domingo, septiembre 30, 2018
jueves, julio 19, 2018
Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas
MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela https://www.vozpopuli.com.
El magistrado, Carmelo Ordóñez,
del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente
en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda
-su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del
derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
Gómez
Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares
por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron,
Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que
planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que
contemplaba la edificación de 244 apartamentos.
Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la
licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas
reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios
ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de
14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial
sostenible en Islas Baleares.
A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.
La
sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para
entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se
adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo
Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa
que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.
El empresario no había podido hasta entonces reunir la
cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de
euros. El pasado 19 de abril expiraba el
plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago,
pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.
A
pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del
pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y
Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio,
se inadmitió recurso de casación contra la
decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al
pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es
firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Gómez
Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago
del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda
de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado
ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.
El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en
pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor
"extenuante" al frente del concurso del aeropuerto.
El
magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael
Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición
de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha
realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor
para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y
la recuperación del espacio aéreo".
"Concluir el
proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso,
desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez.
La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los
intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".
El
magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos
hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del
aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso".
El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que
fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias
generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo
en manos de los querubines de la especulación".
El
juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del
aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría
probable "que podamos volver al averno", un
escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante
meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los
intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y
tener por compradora definitiva a Cria (...)".
El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano
VALENCIA.-
La
Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno
valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat
Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la
Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.
La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
Esto
implica que para
que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al
castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la
Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana,
es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua
cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Puntos de la norma que avala la Justicia
El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por
cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con
la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como
en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
Rotulación ilegal
La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de
acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el
castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y
normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Tras recordar “la inexistencia de un deber
de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que
sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos,
carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier
soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de
cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Establecer el valenciano entre los
requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos
carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a
contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en
perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre
los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
El hecho de que
las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga
en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma
consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de
administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones
públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo
La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis
MADRID.- Las cajas de
ahorros han sido las tristes protagonistas de la crisis y la
reestructuración de la banca en España. Prueba de ello es que su
número de oficinas se ha se ha reducido en un 51% desde los máximos
que sus redes alcanzaron en 2008, un recorte superior al de los
bancos ya que muchas cajas existentes entonces han desaparecido en
distintas integraciones. No obstante, su compromiso
territorial se demuestra con un 32% de las sucursales en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, con CaixaBank a la
cabeza, según publica www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco.
Un
total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han
desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las
existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la
reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector
de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de
25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las
redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se
agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el
número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo
de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como
Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como
imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos
absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo
inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas
cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las
entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.
Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor
incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas
poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una
oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de
ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000
habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un
31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en
municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de
negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen
defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo
presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas,
está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este
tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su
red con 1.147 sucursales.
Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha
visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las
entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867
empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos
de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje
muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector
bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de
tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los
responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo
ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.
Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España
MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este
tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si
exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si
por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es
casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda Libre Mercado.
A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los
impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de
Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.
Según ha publicado El Economista,
Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su
intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país.
Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias
ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o
menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de
Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la
publicación.
La ministra buscará
consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es
improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han
rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.
Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *
Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar
de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de
alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de
cada persona.
No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente
sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la
voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de
tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para
ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’:
lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.
Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí
de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde
ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas
horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves
el júbilo por ninguna parte.”
Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación
es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar
al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la
experiencia adquirida.
La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el
entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no
se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la
basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es
aburrido.
Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su
profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene
una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos
en teoría.
Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un
trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo
que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos
enriquecedores, como no sea el de los ricachones que
hacen fortuna.
Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y
familiares con escasos momentos de libertad y con muchas
limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos
perjudique en el trabajo.
Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda
alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio
cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una
vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.
Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero,
descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener
tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el
dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.
Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren
las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de
vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.
Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría,
y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los
hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades
a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.
En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se
trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina
heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de
indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue
institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.
Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra
cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a
finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y
Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución
industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de
trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera
reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las
necesidades de la vida cotidiana.
En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como
los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que
será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear,
porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo
o su infierno, o su limbo de aburrimiento.
(*) Periodista
lunes, julio 02, 2018
Los supermercados Lidl venden el 10,5% de la producción hortícola española
BERLÍN.- Los supermercados de Lidl incrementaron sus compras en España un 20% en 2017, hasta alcanzar los 4.650 millones de euros, con especial relevancia del sector hortofrutícola al que destinaron un 1.940 millones de euros (+35%), lo que supone el 10,5% de la producción total española.
En un comunicado, la compañía ha subrayado la relevancia de la venta
de esos productos en el extranjero, que supusieron 1.668 millones de
euros, un 13% de toda la exportación del sector.
En términos generales, Lidl compra en España más de lo que vende, con un volumen total de 3.900 millones de euros en compras.
Además, durante el pasado año, la cadena ha mejorado sus
exportaciones un 30% hasta los 2.200 millones de euros, de manera que ha
llevado los productos españoles a 30 países a través de su red
internacional de 10.500 establecimientos.
Según el director general de compras de Lidl en España, Miguel
Paradela, las razones de este crecimiento son "la excelente calidad de
los productos españoles" que genera "cada vez una mayor demanda,
especialmente a nivel internacional".
España recibió 8,1 millones de turistas extranjeros en mayo, el 1% más
MADRID.- El número de turistas extranjeros que visitó España en mayo alcanzó
los 8,1 millones, el 1% más que en el mismo mes del año anterior, según
la estadística de movimientos turísticos en fronteras (Frontur)
difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los cinco primeros meses de 2018 el número de turistas que
visitaron España aumentó el 2% y rondó los 28,6 millones de enero a
mayo.
Por destinos, Cataluña fue la comunidad que más turistas recibió en
mayo, con el 23,2% del total, seguida de Baleares (21,1%) y Andalucía
(14,8%).
A Cataluña llegaron cerca de 1,9 millones de turistas, el 2,4% menos
que en mayo del año pasado, mientras que los extranjeros que visitaron
Baleares fueron 1,7 millones, el 0,5% menos y Andalucía recibió casi 1,2
millones, el 1,8% anual más.
