¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

 

LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

 

 

MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

 

MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. 

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

Alarma por el hundimiento del 50% de la aviación comercial en Alemania

FRÁNCFORT.- La aviación está hoy muy lejos de retornar a la normalidad previa al Covid en Alemania. Los vuelos interiores punto a punto están un 50 por ciento por debajo de 2019. Si no fuera que China está aún peor, Alemania saldría como uno de los países ‘grandes’ en peores condiciones. Las aerolíneas se quejan o se marchan. Como siempre, la que se queja haciendo más ruido es Ryanair. Pero Easyjet, que no ha protestado, ha reducido su actividad significativamente.

Ahora BDL, la patronal de la aviación, en la que obviamente Lufthansa tiene la voz cantante, se ha sumado a las protestas con una dura acusación de Matthias von Randow, su presidente, que ha aprovechado una entrevista en el dominical del Die Welt, para decir que los costes que tienen que asumir son abrumadores. “Lo que necesitamos es una moratoria sobre las tarifas de transporte aéreo. Las cargas que soportamos no deben seguir subiendo”, remarca.

Según Von Randow, “una de las principales razones de la desaparición de la oferta de vuelos en Alemania es el enorme aumento de los costes”. Los impuestos estatales para un A320, por ejemplo, son entre tres o cuatro veces más elevados en Alemania que en Francia o España, equivalentes a 4.000 euros por vuelo.

Las aerolíneas se oponen a que los aeropuertos trasladen sus pérdidas a las aerolíneas y también esperan que los costes brutales de reducir las emisiones contaminantes caigan exclusivamente sobre ellas y sus clientes. “Los miles de millones de euros procedentes de los ingresos del impuesto al tráfico aéreo deberían utilizarse para este fin”, dice Von Randow.

El milagro económico alemán se convierte en "malestar europeo"

 NUEVA YORK.- Alemania se transforma en "el enfermo de Europa" y ralentiza la economía de toda la Unión Europea. La estrategia alemana orientada a la exportación ya no funciona: la subida de los precios del gas supuso un duro golpe, y los antiguos proveedores y consumidores pasaron a ser competidores, explica 'Bloomberg'.

Berlín logró impresionantes avances económicos en las últimas décadas apoyándose en importaciones de energía de bajo precio, sobre todo desde Rusia. Gracias a esta estrategia, el país germano se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de productos manufacturados como automóviles, máquinas-herramienta y maquinaria.

 

Pero ahora, "este esquema está fallando, y Alemania necesita encontrar uno nuevo, por su propio bien y por el de la economía europea en su conjunto", destaca el medio. La escalada del precio del gas, provocada por sus propias restricciones al comercio con Moscú, ha sido un duro golpe para Berlín. 

 

De diciembre de 2021 a julio del año 2023, la producción del sector industrial alemán, intensivo en energía, cayó un 18%, y Alemania se vio superada por Rusia en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) y volumen económico.

 

Por su parte, China ha pasado de proveedor y consumidor a competidor y "este año 2023 superará con toda seguridad a Alemania y se convertirá en el segundo exportador mundial de automóviles, después de Japón", pronostica Bloomberg.

 

La escasez energética y la falta del gas ruso dio lugar a ciertas medidas gubernamentales. Por ejemplo, Alemania aprobó el 21 de septiembre un proyecto de ley que hará obligatorias las medidas de ahorro energético en todos los sectores económicos.

 

La nueva ley, llamada Ley de Eficiencia Energética, regulará el ahorro de energía en los edificios públicos y la industria, con la esperanza de reducir aún más su uso: en un 26,5% para 2030 en comparación con 2008. Mientras tanto, en 2022, el consumo energético de Alemania ya cayó al nivel más bajo desde 1990, informa el portal Oilprice.com.

 

Conforme con Bloomberg, todas esas medidas, junto a "los años de infrafinanciación [una financiación inferior a la necesaria], las infraestructuras físicas y digitales subdesarrolladas que necesitan inversiones multimillonarias" debilitan la productividad de industria alemana.

La ONU pretende crear una autoridad mundial contra la pandemia con poderes de aplicación del confinamiento

 

NUEVA YORK.- La declaración de la ONU sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias ha sido aprobada por Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU (AGNU), a pesar de las objeciones de 11 países. Esta aprobación se llevó a cabo sin someterla a una votación de la asamblea completa. El propósito de esta declaración es establecer una autoridad pandémica global con poderes disruptivos, como la capacidad de imponer confinamientos, promover la vacunación universal y censurar lo que considera "desinformación".

La declaración respalda el uso de tecnologías de salud digital para "implementar y respaldar medidas de salud y fortalecer los esfuerzos nacionales de respuesta" en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Algunos de los puntos que se solicitan incluyen una mayor vigilancia y la implementación de documentos sanitarios digitales. Los pasaportes de vacunas serían considerados como tecnologías de salud digital.

La caída de las tasas de vacunación en todo el mundo es motivo de "profunda preocupación", según la declaración. Se compromete a respaldar la investigación y el desarrollo de vacunas, considerando que la vacunación de rutina es una intervención rentable y eficiente en salud pública. 

Para mejorar la inmunización, se insta a fortalecer las capacidades de divulgación y proporcionar información basada en evidencia para fomentar la confianza, aceptación y demanda. Además, se busca ampliar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y evitar la propagación y reaparición de enfermedades transmisibles.

La declaración enfatiza la necesidad de convertir los poderes temporales relacionados con COVID-19 en permanentes de manera sostenible, aprovechando las prácticas y lecciones aprendidas de la pandemia. Además, busca el establecimiento de un fondo pandémico de 30 mil millones de dólares por año para "inversiones críticas" relacionadas con la preparación y respuesta a las pandemias.

