El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».

Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 

«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.

La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 

Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.

Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.

También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 

De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.

Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

'Ryanair' pone en marcha una nueva ruta entre Valladolid y Palma que operará de junio a septiembre

VALLADOLID.- Ryanair ha anunciado hoy una nueva ruta entre Valladolid y Palma que operará durante la temporada alta de verano de 2018, de junio a septiembre, y estará a la venta en la página web de Ryanair a partir de hoy.

Gracias a esta ampliación del calendario de verano 2018, los clientes de Ryanair podrán disfrutar más opciones, con tarifas incluso más económicas, así como de las últimas novedades de su programa de atención al cliente, 'Siempre Mejorando', según ha explicado la compañía.

«Estamos encantados de anunciar este nuevo enlace entre Valladolid y Palma», ha asegurado Alejandra Ruiz, de Ryanair, quien ha precisado que este servicio operará entre junio y septiembre y ofrecerá «incluso» más opciones para los clientes.

Para celebrarlo, Ryanair ha lanzado una oferta de asientos en esta ruta desde tan solo 19,99 euros para viajar en junio. Esta promoción está disponible hasta el viernes, 27 de abril, a través de la página web de la compañía.

Prohibir todos los pisos turísticos: la radical solución de Palma al problema de 'AirBnb'

MADRID.- Las ciudades de medio mundo llevan varios años enfrascadas en un dilema, a priori, irresoluble: ¿cómo limitar el impacto negativo del turismo al mismo tiempo que disfrutando del impacto positivo del turismo? En el ojo del huracán casi siempre se ha encontrado AirBnb, la revolución total del alojamiento turístico que poco a poco ha dinamitado el negocio hostelero. Pues bien, en Palma han llegado a la solución más extrema de cuantas hemos conocido: prohibir los pisos turísticos, recuerda https://m.magnet.xataka.com.

¿Cuándo empieza? La medida entrará en vigor cuando se aprobada definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Palma en julio. Cuenta con el respaldo del equipo de gobierno municipal (PSOE, Més y Podem). En agosto del año pasado el gobierno autonómico balear prohibió virtualmente el arrendamiento de pisos con fines turísticos (corto plazo), pero delegó en cada municipio la decisión final. En Palma, tras diversos estudios y varios meses de trabajo, es firme: acabar con ellos.

¿Por qué? Según el gobierno municipal, AirBnb está inflando artificialmente el mercado de alquiler residencial, no turístico, en Palma. Para ello, se ampara en varios datos: durante los últimos tres años, el número de pisos turísticos en la ciudad aumentó en un 50%, situándose en los 11.000 (de los cuales sólo unos 600 están regulados; al mismo tiempo, los alquileres a largo plazo en Palma han aumentado un 40%. Para el ayuntamiento, correlación, esta vez, implica causalidad.

¿Cómo me afecta? Si aspiras a vivir en Palma, quizá los alquileres sean más asequibles; si vives en Palma y cuentas con una segunda vivienda, tu negocio acaba de morir; si vives en Palma y alquilas tu piso cuando te vas de vacaciones, eres el perdedor marginal (y fiel al espíritu de AirBnb); si eres un turista, tendrás que recurrir a alojamientos reglados; si estás al frente de un agregador, como TripAdvisor, ya lo sabías: en marzo recibió una multa de 300.000 € por publicitar pisos no regulados.

¿Por qué es importante? Porque es la primera ciudad en España que adopta una medida semejante. Su localización no es casual: Palma es una de las ciudades donde más residentes extranjeros viven a lo largo del año y que más turismo reciben en temporada alta (casi ocho meses). Al igual que Ibiza o Menorca, las Islas Baleares temen el espejo de Venecia, una ciudad ya únicamente orientada al turista. Si sale bien, quizá otras ciudades sigan su camino.

¿Funcionará? Es la pregunta del millón. Ciudades como San Francisco o Nueva York ya han probado a regular AirBnb: en general ha ido bien, pero los efectos en el precio del alquiler (el caballo de batalla principal de los ayuntamientos) no han sido concluyentes. Palma seguramente logre regular el mercado y obligar a todos los actores a ser legales (registrados, pagando impuestos). 

De ahí a solucionar el acuciante, transversal problema del alquiler median demasiadas incógnitas.