Del resto de comunidades, destacan el incremento del 5,3% en Madrid y
los descensos del 0,6% en la Comunidad Valenciana y del 2,6% en
Canarias.
En el acumulado de los cinco primeros meses, las de más turistas
fueron Cataluña (más de 6,5 millones y el 2,1% menos), Canarias (cerca
de 5,8 millones y una bajada del 2%) y Andalucía (más de 4,1 millones y
un crecimiento del 2,4%).
Por origen de los turistas, Reino Unido fue el principal origen, con
cerca de 2 millones, el 24,6% del total y una caída del 3,9% respecto a
mayo del año pasado.
Descendió también la llegada de turistas procedentes de Alemania (el
1,8% menos), que aportó casi 1,2 millones, mientras aumentó la de
Francia, con también cerca de 1,2 millones (el 6,9% más).
Entre el resto de procedencias, resaltaron los crecimientos anuales
de los llegados desde Portugal (21,6%), Estados Unidos (12,3%) y Rusia
(10,4%).
En el acumulado de enero a mayo es Reino Unido el principal emisor,
con cerca de 6,3 millones y un descenso del 2,3%; seguido de Alemania,
con más de 3,9 millones y una bajada del 2,7%; y Francia, con más de 3,9
millones y el 0,6% más.
Por los aeropuertos entró el mayor número de turistas en mayo, con cerca de 6,7 millones, un aumento anual del 1%.
Por carretera llegaron el 4% más y por ferrocarril y por los puertos accedieron el 4,1% y el 15,3% menos, respectivamente.
Los turistas que utilizaron un alojamiento de mercado como modo
principal en mayo aumentaron el 2,1% en tasa anual, con el alojamiento
hotelero al alza el 0,6% y la vivienda de alquiler a la baja, el 0,4%.
El alojamiento de no mercado disminuyó el 3,5%, con los turistas
alojados en viviendas de familiares o amigos en un descenso del 0,9% y
los hospedados en viviendas en propiedad el 5,3% a la baja.
El ocio, recreo y vacaciones fue el motivo principal del viaje a
España para más de 7,1 millones de turistas en mayo, un aumento anual
del 3,6%.
Por negocios o motivos profesionales llegaron algo más de 422.000
turistas (el 14,6% menos) y por otras razones en torno a 515.000 (el 16%
menos).
La duración de la estancia mayoritaria en mayo fue de cuatro a siete noches, con casi 4,1 millones y un aumento anual del 3,3%.
El número de visitantes aumentó el 1,1% entre los que no pernoctan
(excursionistas) y disminuyó el 8,4% entre los de mayor duración (más de
15 noches).
Los turistas extranjeros gastan un 4,1% más este año
MADRID.- Los turistas extranjeros que visitaron España en los primeros cinco
meses del año gastaron 29.550 millones de euros, un 4,1% más que entre
enero y mayo de 2017, según la encuesta de gasto turístico Egatur
publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sólo en mayo, los viajeros internacionales gastaron en España 8.155
millones, un 2,9% más que en el mismo mes de 2017, con lo que este
indicador recuperó la tendencia al alza después de que en abril bajara
por primera vez en 70 meses.
El gasto medio diario de los turistas extranjeros creció un 3,6%,
hasta los 150 euros, y el gasto medio por turista se situó en 1.009
euros (un 1,8% más), mientras que la duración media de los viajes fue de
6,7 días, lo que supone un descenso de 0,1 días con respecto a la media
de mayo de 2017.
Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en mayo
fueron el Reino Unido (con el 22,1% del total), pese a que su gasto
disminuyó un 1,3% en tasa anual, Alemania (14% y un aumento del 3,4%
interanual) y Francia (8,6% y un incremento del 10,1%).
En los cinco primeros meses de 2018, el Reino Unido fue el país con
mayor gasto acumulado (19,2% del total), seguido de Alemania (13,4% ) y
países nórdicos -Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia- (9,4%).
Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el
gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 23,5% del total),
Baleares (20,2%) y Andalucía (15,1%).
El gasto de los turistas aumentó un 5,2% en tasa anual en Cataluña y un 2% en Baleares, pero disminuyó un 0,3% en Andalucía.
En los cinco primeros meses de 2018, las comunidades autónomas de
destino principal con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el
23,5% del total), Cataluña (22,1%) y Andalucía (15%).
El gasto en paquete turístico fue la principal partida, con un 22,4%
del total del gasto y un aumento del 10,6% con respecto a mayo de 2017.
Las siguientes partidas fueron el gasto en transporte internacional
(no incluido en el paquete turístico) y el gasto en actividades, con un
19,9% y 18,3% del total, respectivamente.
El primero disminuyó un 1,5% en tasa anual, mientras que el segundo creció un 6,7%.
El 66,1% del gasto total en mayo lo realizaron turistas que
pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 5%,
mientras el gasto de los que se alojaron en alojamientos de resto de
mercado creció un 2,2%.
El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico (que
representó el 66,7% del total) bajó un 0,1% en tasa anual, mientras que
el de los que contratan paquete turístico se incrementó un 9,3%.
En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España en
mayo por ocio generaron el 87,8% del gasto total (con un desembolso un
5,5% mayor que en mayo de 2017).
Los militantes de ERC claman por la unilateralidad
BARCELONA.- La militancia de ERC consiguió que la formación
mantenga abierta la posibilidad de la unilateralidad. Las bases
republicanas votaron por no descartar ninguna vía para alcanzar la
república catalana, según Economía Digital.
La ponencia estratégica de ERC fue aprobada con 511
votos a favor (el 96%), seis en contra y 19 votos en blanco, en una
conferencia nacional del partido celebrada en La Farga de L'Hospitalet
de Llobregat.
El texto aprobado incluye la mayoría de las 1.450 enmiendas
presentadas por la militancia republicana, que opto por indicar
explícitamente que ERC no descarta ninguna vía "democrática y pacífica" en el camino hacia la república.
Así las cosas, ERC deja abierta la posibilidad a una
declaración unilateral de independencia si las negociaciones
bilaterales o multilaterales no fructifican.
La ponencia que las bases aprobaron el fin de semana agrega que el
ejercicio de la soberanía tiene que culminar finalmente en una
negociación multilateral con diferentes actores del Estado español o
internacionales.
