miércoles, septiembre 27, 2023

Arriaga se querella por supuesta prevaricación contra tres magistrados de la Audiencia Provincial Baleares


MADRID.- La firma Arriaga Asociados se ha querellado contra los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Islas Baleares –Mateo Ramón Homar, María Encarnación González López y María Arantzazu Ortiz González– por el supuesto delito de prevaricación.  

La querella ha sido interpuesta ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares ya que los tres mágistrados son aforados, según Confilegal.

De acuerdo con este despacho, el tribunal que han conformado estos magistrados, habría obviado «deliberada y dolosamente el contenido de la sentencia del 13 de julio pasado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE], a la hora de juzgar un caso sobre IRPH (al igual que otras anteriores, como la del 28 de Febrero de 2023, más todas las anteriores referidas a préstamos hipotecarios con cláusulas de IRPH)».

«La Audiencia Provincial pretende que las personas que tengan una hipoteca con cláusula IRPH no puedan recuperar una cantidad aproximada de 40.000 €», sintetiza. 

Los tres magistrados, argumenta Arriaga Asociados, ya habrían tenido conocimiento de la sentencia dictada por el TJUE ese 13 de julio, por lo que han «ignorado dolosamente el mandato jurisprudencial que contiene, consistente en la obligación por parte del juez nacional de analizar la transparencia y posible abusividad, por existencia de mala fe, en cada caso concreto. De haber aplicado dicho mandato, el fallo de la sentencia de la AP de las Islas Baleares, habría sido radicalmente distinto».

Esta firma de abogados recuerda que la jurisprudencia del TJUE es obligatoria para todos los jueces y tribunales de España (y de todos los estados miembros de la UE). 

«Ello significa que obliga a los jueces de primera instancia, Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, de las ramas de lo Civil, Penal, Laboral, Contencioso administrativo y Laboral», subraya.  

Arriaga Asociados afirma que la sentencia del TJUE del 13 de Julio de 2013, «es clara y contundente al disponer  que el banco o institución financiera tenía que haber informado a sus clientes con hipotecas con cláusula IRPH de la Circular 8/1990 del Banco de España y establece la necesidad de evaluar si el banco dio a conocer la recomendación contenida en otra Circular (la 5/1994), de aplicar un diferencial negativo para igualar el interés del índice IRPH al de mercado, con la correspondiente carga de probar tal hecho, considerando abusiva la falta de dicha información, toda vez que, forma parte de una labor de ‘investigación jurídica’ que ‘no podía exigírsele razonablemente a un consumidor medio’ (STJUE 13 de julio, párrafo 60, página 15)».

E indica que «la sentencia del 28 de Febrero de 2023 indicaba que la falta de información que causara un perjuicio al cliente del banco de un préstamo con una cláusula de IRPH era nula, lo cual esta Audiencia Provincial ha ignorado deliberadamente, porque no pueden afirmar desconocer una sentencia crucial para la resolución de la sentencia».

Los querellados señala Arriaga Asociados, «no podían ignorar esta sentencia del 13 de Julio del TJUE (ni tampoco la del 28 de febrero de 2023). Fue ampliamente informada en los medios de comunicación y era relevante para la decisión que, mediante Sentencia, se adoptó y dictó por parte de la Audiencia Provincial».

La Audiencia Provincial de Islas Baleares, por lo tanto, «viene obligada a dictar sentencias conforme a la ley, y sobre todo, conforme establece la jurisprudencia del TJUE, de conformidad con el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No hacerlo en tal forma, constituye un delito de prevaricación. Sin embargo, la Sección 5ª y sus magistrados consideran estar por encima de la ley, a tenor de su resolución».

Por ello consideran que su decisión supone un supuesto delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal y subsidiariamente, los contemplados en los artículos 447 y 448 del mismo Código, en cumplimiento a lo que determinan los artículos 277 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Palma dedicará una ubicación emblemática de la ciudad a Félix Pons Irazazábal

PALMA.- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha reunido este miércoles con María José Pons, hija del ilustre político palmesano Félix Pons Irazazábal, fallecido en el año 2010, para trasladarle la voluntad del Consistorio de dedicar un lugar emblemático de Palma a su padre, uno de los políticos más relevantes de la Transición.

Con este propósito, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el primer edil ha propuesto la creación de una comisión que emitirá un informe sobre el lugar más adecuado para situar una placa en homenaje a Pons.

Esta comisión, según se ha establecido, estará formada por Pere Nicolau, Joan Huguet, Román Piña, Lluís Morell, Guillermo Reynés y Neus Cortés.

En representación del Ayuntamiento de Palma será el cronista de Ciutat, Tomeu Bestard, quien ejercerá como asesor y coordinador de la comisión, que estudiará diferentes opciones y decidirá de manera consensuada con la familia Pons el lugar más idóneo.

Félix Pons, Hijo Ilustre de Palma, está considerado uno de los políticos más relevantes de la Transición española. Llegó a ser presidente del Congreso de los Diputados entre los años 1986 y 1996.

Comprometido con los principios democráticos, que siempre defendió por encima de las ideologías, su presidencia fue reconocida por todos los grupos parlamentarios por su talante integrador.

Pons, junto al también palmesano Antonio Maura (1853-1925), de quien era descendiente, constituyen dos de las figuras más relevantes de la política española.

En este sentido, el alcalde de Palma ha manifestado que "es de justicia reconocer la figura de Félix Pons y honrar la memoria de un político que fue ejemplo de dignidad, coherencia y honradez".