Una larga exposición al ruido puede afectar a la salud de las personas con muerte prematura

MADRID.- El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno y es "invisible". Sin embargo, hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto "natural" del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y controlar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es "una amenaza infravalorada". Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero no somos demasiado conscientes de que una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición.
La Sociedad Española de Acústica este 25 de Abril como otros años, promoverá el cuidado acústico para conservar el medio ambiente, mejorar la audición de las personas y evitar las molestias típicas del ruido, concienciando a la población sobre este tema.
El ruido se encuentra entre los cuatro factores medioambientales con mayor impacto en la salud; provoca al menos 10.000 casos de muertes prematuras anuales en la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea.
Casi un tercio de los españoles declara sufrir molestias por ruidos generados en el exterior de sus viviendas y, además, uno de cada cuatro está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea (55 dB durante el día y 50 dB por la noche, según recoge el informe DKV Seguros).La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que es el causante de más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios.
La recomendación de la OMS es no superar el tope de 65 decibelios de ruido durante el día y los 55 decibelios durante la noche. Una recomendación que no siempre se cumple. De hecho, el 20 por ciento de la población europea está expuesto a los niveles recomendados para el día y un 30 por ciento durante la noche, según la OMS.
En España estos niveles tampoco se cumplen en todos los casos, aunque es difícil comparar el grado de incumplimiento ya que, aunque existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a medir y proponer soluciones para el ruido, en España los mapas estratégicos de ruido no son elaborados por un único organismo que realice las mismas mediciones en distintos lugares sino que la responsabilidad de hacerlos cae en una amplia variedad de administraciones.
Así, cada ayuntamiento es responsable de medir el ruido en su municipio, mientras que el Ministerio de Fomento lo hace para la Red de carreteras del Estado y para los grandes ejes ferroviarios, las comunidades autónomas y diputaciones para la red secundaria de carreteras y ferrocariles.
De acuerdo a la última comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la Comisión Europea, correspondiente a marzo de 2016, el concello de Vigo es, proporcionalmente, la aglomeraciones urbana de más de 100.000 habitantes más ruidosa de España.
El 53,6% de la población está expuesto a un nivel de ruido superior a lo recomendado por la OMS para el día y el 71% a lo recomendado por la noche. La gran mayoría de ese ruido en Vigo proviene del tráfico rodado, hasta el punto de representar el 85,67% de población expuesta a niveles superiores de 55 decibelios, según la última actualización de su mapa del ruido.
Le siguen en el ranking de aglomeraciones 'ruidosas' durante el día las comarcas de Gironés y Barcelona, Logroño, Castellón de la Plana, La Coruña y Getafe.  
La Ley del Ruido, aprobada en 2003, define unos objetivos de calidad acústica para toda España, establece la obligación de realizar planes de acción para combatir el ruido y define incumplimientos de manera genérica, aunque en último término son los ayuntamientos los encargados de fijar la cuantía de multas para esas infracciones mediante ordenanzas, ya que tienen la potestad sancionadora para imponerlas.
Pero las ciudades no son los únicos puntos que soportan elevados niveles de ruido. Las carreteras que cruzan de punta a punta la geografía española son un importante foco de ruido que afecta a los habitantes que viven cerca.
La mayoría de tramos de carretera que encabezan el ranking de ruido son vías secundarias que atraviesan núcleos de población, mientras que las autovías, en general más aisladas, ocupan puestos mucho menores.
En cuanto a los aeropuertos, lógicamente el ranking se ve afectado por el tráfico de vuelos. En el primer puesto aparece el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Aunque si se tiene en cuenta los niveles de ruido recomendados para la noche la cosa cambia y el primer lugar pasa a ocuparlo el aeropuerto de Ibiza.

Macrooperación contra clanes de droga en Mallorca

MADRID.- La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a más de 20 personas en una macrooperación contra los clanes de la droga en el poblado de Son Banya, en Mallorca, han indicado hoy fuentes de la investigación.

En la operación se han desarticulado las principales organizaciones de venta de droga en la isla balear y se ha detenido a la mayoría de los cabecillas de los clanes que se refugian en este poblado marginal cercano a Palma de Mallorca.

Las mismas fuentes han indicado que en el operativo, desarrollado esta madrugada, han participado más de 200 agentes del instituto armado.

Parte de los guardias civiles desplegados se han desplazado hasta Mallorca para intervenir en la macrorredada, que se centra en el principal foco de distribución y venta de drogas de Baleares.