"La ruptura con el régimen del 78 no se producirá por una ruptura
súbita, sino más bien gradual y sin opción a retorno", dice el texto.
Unilateralidad... y desobediencia
El resultado de la votación interna de ERC este fin
de semana resalta el choche de los partidos independentistas con sus
bases tras mostrar su intento por regresar al realismo.
Todavía el sábado, la portavoz Marta Vilalta inauguró la conferencia nacional de ERC abogando por la "desobediencia civil" e insistiendo por las negociaciones y el diálogo por encima de la unilateralidad.
"Esta vez, cuando lleguen estos nuevos 1-O, los ganaremos. No tengáis
ninguna duda", recalcó Vilalta durante su discurso de apertura
La celebración de una votación, y su resultado, son pruebas de la crisis que enfrentan los partidos secesionistas ante el entusiasmo con el que sus militantes y simpatizantes han acogido los planteamientos unilaterales
Sánchez quiere abrir La Moncloa a los jefes del Ibex tras el 'cerrojazo' de Rajoy
MADRID.- Pedro Sánchez quiere
mantener una relación de 'tú a tú' con los principales poderes
económicos
del país. El jefe del nuevo Ejecutivo, que conoce a presidentes y
consejeros delegados del Ibex 35 de su etapa en la oposición, está
dispuesto a abrirles La Moncloa y a mantener encuentros
bilaterales o citas más solemnes en esta segunda parte de legislatura
que se prolongará hasta 2020. Inaugura así una renovada asociación entre
el poder político y financiero tras seis años y medio en los que Rajoy
dejó de cultivar estos contactos, según publica hoy www.lainformacion.com.
Sánchez ya se veía en su primera y segunda etapa como secretario general del PSOE con diferentes dirigentes del Ibex. La relación, tanto con él como con su gabinete, ha sido y continúa siendo fluida y cordial, según confirman a La Información tanto fuentes financieras como de los socialistas. Ahora, la intención del presidente del Gobierno es seguir cultivando un 'tú a tú' con los VIP económicos del país y recibirles en las dependencias del complejo oficial que ocupa desde hace un mes.
La presidenta del Santander, Ana Botín (con quien Pedro Sánchez acudió a
la reunión del Club Bilderberg en 2015); el hombre fuerte de Fundación
La Caixa, Isidro Fainé; Antonio Brufau, de Repsol; Borja Prado, de
Endesa; Josep Oliú,
de Sabadell...
Son algunos de los principales líderes del Ibex 35 que
se han visto con Sánchez o miembros de su equipo en los últimos años. A
partir de ahora lo que cambiará es que esos encuentros pasarán de
celebrarse en las sedes de las grandes empresas al escenario monclovita, mucho más solemne.
Hasta este momento, a lo
largo del mes que ha transcurrido desde que ganó la moción de censura,
los acercamientos entre Pedro Sánchez y los dirigentes del Ibex 35 se
han limitado a meros contactos informales a través del teléfono, vía
llamadas o mensajes, la mayoría de felicitación.
"No
ha habido ningún formalismo todavía, pero lo habrá", afirman fuentes
cercanas al Gobierno. "Ha sido todo [la llegada de los socialistas al
poder] tan precipitado que no ha dado tiempo a nada", pero se seguirá
manteniendo la relación, añaden, por su parte, desde la parte
empresarial.
Adiós al aislamiento de Rajoy
Con esta nueva relación entre el poder político y económico se pone fin al 'cerrojazo' que Mariano Rajoy ha protagonizado en los últimos seis años y medio.
El expresidente del Gobierno decidió cancelar los encuentros con
empresarios en Moncloa que sí se celebraban durante la etapa de Zapatero
y cambiar de actitud hacia ellos: delegó en sus segundos la
interlocución y marcó distancias con unos presidentes y consejeros delegados del Ibex que nunca llegaron a entender su postura.
El equipo de Rajoy presumía de que había llegado al poder sin la ayuda de los grandes empresarios y, salvo contadas excepciones, cumplió con sus principios hasta el final de sus días en la Presidencia. "Salvo a Florentino [Pérez] y a Dimas [Gimeno] no recibía a nadie", se queja un directivo del Ibex molesto en referencia a la cercanía que sí tenían con Rajoy el presidente de ACS y el exprimer ejecutivo de El Corte Inglés.
En el primer mes de
Sánchez en Moncloa, el Gobierno ya ha recibido elogios y críticas por
parte de los principales empresarios del país. Por ejemplo, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se mostró "satisfecho" con la elección de Teresa Ribera como nueva ministra de Transición Energética y afirmó que "irá en la buena dirección".
Algo
similar ocurrió con Ana Botín, presidenta del Santander, que celebró el
nombramiento de Nadia Calviño como titular de Economía.
Los tirones de orejas al Gobierno de Sánchez han llegado desde el sector bancario en forma de censura a los impuestos a la banca y a las transacciones financieras que tiene en mente el socialista. Ha habido tres altos directivos que han enviado el mismo mensaje de malestar al Ejecutivo: el
consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el consejero
delegado del Santander, José Antonio Álvarez, y el presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri.
Quim Torra exige a Pedro Sánchez 10.000 millones de euros pendientes
BARCELONA.- La Generalitat catalana quiere
clarificar cuanto antes los ingresos que espera recibir con el cambio de
inquilino en la Moncloa. Los cálculos del Govern, solo teniendo en
cuenta pagos que lleva hasta una década reclamando al Estado, elevan la
factura a más de 10.000 millones de euros, publica http://www.eleconomista.es/.
Se trata de importes vinculados a las
competencias autonómicas, pero todavía no recibidos, que la
administración catalana ha puesto sobre la mesa para aviso a navegantes
antes de la reunión prevista dentro de una semana, el lunes 9 de julio,
entre el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el español,
Pedro Sánchez.
Dada la tardía formación del Govern, este
mes de junio, y el difícil equilibrio de las mayorías en el Parlament,
el nuevo vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha
renunciado a intentar aprobar Presupuestos de la Generalitat para 2018 y
ha iniciado directamente la elaboración de los de 2019, pero sí que
está interesado en conseguir ingresos por todas las vías posibles cuanto
antes.