La firma de hipotecas en Baleares vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 4,51% en julio


PALMA.- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares en julio ha aumentado un 4,51% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 18,82% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 857 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 5,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 196,28 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 5,18% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 16,48%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.107 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 287,89 millones de euros. De ellas, 31 fueron sobre fincas rústicas y 1.076 sobre urbanas.

De las 1.076 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Baleares, 857 fueron sobre viviendas; 8 en solares y 211 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 6 y en 2 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 272 hipotecas con cambios en sus condiciones, 264 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.199 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 778 correspondieron a viviendas, 56 a fincas rústicas, 350 a urbanas y 15 sobre solares.

Baleares lidera el gasto turístico de residentes nacionales tanto en destino como en origen


PALMA.- Baleares lidera el gasto medio diario de los turistas nacionales tanto en destino como en origen en el segundo trimestre del año, de tal manera que los ciudadanos de Baleares que viajaron a otra comunidad autónoma gastaron 100 euros al día y los residentes nacionales que viajaron a Baleares desembolsaron unos 110 euros diarios, según la Encuesta de Turismo de Residentes que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, los viajes de residentes nacionales a Baleares representaron respecto al total nacional en el segundo trimestre del año el 2,1% de los desplazamientos, hasta anotarse algo más de un millón de viajes. La duración media de las pernoctaciones fue de 3,7 con una tasa de 770 viajes por cada 1.000 habitantes.

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre son Andalucía (17,2% del total), Cataluña (13,2%) y Comunitat Valenciana (10,3%).

Por origen, los viajes realizados por los residentes en Baleares suponen el 2,1% del total en el segundo trimestre.

La encuesta indica que en todo el 2022, los viajes de residentes nacionales a Baleares aumentaron un 2,96% hasta anotarse 3,8 millones de desplazamientos.

En 2022 la duración media de los viajes de nacionales a Baleares fue de 4,5 días, un -9,4% menos respecto al año anterior y el gasto medio diario aumentó un 14,18% hasta 79,10 euros por persona y día. 

En conjunto, los viajes de nacionales a Baleares dejaron en 2022 un total de 1.267 millones de euros, un 6,5% más que el año anterior. 

Por otra parte, UniversalPay, proveedor líder en soluciones de pago, ha analizado las transacciones realizadas este verano a través sus terminales, en el sector turístico de las Islas Baleares. 

El estudio revela que la facturación ha crecido un 42,6% respecto al año pasado. Un importante aumento que consolida la recuperación de la comunidad autónoma tras la pandemia.

Además, se habrían duplicado el número de transacciones realizadas a través de tarjeta y otras soluciones sin contacto, lo que pone de manifiesto la preferencia de los turistas por este tipo de pagos durante sus vacaciones. 

A nivel económico, el mejor mes ha vuelto a ser julio. Le siguen de cerca agosto y junio, en ese orden.

Llegan a Mallorca dos pateras con 16 personas magrebíes a bordo


PALMA.- La Guardia Civil ha informado del rescate de dos pateras llegadas en las últimas horas a Mallorca con 16 personas de origen magrebí a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las a las 03.34 horas de este miércoles han sido interceptadas seis personas de origen magrebí en aparente buen estado de salud, en tierra, en la playa de la Colonia de Sant Jordi, con la intervención de la Guardia Civil.

Más tarde, a las 06.10 horas, se ha rescatado a diez personas de origen magrebí en aparente buen estado de salud, en alta mar, al sureste de la isla de Cabrera. En este rescate ha intervenido Servicio Provincial Marítimo de Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Baleares a la Ley por el derecho a la vivienda


MADRID.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite media docena de recursos contra diversos aspectos clave de la Ley de Vivienda. El pleno, por unanimidad, ha aceptado estudiar los recursos interpuestos por el Partido Popular y comunidades autónomas donde gobierna, como Andalucía, Madrid o Balears, así como el presentado por el Parlament de Catalunya. 

Los recursos cuestionan aspectos de competencia, al entender que la norma estatal invade el ámbito de acciones de las comunidades autónomas, pero también aspectos clave como la regulación de la vivienda protegida, de las zonas tensionadas y de los parques públicos de vivienda. 

La ley por el derecho a la vivienda entró en vigor a finales del pasado mes de mayo, aprobada con el voto en contra de las derechas de PP y Vox bajo la acusación de estar fomentando la 'okupación' ilegal desde el Boletín Oficial del Estado. 

La norma tiene 36 artículos que regulan, entre otras cosas, las zonas declaradas tensionadas, las políticas de vivienda protegida o de los parques públicos de vivienda o el concepto de gran tenedor y medidas a tomar desde las administraciones públicas. 

El PP trasladó su voto en contra de la tramitación parlamentaria de la ley al Tribunal Constitucional. Lo hizo tanto a través de su propio grupo parlamentario como a través de varias comunidades autónomas donde Gobierna: Andalucía, Madrid y Balears, cuyos recursos también han sido admitidos a trámite. 

Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, anunció que no aplicaría la normativa donde no sea obligatorio. La competencia en materia de regulación de la vivienda es de las comunidades autónomas.

En estos recursos, el PP y las comunidades cuestionan artículos que tienen que ver con estas competencias, que consideran invadidas, pero también aspectos clave de la norma: la definición de vivienda protegida, los derechos de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, la regulación de las zonas tensionadas, la regulación de los parques públicos de vivienda o la información que puede obtener un comprador en un proceso de adquisición de una vivienda.  

El pleno del Constitucional también ha admitido a trámite el recurso que presentó el Parlament de Catalunya, un recurso presentado con el apoyo entre otros de ERC, partido que apoyó la normativa en su tramitación parlamentaria. 