La nueva declaración expresa su preocupación por el impacto negativo de la desinformación y la desinformación relacionadas con la salud en los servicios de inmunización sistemática a nivel mundial. Además, se solicita la implementación de medidas para abordar la información errónea, especialmente en las plataformas de redes sociales. También se busca contrarrestar la vacilación de la vacuna y generar mayor confianza en las autoridades de salud pública.

La colaboración mundial en la prevención de pandemias y la mejora de la salud pública es creída por los partidarios de la declaración como algo que será ayudado por ella. Algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 serán aplicadas, según afirma la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, aquellos que entienden las implicaciones de esta medida están muy preocupados, incluyendo al presidente del Centro de Política de Seguridad, Frank Gaffney, quien la describe como "sin precedentes". 

Él dijo: "No hay forma de evitar el hecho de que va a venir a expensas de la soberanía de las diversas naciones a las que posteriormente se les dirá que tienen una emergencia y se les dirá lo que tienen que hacer al respecto".

"Esta es una prensa de corte completo para que la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus organizaciones afiliadas, respalden y apoyen su propuesta globalista de la OMS en todo el mundo estado policial totalitario médico y científico", dijo Francis Boyle, J.D., Ph. D., experto en armas biológicas y profesor de derecho internacional de la Universidad de Illinois.

También preocupa a los críticos que, al apoyar las restricciones al estilo COVID-19, se cierren las escuelas y se obligue esencialmente a las mujeres a abandonar sus trabajos, lo cual podría llevarlas potencialmente a la pobreza.

Una carta fue escrita por los representantes de 11 países al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresaron sus reservas sobre la declaración. En dicha carta se afirmaba: "Creemos firmemente que esta no es la manera adecuada de gestionar las negociaciones multilaterales e inter gubernamentales sobre temas de gran importancia para la comunidad internacional, especialmente para los países en desarrollo". 

Boyle ha acusado a la Asamblea General de la ONU de distorsionar la declaración al obtener la aprobación del presidente de la AGNU, ya que sabían que no sería aprobada como una resolución de consenso por parte de la Asamblea General debido a las 11 objeciones presentadas.

Dr. Manuel Jesús Rodríguez, forense español, relata lo que ha visto en autopsias de muertes instantáneas

 

Una concentración en Palma exige a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata"

PALMA.- Una concentración, convocada este sábado, a las 19.00 horas, por la Asociación Nueva Vida, en la plaza Marqués del Palmer, de Palma, ha exigido a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata".

La coordinadora de la sede de Baleares de la Asociación Nueva Vida, Valeria Esteban, ha explicado que la concentración de este sábado tiene lugar con motivo del 'Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas'.

Así, en primer lugar, ha señalado que su objetivo es "apelar a la conciencia de la ciudadanía, en general, porque sin demanda no hay trata, no hay prostitución, ni prostíbulos ni proxenetas, en resumen, no hay este sistema".

"Queremos, por tanto", ha manifestado, "hacer una llamada de atención a visibilizar una situación que existe y que está muy vigente no solo en España, en su conjunto, sino de forma muy particular en Baleares, una comunidad autónoma que, además, es destino de turismo sexual, y, de esta manera, dar voz a todas las víctimas que existen muy cerca de nosotros".

En segundo lugar, ha continuado, esta concentración "pretende ser un llamamiento a las autoridades públicas en dos direcciones, por un lado, para que continúen con el proceso, paralizado en marzo de este año, debido a las elecciones, de aprobación de un proyecto de ley orgánica e integral contra la trata y, por otro, para que se ponga en marcha la modificación del código penal". 

"Hay que ser valientes y continuar con este tema porque mientras hay personas sufriendo", ha recordado Esteban.

Y, en tercer y último lugar, la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, ha reivindicado "la necesaria implementación de una ley que regule el acceso a la pornografía con controles efectivos de edad, como se hace en otros países".

En este sentido, Esteban ha recordado que, por ejemplo, "en Estado Unidos, en Utah, no se puede acceder a Pornhub, desde que se aprobó una ley que obliga a la web a verificar la edad de sus usuarios" y que, de igual manera, "países como Reino Unido, Italia o Francia están tomando medidas similares".

Esteban ha lamentado que, sin embargo, "en España se va muy retrasado" y "las consecuencias en menores y en la sociedad en general; así como en la prostitución, cuya base es la pornografía y la cúspide es la trata, se está alimentando y desarrollando de una forma sin precedentes".

La coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida ha detallado que el pasado año 2022, solo en Palma, se atendió a 1.448 personas en situación de prostitución y, según Red de atención directa a personas que ejercen la prostitución en Palma, de éstas el 22 por ciento eran víctimas de trata.

A nivel autonómico, según distintos estudios externos, a los que ha hecho referencia Esteban, 90.000 hombres pagan por sexo y un 90,5 por ciento de jóvenes de entre 13 y 18 años consumen pornografía.

Y, para concluir, a nivel global, Esteban ha puesto el foco en que el 80 por ciento de pornografía infantil que hay en las redes a día de hoy es producido por los propios menores.

"Cifras todas ellas", ha sentenciado la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, "alarmantes" y que "dan buena cuenta de el problema real al que hay que hacer frente entre todos".

Jaime Martínez, José Luis Benejam y Vicent Roig, en los órganos de máxima autoridad de la FEMP

PALMA.- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, el de Alaior, José Luis Benejam y el de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, han sido elegidos para formar parte de los órganos de máxima autoridad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según ha informado el PP este sábado en una nota de prensa, el XIII Pleno de la FEMP ha elegido por votación a tres municipios de Baleares, en concreto a Palma (Mallorca), Alaior (Menorca) y Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), gobernados por el PP para formar parte de sus distintos órganos de gobierno.