Así, aprovechó su primera comparecencia en
el Parlament la semana pasada para abogar por "iniciar la negociación
con el Estado para que se cumplan los modelos vigentes", y cifró la
deuda pendiente en 6.000 millones de euros. De estos, más de la mitad
corresponden a las inversiones que debía realizar el Estado en
infraestructuras catalanas entre 2007 y 2013, según lo que estipulaba la
disposición adicional tercera del Estatut.
Además, la Generalitat cuenta con recibir
casi 3.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el tercer y
cuarto trimestre de este año. En la primera mitad de 2018, todavía con
el Gobierno del PP, la comunidad autónoma recibió casi 5.900 millones,
pero los siguientes pagos ya deben llegar bajo el mandato de Pedro
Sánchez.
Con los mercados todavía cerrados para la
administración catalana, el FLA es su fuente fundamental de
financiación. Desde que se pusieron en marcha los mecanismos de liquidez
estatal en 2012, Catalunya ha recibido 76.771 millones de euros
-incluyendo aportaciones extraordinarias como adelantos de la
liquidación del modelo de financiación-, y actualmente suponen el 70% de
la estructura de deuda de la Generalitat.
Otro punto en el que el gobierno catalán
quiere incidir ante Sánchez es en el "principio de lealtad
institucional", apuntó Aragonès. El Ejecutivo de Torra reprocha que el
Estado ha tomado decisiones en los últimos años que aumentan gastos o
reducen ingresos de la Generalitat y no lo ha compensado con los
recursos económicos correspondientes.
Algunos
ejemplos son el aumento de la retribución de los funcionarios (1.100
millones), cambios en el IRPF (100 millones por la reducción de la base
imponible), y modificaciones en la liquidación del IVA (400 millones).
También en este apartado se incluye el reparto del límite de déficit
entre los diferentes niveles de administraciones públicas españolas
"injusto, arbitrario y que incumple la ley de estabilidad".
Impuestos
En cualquier caso, la
voluntad de la Generalitat es la de aumentar los ingresos, ya sea por
mayores transferencias del Estado o por mayor recaudación, y en este
segundo apartado batallará para recuperar impuestos suspendidos por el
anterior Gobierno central.
El mayor exponente es el impuesto sobre
los depósitos bancarios, con el que la Generalitat pretendía recaudar
635 millones de euros anuales en su planteamiento inicial, si bien
Cristóbal Montoro cortó las alas a las aspiraciones catalanas
adelantándose con un tributo estatal equivalente.
Joaquim Torra también
quiere recuperar el impuesto al ADSL, con el objetivo de destinar la
recaudación -estimada en unos 16 millones anuales- a impulsar la cultura
catalana.
Sin embargo, el nuevo gobierno catalán no
puede atribuir todos sus males a los anteriores ejecutivos centrales,
sino que cuenta también con lastres propios, provenientes de los
gobiernos autonómicos precedentes.
El más relevante a corto plazo es el
de la recuperación de la gestión pública de la empresa Aigües Ter
Llobregat (ATLL) después de que la Justicia haya anulado el concurso de
concesión durante 50 años adjudicado en diciembre de 2012.
Otro gran escollo para Torra, que afecta a
la capacidad de acometer nuevas inversiones de obra pública, es la
financiación diferida de obras realizadas en el pasado, denominada
financiación estructurada.
En los presupuestos de la Generalitat de
2017, el dinero comprometido era de 1.031,9 millones, y según los
últimos datos fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya,
en 2013, la Generalitat catalana tenía gastos con cargo a ejercicios
futuros por más de 92.400 millones de euros, con plazos que alcanzaban
hasta más allá de 2050.
España, único país del euro donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación
MADRID.- España es la única potencia de la
eurozona donde se está adelantando la edad efectiva de jubilación tras
haberse impulsado las reformas en pro de la sostenibilidad del sistema
público de pensiones que pretendían justo lo contrario: retrasar el
grueso de las jubilaciones. En el resto de socios del euro, con la única
excepción de los Países Bálticos, las vidas laborales se alargan y se
pospone la edad de retiro. De este modo, se agranda la brecha entre la
edad real y la edad legal de jubilación, según recoge elEconomista.
Lejos de demorarse las jubilaciones, como
pretendió la reforma de 2011 y, en general, el marco normativo al que se
aferran las economías avanzadas, en España se está adelantando la fecha
efectiva de retiro.
Según los últimos datos completos y comparables de
la OCDE, las jubilaciones anticipadas se han adelantado seis meses
frente a los registros de 2011 situándose la edad media de retiro
española en los 62,4 años frente a la pretensión de llevar la jubilación
gradualmente hasta los 67 años en 2027 y frente a los 62,9 años en que
se situaba en 2011.
Mientras, en el mismo periodo, Alemania ha
conseguido retrasar la edad media de jubilación un año y medio (de 61,7
a 63,2 años); Francia, un año (de 59,2 a 60,2); Italia un año y ocho
meses (de 60 a 61,7 años); Portugal, un año y dos meses (de 65,7 a
66,9); Grecia, en medio de sus rescates, ha logrado un ensanchamiento de
4 meses (de 60,8 años a 61,1); y el conjunto de la eurozona un año y
cuatro meses (de 61,7 a 63 años).
Estos retiros anticipados son otro de los
factores que presionan al alza el gasto en pensiones, unidos a la mayor
esperanza de vida. Como explica el secretario general de Ocopen, Manuel
Álvarez, esta deriva es sumamente significativa.
"Antes de las
reformas, la edad de jubilación había ido aumentando y estaba más
próxima al tope legal de retiro. "La evolución lógica hubiera sido que
siguiera subiendo", justifica.
Nuestro país pincha en la consecución de
esta meta, lo que engorda el desafío de las cuentas de la Seguridad
Social y pone de manifiesto que nos alejamos de la pretensión de la
reforma de 2011, que incluía un retraso gradual de la edad legal de
jubilación hasta llegar paulatinamente de los 65 años anteriormente
vigentes a los 67 en 2027.