Este recurso ataca normativa sobre vivienda protegida o acciones en mercados tensionados pero, sobre todo, el artículo que define los fines de las políticas públicas de vivienda y que, entiende, invade competencias de la Generalitat de Catalunya. 

El precio de la vivienda se dispara más de un 75% en Palma desde el suelo de 2014


MADRID.- El precio de las casas en España se ha transformado en un monstruo imposible de controlar. Hay regiones en las que el valor de compra se ha disparado un 70% respecto al mínimo alcanzado en 2014, según la estadística de valor tasado de la vivienda que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y recoge Cinco Días

A partir de ese año, los precios empezaron a repuntar hasta alcanzar cifras que en algunos casos prácticamente duplican el valor de hace una década. El caso más paradigmático es Palma de Mallorca, donde el metro cuadrado ha pasado de 1.466 euros a 2.626 euros en el segundo trimestre de 2023.

Esta capital de provincia no es la única que padece el tensionamiento del mercado inmobiliario. En Málaga también se ha incrementado el precio de la vivienda libre en un 75% en los últimos diez años, pasando de 1.264 euros a 2.213 euros el metro cuadrado. Ambas ciudades se han convertido en los últimos años en referentes para el turismo de lujo, lo que ha obligado a que se atiendan dos demandas: la habitual de familias y la de inversores que están en busca de altas rentabilidades. 

Hace una década, tras el boom inmobiliario, las casas vacías en la costa se multiplicaron y los precios cayeron hasta un 10% interanual en el litoral mediterráneo, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles publicado por Tinsa. Pero a día de hoy, Palma y Málaga se han hecho atractivas para los fondos de inversión extranjeros pese a que la oferta de pisos es pequeña.

Valencia, Madrid y Barcelona son las otras capitales en las que también se deja notar con fuerza el alza en los precios de la vivienda desde el suelo alcanzado en 2014, cuando el mercado se empezó a recuperar de la crisis de 2008. Se han encarecido entre un 50% y un 60%, según los datos del Ministerio. 

En el caso de la capital española, esto significa que una persona ha pasado de pagar 2.372 euros el metro cuadrado a desembolsar 3.727 euros, una cifra imposible de pagar para todas las familias que apenas ganan el salario mínimo inter profesional -1.080 euros al mes-. En la capital catalana la diferencia supone pagar casi 1.200 euros más por el metro cuadrado y en Valencia unos 713 euros.

Mientras los precios se hacen imposibles de asumir, el mercado inmobiliario de lujo se sigue expandiendo en estas provincias. De hecho, Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona concentran el 70% de todos los inmuebles disponibles por encima del millón de euros, según datos del portal inmobiliario Idealista. La proporción es incluso mayor cuando se habla de casas superiores a los tres millones.

La preocupación por estos incesantes incrementos se extiende a todo el país. En estos 10 años el coste de la vivienda libre ha repuntado en promedio un 24%; unos 342 euros. Sin embargo, el salario medio apenas ha subido un 10% en el mismo periodo, lo que supone unos 200 euros más que en 2014, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. 

Si se analiza el ingreso medio de las comunidades en las que más ha repuntado el coste de las casas, se hacen más evidentes las dificultades a las que se tienen que enfrentar las familias para asumir el sobrecoste. 

En Baleares, por ejemplo, el salario medio bruto anual hasta 2021 -último dato actualizado- era de 29.022 euros. Esto significa que un trabajador promedio de esa localidad necesitaría dedicar su salario de ocho años para comprar una casa de 80 metros cuadrados en Mallorca. Su inaccesibilidad ha llevado este mes al Govern balear a plantearse un decreto sobre emergencia habitacional que tiene como objetivo sacar al mercado casas a precios más bajos.

En Andalucía la situación es similar. A día de hoy el salario medio es de 26.047 euros anuales, así que un empleado necesita siete años de su sueldo para comprar una casa promedio, que cuesta según los datos del Ministerio, casi 180.000 euros.

Los precios también están impactando en el tamaño de los pisos. Un informe publicado esta semana por la tasadora UVE Valoraciones muestra que en los últimos tres años ha disminuido la superficie media de las viviendas vendidas como consecuencia de las “dificultades de compra de los usuarios-propietarios que han tenido que renunciar” a varios metros cuadrados para poder comprar. 

Los datos recopilados por la tasadora muestran que en 2021, la superficie media registrada por los notarios era de 119 metros cuadrados, mientras que para el segundo trimestre de este año es de 110 metros cuadrados.

En paralelo, los precios han evolucionado mejor en las zonas turísticas que en las grandes ciudades porque en las primeras la proporción de inversores, que son los menos afectados por la subida de los tipos de interés, es mayor.

martes, septiembre 26, 2023

El Parlament balear valida el decreto que elimina el requisito de catalán para trabajar en la sanidad pública


PALMA.- El pleno del Parlament balear ha validado este martes el decreto de medidas urgentes en el ámbito sanitario y educativo y que, entre otras medidas, incluye la eliminación del requisito lingüístico de catalán para trabajar en la sanidad pública balear.

El texto ha sido convalidado con los votos a favor de PP y Vox el diputado de Sa Unió y el voto en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, tras haberse rechazado su tramitación como proyecto de ley.

En materia sanitaria el texto contiene medidas para captar y fidelizar a profesionales sanitarios y contempla la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas de muy difícil cobertura.

En este sentido, los médicos que acepten cubrir estas plazas podrían llegar a cobrar un complemento de 20.000 euros anuales, el triple de los complementos de difícil cobertura (6.600 euros para los A1 y a 4.800 euros el A2).