Así, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, pasa a formar parte de la Junta de Gobierno mientras que José Luis Benejam y Vicent Roig, alcaldes de los ayuntamientos de Alaior y de Sant Josep de sa Talaia, respectivamente, formarán parte del Consejo Territorial.

De esta manera, la capital balear volverá a estar presente en la Junta de Gobierno de la FEMP.

Baleares, entre las CCAA que el Consejo de Ministros declarará como 'Zona Catastrófica' este lunes por las lluvias

MADRID.- La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que este lunes el Consejo de Ministros declarará Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil aquellos territorios que sufrieron las precipitaciones persistentes y generalizadas de principios de este mes de septiembre, que registraron un balance de ocho fallecidos y cuantiosos daños personales en prácticamente todas las provincias.

 Especialmente se ha referido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Un acuerdo, ha explicado la ministra en funciones, que "responde al compromiso del Gobierno con la reducción de los plazos de tramitación de las ayudas a entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo empleado en antiguas legislaturas".

Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en la actualidad se ha reducido el periodo de tramitación a 148 días, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra.

Isabel Rodríguez ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones públicas durante la pasada legislatura en la pandemia."Tuvimos que gestionar desde la adversidad y, desde el impulso del Gobierno de España, participamos todas las administraciones juntas en la recuperación, aportando lo mejor de este país, con la colaboración de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes de diputaciones elegidos por ellos, y la sociedad".

"Todas las administraciones públicas estuvieron a la altura ante la mayor amenaza desde la guerra civil en términos humanitarios y económicos. Mi reconocimiento a quienes gestionaron aquellos momentos, a la sociedad y a las administraciones públicas por la cooperación leal que nos dimos", ha añadido.

Rodríguez ha asegurado que "la política municipal no solo contribuye al bienestar de nuestro país, también nos aporta "respuestas a los grandes retos globales del futuro".

Y en el balance de la legislatura que ha finalizado, ha subrayado la pandemia, las consecuencias de la guerra, las DANAS para declarar sentirse "orgullosa de pertenecer a un Gobierno que ha estado a la altura en la respuesta, como lo estuvieron los ayuntamientos".

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado 1.397 vuelos

PALMA.- Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado un total de 1.397 vuelos, según ha informado Aena.

Durante este sábado el aeropuerto de Palma será el que más vuelos gestione, con un total de 951 movimientos. En cuanto al aeropuerto de Ibiza, tiene programados 294 vuelos y, el de Menorca, operará un total de 152 vuelos.

Así, durante este fin de semana los aeropuertos de Baleares tienen previstos un total de 2.707 vuelos. El día de mayor afluencia será éste sábado, con 1.397 vuelos programados, mientras que mañana domingo se gestionarán 1.310 vuelos.

Cánceres que aparecen de forma nunca vista tras las vacunas COVID, denuncia el Dr. Harvey Risch

 

NEW HAVEN.- El Dr. Risch es profesor emérito de epidemiología en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Yale. Sus investigaciones se han centrado ampliamente en las causas del cáncer, así como en la prevención y el diagnóstico precoz.

En una entrevista para el programa "American Thought Leaders" de EpochTV, el Dr. Risch dijo que ahora los pacientes deben esperar meses, no semanas, para conseguir una cita en una clínica oncológica de Nueva York.

Es difícil observar si una vacuna puede causar cáncer, porque el cáncer suele tardar en desarrollarse, dijo el Dr. Risch. Puede tardar entre dos y 30 años, dependiendo de los distintos tipos de cáncer, desde la leucemia hasta el cáncer de colon.

"Lo que los clínicos han estado viendo", dijo el Dr. Risch, "son cosas muy extrañas: por ejemplo, personas de 25 años con cáncer de colon, que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad -eso es básicamente imposible según el paradigma conocido de cómo funciona el cáncer de colon- y otros cánceres de larga latencia que están viendo en personas muy jóvenes."

Dijo que no es así como se desarrolla normalmente el cáncer.

"Tiene que haber algún estímulo iniciador para que esto ocurra", afirmó.

Lucha contra el cáncer

El Dr. Risch dijo que, en su opinión, el cáncer es algo que un cuerpo humano sano puede combatir y desactivar, ya que las células cancerosas no normales son engullidas cuando se detectan en un cuerpo con un sistema inmunitario funcional.

 Sin embargo, si el sistema inmunitario está comprometido, no puede hacer frente a la tarea de neutralizar las células cancerosas, y éstas se dejan multiplicar y crecer, dando lugar a los síntomas del cáncer.

"Ese es el mecanismo que considero más probable en este caso", afirma el Dr. Risch. "Sabemos que las vacunas COVID han causado diversos grados de daño al sistema inmunitario en una fracción de las personas que las han tomado".

Ese daño podría traducirse en contraer COVID más a menudo, contraer otras enfermedades infecciosas o contraer cáncer.

Otro ejemplo que dio el Dr. Risch fue el cáncer de mama, que normalmente, si hay una remanifestación después de la extirpación quirúrgica, la remanifestación se produce después de dos décadas. Sin embargo, ahora se observa que las mujeres vacunadas remanifiestan los cánceres de mama en periodos de tiempo mucho más cortos.

"Ésas son las señales iniciales que hemos estado observando, y debido a que estos cánceres se han estado produciendo en personas que eran demasiado jóvenes para contraerlos, básicamente, en comparación con la forma normal en que funciona, se han designado como cánceres turbo", dijo el Dr. Risch.

"Algunos de estos cánceres son tan agresivos que, entre el momento en que se detectan por primera vez y el momento en que vuelven a recibir tratamiento al cabo de unas semanas, han crecido de forma espectacular en comparación con lo que los oncólogos habrían esperado por la forma en que el cáncer progresa normalmente", añadió.