Diversos expertos y organismos, como el
Fondo Monetario Internacional recomiendan que se alarguen las vidas
laborales ante el desafío que supone la pirámide poblacional envejecida,
la baja natalidad, y la mayor esperanza de vida para los sistemas
públicos de pensiones.
El fracaso español en la consecución de
esta meta pone de manifiesto, además, uno de los grandes hándicaps de
los gobiernos en materia de pensiones: la presión electoral de pasar por
las urnas cada cuatro años rebaja la intensidad pedagógica a la hora de
explicar con nitidez a los ciudadanos la situación exacta que aguarda
al Sistema Público e implicar a los distintos actores en el reequilibrio
de las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.
En parte, explican
los expertos consultados por elEconomista, sucede que no ha calado el
mensaje de demora en la edad de jubilación. Por otro lado, tanto la
reciente crisis, como la incertidumbre normativa, ha propiciado que
crecieran las jubilaciones anticipadas.
España no solo se queda sola en la
eurozona en esta deriva al acortamiento de la vida laboral; también se
queda rezagada en la comparativa con la OCDE, el club de las economías
más avanzadas. En EEUU, en Reino Unido, Australia, Chile, Japón, y en la
media del club de las economías más potentes, la edad efectiva de
jubilación se ha ido retrasando, con la excepción de México, donde ha
descendido ligeramente, pero por motivos no comparables, ya que ha
bajado de 70,2 años a 69,5 en un país que ha experimentado una fuerte
modernización de su estructura económica.
La bajada continuada de la edad promedio
de jubilación real en España se debe, sobre todo, al auge de las
prejubilaciones y jubilaciones anticipadas que se han producido de forma
transversal y generalizada en la mayor parte de los sectores de
actividad, amén del impacto que los ERE acaecidos durante la crisis que
propiciaron la salida anticipada de numerosos efectivos del mercado
laboral español.
Como explica el investigador de la
Universidad de Essex Javier Santacruz, mientras las prejubilaciones se
sigan manteniendo como una de las principales vías para salir del
mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, la edad real
seguirá reduciéndose hasta los 62,2 años en 2018.
Solo cambios
normativos que impidan su aplicación y el fin de la reestructuración de
sectores como el bancario u otros sectores regulados (eléctrico,
telecos...) que son grandes emisores de salidas del mercado antes de la
edad, pararán la tendencia a la baja de la edad real y, por tanto, irá
convergiendo a la edad legal como sí está ocurriendo en el resto de
países comparables de la eurozona, explica Santacruz.
Los datos del Ministerio de Trabajo constatan la caída de la edad
efectiva de jubilación, pero arrojan una cifra diferente a la reflejada
por la OCDE. Según los registros estadísticos oficiales del Gobierno
español, la edad media de retiro cae desde 2013, fecha de la más
reciente reforma de las pensiones, y se sitúa en los 64,1 años en el
último ejercicio con datos cerrados (2016), frente a los 62,4 años que
recoge la estadística del club de las mayores economías del planeta.
La
razón es que la estadística de la OCDE 'limpia' y homogeneiza las
diferencias entre regímenes singulares que no coexisten en todos los
países, como pueden ser, entre otros, el del carbón o el de clases
pasivas. Como explica el secretario general de la Organización de
Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, la metodología de la
OCDE es la más consistente. Mide las variables en todos los países de la
misma forma, de manera que puedan ser completamente comparables y
fieles a la realidad del tejido económico y social.
Torra reactiva la comisión bilateral con el Gobierno español, que no se reúne desde 2011
BARCELONA.- El Gobierno catalán ha anunciado su intención de reactivar este martes
la parte catalana de las comisiones bilaterales con el Ejecutivo del
Estado -la Generalitat-Estado; la de transferencias, la de asuntos
económicos y fiscales y la de infraestructuras- en el marco de la fase de diálogo que se abrirá el día 9 con la entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y el de la Generalitat, Quim Torra, dice hoy El País.
El anuncio lo formalizó el
consejero Ernest Maragall que recordó que la comisión bilateral
Generalitat-Estado no se reúne desde 2011 justo cuando Mariano Rajoy
accedió al poder. Las dos instituciones arrastran desde la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, una larga historia
de desencuentros plasmada en 115 recursos de inconstitucionalidad y
conflictos de competencias cruzados: La Moncloa ha presentado 48 de esos
recursos -15 pendientes de sentencia- y 67 la Generalitat -ocho
aguardan fallo-.
En un informe del Govern sobre esa conflictividad, la
Generalitat entiende que la sentencia del Estatut marcó un "antes y un
después" en sus relaciones con el Estado.
La tensión se exacerbó a
partir de 2014, el año de la consulta alternativa del 9 de noviembre,
cuando el Gobierno de Rajoy presentó 9 recursos; en 2015 fueron 10 y en
2017, el año del referéndum ilegal, 16.
La Generalitat, que denuncia el
ánimo recentralizador y de impugnación sistemática de su capacidad
normativa, ha presentado desde 2012, cuando estalló el proceso
soberanista, 21 de los 29 conflictos de competencias. Sus recursos de
inconstitucionalidad, sin embargo, fueron a la baja: 11 en 2013 frente a
dos en 2017.
Al margen del tema capital del procés y de su reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación, el
Govern quiere rescatar más de una decena de leyes de carácter social
suspendidas y que nada tiene que ver con el pulso soberanista.
Los
recursos fueron interpuestos por Rajoy y el Gobierno de Sánchez decidir
que se archivaran retirándose del caso. Son leyes tan dispares como la
de la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
la de consumidores de cannabis o la de la emergencia habitacional.
En
este apartado, Torra tendrá la complicidad del PSC -votó muchas a favor-
y de Catalunya en Comú. Los comunes, que han pedido que la
bilateral se reúna dentro de un mes, consideran que los recursos han
sido una "injerencia intolerable" en la soberanía del Parlament y que
han afectado de forma muy negativa a la calidad de la vida de las
personas.
Con su firme decisión de ejercer de oposición activa, Torra no tendrá
tanta complicidad de la CUP, que quiere ignorar al Constitucional y que
se trace un plan para aplicar en 90 días las leyes suspendidas y
anuladas.
