ONG's y el Fons Menorquí de Cooperació.

Durante este encuentro se plantearon diferentes propuestas y problemáticas por parte de las diferentes asociaciones de inmigrantes, ayuntamientos, Càritas, IB-Salut y Govern balear.

También se ha acordado aumentar su periodicidad para que, al menos, se puedan reunir dos veces al año.

Herráiz ha destacado que "después de años sin reunirse, el Consell de Menorca ha vuelto a poner en marcha este foro de debate y participación que a mismo tiempo forma parte del Fórum de la Inmigración de Baleares, que tiene previsto convocar una reunión en Mallorca".

Los programas de retorno voluntario de Cruz Roja permiten el regreso de 158 inmigrantes desde Baleares a sus países de origen

PALMA.- Los programas de retorno voluntario de Cruz Roja en Baleares ayudaron durante el pasado año a 158 inmigrantes que deseaban regresar a sus países y no disponían de recursos económicos para hacerlo. En total se atendieron cerca de 1.000 peticiones de información a lo largo de 2012.

   En concreto, el servicio de retorno humanitario, que ofrece la posibilidad de retornar a su país a aquellos inmigrantes extracomunitraios en situación de vulnerabilidad, permitió el regreso de 130 personas, frente a las 128 del año anterior. Los usuarios de este programa realizan la solicitud en Cruz Roja.

   Por su parte, un total de 28 personas se acogieron al programa de retorno de los APRE, que se refiere a personas que tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo, y reciben ayudas complementarias a través de Cruz Roja.

   La trabajadora social que gestiona este programa de Cruz Roja en Baleares, Rocío Redondo, ha explicado que en cualquiera de los dos casos "la persona asume el compromiso de retornar a su país natal y no retornar a España en el plazo de tres años para realizar una actividad lucrativa o profesional".

   Con todo, Redondo ha señalado que la crisis está detrás del incremento de peticiones de ayuda para volver a sus países de origen. En 2011 y 2012 se ha atendido una media de 1.000 peticiones al año, de personas que telefonean a la entidad o acuden a las oficina a pedir información, "lo que demuestra el interés creciente de regreso de inmigrantes a sus países de origen".

   Por último, la trabajadora social ha precisado que el número de solicitudes resueltas va en función de las subvenciones que reciben del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para este programa, unas ayudas que se han reducido en los últimos años y que se han agotado antes de dar respuesta a la lista de espera de personas que quieren acogerse al retorno voluntario.

El Govern ha retirado las tarjetas sanitarias a cerca de 20.000 inmigrantes sin papeles desde abril de 2012

PALMA.- El Govern ha retirado las tarjetas sanitarias a 19.586 personas a raíz del Real Decreto del Gobierno central 16/2012, de medidas sanitarias de abril de 2012, que lo establecía así en el caso de los inmigrantes en situación irregular.

   El conseller de Salud, Martí Sansaloni, lo ha explicado así en la Comisión de Salud, que ha tenido lugar este miércoles en el Parlament. Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Vicenç Thomas, ha asegurado que esto supone dejar sin asistencia médica "al 2% de lo población" de Baleares.

   Cabe destacar que tras la aprobación del Real Decreto 16/2012, los inmigrantes irregulares tienen garantizada la asistencia "sanitaria urgente y gratuita", una situación que también afecta a los menores, las embarazadas, los supuestos de enfermedades de salud pública y de salud mental, el asilo político, y las víctimas de tráfico de seres humanos, ha recordado Sansaloni

El Consell de Menorca dispondrá de 112.000 euros para integración de inmigrantes

MAHÓN.- El Consell de Govern ha autorizado hoy el convenio el convenio de colaboración con el Consell de Menorca para desarrollar actuaciones de acogida e integración de inmigrantes en 2013 por un importe de 112.000 euros.

De esta cantidad, 56.000 euros son aportados por el Govern y la misma cantidad por el Consell de Menorca, según ha informado hoy el portavoz del ejecutivo autonómico, Rafael Bosch, en la rueda de prensa tras el Consell de Govern.

El 20 de diciembre de 2007 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración y el Consell de Menorca para llevar a cabo actuaciones de acogida e integración de inmigrantes para el año 2008.

Este convenio de colaboración se volvió a firmar cada año con el fin de continuar estas mismas actuaciones.

La entrada de inmigrantes irregulares a la UE disminuyó a la mitad en 2012

BRUSELAS.- El número de entradas de inmigrantes irregulares detectadas en la UE disminuyó en 2012 un 50% respecto al año anterior, hasta situarse en 73.000, debido a que se frenaron las salidas provocadas por la 'primavera árabe' y a que se reforzó la frontera entre Grecia y Turquía.

   Se trata del primer año que la cifra anual queda por debajo de 100.000 desde que empezaron a recogerse datos en 2008, según un informe publicado por la Agencia Europea de Control de Fronteras (FRONTEX).

   En la ruta entre el norte de África y España se detectaron un total de 6.400 entradas de inmigrantes irregulares, un 24% menos que en 2011. No obstante, este nivel todavía es comparable al que se registró entre 2008 y 2010. La mayoría de los inmigrantes en esta ruta son argelinos y subsaharianos que salen de Marruecos y Argelia.

   En la ruta del Mediterráneo Central, el flujo de inmigrantes, que se había intensificado en 2011 debido a la primavera árabe con llegadas desde Libia y Túnez, cayó ya a finales de ese año y en 2012 las entradas irregulares detectadas sólo llegaron a 10.300.