"Esté en sintonía con su cuerpo", recomendó el Dr. Risch, para notar cualquier nueva señal que pueda dar el organismo.

Efectos adversos tras la vacunación

El Dr. Risch también se refirió al aspecto de que los organismos médicos oficiales no reconozcan a alguien como vacunado dentro de las dos primeras semanas de vacunación. Esto sucede, dijo, porque las agencias médicas dicen que los efectos de la vacuna necesitan dos semanas para empezar a manifestarse. Los efectos adversos que se producen unos días después de la vacunación se contabilizan oficialmente como afecciones que se manifiestan en personas no vacunadas, dijo.

Sin embargo, los efectos adversos graves tras recibir la vacuna se han producido en los primeros cuatro días, dijo el Dr. Risch. Dijo que tres cuartas partes de los efectos adversos se están registrando como ocurridos en personas no vacunadas.

Los responsables de la toma de decisiones durante la pandemia "tiraron por la borda los principios de la salud pública a los seis días de la pandemia e hicieron lo contrario de todo lo que sabíamos que debía hacerse para los virus respiratorios", afirmó.

Un ejemplo fue la negación de un tratamiento precoz eficaz y las vacunaciones innecesarias, que muestran un "fracaso colosal de la salud pública durante este periodo", afirmó.

El Dr. Risch dijo que mucha gente es ahora menos propensa a dejarse "propagandizar" con respecto al COVID, y que las noticias sobre una nueva variante que va a conquistar el mundo en el próximo mes son "propaganda para vender el próximo lote de vacunas que saldrá en unas semanas."

"La gente está harta de esto y va a haber mucha más contestación", dijo.

Riesgos para la sociedad

El Dr. Risch dijo que, aunque el riesgo individual de una reacción adversa a la vacuna es relativamente bajo, una vez que ese riesgo se manifiesta a mayor escala, cuando millones de personas han recibido la vacuna, el resultado es que cientos de miles de personas quedan con lesiones y acontecimientos adversos graves que a menudo son peores que el propio virus.

La opinión del Dr. Risch es que nadie debería vacunarse con una vacuna de ARNm, ya que las nuevas variantes son leves y no ponen en peligro la vida. Ha oído hablar de algunas hospitalizaciones que duraron algunos días, pero como la mayoría de las personas tuvieron COVID en el pasado, también tienen cierta inmunidad a estas nuevas variantes.

"No hay razón para que la gente se vacune ahora, en ningún grado", afirmó.

Dijo que el COVID se ha convertido en una enfermedad similar a la gripe en su grado de gravedad, y que la propaganda para asustar a la gente está siendo impulsada por el gobierno en nombre de las compañías farmacéuticas para vender más vacunas.

"Vivimos en contacto social unos con otros y, por tanto, propagamos infecciones de bajo nivel. Esto es parte de la vida humana que damos por sentado e intentamos tratarlo lo mejor que podemos", dijo.

 "Así es como deberíamos gestionar esto".

 

https://www.zerohedge.com/covid-19/cancers-appearing-ways-never-seen-after-covid-vaccinations-dr-harvey-risch

Tres padres denuncian a Sanidad por la muerte súbita de sus hijos tras ponerse la vacuna covid

Daniel Herce (14 años), Marvellous Ounanefe Johnson Andrews (13) y Juan José Quirós (12).

MADRID.- Sus nombres son Juan José Quirós López, Marvellous Ounanefe Johnson Andrews y Daniel Herce Rodríguez. Tenían 12, 13 y 14 años, respectivamente. Sin historial previo de patologías. Murieron súbitamente por cardiopatía hipertrófica -los dos primeros- y arritmia cardíaca.

 Sus padres, que aseguran a THE OBJECTIVE que estaban «perfectamente sanos» antes de la inoculación, lo achacan a la vacuna contra la Covid-19, y el pasado  jueves han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por homicidio por imprudencia grave, manipulación genética, amenazas, coacciones, salud pública, prevaricación, contra la integridad moral con daño a la vida y abuso de autoridad.

THE OBJECTIVE ha acompañado a los progenitores a interponer la denuncia, que ha sido redactada por la Asociación Liberum, y que se dirige contra los ex ministros de Sanidad Salvador Illa y Carolina Darias. A posteriori, se han dirigido al Ministerio que se ubica en el madrileño Paseo del Prado para entregarla con la intención de que se investiguen sus casos. Llevan un año pidiéndolo, pero ha sido en balde.

«Queremos que se haga justicia, y que se unan más padres a nuestra denuncia», sollozan ante el periodista. Daniel murió repentinamente mientras estaba echado en el sofá de su casa. «Pensé que se había quedado dormido, pero luego no se levantaba», recuerda Diana, su madre. Su hijo se había inoculado con el lote FG7898, que ha registrado efectos adversos. Marvellous y Juan José, por otro lado, se habían inyectado el mismo lote de la vacuna de Pfizer, el FG9428. Ambos murieron de forma repentina, uno jugando a fútbol y otro en el patio del colegio. 

La denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en su integridad, lamenta que «desde las administraciones y autoridades sanitarias pretendan que crean [los padres] que estas muertes deben ser calificadas de muerte natural, y que ni siquiera se hayan planteado la posibilidad del efecto adverso reconocido de las vacunas contra la COVID-19, para que, además uno de los menores [Juan] se infectara del SARS-CoV-2, después de dos inoculaciones, dando positivo a la PCR post mortem».