Además de en Son Banya, se han producido registros en inmuebles de otros puntos de Palma y también de diferentes localidades de Mallorca.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan a cabo intervenciones contra el tráfico de drogas en el poblado, un asentamiento que el Ayuntamiento de Palma se propone desmantelar.

Recientemente se paralizó por orden judicial la operación de derribo de 45 viviendas de Son Banya a la espera de que el consistorio diseñe un plan de desalojo paulatino para los residentes en el poblado, creado en 1970 como asentamiento provisional para familias gitanas que vivían en chabolas.

Puigdemont, president / Ramón Cotarelo *

La decisión de la mesa del Parlament de admitir la delegación del voto de Comín ha provocado un auténtico guirigay. El País, fervoroso defensor de M. Rajoy, se lanza al panegírico: "El PP ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña". Sería la primera vez. 

Añade el diario que ni PP ni C's ni PSC impugnarán la delegación de voto, segunda después de la de Carles Puigdemont. Y esgrime una poderosa razón: hay que evitar nuevas elecciones.

Pero nada de eso es seguro. El Confidencial avisa de que Rajoy estudiará "acciones legales" por el voto delegado de Comín. Tanto no parece dispuesto a ayudar a la formación de un gobierno catalán. 

A su vez, el PSC también anuncia que recurrirá la delegación de voto de Comín y anima al Tribunal Constitucional a actuar de oficio para impedirla. La tal delegación resulta problemática. Quizá los de C's la acepten, pero no encaja tampoco en su ánimo normal.

Puede que la finalidad esgrimida por el B155 de evitar las elecciones sea inalcanzable si quienes quieren descartarlas hacen todo lo posible por traerlas. Estos recursos postergarán el pleno de investidura y harán perder un tiempo precioso. Recuérdese, queda un mes para la convocatoria automática. 

En el ínterin, el pleno abordará el próximo 3 de mayo la reforma relámpago de la Ley de la Presidencia para posibilitar la investidura a distancia de Puigdemont. A favor de ese paso vota todo el bloque indepe, incluida la CUP. Mayoría absoluta. 

Cuando falten quince días para la convocatoria automática, el gobierno de España se encontrará con una decisión del Parlament por mayoría absoluta de investir al "prófugo" Puigdemont. Puigdemont o elecciones. La ineptitud del gobierno español lo obliga a elegir entre dos formas de derrota. 

Tolera la investidura a distancia y desactiva toda su política represiva, incluido el frente judicial,  o se arriesga a una victoria independentista abrumadora en lista de país que solo podría evitarse convirtiendo las elecciones en la misma farsa en que se ha convertido la acción de los tribunales. 

Hay que hacer trampas

Ya es extraño el titular del periódico de La Moncloa: "Rajoy se resiste a profundizar el 155 aunque haya elecciones". Está repleto de sobreentendidos y subentendidos. Si "Rajoy se resiste" es porque alguien le presiona en un sentido que a él no le gusta; indudablemente, el de "profundizar el 155". 

¿Quién puede ser? Indudablemente, el propio El País, fiero guerrero de la unidad de España; pero seguramente no en nombre propio sino de los "halcones" del gobierno, sobre todo las "halconas".

Porque ¿qué diantres quiere decir "profundizar el 155". Aparte de la detestable sintaxis, ¿qué significa "profudizar" un artículo de una ley? Está claro, endurecerlo, hacerlo más exigente, más restrictivo. ¿Cómo? 

Varias formas son evidentes: intervenir y censurar TV3, ilegalizar organizaciones sociales y/o políticas independentistas. Y, por esa vía, hasta el destino de tropas en Catalunya. ¿No está ya la Guardia Civil, que es un cuerpo de naturaleza militar? 

De esa forma se hará realidad la mentira propalada por Pedro Sánchez en el extranjero de que, siendo España un Estado de derecho, cabe defender todas las opiniones políticas. Mentira. Las independentistas no se pueden mantener. Son tratadas como delitos. Aquí ya son delito hasta los colores.

El titular aun es más perverso y amenazador. La conjunción adversativa, "aunque" delata la intencionalidad. Rajoy se resiste a aumentar su dictadura, aunque haya elecciones. Esto es, la cercanía de elecciones parece a El País motivo suficiente para intensificar la dictadura. 

No le da vergüenza alguna porque pertenece a esa  corriente "democrática" que solo convoca elecciones si las gana al precio que sea, incluso al de hacer trampas. Está en juego la unidad de la patria y, ya se sabe: con razón o sin ella. 

