BARCELONA.- La presencia de mercurio en los grandes depredadores del mar
—sobre todo en el emperador y el pez espada, pero también tiburones
como la tintorera y el marrajo— ha abierto una refriega comercial y de
salud pública entre España e Italia, según El País.
El país transalpino retiró del
mercado y destruyó el año pasado 50 lotes de origen español —casi uno
por semana— de estas especies al detectar en ellos niveles de mercurio superiores al máximo legal fijado por la Unión Europea (UE),
de un miligramo por kilo. Un informe del Gobierno español, sin embargo,
cuestiona los análisis hechos por las autoridades italianas y considera
que están causando pérdidas millonarias injustificadas a los
productores nacionales.
El litigio tiene en vilo a un sector que mueve más de 500 millones de
euros al año solo con estas especies, de las que dependen un centenar
de barcos y más de 2.000 empleos. “Están destruyendo envíos de varias
toneladas que valen decenas de miles de euros de forma incomprensible”,
se queja Emilio Martínez, de la empresa gallega Espaderos del Atlántico.
“Nosotros sometemos cada lote a estrictos análisis que dan resultados
muy por debajo del límite y que luego en Italia los superan. Hay algo
que no encaja”, añade.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
la flota española es de largo la mayor productora mundial de emperador y
pez espada, nombres que se utilizan indistintamente para especies muy
parecidas entre sí. Italia, a su vez, es el principal consumidor y cada
año importa de España unas 15.000 toneladas, valoradas en más de 120
millones.
Los datos del sistema de alertas rápidas en seguridad alimentaria de la Unión Europea (RASFF, en sus siglas en inglés)
ilustran la magnitud del litigio. Si todo el comercio de pescado entre
los 28 Estados miembros motivó en la última década 459 alertas por la
presencia de mercurio, solo las lanzadas por Italia por pez espada y
tiburón españoles representan dos terceras partes del total (295). La
alerta es la notificación más grave sobre una incidencia alimentaria que
prevé la UE y exige la retirada y destrucción del producto al
considerarse que entraña un riesgo para la población.
Las repetidas alertas italianas han catapultado en la última década a
España hasta los primeros lugares de la denostada lista de los 10
países del mundo cuyas exportaciones alimentarias más avisos generan en
la red europea de seguridad alimentaria. Este hecho llevó al Gobierno
español a mover ficha en 2015 ante “las grandes repercusiones económicas
y comerciales” del caso, según consta en un informe remitido a la
Comisión Europea a cuyas conclusiones que ha tenido acceso El País.
El estudio, hecho por la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición analizó con detalle 35 casos en los que Italia
había notificado la presencia excesiva de mercurio. El objetivo era
aclarar, entre otras cuestiones, hechos aparentemente inexplicables como
los 24 lotes que en origen habían dado resultados negativos y que al
llegar en Italia hicieron saltar las alarmas.
La agencia española, que ha declinado ofrecer más información sobre
su trabajo, puso el foco en lo que, según todas las fuentes consultadas,
está en el origen de la controversia: la forma en la que se toman las
muestras para realizar los análisis. “El mercurio se acumula a lo largo
de la vida de los grandes pescados en los tejidos grasos”, explica
Victòria Castell, jefa de servicio en la Agencia Catalana de Seguridad
Alimentaria.
Por ello, Juana Parada, directora de la asociación de
productores Organización de Palangreros Guardeses, lamenta que “si de un
lote solo se analizan los ejemplares más grandes, y por tanto, de más
edad, o la muestra se coge de la parte más grasa del pescado, los
resultados de mercurio saldrán más altos”.
“Esto puede llevar a destruir
todo un lote por unas muestras mal tomadas”, añade.
Para evitar estos problemas, la normativa europea detalla
exhaustivamente en el reglamento 333/2007 cómo las muestras deben ser
tomadas y analizadas, de forma que los resultados sean lo más ponderados
posible.
Y es aquí donde España cuestiona los análisis italianos, hasta
el punto de sostener en el informe que “en el 95% de las notificaciones
investigadas” no quedaba acreditado que se hubieran cumplido “los
procedimientos de muestreo” establecidos.
El País ha tratado de obtener, sin éxito, la versión del Ministerio
de Sanidad italiano sobre las conclusiones del informe español. La
respuesta que ofrecieron a la Comisión Europea en 2015 era negar que sus
análisis incumplieran los “requisitos del reglamento 333/2007”. En
cualquier caso, las gestiones del Gobierno español no parecen haber
surtido efecto alguno. Desde la elaboración del informe, las alertas se
han seguido repitiendo hasta alcanzar el año pasado, con 50, su nivel
más alto en una década.