Los progenitores denuncian que sus descendientes estaban «perfectamente sanos», y que sólo comenzaron a experimentar complicaciones respiratorias tras la inoculación. «Mi niño comenzó a asfixiarse cuando corría, no le había pasado nunca», asevera Soledad en representación de los padres del joven malagueño, que siguen muy «afectados» para haberse podido personar en la Fiscalía. Aún llora cuando, al revisar el texto de la denuncia, ve la imagen del cadáver de su sobrino.

¿Una «muerte natural»?

Los progenitores denuncian que la única explicación que recibieron es que sus hijos, menores de edad, habían muerto «de forma natural», y que probablemente se debería a una cuestión «hereditaria».

 «¿Cómo va a ser natural que un niño de 12 años, deportista, muera de forma súbita?», clama Soledad, la tía de Juan José. A Félix, el padre de Marvellous, le han sometido ya a numerosos análisis cardíacos.

«Parece que el instituto de Medicina Legal está a la desesperada buscando que alguno de los padres tenga una dolencia cardíaca», denuncia Alexis Aneas, abogado de Liberum que representa a los denunciantes. Este recuerda que el hijo de Félix «tuvo el reconocimiento federativo en septiembre y lo declararon apto para jugar». Murió en diciembre. La denuncia recoge que el corazón del fallecido estaba «aumentado de tamaño»: 480 gramos cuando debía oscilar en torno a los 344.

«Pfizer reconoció de manera temprana que se habían registrado decenas de miles de efectos de miocarditis en jóvenes», recuerda Aneas, que también es experto en temas sanitarios, que abunda: «Tiene sentido porque la franja de edad donde aparecen patologías es de 12 a 15 años, quienes recibieron la dosis de adultos. De 5 a 11, la vacuna tiene un tercio de la composición. 

La dolencia se puede producir porque la proteína Spike que se replica mediante la vacuna se aloja en los receptores del tejido cardíaco y genera una enfermedad auto inmune, que provoca el engrosamiento del miocardio, lo que se conoce como pericarditis o arritmia».

Efectos de las vacunas covid

Alexis Aneas también se pregunta «cómo va a ser natural que un niño deportista muera de una arritmia». El portavoz de Liberum dice que están «hartos de que las administraciones nos digan que la gente muere por casualidad», y apunta al caso de Daniel. 

«Tenía daños neuronales que podrían deberse a que la sustancia genera priones que traspasan la barrera encefálica, como demuestra un estudio que adjuntamos en la denuncia», barrunta, ya que «lo que queremos es que se investigue».

La denuncia también se dirige contra la presidenta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Silvia Calzón, y la directora, María Jesús Lamas, así como a «cualquier otra autoridad que, de las actuaciones de investigación, se derive responsabilidad penal por los hechos denunciados».

En esta, se carga contra Pfizer y Moderna, recogiendo que «según el ensayo clínico, en el grupo vacunado se registraron ocho casos de COVID-19 de un total de 18.198 participantes 7 días después de recibir la segunda dosis; mientras que en el grupo placebo se registraron 162 casos de entre 18.325 participantes». 

Con estos datos el laboratorio publicitó una eficacia del 95% de la vacuna en comparación con los no inoculados. Pero desde Liberum denuncian que «esta forma de expresión de eficacia de un medicamento es tendenciosa y engañosa»: «En términos absolutos, la realidad fue que la incidencia de PCR+ había sido del 0,8% en el grupo placebo (162/18.325), en comparación con el 0,04% del grupo vacunado (8/18.198), una diferencia de 0,76%». Con arreglo a estos datos, se preguntan «por qué se tenían que vacunar los niños, cuando debería prevalecer el interés superior del menor, si no son reservorio de esta enfermedad».

Llamada a más padres

Esta es la primera denuncia en la que los progenitores piden cuentas a las autoridades por la muerte de sus infantes tras la inoculación contra la Covid-19. El Diario de Sevilla informó el pasado mes de junio de cómo al menos siete personas habrían denunciado a Sanidad por lesiones graves tras recibir alguna de las dosis del remedio contra el coronavirus. Uno de ellos, representado por el bufete del abogado Fernando Osuna, reclamó más de un millón de euros por haber perdido «el 97% de su visión», amén de tener limitaciones en las piernas.

La intención de la denuncia es, también, llamar a la acción a otros padres que se encuentren en una situación similar. «Estas tres muertes de jóvenes deportistas, o realizando una actividad física, no son las únicas en nuestro país», reza la denuncia, que expone decenas de casos, con capturas de publicaciones periodísticas, de fallecimientos de otros menores haciendo deporte.

Desde la Asociación Liberum lanzan una pregunta a las autoridades sanitarias: «¿Cuántos niños fallecidos más necesitan para comenzar a investigar?».

 

https://theobjective.com/espana/2023-09-22/padres-denuncian-sanidad-muerte-covid/

El Gobierno ofrece casi 10 millones de euros a aquellos transportistas autónomos que abandonen la profesión en 2023

 

MADRID.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, también conocido como Mitma, ha concedido 9,6 millones de euros en ayudas con el objetivo de respaldar a los autónomos a que abandonen el sector del transporte por carretera a lo largo de este 2023, según la Sexta tv.

Más concretamente, el Mitma ha concedido una ayuda de 30.000 euros a un total de 320 autónomos transportistas, los cuales se han comprometido a cesar su actividad o a los que se les haya declarado una incapacidad permanente total o absoluta para realizar las tareas correspondientes al sector del transporte.

Este ayuda ha sido concedida, de forma preferente, a aquellas personas que hayan sido declaradas con una incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez para desempeñar la profesión habitual, tal y como mencionábamos antes. El resto han sido seleccionados por orden descendente de edad hasta completar las plazas disponibles.

Estas personas que han sido ya seleccionadas deberán presentar toda la documentación pertinente antes del 20 de octubre relacionada con el artículo 10 de la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, para proceder al cobro de la ayuda.