De hecho, ha presentado una moción para que se vote en el
Parlament. Los anticapitalistas dudan que el Estado quiera rescatar las
normas anuladas por el Constitucional como las de los impuestos a la
energía nuclear, a los depósitos de las entidades de crédito la que
prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica o "fracking".
Los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont entregaron a Rajoy en las dos reuniones que mantuvieron en julio de 2014 y abril de 2016 dos memorandos que casi permanecen intactos ante la ruptura de relaciones entre las dos administraciones.
La Generalitat ya no hace abandera desde hace años la mejora de la
financiación pero sí que reclama el pago de la deuda del Estado. Pere
Aragonés, vicepresidente del Govern, la cifró el lunes en 6.000 millones
procedentes de impagos por la ley de la dependencia y de la suma de la
adicional tercera del Estatut para infraestructuras. Fue un acuerdo
político pero los tribunales han dictado sentencias exonerando al Estado
de esa obligación.
Con la complicidad del tejido empresarial, su
reivindicación por el déficit de inversión en infraestructuras es
histórica: desde la obra del corredor Mediterráneo o los retrasos en el
plan de Rodalies.
Un caso paradigmático es el de la estación de Montada i
Reixac: después de 10 años, el Gobierno licitó a final de 2017 el
soterramiento de las vías. Los accidentes en ese punto se han cobrado la
vida de 170 personas.
El Govern no quiere hacer una lista de prioridades por1ue considera
que todo son incumplimientos del Estado pero en política de traspasos
siempre ha hecho mención a dos: que se aplique la sentencia del Supremo
que permite a Cataluña gestionar las subvenciones para programas de
cooperación y voluntariado social que proceden del 0,7% del IRPF.
O el
traspaso pendiente y con sentencias a favor del Constitucional en la
gestión de becas. Estos dos puntos figuran en el informe La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de la situación, de 2013.
De ese listado, los comunes reivindican como traspaso prioritario la
ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y
la FP para el empleo; las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Los datos de la conflictividad institucional
Esta es el balance de la conflictividad institucional entre las dos
instituciones desde la sentencia del Estatut en 2010. Desde entonces,
las dos Administraciones han elevado al Tribunal Constitucional un total
de 115 casos-
Gobierno central: 48 casos. 45 recursos de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencias. Del total, 15 están pendientes de sentencia.
Generalitat: 67 acciones ante el Constitucional. 38 recursos de inconstitucionalidad y 29 conflictos positivos de competencias. 8 están pendientes de sentencia.
Borrell frena el cambio de más de 40 embajadores programado por el PP
MADRID.- Exteriores ha frenado, tras el cambio de Gobierno, el nombramiento de
más 40 embajadores de España en distintos países que tendrían que
haberse plasmado antes del verano. Muchas de esas designaciones podrían
desbloquearse en unos meses porque atañen a diplomáticos muy
experimentados destinados a ocupar puestos denominados profesionales,
sin particulares significaciones políticas. En las embajadas más
políticas o de mayor relevancia sí habrá renovación. Y se busca encaje
para toda la cúpula de Exteriores del anterior Gabinete del PP que han
pedido también encabezar una embajada, adelanta hoy El País.
La
peculiar situación política que se ha vivido en España en los últimos
dos años, desde el parón institucional entre 2015 y 2016 con el Gobierno
en funciones a las sucesivas campañas electorales, ha afectado también a
un cierta sensación de interinidad en casi un centenar de las 128 embajadas de que dispone el Ministerio de Exteriores
para realizar su trabajo. Decenas de embajadores fueron primero
prorrogados en sus destinos y luego los relevos se han ido ajustando a
cuenta gotas en los últimos meses. Este año tocaba, en teoría, renovar
46 embajadas.
La primera tanda de cambios se resolvió en febrero pasado cuando al
anterior jefe de gabinete del presidente Mariano Rajoy, el diplomático
Jorge Moragas, se le concedió la representación ante Naciones Unidas, en
Nueva York, y como consecuencia se envió a su antecesor en ese puesto,
Román Oyarzun, como embajador en Dinamarca. Este pasado mes de mayo se
tramitaron otros nuevos embajadores en Hungría (Anunciada Fernández de
Córdova), Bosnia-Herzegovina (José María Valdemoro), Nueva Zelanda
(Fernando Curcio) y Malta (Consuelo Femenía, la mujer del actual
ministro Pedro Duque).
La idea del anterior ministro, Alfonso Dastis, era despejar ahora, en
junio, el resto de los 40 embajadores pendientes. Aunque no está fijado
por una norma estricta, y el reglamento que regula la carrera diplomática lleva años paralizado,
la tradición es impulsar el cambio de embajadores y puestos
diplomáticos antes del verano para facilitar gestiones familiares y
escolares. No será así.
El relevo previsto se ha bloqueado tras la llegada hace casi un mes
de Josep Borrell al departamento de Exteriores, que se ha tomado su
tiempo para confeccionar su equipo y que ha estado la mayoría de esta
etapa fuera de España por viajes oficiales. Durante este verano, en
cualquier caso, se podrían clarificar las ratificaciones de la mayoría
de los embajadores ya programados para puestos de carrera (como
Filipinas, Kuwait, Namibia, Cabo Verde, Países Bajos, Chipre, Túnez,
Nicaragua, Haití, Paquistán, Zimbabue, Gabón o Kazajistán) que son más
de la mitad de los 40 destinos que quedan pendientes de oficializar.
Los problemas de encaje para Borrell se suceden para cuadrar en
primer lugar su interés por ubicar en algunas embajadas clave a
embajadores de su confianza y de mejor sintonía ideológica con el
ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, especialmente en las grandes
representaciones internacionales. Borrell, además, pretende solventar
bien los compromisos adquiridos con los anteriores altos cargos de
Exteriores que son diplomáticos.
La subsecretaria había gestionado por su lado también casi todos los
trámites para revisar la situación de varios embajadores que estaban en
la última fase previa a ser nombrados, con el plácet o visto bueno
concedido ya por los Gobiernos de los países donde iban a ser
destinados.