De ahí que estos paladines del tongo patriótico se escandalicen de que M. Rajoy "se resista" a "profundizar" (o sea a reprimir más y más injustamente) el 155, el artículo de plenos poderes.

Eso pasa hoy día por periodismo serio.

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Baleares junto a otras CC AA liderará el crecimiento español durante 2018, según BBVA

MADRID.- La Región de Murcia, Madrid, Aragón, País Vasco y Baleares liderarán el crecimiento de España en 2018, con un aumento de sus economías superior al 3%, según las estimaciones de BBVA Research, que apunta a que la mejora del entorno exterior, que potencia las exportaciones de bienes, es una de las principales claves de la revisión al alza del crecimiento de España, hasta el 2,9%.

Las revisiones en la contabilidad regional, que introducen una aceleración en las comunidades del Cantábrico (Asturias, Cantabria, Aragón y País Vasco), el impacto de la incertidumbre en Cataluña, una política monetaria que continúa siendo laxa y una política fiscal que será algo más expansiva, contribuyen también a justificar el aumento de las expectativas de crecimiento de las distintas comunidades autónomas.

La mejora del sector exterior es la principal clave para la revisión al alza del crecimiento en España en 2018. Según el Observatorio Regional de BBVA Research, las regiones más favorecidas por esta situación son la Región de Murcia (+0,8 puntos porcentuales), Asturias, Aragón y Madrid (+0,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (+0,6 puntos).

Junto con las cinco comunidades que más crecerán, figuran asimismo, con una tasa del 3%, Cantabria, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Asturias. 

Igualando el crecimiento medio del conjunto de España (2,9%), aparecen Canarias y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades crecerán por debajo: Andalucía (2,7%), Castilla y León (2,5%), Cataluña (2,5%), Extremadura (2,7%) y La Rioja (2,6%).

De cara al próximo año, cuando se espera un crecimiento del PIB del 2,5%, las previsiones de la entidad financiera apuntan a que el liderazgo del crecimiento virará en mayor medida hacia el norte peninsular, gracias a la aceleración de las exportaciones y el menor impulso del turismo y la demanda interna.

Aumentos salariales en algunas CCAA

Por otro lado, la gran creación de empleo en los últimos dos años y las perspectivas de evolución favorable del mercado de trabajo pueden comenzar a traducirse en aumentos salariales en algunas comunidades. Esto podría deberse a la fuerte reducción de la tasa de paro en ciertas regiones, que podría comenzar a mostrar una falta de empleados cualificados en el sector industrial (especialmente en comunidades del Norte, como Navarra) o en servicios turísticos (por ejemplo, en Baleares).

La desaceleración de la demanda interna, ya anunciada en trimestres anteriores, afectará al turismo nacional. La Región de Murcia, Andalucia, Comunidad Valenciana y Cataluña, además de Galicia y Madrid, serán las comunidades que más se resientan por esta situación, ya que al efecto propio de su demanda interna cabe añadir el que se pueda generar por ser los principales destinos de estos viajeros turísticos.

Sin embargo, los anuncios de una política fiscal más expansiva podrían compensar en parte lo anterior, «lo que podría reforzarse si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018», según apunta BBVA. Esto podría ser especialmente positivo para aquellas comunidades autónomas donde el sector público tiene un mayor peso en la economía, como es el caso de Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, indicó el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso.

Por otro lado, la aprobación de los PGE también puede favorecer a las comunidades autónomas que cumplieron su objetivo de déficit, lo que podría impulsar la inversión en el País Vasco, Navarra, Canarias y Baleares.

Tal y como avanzaba BBVA Research en el 'Observatorio Regional' correspondiente al cuarto trimestre de 2017, la tensión política en Cataluña se tradujo de inmediato en un estancamiento en la demanda interna. «El efecto de la incertidumbre, sin embargo, ha estado acotado a algunos sectores como el turismo y el comercio, y estuvo limitado en el tiempo», sostiene Miguel Cardoso. 

Por otro lado, los efectos se están notando sobre todo en Cataluña y afecta en menor medida a aquellas economías más dependientes de esta región.

Aunque la incertidumbre se mantiene elevada, Cardoso destaca que los indicadores apuntan a que tanto en Cataluña como el resto de España el crecimiento continúa mostrando un buen ritmo durante el primer trimestre de 2018.