En la mencionada documentación se requerirá hacer una declaración responsable donde el transportista se comprometa al abandono definitivo, tanto del transporte público como auxiliar, junto con la complementaria que disfruta al actuar como figura fiscal de empresario. 

También deberá renunciar al carnet de conducir que le otorga la capacidad de desempeñar la labor de transportista, por lo que únicamente mantendría el permiso B.

Por último, deberá comprometerse a no hacer uso de sus títulos. Así como la certificación de baja de autorizaciones que le haya expedido la Comunidad Autónoma en la que resida, renunciando en todo momento a ejercer la profesión en un futuro.

Vox dice que no retirará la Ley de la Oficina de Libertad Lingüística y alega que el PP puede presentar enmiendas

PALMA.- Vox ha asegurado este viernes que no retirará la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística en Baleares y ha alegado que el PP puede presentar las enmiendas que considere oportunas a través de la vía parlamentaria.

Así lo han informado fuentes de Vox este viernes tras la petición de retirada de la Proposición de Ley por parte del PP, que ha anunciado que, de no retirarse, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible", porque ha asegurado que el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

Por su parte, desde Vox han señalado que no la retirarán y que se llevará a su tramitación normal en el Parlament. 

Y es que, desde el PP se ha reclamado este viernes a Vox que retire la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, ya que el texto presentado "no les gusta 'ni poc, ni gens'" --ni poco, ni nada--.

El encargado de hacer esta petición ha sido el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha anunciado que, de no retirarse, presentarán "multitud" de enmiendas a la propuesta legislativa que Vox decidió registrar este jueves de manera "incomprensible", porque ha asegurado que el texto "no estaba pactado" y "no habían sido avisados".

"Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones", ha afirmado Sagreras, por lo que ha pedido su retirada "inmediata".

El representante parlamentario ha insistido en que el PP "estará siempre dentro del Estatut d'Autonomia y en la defensa de la normalidad y la convivencia de las dos lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano".

Preguntado por si la falta de acuerdo en la ley implicará la no creación de la oficina, Sagreras ha apuntado que el texto "no estaba pactado de ninguna manera" y, si se hubiera hecho, "el texto no habría salido así", por lo que el PP pide su retirada o "se verán obligados a presentar un sinfín de enmiendas para corregir los defectos que han visto en una simple lectura, sin haber entrado a fondo".

"Se seguirá trabajando, porque los acuerdos se tienen que cumplir, pero con acuerdo de los dos partidos, puesto que se había acordado un punto para la creación de esta oficina con un texto pactado y este no lo está, al PP no le gusta de manera general y sin sus votos la Oficina no saldrá adelante", ha remarcado.

Consultado por la finalidad que debería cumplir la Oficina, el portavoz parlamentario ha agregado que "la Oficina de los Derechos Lingüísticos es un acuerdo de investidura para garantizar el uso normal de las dos lenguas y no solo de una". 

"El PP trabajará para acordar un texto y no éste registrado por Vox de manera unilateral sin estar avisados, ni haberse pactado", ha remarcado. 

Por su parte, el conseller de Educación, Antoni Vera, ha defendido que la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, que se recoge en el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox, ha de "velar por los derechos de castellano y catalano hablantes".

Así se ha pronunciado el conseller, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa para explicar los datos del inicio del curso de Formación Profesional en Baleares.

Vera ha reconocido que en el acuerdo de Govern entre el PP y Vox hay un punto en el que se fija que se creará una Oficina de Libertad Lingüística y que será Vox quien presente la proposición de ley.

Sin embargo, en relación al texto de la iniciativa "para fomentar la protección del castellano y las modalidades lingüísticas de las distintas islas", según lo plantea Vox, el conseller de Educación ha defendido que la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística ha de "velar por los derechos de los castellano y catalano hablantes".

En la misma línea se ha pronunciado también el portavoz del Govern, Antoni Costa. Éste ha asegurado el ejecutivo no ha pactado con Vox ni conocía el texto de la proposición de ley sobre la Oficina Lingüística.

Asimismo, ha señalado que "dependerá de los grupos parlamentarios la tramitación del proyecto". 

Por último, Costa ha reiterado que "lo que se ha pactado es que se creará una Oficina de Libertad Lingüística" y no esta proposición de ley concreta.

Finalmente, CCOO Baleares ha reclamado este viernes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no apoye la Proposición de Ley de creación de una oficina de garantía de la libertad lingüística en Baleares en los términos que Vox ha registrado en el Parlament.

En un comunicado, el sindicato destaca que la lengua debe ser un instrumento de cohesión social y el catalán, como lengua propia de Baleares, debe ser "conocida, protegida y promocionada tanto socialmente como, de manera especial por el sindicato, en el mundo del trabajo".

"No podemos consentir ningún retroceso en la defensa de los derechos lingüísticos, y mucho menos que la lengua sea objeto de confrontación social; una confrontación creada artificiosamente por quienes buscan réditos políticos a base de enfrentar a la ciudadanía", han declarado.

Así, han asegurado que se mantendrán "firmes en la defensa de la convivencia y el respecto a las diferentes lenguas, cada una con sus modalidades, que son propias en todo el estado, y, en especial, el catalán propio de las Islas", concluye CC OO.

Más de 1.100 personas visitan la exposición del pergamino original del 12 de septiembre de 1276 del Consell de Mallorca

PALMA.- Más de 1.100 personas han visitado la exposición del pergamino original del 12 de septiembre de 1276 que acredita la confirmación de los derechos y privilegios del Reino de Mallorca.