Cabe recordar, en relación al requisito lingüístico, que la propia consellera de Salud, Manuela García, reconoció que el Govern no tenía datos concretos sobre cuántos profesionales no venían a trabajar a Baleares o abandonaban el archipiélago por la cuestión lingüística.

En el ámbito educativo, destaca la gratuidad del primer ciclo de educación infantil --etapa educativa de cero a tres años-- en centros públicos y de la red complementaria, que está previsto que llegue a más de 11.000 alumnos de 194 centros. El decreto se concreta en 45.000 euros por aula.

El texto lo ha defendido ante la Cámara la consellera de Salud, Manuela García, aunque también lo firma el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. La responsable de Salud ha afirmado que la aprobación de este decreto era una "responsabilidad del Govern" y, en materia educativa, ha recordado que era una "injusticia" que las familias tuvieran que sostener el gasto de las primeras etapas educativos. 

"Aligeramos el peso económico injusto y priorizamos el acceso a la primera educación a colectivos en situación de riesgo pobreza y exclusión social", ha añadido.

En relación al decreto en el ámbito sanitario, que persigue la captación y fidelización de profesionales, García ha calificado de "alarmantes" las ratios de profesionales-pacientes en algunas especialidades y ha recordado que en los últimos ocho años a pesar de contar con más presupuesto, han aumentado las listas de espera quirúrgicas y de consulta con especialista.

Así, dado que el principal reto es poder contar con más profesionales, ha considerado como "imprescindibles" las medidas de captación y fidelización, entre ellas, la relativa al requisito lingüístico. Sobre esta última, únicamente ha afirmado que "no puede haber pacientes de primera y de segunda".

En su intervención, García ha adelantado que el Govern ya ha presentado la propuesta para que oncología médica de Can Misses sea considerado como puesto de muy difícil cobertura.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha celebrado que "nunca un Govern había hecho tanto en tan poco tiempo", en relación a las medidas contenidas en el decreto para los sectores educativo y sanitario.

Durán ha recordado que, en materia educativa, que existe el ambicioso objetivo de que a final de año, todos los centros sean gratuitos y se alcance la universalización y la gratuidad de los cero a los 18 años. "Replantéense su voto en contra, la sociedad no lo entendería", ha afirmado dirigiéndose a la oposición.

En relación al requisito lingüístico, la 'popular' ha recordado que el objetivo es captar profesionales sanitarios "vivan donde vivan y vengan de donde vengan". El objetivo, ha resumido, es garantizar a los pacientes una prestación adecuada. "Va a costar mucho tapar la nefasta gestión pero lo importante es empezar a hacerlo", ha concluido.

Además, ha acusado al anterior Govern de introducir excepciones al catalán "por la puerta de atrás" y con el conocimiento de los socios del Pacte. "Su voto en contra es una muestra de cinismo descomunal", ha añadido dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

La diputada de Vox María José Verdú ha celebrado la gratuidad de la etapa educativa 0-3 años en el actual contexto económico y ha achacado la falta de profesionales sanitarios a la "imposición" del requisito lingüístico "de una lengua regional".

 "La época de las imposiciones lingüísticas se ha acabado. Llega la época de la libertad", ha añadido.

En el turno de los grupos que han votado en contra, la diputada del PSIB Amanda Fernández ha lamentado que se hayan mezclado 'ous amb caragols' y el mismo decreto contenga la gratuidad de la etapa 0-3 años, una buena medida, con "un ataque y un menosprecio al catalán".

Fernández ha calificado la eliminación del requisito lingüístico como "el preludio de lo contenido en el acuerdo PP-Vox y de la estrategia para arrinconar el catalán". 

Para la diputada, la eliminación del requisito devaluará la sanidad pública porque supondrá una peor atención médica. La socialista ha instado al Govern a presentar dos decretos garantizando que votarían a favor de la gratuidad de las medidas en materia educativa.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha lamentado la improvisación del decreto, que ha calificado como un 'check' en la lista de puntos del acuerdo de investidura de Marga Prohens.

Ramon, en términos parecidos a la diputada socialista, ha lamentado la vinculación de una medida positiva como la gratuidad del primer ciclo educativo con la eliminación del requisito lingüístico, que ha descrito como "una medida para contentar a Vox".

Para MÉS per Mallorca, el catalán "vuelve a ser la cabeza de turco" de la falta de profesionales sanitarios, que depende de resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la infrafinanciación.

MÉS per Mallorca también ha instado a presentar dos textos separados, para votar a favor de las medidas de carácter educativo, y ha pedido la tramitación como proyecto de ley.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha sostenido que la regulación de las plazas de difícil cobertura solo sirven para "tapar" la medida totalmente injusta de eliminación del requisito lingüístico. "Fían a la eliminación del requisito la solución a los problemas de la sanidad pública", ha apuntado.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al PP de hacer trampas "no al solitario, sino acompañados". Ha asegurado que es falso que la exigencia del catalán esté detrás de la falta de profesionales sanitarios.

MÉS per Palma critica el "sin sentido" que supone la catalogación del monolito de Sa Feixina como Bien Patrimonial


PALMA.- MÉS per Palma ha criticado el "sin sentido" que supone la catalogación del monumento bélico de Sa Feixina como Bien Patrimonial, tras la votación de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca en la que PP y Vox han votado a favor de la protección del monolito que conmemora las gestas del crucero Baleares en el bando nacional durante la Guerra Civil y finalmente hundido el 6 de marzo de 1938 frente al Cabo de Palos, muy cerca de la base naval de Cartagena.