El exministro Alfonso Dastis, veterano diplomático, es el que más
fácil lo ha puesto para su reubicación. Ha hablado ya con su sucesor y
no ha demandado un destino concreto. Sí ha comunicado que le gustaría
ser enviado como embajador no muy lejos de España, por circunstancias
familiares. Dastis había requerido al anterior ejecutivo de Rajoy (antes
de ser nombrado ministro y cuando estaba al frente de la representación
permanente en Bruselas) ir a las legaciones de Londres o Roma. Esas
embajadas tradicionales y cercanas a España, junto a París, Rabat o
Lisboa, son las más anheladas y buscadas por los diplomáticos al final
de su carrera. Esa petición de Dastis parece que será concedida.
De los tres secretarios de Estado de Dastis, el de la Unión Europea,
Jorge Toledo, ha planteado que le gustaría comandar ahora la embajada de
Japón, el de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe,
Fernando García Casas, la de Chile, y el de Exteriores, Ildefonso
Castro, la de Irlanda. Las dos primeras son legaciones de primer orden,
ya estaban en teoría dadas a otras personas y por lo tanto son más
complicadas. A Japón estaba previsto enviar al director general para
América del Norte, Asia y Pacífico, Fidel Sendagorta, y a Chile al
actual embajador en Túnez. Los exsecretarios de Estado serán embajadores
pero no necesariamente de las capitales que han solicitado.
Plácet de Turquía
De los embajadores sobre los que se había gestionado su plácet la
situación más compleja es la de Turquía, donde el diplomático y
exdirigente del PP José María Robles Fraga ya tenía el visto bueno del
Gobierno turco desde justo antes de la moción de censura y donde
cubriría un despacho dejado vacante por jubilación del anterior
embajador desde el 12 de junio. A Robles Fraga, que llevaba 17 años
fuera de la diplomacia y estaba en un puesto ejecutivo del Banco de
Santander, le fue a buscar Dastis para ofrecerle ese encargo. Ahora está
a la espera.
En un panorama similar está el exembajador Ramón Gil Casares, exalto
cargo de los gobiernos de José María Aznar, que hasta ahora era el
responsable de la Escuela Diplomática y al que se quería ubicar en
México.
Los embajadores que no precisan ningún plácet del Gobierno de turno y
que, en teoría, pueden renovarse rápidamente son los que están
representados en instituciones internacionales y que son, al mismo
tiempo, los que mantienen un contacto más fluido y directo con el
ministro y el presidente. En un escenario normal son cargos que suelen
relevarse, como las plazas más políticas. El embajador en Washington, el
exministro Pedro Morenés, ha enviado una carta a Borrell para poner su
cargo a disposición aunque aún no ha sido removido y acaba de ser
respaldado tras protagonizar un incidente con el presidente catalán,
Quim Torra. Una carta similar remitió recientemente el exembajador en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
París, el también exministro José Ignacio Wert, y ya ha sido
reemplazado.
Manu Escudero, de la ejecutiva del PSOE a la OCDE por Wert
Los puestos más sencillos de cubrir, porque no necesitan plácet ni
trámites o plazos burocráticos, son los de los representantes en las
instituciones internacionales. Este pasado viernes, el Consejo de
Ministros acordó el recambio del exministro José Ignacio Wert como
embajador de España ante la OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos) en París y nombró en su lugar a Manuel Escudero,
economista y secretario de Política Económica y Empleo hasta ahora en la
ejecutiva del PSOE en la etapa de Pedro Sánchez. Situación muy distinta
es la que atraviesa el actual embajador en la Representación Permanente
de España en Bruselas, Pablo García-Berdoy, con el que el ministro
Josep Borrell ha podido compartir ya varias jornadas de intenso trabajo y
que no parece vaya a ser relevado por el momento.
El anterior ministro del PP sí tenía decidido enviar a Miguel Aguirre de Cárcer, exembajador ante la OTAN, como nuevo representante permanente de España ante el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.
El calendario y el perfil político apremian más en el caso del embajador de España en Naciones Unidas. El actual representante, Jorge Moragas, exjefe de gabinete en La Moncloa con Mariano Rajoy, mantuvo una conversación privada con Borrell durante el reciente viaje del ministro a Washington, y le sugirió que le gustaría quedarse. Lleva solo cuatro meses al frente de esa misión, es diplomático de carrera y debería asumir la vicepresidencia de la asamblea general de la ONU en septiembre en un momento de mucho trabajo. Acaba de trasladar a Nueva York a su mujer y sus hijas.
El anterior ministro del PP sí tenía decidido enviar a Miguel Aguirre de Cárcer, exembajador ante la OTAN, como nuevo representante permanente de España ante el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.
El calendario y el perfil político apremian más en el caso del embajador de España en Naciones Unidas. El actual representante, Jorge Moragas, exjefe de gabinete en La Moncloa con Mariano Rajoy, mantuvo una conversación privada con Borrell durante el reciente viaje del ministro a Washington, y le sugirió que le gustaría quedarse. Lleva solo cuatro meses al frente de esa misión, es diplomático de carrera y debería asumir la vicepresidencia de la asamblea general de la ONU en septiembre en un momento de mucho trabajo. Acaba de trasladar a Nueva York a su mujer y sus hijas.
El Ministerio de Defensa busca un CNI más solvente dentro de España
MADRID.- Sin duda fue una de las grandes sorpresas de la reforma de la estructura del Ejecutivo de Pedro Sánchez: los servicios de inteligencia, de nuevo, bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. Y lo confirmó Moncloa en el mismo momento en que anunció a la nueva responsable de todo: Margarita Robles. Hoy la ministra encargada del blindaje de las fronteras visitará la sede del Centro Nacional de Inteligencia. Ya tomó una primera decisión: mantener en su puesto al actual director, el teniente general Félix Sanz Roldán, igual que mantiene a la cúpula militar del anterior equipo de Defensa.
Pero
ahora quiere avanzar más. Y quiere que el mensaje sea claro: hay que
corregir y potenciar los servicios de inteligencia hacia el interior. Ya
en la entrevista publicada por El Mundo, Robles admitió, tras destacar en líneas generales a estos servicios,
que había aspectos que modificar de la etapa anterior, en la que los
servicios de inteligencia dependían de la vicepresidencia del Gobierno.