   Por lo que se refiere a la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, el número de entradas ilegales cayó el año pasado de 2.000 semanales a sólo 10 en octubre. Ello se explica por el despliegue por parte de Atenas de 1.800 guardas de fronteras adicionales. No obstante, FRONTEX avisa que la presión migratoria procedente de Turquía sigue siendo uno de los principales riesgos para la UE.

   La ruta procedente de los Balcanes Occidentales registró un incremento del 37% en detecciones respecto a 2011.

   Por lo que se refiere a las nacionalidades más frecuentemente detectadas entrando ilegalmente en la UE, destaca el aumento del número de sirios, desde menos de 100 en 2011 a 500 en 2012. No obstante, la clasificación la encabezan los afganos (con 13.169 casos detectados, frente a 22.994 en 2011).

   Los afganos encabezan además el ranking de peticiones de asilo en la UE en 2012, aunque buena parte del incremento del 7% es atribuible a nacionales sirios. Los afganos, junto con los marroquíes, son también los más frecuentemente interceptados por estancia ilegal en la UE.
Por otra parte, el número de extranjeros residentes en España alcanzó la cifra de 5.411.923 al cierre de 2012, lo que supone un incremento del tres por ciento (unas 160.800 personas) respecto del año anterior, motivado principalmente por el crecimiento del grupo de foráneos procedentes de países de la Unión Europea, que suma 100.729 nuevos miembros, un 3,94% más, en 12 meses.
   Según los últimos datos de la Secretaría General de Inmigración, europeos y no europeos son ya casi la misma proporción: el 49,06 por ciento pertenecen al régimen comunitario y suman 2.655.347 personas, mientras el 50,94 por ciento restante son los 2.756.576 residentes que proceden de países de fuera de la Unión. 
   La balanza se ha ido inclinando en favor del Régimen comunitario desde la ampliación de la UE por el cada vez mayor peso de la inmigración de ciudadanos de Rumanía a España. Este colectivo, que no ha parado de crecer en la última década a un ritmo que llegó a ser del 19,04 por ciento en 2008, frenó el ritmo en 2012 con un incremento del 0,61 por ciento frente al 11,04% que había crecido en el año anterior, cuando el Gobierno impuso de nuevo restricciones para su acceso al mercado laboral. Con todo, suman ya más de 918.000 ciudadanos vivendo en España, un tercio del total de europeos.
   En este ámbito, las cifras oficiales reflejan que a lo largo del año pasado los residentes nacionales de Reino Unido (250.336 residentes), Italia (193.257), Alemania (132.007) y Francia (106.897) aumentaron entre un seis y un ocho por ciento y se sitúan junto a rumanos y búlgaros (177.590), que se incrementaron en menor medida, con un 1,24% interanual, como las nacionalidades comunitarias más numerosas en España.
   Junto a estos ciudadanos figuran en el régimen comunitario sus familiares nacidos en países de fuera de la Unión Europea, un total de 421.194 personas en su mayoría de origen colombiano, marroquí, dominicano, argentino, ecuatoriano y brasileño que se han incrementado en un 7,09 por ciento respecto del 31 de diciembre de 2011, casi el doble que el número de europeos con los que están emparentados, que aumentaron un 3,37 por ciento.
   En cuanto a los inmigrantes de países no europeos, las estadísticas revelan que al menos tres comunidades menguaron el año pasado: los ecuatorianos cayeron un 3,83 por ciento; los colombianos, un 2,77%; los peruanos un 2,1% y los argentinos un 1,32% en doce meses. Esto supone un cambio de tendencia, ya que estas comunidades se mantuvieron en positivo durante 2011, cuando no sólo no perdieron habitantes sino que se incrementaron.
   También se ha producido un cambio de tendencia en lo que se refiere a los nacionales de Brasil y Bolivia, pues, conforme destaca el informe de la Secretaría General de Inmigración, en variación interanual experimentan crecimientos del 3,41% y 0,57% respectivamente aunque llevan dos trimestres decreciendo, y con respecto al trimestre anterior se han producido descensos del 0,23% y 0,49%.
   Así las cosas, Marruecos mantiene la primera posición en cuanto a residentes en España en Régimen General --es la segunda comunidad extranjera en el país, por detrás de la rumana--, con un total de 832.657 residentes al cierre de 2012, tras un incremento del 3,86 por ciento en relación al año precedente (30.967 personas más). Le siguen Ecuador y Colombia, con 358.164 y 217.874 residentes respectivamente, pese a los descensos. Estos tres países conjuntamente, suponen el 51,12% del total de extranjeros no comunitarios que viven en España.
   También se han incrementado los nacionales de Senegal, India, China, Argelia, Ucrania, República Dominicana, Paraguay y Pakistán, siendo estas últimas las que han experimentado los mayores crecimientos porcentuales, con un 12,68% y un 8,41% respectivamente, es decir 4.486 y 5.163 extranjeros más.
   Por lugar de residencia, el 20,05 por ciento de los extranjeros no comunitarios viven en Barcelona, que cuenta con una población de 552.121 inmigrantes, un 20,05% más. Le siguen Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y Gerona con más de cien mil residentes en cada una y juntas, albergan el 57,14 del total de inmigrantes. Los incrementos trimestrales más destacados se han producido en Madrid, Alicante, Almería y Gerona, con aumentos de 3.075, 2.911, 1.639 y 1.616 residentes más cada una.
   Todas las comunidades autónomas aumentan el número de residentes en Régimen General con respecto al año anterior salvo la Comunidad de Madrid, que ha perdido 605 inmigrantes en el último año. La mayor variación interanual recae en Melilla (incremento del 21,68%), seguida de la Ciudad Autónoma de Ceuta (8,58%), País Vasco (6,19%) y Principado de Asturias (4,32%).