La institución insular ha recordado este viernes que la semana pasada se conmemoró el nacimiento de la Corona de Mallorca con la inauguración de la presentación del documento de ocho siglos de antigüedad.

El texto se ha podido contemplar durante los días 12 y 13 de septiembre de 10.30 horas a 19.00 horas en la sala de Audiencias del Palacio del Consell. Desde la institución han calificado la exposición de "éxito" por el número de visitantes.

Cabe recordar que, al acto inaugural asistió el presidente del Consell, Llorenç Galmes; la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el comandante general de la Zona Militar de Baleares, Fernando Luis Gracia Herreiz; y el director del Arxiu del Regne de Mallorca, Ricard Urgell.

 

La Fundación 'la Caixa' eleva a 15 millones el presupuesto para acción social en Baleares en 2023

 

Por otra parte, la Fundación 'la Caixa' ha elevado hasta los 15 millones de euros el presupuesto para acción social en Baleares en 2023, según ha quedado recogido en el acuerdo firmado este viernes en Palma por el presidente de la Fundación, Isidro Fainé, y la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Fainé ha resaltado el fortalecimiento del compromiso social en Baleares para contribuir al bienestar de toda la sociedad, y especialmente de las personas que pasan por situaciones difíciles.

El presidente de la Fundación 'la Caixa' ha añadido que la complejidad de los tiempos actuales exige una acción coordinada para luchar contra la desigualdad y la exclusión social, y por eso es tan importante sumar esfuerzos con el Govern.

"Esta alianza nos permite conocer las necesidades específicas de las Islas y adaptar nuestros proyectos para dar la respuesta más adecuada, con un presupuesto reforzado", ha explicado.

La presidenta del Govern, por su parte, ha expresado su "máximo agradecimiento" a Fainé por el compromiso demostrado a lo largo de los años por parte de la entidad con Baleares y su apuesta en ejes que son también estratégicos para el gobierno autonómico, como la acción social, la investigación, o la cultura. 

 

"Es una satisfacción poder continuar con esta colaboración entre el Govern y la Fundación 'la Caixa'", ha añadido.

Según han explicado en una nota de prensa, entre los objetivos básicos marcados en el acuerdo destacan la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable, y la atención a personas con enfermedades avanzadas, así como la mejora de las condiciones de vida de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. 

 

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también contempla acciones en los ámbitos educativo, cultural y de investigación.

En concreto, en 2022 el programa CaixaProinfancia atendió a más de 1.800 niños y niñas y más de 1.260 familias, con una inversión total de 1,5 millones de euros en ayudas. Los proyectos de inserción laboral facilitaron un total de 853 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 351 empresas del territorio.

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas atendió a 645 pacientes y cerca de 1.000 familiares durante 2022 y en el programa de Personas Mayores participaron más de 16.300 mayores.

En cuanto a las Convocatorias de Proyectos Sociales, en 2022 la Fundación aumentó su inversión hasta superar 1 millón de euros, destinados a 36 proyectos de entidades de Baleares. Ello supuso un incremento de la inversión del 177 por ciento respecto a 2021.

En el ámbito de la divulgación científica, CaixaForum Palma recibió 194.332 visitantes a lo largo de 2022, un 84 por ciento más que el año anterior. En 2023 también se continúa desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación 'la Caixa'.

Salud desmiente que vaya a negar la asistencia a migrantes sin recursos

PALMA.- La Conselleria de Salud ha negado que vaya a retirar la asistencia sanitaria a los migrantes en situación administrativa irregular o a los que vaya a caducar la tarjeta sanitaria y ha garantizado que se les prestará la atención médica.

Así, el IBSalut ha querido desmentir la acusación de MÉS per Mallorca, en la que afirmaba que se "obligaba" a las personas en situación administrativa irregular a pagar unas cuotas mensuales, de hasta 157 euros, para suscribir un convenio para la prestación de determinados servicios en la sanidad pública.

La Conselleria ha aclarado que se trata de un convenio que también se proponía con anteriores Ejecutivos en Baleares, con el cual se facilita la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud a extranjeros que tienen contratados seguros privados. De esta manera, Salud ha explicado que este tipo de convenios han estado en vigor desde el año 2011.

Asimismo, Salud ha garantizado que una persona en situación administrativa irregular puede solicitar una tarjeta médica acreditando que no dispone de recursos mediante una declaración jurada, un certificado de residencia o el informe de algún asistente social. 

De esta manera, desde MÉS per Mallorca han argumentado que el Govern terminaría "con la sanidad pública y universal" y han señalado que se trata de "una medida xenófoba, racista y aporofóbica, que bebe del marco ideológico del pacto de investidura PP-Vox, que generará un problema de salud pública", según ha apuntado el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, en un comunicado.

Además, el también coordinador de la formación ecosoberanista ha añadido que, si con esta medida el Govern del PP de Marga Prohens pretende reducir el gasto público, "provocará el efecto contrario porque patologías que podrían ser atendidas, medicadas y controladas en los centros de Atención Primaria se agravarán y acabarán por colapsar y generar un gasto mayor en los servicios de urgencia y hospitalarios", donde "no se puede dejar de atender a nadie por una cuestión de derechos humanos", ha argumentado.

Por último, Apesteguia ha recalcado que se trata de una medida que "ya fue impulsada por el último Govern de José Ramón Bauzá y que acabó con la muerte de Alpha Pam", por lo que ha considerado que "este Govern es un peligro".

El partido sustenta esta afirmación en un documento enviado supuestamente por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, en el que se hace una promoción de "un convenio especial que tiene por objeto la prestación de asistencia sanitaria a personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias mediante el Sistema Nacional de Salud, según los términos establecidos en el Real Decreto 576/2013".