La formación ha opinado este martes en un comunicado que "la única intención que hay detrás de esta protección es el interés de exaltar la dictadura franquista". 

En este sentido, la regidora Kika Coll ha dicho que catalogar el monumento "es una muestra de odio hacia las víctimas del franquismo, ya que es un homenaje al miedo y la represión".

Los ecosoberanistas consideran que la defensa de este monumento demuestra que "las derechas de Mallorca y Baleares son antidemocráticas, herederas de la dictadura franquista y de la muerte". 

Por su parte, la concejal Neus Truyol ha recordado que durante 75 años "nunca se había planteado catalogarlo ni protegerlo".

Asimismo, desde MÉS per Palma, han defendido que "los informes técnicos del Servicio de Patrimonio del Consell de Mallorca, del año 2015", decía que "con el análisis del monumento en Baleares no se han encontrado valores patrimoniales que justifiquen la aplicación de alguna de las figuras de protección establecidas en la ley Llphib". 

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha señalado que "ha quedado demostrado que el PP se siente cómodo defendiendo la protección de un monumento fascista", en referencia al monolito de Sa Feixina.

Así se ha expresado el ecosoberanista este martes después de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca que ha propuesto ejecutar la sentencia judicial que protege el monolito de Sa Feixina e incluir el monumento en el listado de Bienes Catalogados.

La propuesta ha salido adelante con siete votos a favor, de PP y Vox, y cuatro en contra, de MÉS per Mallorca y PSIB, que habían pedido este lunes la retirada de este punto del orden del día de la Comisión.

En este sentido, Alzamora ha señalado que desde su formación "no pueden estar de acuerdo porque hay un recurso de amparo de la Asociación Memoria de Mallorca en el Tribunal Constitucional que no ha sido contestado".

Por otra parte, ha indicado que la Ley de Memoria Democrática "prevé que aquellos monumentos que hagan referencia al franquismo tienen que ser catalogados y eliminados". 

"El PP ha defendido de forma ideológica un monumento que tiene una clara connotación franquista", ha concluido.

El PP de Manacor pide que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario municipal


PALMA.- El PP de Manacor ha registrado una moción en el Ayuntamiento, para ser tratada en el próximo pleno, en la que piden que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario Municipal.

En una nota de prensa, el PP de Manacor ha informado del registro de una moción para ser tratada en el próximo Plenario municipal. La moción pide que las competencias relativas a movilidad --circulación y estacionamiento de vehículos-- vuelva al Plenario y no a la Comisión de gobierno.

Desde hace numerosas legislaturas el Ayuntamiento de Manacor ha contado con un equipo de gobierno formado gracias a la obtención de una mayoría absoluta en el Pleno. Por este motivo, ha señalado, existía una concordancia entre los acuerdos del Pleno y las resoluciones de Alcaldía.

"La legitimidad democrática radica en el hecho de que las decisiones de gobierno del municipio se sustenten en la representación que la ciudadanía ha otorgado y que se refleja en la composición del Pleno", ha subrayado el PP de Manacor.

Pero, ha precisado, en esta legislatura, el equipo de gobierno "no cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros del Pleno, representantes de la ciudadanía", y es por este motivo que, según ha considerado, "se han de ajustar a la nueva realidad fruto de las urnas y de los pactos post electorales las atribuciones de los órganos de Alcaldía y Junta de Gobierno Local".

Así, el PP de Manacor ha pedido que varios artículos de las Ordenanzas relativas a la movilidad en el municipio "se cambien para adaptarlas a esta nueva realidad" y que "sea el Plenario municipal al completo quien se pronuncie antes de ejecutar cualquier cambio de calado en estas áreas".

Vox desenmascara a "Mercadona" por identificarse con la más que dudosa Agenda 2030

 


MADRID/VALENCIA.- La cadena de supermercados españoles Mercadona celebraba esta semana el octavo aniversario de su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba que quiere seguir «trabajando para alcanzar un futuro más sostenible». 

En la práctica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se resumen en un conjunto de medidas no votadas por los ciudadanos sino aceptadas por la gran mayoría de dirigentes políticos occidentales a través de lobbies, y que en la práctica supone la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, a la vida y las raíces de Occidente. 

En este sentido, impone el «fanatismo climático», la ideología de género y alienta las avalanchas migratorias con el perjuicio inexorable a la prosperidad de las familias, al sector primario y a la industria.  

La polémica llegaba cuando muchos usuarios respondían al mensaje publicado en Twitter afirmando que no volverían a comprar en ninguna de sus tiendas. 

Incluso Vox, partido que ha defendido en incontables ocasiones a la empresa española y a su dueño, Juan Roig, de los ataques sufridos de manera habitual por Podemos, se hacía eco de la publicación y mostraba su sorpresa por el hecho de que «una empresa privada se dedique a hacer campañas políticas, enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y el progreso de todos los españoles».  

Por su parte, la síndica de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha asegurado que lo que critican es que una empresa "alce la bandera" de los ODS, con los que Vox está "totalmente en contra". 

"Y lo vamos a seguir defendiendo", dijo tras rechazar que la cadena de supermercados defienda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

lunes, septiembre 25, 2023

Peligran 344 millones de fondos europeos para Baleares al no tramitar Armengol proyectos para gastarlos


PALMA.- Peligran 344 millones de fondos europeos Next Generation para Baleares al no haber tramitado el anterior Ejecutivo autonómico presidido hasta el pasado 7 de julio por la actual presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, proyecto alguno para gastarlos, según okDiario.