Los extranjeros compraron el 13,1% de las viviendas vendidas en España en 2017

MADRID.- Los extranjeros compraron el año pasado el 13,1% de las viviendas que se vendieron en el conjunto de España, según el Anuario Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado ejercicio.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).

En términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.

Casi el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017 fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el Colegio de Registradores.

La hipoteca media solicitada por este segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los 117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.

Las comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%); Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).

En cuanto al importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros); Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).

Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un 11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos (5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).

Por lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos (217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros); suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987 euros).

Los pisos de Palma no podrán alquilarse a turistas

PALMA.- Los propietarios de viviendas en edificios plurifamiliares en Palma no podrán alquilarlas a turistas una vez se apruebe la propuesta anunciada hoy por el gobierno municipal, que sí permitirá en todo el municipio el arrendamiento vacacional de casas unifamiliares.

El teniente de alcalde de Urbanismo, José Hila, ha destacado que el propósito de esta medida es preservar el derecho del acceso a la vivienda para los residentes y los trabajadores frente a la presión de la demanda para uso turístico.

La posibilidad de alquilar para uso vacacional las viviendas unifamiliares tendrá como excepciones las casas en suelo rústico, el entorno del aeropuerto y los inmuebles de usos no residenciales ni turísticos, como los de los polígonos industriales.

Hila ha destacado que la decisión del gobierno municipal está en consonancia con la declaración promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos el pasado verano que aprobó el pleno del Ayuntamiento.

El alcalde, Antoni Noguera, ha asegurado que la prohibición del alquiler de pisos es una decisión "capital" para el futuro de Palma, pionera en España y que "marcará tendencia a la hora de entender la ciudad habitable".

El Ayuntamiento cumple con esta norma la previsión de la Ley de Turismo aprobada el verano pasado por el Parlament balear, que determina que el establecimiento de qué modalidades de alquiler vacacional se permiten en cada zona corresponderá a los consells insulars y al consistorio de la capital balear y establece, como regla general, la prohibición de arrendar pisos a turistas.

El propósito del gobierno municipal, conformado por PSOE, MÉS y Podemos, es que la zonificación del alquiler turístico esté aprobada definitivamente en julio, aunque si se demorara y el Govern levanta la moratoria que fijó mientras se desarrollaba la ley, la situación será la misma porque la regulación de Palma se aviene a las prescripciones generales, ha destacado Hila.

Según los últimos datos recopilados por el consistorio, en la ciudad se comercializan unas 11.000 plazas a través de plataformas de alquiler a turistas, cuando solo están inscritas en el registro obligatorio de la Conselleria de turismo 645 plazas. Esto significa que aproximadamente el 95 % de la oferta es irregular.

Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, que alternaron sus funciones a mitad de legislatura en virtud del pacto de gobierno, han señalado que, además de contribuir a facilitar el acceso a la vivienda, la prohibición del alquiler a turistas en plurifamiliares facilitará la "convivencia" en las comunidades de vecinos.

Aunque el PSOE había expresado inicialmente su reticencia a la prohibición total del alquiler vacacional en plurifamiliares, Hila ha asegurado hoy que finalmente los concejales de su grupo han optado por actuar con "lealtad" tras aprobar mayoritariamente el pleno la iniciativa vecinal que abogaba por esta medida.

El edil ha indicado que "poner límites" al uso vacacional de las viviendas es una tendencia en todas las ciudades europeas que sufren alta presión turística y ha apuntado que, aunque aún no hay ninguna, "de aquí a un año habrá bastantes" urbes que seguirán el ejemplo de Palma, que es la segunda ciudad española cuyos vecinos dedican más renta a pagar la vivienda.

"No hay peor cosa que una ciudad cuyos residentes se van fuera porque no pueden pagar el alquiler", ha remarcado el alcalde Noguera.

'Mar Blava' denuncia que el Ministerio reactiva los sondeos acústicos en aguas pitiusas

IBIZA.- La Alianza Mar Blava denuncia que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha vuelto a reactivar la tramitación del proyecto Medsalt-2 de sondeos acústicos con la peligrosa técnica de cañones de aire comprimido de alta presión, promovido por el Instituto Nazionale di Oceanografía e di Geofisica Sperimentale di Trieste (Italia) en el área marina comprendida entre las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera. 