El nuevo ejecutivo decidió modificarlo con el fin de que dependa de un
ministerio alejado previsiblemente de las disputas políticas y
considerado siempre "de Estado".
Y esas correcciones afectaban básicamente a la gestión de los efectivos del espionaje en Cataluña. Porque no fueron pocos los especialistas que levantaron la voz al considerar que el CNI tenía que haber alertado con más precisión
sobre los movimientos independentistas que se fraguaban. Asimismo,
surgieron muchas críticas después de que las urnas utilizadas el 1-O no
fueran tampoco detectadas.
Pero también, desde las filas secesionistas,
se alzó la voz contra el CNI al acusarle de estar haciendo juego sucio
para frenar su ansia rupturista.
La visita que hoy realiza Robles
al Centro Nacional de Inteligencia tiene varias lecturas. La primera y
principal, dejar bien claro a todo el personal que esta institución ya
no depende de Moncloa, sino que pasa de nuevo a los ejércitos, a
Defensa.
La segunda, arropar la continuidad de Sanz Roldán como
responsable de esos servicios en los que intervienen, como recuerda
siempre la ministra, más de 3.000 agentes. Al director del CNI aún le
queda más de un año de mandato antes de que se tenga que producir su
relevo. Se acordó que el mandato fuera por cinco años para evitar
relevos anticipados cuando se produzcan cambios de Gobierno.
Y la
tercera, mandar un doble mensaje a los agentes. El primero, interior: no
nos pueden volver a pillar con el paso cambiado. Hay que corregir
situaciones que se han demostrado que no han funcionado a la perfección.
El segundo, sobre los servicios exteriores: son de primer nivel. La
información que manejan en los lugares más "calientes" del mundo es de
gran valor. Y sus relaciones con el resto de servicios, esenciales. La
titular de Defensa pretende lanzar un espaldarazo público a los agentes
que integran el CNI.
Desde Defensa se apunta a que la
labor de estos servicios en aquellos países donde España tiene
desplegadas tropas en misiones internacionales -ONU, OTAN, UE-
está siendo fundamental, sobre todo, para garantizar la seguridad de
los propios contingentes desplazados. Consideran esencial -como no puede
ser de otra manera- el vínculo con el resto de servicios de
inteligencia.
El precio medio de la vivienda nueva subió el 5,3% en Palma
MADRID.- El precio medio de la vivienda nueva subió el 5,9% en
el primer semestre de 2018 respecto a ese período del año anterior,
hasta los 2.284 euros por metro cuadrado, según datos divulgados este lunes por la Sociedad de Tasación (ST)..
El informe de ST fue realizado en 400 municipios españoles y en todos aumentó el precio,
con incrementos generalmente más notables en las capitales de
provincia, que tienen los precios más altos en Barcelona (4.015
euros/m2), San Sebastián (3.464 euros/m2) y Madrid (3.293 euros/m2), y
los más bajos en Cáceres (1.141 euros/m2), Badajoz (1.169 euros/m2) y
Ciudad Real (1.173 euros/m2).
Por primera vez en un informe de la ST, Barcelona alcanzó un crecimiento anual de dos dígitos
(el 10,6%) en lo que va de año y aumentó también de forma destacada en
Madrid (8,5%) y Palma (5,3%), Zaragoza (4,6%) y Granada (4,4%).
Por
comunidades autónomas, Cataluña (3.579 euros/m2) tuvo los precios más
altos, seguida por Madrid (3.293 euros/m2) y País Vasco (2.621
euros/m2).
Las tres con precios en vivienda nueva más bajos fueron Extremadura (1.158 euros/m2), la Región de Murcia (1.214 euros/m2) y La Rioja (1.372 euros/m2).
Las tres con precios en vivienda nueva más bajos fueron Extremadura (1.158 euros/m2), la Región de Murcia (1.214 euros/m2) y La Rioja (1.372 euros/m2).
El Gobierno plantea una revolución fiscal para que los autónomos paguen por sus ingresos reales
MADRID.- El Gobierno quiere dar un vuelco a la fiscalidad de los trabajadores autónomos.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha planteado la necesidad de
revisar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para
ligarla a los ingresos reales que perciben. “No es razonable que un
autónomo que tenga unos ingresos en un mes de 150 euros tenga que pagar
una cuota de 300 euros”, ha apuntado.
Valerio ha advertido de que algunos autónomos “están sobrecotizando y otros infracotizando”.
Y es que mientras algunos no tienen ingresos suficientes siquiera para
abonar la cuota mensual, “tres de cada cuatro autónomos están cotizando
por debajo de sus ingresos”, ha apuntado antes de participar en el foro Nuevos retos para autónomos y emprendedores,
organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA) y
el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM)
dentro de los cursos de verano de El Escorial.
“Debería haber un acuerdo para que los autónomos pudiesen cotizar en
función de sus ingresos reales” como ocurre con los trabajadores por
cuenta ajena, que pagan en función de sus salarios. Además, Trabajo
propone que los autónomos puedan pagar sus cotizaciones trimestralmente y
aplicar correcciones a lo largo del año, dado que sus ingresos pueden
ser muy diferentes entre un mes y otro.
Valerio ha adelantado que su departamento trabaja en un plan de lucha
contra la explotación laboral. “Suena a que es algo de países del
tercer mundo, pero en este país se están dando casos”, ha indicado.
En un momento de auge de nuevos modelos empresariales, amparados en la etiqueta de economía colaborativa o de gig economy (pequeños encargos esporádicos),
la ministra ha apuntado “está genial siempre y cuando no se utilice
sólo como eslogan” porque en ocasiones “esconde un abuso al autónomo”.
“No se debe utilizar la legislación laboral de manera abusiva cuando implica peores condiciones de trabajo”, ha sentenciado.
La ministra de Trabajo ve “absolutamente intolerable” la proliferación de los falsos autónomos.
“Están utilizando a personas que necesitan un empleo y que quieren
salir de situación de desempleo ofreciéndoles que coticen como
autónomos, para que sean ellos los que adquieran los medios que
necesitan para hacer ese trabajo”.
Valerio ha adelantado que la
Inspección de Trabajo intensificará su labor para combatir la
proliferación de la figura de los falsos autónomos.
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