En total, el Gobierno central asignó a las Islas 1.014 millones de euros destinados a diferentes áreas como agricultura, salud, cultura, vivienda, igualdad, medio ambiente, pymes, turismo, etcétera.

En algunos casos los importes aprobados son de enjundia como en iniciativas para el sector turístico, que suman un total de 250 millones; para educación son 126; energía 262, o vivienda, 98 millones.

A 30 junio, el anterior Govern había movilizado y realizado algún tipo de tramitación presupuestaria, reserva de crédito o autorizaciones de diferentes proyectos, por valor de 670 millones. En consecuencia, a día de hoy, hay 344 millones de euros sin tocar y hay diferentes áreas y departamentos autonómicos donde la situación es más que preocupante.

Para asuntos de digitalización, de los 31 millones asignados, sólo han sido gastados 144.000 euros, apenas el 0,46% del total por lo que, en este caso, el riesgo de perder esos fondos es elevadísimo, así como en iniciativas vinculadas al área de energía, donde sólo se ha ejecutado un 13,9% del montante global.

En otros casos la situación de inoperatividad no alcanza esos niveles dramáticos, como en materia de ocupación donde ya se han destinado a diferentes proyectos el 49% del total millonario asignado; 52% lleva ya empleados el área cultura, o un 65% las iniciativas en materia de movilidad.

En otras áreas el riesgo de perder esas inversiones es muy elevado. El caso más llamativo es en proyectos relacionadas con el sector turístico donde sólo hay movilizados el 31,4% del total de 250 millones. En suma hay 134 millones sin destino alguno.

Esta misma semana el actual Govern de la popular Marga Prohens reconocía que pondrá en marcha toda la maquinaria para intentar que no se pierda un euro, «pero no sabemos si seremos capaces», porque el termino para su tramitación en algunos casos lleva la fecha límite de 31 de diciembre de 2023 y en otros, un año después.

Como admitió el vicepresidente, conseller de Economía, Hacienda e Innovación y portavoz, Toni Costa, en la pasada Comisión de Hacienda, «tenemos que poner en marcha proyectos que sean factibles para no perder un euro. Pero la situación es la que es”.

En el apartado del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial Balear (REB) dentro de los Presupuestos Generales del Estado hay dos anualidades, una de 2022 por un total de 109 millones y otra del presente año de 103 millones (212 millones en total) que se tienen que ejecutar antes de 31 diciembre 2024.

En estos momentos, el nivel de gasto no llega ni a los 40 millones de euros, (un 19% del total) por lo que el riesgo de perder buena parte del montante es incluso más elevado que en los fondos Next Generation.

Costa achacó esta falta de iniciativas y proyectos a la forma de proceder del anterior Ejecutivo. «Asignaban financiación a ideas, no a proyectos, y después para desarrollar ese proyecto puede tardar años. Pero si no hay proyectos, no hay ejecución. Ahora pedimos proyectos a ejecutar para que puedan ser licitados y después buscar financiación, pero no al revés: primero financiación y después proyectos».

Éxodo de 127 guardias civiles en Baleares al no poder pagar el alquiler de una casa


MADRID.- La Guardia Civil en Baleares necesita urgentemente refuerzos y la sangría de agentes no cesa. Este lunes se oficializaban los nuevos destinos de miles de guardias civiles en toda España, y el déficit en Baleares sigue aumentando. Entran 47 nuevos agentes y se van 174. En total, la Comunidad autónoma pierde 127 efectivos, en un éxodo marcado por el coste disparado de la vivienda que ha llevado a los guardias a dormir incluso en caravanas.

J.S.H, de San José de Ibiza pasa a estar destinado en Murcia; R.G.D, de Mallorca a Alicante; A.G.M, de Llucmajor a Madrid; D.D.O, de Mallorca a Vitoria. Y así, hasta 174 agentes. Esa es la lista que publicó la semana pasada el Boletín Oficial de la Guardia Civil en la resolución por la que se destina a sus nuevos puestos, texto reservado a consumo interno al que ha tenido acceso okDiario. La salida se produce en las modalidades de Antigüedad, Méritos y Libre Designación.

De esa forma, Baleares pierde desde esta misma semana 127 agentes de la Guardia Civil -descontando los 47 nuevos que llegan-, dejando a la Comunidad en una situación preocupante para Interior. AUGC había advertido a la Dirección General que hacían falta 600 agentes más en Baleares para evitar la saturación en algunos puntos con gran carga de trabajo, especialmente en zonas de gran afluencia de turismo. Sin embargo, en vez de aliviar el déficit, éste es cada vez mayor.

Actualmente, explican fuentes de la Guardia Civil en Baleares, en el archipiélago hay destinados alrededor de 1.700 agentes -cifra actualizada tras la salida de esos 127 guardias-. Es una dotación que para las asociaciones es a todas luces insuficiente.

El principal problema para los agentes en Baleares, tal y como vienen denunciando desde hace años, es el coste de la vivienda. Con los precios de compra y de alquiler disparados, y con un parque residencial cada vez más enfocado al turismo ocasional, la Comunidad se ha convertido en inaccesible para muchos de los funcionarios comisionados en alguna de sus islas. Y no hay plazas suficientes, ni mucho menos, en las casas cuartel.

Basten estos datos como botón de muestra: cinco de los seis municipios con la vivienda más cara de España están en Baleares; en algunos puntos de las islas, el precio se ha disparado por encima del 18% en sólo un año; y, respecto a hace una década, el precio se ha disparado en general un 73%.