El escrito señala que la persona que suscriba "este convenio especial podrá acceder, pagando una contraprestación económica, a las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud regulada en el artículo 8bis de la Ley 16/2003, en las mismas garantía de extensión, continuidad asistencia y cobertura que disfrutan las personas que tiene la condición de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud dentro del ámbito de Baleares".

"La suscripción de este convenio especial está sujeto al abono de una cuota mensual de 60 euros, en el supuesto de menores de 65 años, y de 157 euros en el caso de mayores de 65 años", y el documento añade que "dicha cantidad se actualizara anualmente".

En el mismo escrito se incluye un número de teléfono para suscribir este convenio y "una vez realizada la llamada al número anterior, [las personas] deberán enviar por registro la documentación solicitada. Pasados unos días (le avisaran telefónicamente) irán a recoger el convenio al Hospital de Can Misses, edificio D, en la primera planta, departamento de Tarjeta Sanitaria". 

Cerca de 20.000 alumnos cursarán este curso alguno de los 113 ciclos de FP en Baleares

 PALMA.- Cerca de 20.000 alumnos cursarán este curso alguno de los 113 ciclos de Formación Profesional (FP) en los distintos centros de Baleares, unas cifras similar a la del pasado año.

Así lo ha comunicado el conseller de Educación, Antoni Vera, este viernes en una rueda de prensa, para explicar los datos del inicio del curso de Formación Profesional en Baleares, donde ha celebrado la "total consolidación" de estos estudios y ha reafirmado su compromiso y el de todo el Govern con los mismos, asegurando que "continuarán apostando próximamente por la implantación de más ciclos formativos".

Vera se ha comprometido además a fomentar la "colaboración con la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía, de quien dependen los cursos de Formación Ocupacional" y a "simplificar el proceso de admisión en los cursos de FP el próximo curso, a través de la modificación del decreto de escolarización".

En este sentido, el conseller ha querido precisar que "no se pueden dar cifras exactas de alumnos que este curso realizarán algún ciclo de Formación Profesional porque el proceso aún está abierto".

Hay que recordar que este jueves salieron las listas definitivas de aceptados de este mes de septiembre. Sin embargo, es posible que, a partir de la próxima semana, se vean plazas libres, de personas aceptadas que no se han matriculado, que se abrirán a nuevos alumnos.

En la actualidad, en Baleares hay a disposición de los ciudadanos interesados un total de 113 ciclos formativos de 22 familias, de los que 17 son grados básicos, 36 medios, 53 superiores y siete cursos de especialización.

La matrícula aún está abierta. El 26 de septiembre se abrirá el último plazo de adjudicación de plazas que quedan y, durante el mes de octubre, aún se podrán matricular certificados de profesionalidad.

El compromiso de la Conselleria es que, una vez cerrados plazos, "se haga una radiografía de los ciclos formativos que han tenido más demanda, para conocer cuáles son las necesidades que han quedado sin cubrir para el año que viene poder absorber toda la demanda".

Por su parte, el conseller de Empresa, Ocupación y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha hablado de como "dentro de la Formación Profesional hay una rama muy importante que es la FP Ocupacional, que es la que se desarrolla dentro del ámbito del SOIB y de esta Conselleria".

Esta FP, ha explicado, "se centra en dos ejes principales que son, por un lado, la mejora de la cualificación de profesionales en activo y, por otro, para desempleados". 

Todo ello, ha añadido, "a través del catálogo de cualificaciones profesionales a nivel nacional" que "permite establecer itinerarios formativos muy enfocados hacia el mundo laboral, tanto búsqueda de empleo como mejora de las propias cualificaciones profesionales".

Como novedad, Sáenz de San Pedro ha anunciado que "en los propios centros integrales de FP Ocupacional convivirán los dos modelos de esta formación profesional para buscar sus sinergias".

El 3% de las personas ocupadas en Baleares ha cambiado de municipio de residencia en el último año

PALMA.- El 3,1% de las personas ocupadas a día de hoy en Baleares ha cambiado de municipio de residencia en el último año, según la 'Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica 2023' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes y que indica al mismo tiempo que el 73,5% de los parados no ha cambiado de municipio en los últimos cinco años.

En términos generales, sólo el 2,6% de los ocupados y el 4,4% de los parados ha cambiado su lugar de residencia en el último año.

El organismo estadístico explica que la movilidad de los ocupados presentó una tendencia ascendente hasta el año 2020, produciéndose una disminución en 2021, para tomar posteriormente una senda alcista en los ejercicios 2022 y 2023.

Vox registra la proposición de ley para la creación y regulación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística

PALMA.- El grupo parlamentario Vox en Baleares ha registrado este jueves en el Parlament la proposición de ley que permitirá crear y regular el funcionamiento de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.

La nueva ley, elaborada por Vox, ya se encuentra en trámite parlamentario antes de presentarse en el pleno y, una vez se apruebe, se creará la oficina que iniciará su actividad en enero de 2024, tras la aprobación de los presupuestos autonómicos.

En una nota de prensa, la formación ha explicado que el objetivo de la nueva oficina será "defender la libertad de uso y opción lingüística" y "fomentar la protección, tanto del castellano, como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas, que desde hace más de 30 años sufren la aplicación de una normativa pancatalanista", algo que, desde el punto de vista del partido, resultaba "una imposición que dificultaba el uso del castellano".

La medida está contemplada en el acuerdo de investidura firmado entre el PP y Vox en el punto 58, que prevé la eliminación la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que según Vox "ha servido como instrumento de exclusión del castellano y la imposición lingüística durante las legislaturas anteriores".

Como ya había adelantado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, la nueva oficina "ofrecerá un servicio útil a los ciudadanos porque les permitirá emplear la lengua que quieran sin ningún tipo de traba".