"El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado 21 de abril el Anuncio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del MAEC con el que se da inicio a los trámites de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas", según advierte la Alianza Mar Blava en un comunicado, que recoge Diario de Ibiza. 

La supuesta finalidad de este proyecto, Uncovering the Mediterranean Salt Giant (Medsalt-2), es adquirir datos geofísicos en el margen sur de las Islas Baleares, con el objetivo de comprender la formación, causas, cronología, mecanismos de desarrollo, y consecuencias del depósito salino gigante más joven de la Tierra: la capa de sal del Mioceno superior en la cuenca Mediterránea.

Exploración de hidrocarburos
Pese a su apariencia científica, la Alianza Mar Blava asegura que "es conocedora, y dispone de pruebas al efecto, del interés expresado por varias compañías petroleras en el proyecto Medsalt-2, por las posibilidades que les abre para la exploración de hidrocarburos en la zona". 

 Es de sobra conocido el interés de la industria del petróleo por estas formaciones geológicas salinas, por existir en ellos la posibilidad de encontrar importantes bolsas de hidrocarburos.
El Ministerio de Medio Ambiente ya reconoció en una Resolución de 29 de julio de 2016 que el proyecto Medsalt-2 podría producir impactos adversos significativos en el medio marino. En su Resolución, el Ministerio destacó algunos argumentos de la respuesta de Alianza Mar Blava a las consultas ambientales previas de ese proyecto en 2016, entre ellos que "el nivel de ruido que generarían los cañones de aire comprimidio tendría consecuencias fatales para la fauna marina, incluyendo ballenas y delfines, así como peces de interés comercial". 

El área marina que se vería afectada es de gran importancia para muchas especies, en concreto los cachalotes. Alianza Mar Blava resalta que "se opondrá activamente a que se autorice dicho proyecto", según concluye su comunicado.

Imprevisión en el departamento de Urbanismo de Ciutadella

CIUTADELLA.- Con una demora de seis meses, según el gobierno municipal, y de hasta un año según los afectados y colegios profesionales, tramita y expide el Ayuntamiento de Ciutadella las licencias de primera ocupación, según el diario Menorca. 

Es una autorización imprescindible para obtener la cédula de habitabilidad y para contratar los servicios de suministro de energía eléctrica y agua.

Desde del departamento de Urbanismo, sus responsables atribuyen este retraso a la falta de personal, concretamente de funcionarios encargados de realizar las inspecciones técnicas de las viviendas. Se da la circunstancia de que una de la plazas de arquitecto técnico, a quienes corresponde llevar a cabo las inspecciones, se encuentra vacante desde diciembre, por jubilación del titular. 

Anuncia ahora el gobierno municipal que redactará las bases para convocar el concurso y cubrir esta plaza. Una actuación que demuestra imprevisión, porque tenían que haberse adoptado cautelas y precauciones para evitar que se ocurriera lo que ha acabado sucediendo, demoras que provocan quejas.

Palma y Sevilla las dos ciudades más morosas de España en febrero

MADRID.- El período medio de pago a proveedores (PMP) del conjunto de las autonomías se ha situado en febrero en 15,70 días, 0,70 días menos que en enero, aunque la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad Valenciana superan esta media e incumplen el plazo de 30 días establecido por ley.

Según informó este lunes el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cantabria registró un plazo medio de 57,84 días; seguida de la Comunidad Valenciana, con 35,03 y de Murcia, 34,54, pero, al igual que en meses anteriores, ninguna comunidad ha superado el plazo de pago de 60 días.

Los 15,70 días que tardaron las autonomías en pagar sus facturas suponen un incremento en 2,20 días en la ratio de operaciones pagadas, que pasan de 10,77 a 12,97 días, así como a la disminución de 3,29 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, que pasó de 21,57 a 18,18 días.

En relación con el PMP global, la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014), tan sólo superior al de diciembre, y por decimoquinto mes consecutivo -diciembre de 2016-, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Por lo que respecta a la deuda comercial de las comunidades autónomas, se ha reducido en 143,12 millones de euros, tras una bajada del 2,71 por ciento con respecto al mes anterior, situándose en 5.142,19 millones de euros, lo que equivale al 0,42 por ciento del PIB nacional.

En conjunto, desde 2012 y hasta febrero de 2018, las catorce autonomías que suscribieron un plan de ajuste han reducido su deuda comercial, en términos homogéneos, un 81,63 por ciento.