Con los precios más altos del país, Interior se ha negado a darle a los guardias civiles de Baleares la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que permitiría adoptar medidas para garantizar el acceso a la vivienda y compensar el coste de la insularidad.

Según recuerdan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), esta problemática «ha llevado a que muchos efectivos opten por abandonar las islas en busca de condiciones de vida más adecuadas».

Baleares se ha convertido, dicen, en un «destino a evitar» para los guardias civiles «debido a la carestía de la vida y, en particular, a la escasez de viviendas asequibles».

«La dificultad de encontrar alojamiento asequible ha generado una situación insostenible para aquellos que prestan servicio en estas islas. Recordamos que a principios de este verano varios guardias civiles tuvieron que dormir en caravanas ante la imposibilidad de encontrar alojamiento», señalan desde AUGC.

Lo que reclaman a Grande-Marlaska es que el destino en Baleares sea considerado preferente. «Esto implicaría que los efectivos que completen tres años de servicio en las islas tengan prioridad al solicitar su siguiente destino. Esta medida no solo ayudaría a retener a los guardias civiles en Baleares, sino que también contribuiría a paliar la actual falta de personal en la región».

En la actualidad, la mayoría de los agentes destinados en Baleares optan por cambiar de destino después de cumplir el año obligatorio, lo que agrava aún más la escasez de efectivos en la región.

Los técnicos tributarios de Baleares presentan alegaciones a la supresión del impuesto de sucesiones


IBIZA.- Joan Torres TorresPALMA.- La Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APttCB) ha presentado ya un escrito de alegaciones sobre el Decreto Ley 4/2023, de la supresión y recorte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así lo anuncia Joan Torres Torres, presidente de la APttCB: «Creemos que estos cambios ayudarán a que la economía crezca», ha dicho al Periódico de Ibiza y Formentera.

El punto número uno del escrito elaborado por los Técnicos Tributarios engloba los beneficios en materia del ITP. El Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023, de 18 de julio, contempla la supresión del ITP para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad en la compra de la primera residencia habitual en inmuebles cuyo coste no supere los 270.151,20€, y una bonificación del 50% del mismo impuesto para jóvenes menores de 36 años, familias con personas con discapacidad a su cargo, familias numerosas y monoparentales en la compra de la primera residencia habitual si su precio no supera los 350.000 euros.

«Nosotros nos oponemos a estos topes», explica Torres, recordando los altos precios de la vivienda en las Baleares. «Según el decreto, si el inmueble supera esos precios, las personas no pueden beneficiarse de la rebaja fiscal. Desde la APttCB decimos que, como los precios están tan altos, la diferencia del límite marcado al precio de la vivienda se deba tributar», comenta el ibicenco.

 Es decir, abrir la posibilidad de poder beneficiarse de la supresión del ITP en más ocasiones, no solo con los inmuebles que rebajen esos 270.151,20€ o los 350.000€, dependiendo del caso, pero solo hasta esos límites. Lo que exceda del precio tributará como hasta ahora.

 «En el caso de Ibiza y Formentera», dice Torres, «los precios son mucho más elevados, por eso pedimos que el importe límite suba en las Pitiusas hasta los 350.000 euros en todos los casos».

Además, en este aspecto, los Técnicos Tributarios solicitan que las bonificaciones fiscales se apliquen también a las viviendas de nueva construcción, no solo a las de segunda mano. «Las viviendas nuevas van sujetas al IVA, no al ITP. Claro, la comunidad autónoma no tiene competencias en IVA, es el Estado», expone Torres, anticipando el problema a la vista. 

Sin embargo, este colectivo propone una solución: «Cuando hacen declaraciones vinculadas a las operaciones de primeras copias de escrituras y actas notariales con la primera escritura, van por Actos Jurídicos Documentados y se paga al 1,2%. Pedimos que este acto, que sí que es competencia de la autonomía, se bonifique al 100%». 

El artículo tercero del Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se centra en la bonificación en las adquisiciones de sujetos pasivos incluidos en los grupos I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes). 

«La ley dice que el límite para la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) es que no se supere el valor real, pero este ya no existe según la Ley Antifraude», indica Torres. El valor real, según explica el ibicenco, es un «valor hipotético que te podrían llegar a pagar» mientras que el valor de mercado es «el que realmente te pagan».

La APttCB cree entonces que el concepto de valor real debería cambiarse a valor de referencia. Este valor, sin embargo, está reducido para que no llegue al valor de mercado: «La Ley Antifraude dijo que se aplicase un factor de minoración, que consiste en multiplicar el valor de mercado por 0,9». 

«Aquí ahora es al revés: como no se paga en sucesiones, beneficia hinchar los precios», afirma el ibicenco. Para ello, los asesores fiscales proponen que se incremente el valor referencial multiplicándolo por 1,111 y así consiguiendo que sea lo más equiparable al valor de mercado posible.

«La discusión es que mucha gente podría decir: ‘No, si me haces poner el valor de referencia y luego vendo, me estás perjudicando porque realmente podría poner un valor mayor, ya que la ley me lo permite, y venderlo al mismo valor que he puesto sobre el ISD. Por lo tanto, no habría ganancia patrimonial», aclara Torres. 

El presidente de la APttCB explica que, entonces, el Govern limita de cierta manera la bonificación del 100% hasta el valor de referencia. «Nosotros decimos que se deje el valor de referencia pero que se dé la posibilidad de incrementarlo, sin obligación, hasta el valor del mercado», reitera.

En el supuesto que no que no exista valor de referencia, se aplicaría la instrucción 1/2019, de 4 de octubre, del Administrador Tributario de la ATIB incrementado, con el objetivo de equiparar el valor lo máximo posible al precio de mercado. El valor resultante de la instrucción sería incrementado entonces entre un 40 y un 60%. 

Sobre que en el Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se especifique que todo deberá quedar en escritura pública, el documento de alegaciones recomienda que en los casos de que haya un solo heredero no sea obligatorio. Torres explica que, haciendo de la escritura pública un requisito, puede que al heredero le toque pagar más incluso beneficiándose de la supresión del ISD. «Sería injusto, por eso creemos que debería ser obligatorio tan solo en los casos que una norma legal así lo disponga».

El punto tres del documento de alegaciones se enfoca en las bonificaciones de herencias de sujetos pasivos del grupo III (hermanos, sobrinos y tíos). En el caso de que personas del grupo III coincidan con descendientes o adoptados del causante, entendiendo que ninguno de estos esté desheredado, los asesores fiscales ven correcta la bonificación del 25% en el ISD. 

En el caso de que no haya personas del grupo I y II, o que estas estén desheredadas, la APttCB propone aumentar la bonificación de los sujetos del grupo III e incluso del grupo IV del 50% al 100%: «Cuando tengan consideración de pariente más próximo, que no haya otro antes, se deberán beneficiar de la supresión total del ISD».

«¿Qué quiere decir esto? Si no hay hijos pero sí sobrinos, y tiene que heredar el sobrino, que este tenga la bonificación del 100% como tendrían los hijos», ejemplifica Torres, recordando que hay muchas parejas o matrimonios que no tienen hijos.

 «Nosotros decimos que se pase del 50% de bonificación marcado en el Proyecto de Ley hasta el 100% para así poder aceptar la herencia y seguir con el desarrollo económico», expresa el presidente de la asociación.

El último apartado del escrito gira en torno a las reparticiones de las herencias. En los casos en los que hay un testamento, los bienes quedan repartidos conforme así lo estipule el escrito. «Cuando no hay testamento, sin embargo, todos heredan por igual», explica Torres.

 Esto puede generar conflictos porque, según indica el ibicenco, es muy difícil dividir en partes iguales una herencia: «Imagínate que son dos hermanos y tienen que heredar una casa, es imposible. O, por ejemplo, que hay dos pisos y uno cuesta más que el otro».

«Pongamos que a uno de los hijos su padre le pagó la carrera y por eso se conforma con el piso barato. Esta renuncia lleva a que el hermano tenga que pagar el ISD y que quizá el otro obtenga ganancia patrimonial», expone el presidente de la APttCB. 

Por esta razón, alegan que este exceso que se da en los acuerdos de partición, debido a la imposibilidad de conseguir partes iguales para todos los herederos, se bonifique al 100% en el Impuesto de Donaciones. 

«Entendemos que, cuando hay acuerdos, no se deberían pagar excesos de adjudicación por temas de estos, cuando es imposible partir las herencias», afirma Torres.

Torres aprovecha la ocasión para recordar a Benjamin Franklin: «Decía que hay dos cosas que están claras: la muerte y los impuestos. Sin los impuestos, un Estado no funciona». 

El ibicenco reitera la idea de la APttCB de que el ISD va en contra del desarrollo económico: «Fuera del grado I y II hay que pagar burradas. Puede haber casos, por ejemplo, del grupo IV que van a recibir la herencia de un tío abuelo de 600.000€ y tienen que pagar casi 240.000€.

 ¿Esto qué puede provocar? Pues que renuncien a la herencia, que ocurre mucho. Esto no ayuda al desarrollo económico».

 «Por eso creemos», continuó, «que la supresión del ISD puede ayudar mucho al desarrollo económico: si es una empresa, la pondrás a funcionar; si es una casa, la podrás reformar, etc. Todo esto a efectos de IVA e IRPF genera ingresos. Lo que deja de recaudar la comunidad por un lado lo recauda del otro».

¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

 


LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

 

 


MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

 


MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

Alarma por el hundimiento del 50% de la aviación comercial en Alemania



FRÁNCFORT.- La aviación está hoy muy lejos de retornar a la normalidad previa al Covid en Alemania. Los vuelos interiores punto a punto están un 50 por ciento por debajo de 2019. Si no fuera que China está aún peor, Alemania saldría como uno de los países ‘grandes’ en peores condiciones. Las aerolíneas se quejan o se marchan. Como siempre, la que se queja haciendo más ruido es Ryanair. Pero Easyjet, que no ha protestado, ha reducido su actividad significativamente.

Ahora BDL, la patronal de la aviación, en la que obviamente Lufthansa tiene la voz cantante, se ha sumado a las protestas con una dura acusación de Matthias von Randow, su presidente, que ha aprovechado una entrevista en el dominical del Die Welt, para decir que los costes que tienen que asumir son abrumadores. “Lo que necesitamos es una moratoria sobre las tarifas de transporte aéreo. Las cargas que soportamos no deben seguir subiendo”, remarca.

Según Von Randow, “una de las principales razones de la desaparición de la oferta de vuelos en Alemania es el enorme aumento de los costes”. Los impuestos estatales para un A320, por ejemplo, son entre tres o cuatro veces más elevados en Alemania que en Francia o España, equivalentes a 4.000 euros por vuelo.

Las aerolíneas se oponen a que los aeropuertos trasladen sus pérdidas a las aerolíneas y también esperan que los costes brutales de reducir las emisiones contaminantes caigan exclusivamente sobre ellas y sus clientes. “Los miles de millones de euros procedentes de los ingresos del impuesto al tráfico aéreo deberían utilizarse para este fin”, dice Von Randow.