En febrero, además, se ha alcanzado el menor volumen de deuda comercial comunicado desde el inicio de la publicación de la serie, en septiembre de 2014.

También se ha producido una reducción de la deuda no financiera, en 261,10 millones de euros, lo que supone una reducción del 2,67 % con respecto al mes anterior y se sitúa en 9.501,56 millones, equivalente al 0,83 por ciento del PIB nacional, sin considerar al País Vasco.

Al igual que en el caso de la deuda comercial, el dato supone el menor volumen de deuda no financiera comunicada desde el inicio de la serie.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentan un periodo medio de pago a proveedores de 67,57 días, lo que supone un aumento sobre enero de algo más de 9 días.

Además, de las 147 entidades que han presentado información, 110 cumplen con el PMP en febrero, lo que quiere decir que el 73,34 % presentan en ese mes un PMP igual o inferior a 30 días, añade Hacienda.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días) y que representan al 14 % de las que presentan información del subsector, el Periodo Medio de Pago se sitúa en los 13,94 días, «confirmando la estabilidad histórica» del PMP en los 13-15 días«.

De las principales ciudades, solo Sevilla tiene un plazo medio superior a 60 días y, junto con Palma de Mallorca, supera los 30 días. Valencia está en 5,92 días.

Los siguientes cuadros recogen, por comunidades autónomas y por principales ciudades, el periodo medio de pago a proveedores, detallado por la ratio de operaciones pagadas en febrero, las que están pendientes de pago y la media del pago a proveedores (PMP).

Palma de Mallorca lidera el aumento porcentual de pernoctaciones de extranjeros junto con Murcia

PALMA.- El auge de la conectividad aérea «a precios contenidos», destacan desde Exceltur, ha permitido que se multipliquen las opciones de viaje por parte de turistas extranjeros a destinos urbanos como el que representa la ciudad de Palma. 

Así lo reflejan las estadísticas de pernoctaciones en los dos primeros meses del año que maneja dicha organización, a partir de la encuesta de ocupación hotelera del INE. 

En ese sentido, los establecimientos palmesanos son los que más crecen porcentualmente en España, con un subida del 23,5% en comparación con el ejercicio anterior, la misma tasa de incremento que registran los alojamientos de Murcia.

El despegue de los llamados 'short breaks' a ciudades en el interior es una tendencia en auge que ayuda a destinos como el de la capital balear, que en la actual foto fija supera en crecimiento porcentual a La Coruña (22%), Valencia (20,1%) y Sevilla (13,7%).

'Actúa Baleares' baraja denunciar por supuesta incitación al odio a un profesor de Mallorca

PALMA.- Los servicios jurídicos del recientemente estrenado partido de Jorge Campos, Actúa Baleares, estudian la posibilidad de interponer una denuncia por supuesta incitación al odio contra un profesor de un centro escolar de Mallorca.

Para este sector es inadmisible que el docente utilice sus perfiles personales en redes sociales para «insultar a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y calificar de dictatorial y franquista a la Constitución y al estado de derecho».

Actúa Baleares afirma en un comunicado que el profesor «incluso ha realizado actividades en horario escolar con la entidad radical separatista Obra Cultural Balear (OCB), sucursal de Omnium Cultural, con quien colabora».
Campos declara en relación a este tema que «es lamentable que un profesor insulte a nuestra Policía, a nuestro sistema judicial, a la Jefatura del Estado, y a todos los que defendemos la unidad de España, incitando al odio. Pedimos a la dirección del centro que tome cartas en el asunto y no permita semejante actitud pública por parte de quien debe ser ejemplo para alumnos menores de edad».
«Llama la atención que el insulto se dirija también contra la religión católica», tratándose el suyo de «un colegio religioso», añade el presidente de la formación a Última Hora.

La zonificación del alquiler turístico en Menorca cuenta con los informes jurídicos exigidos

MAHÓN.- «Sí, de forma contundente, el Consell siempre toma decisiones ajustadas a derecho». Susana Mora respondió así a la pregunta planteada desde el público por Josep Piris, presidente de la Associació pel lloguer turístic de Menorca (Aptume) en el punto que, como fresca y expectante novedad abrió la sesión. 

La presidenta del Consell aseguró que la zonificación del alquiler turístico cuenta con los informes jurídicos exigidos y ninguno cuestiona que contravenga la normativa autonómica, nacional o europea, según el diario Menorca.

Recordó que la ley está pendiente de la aprobación definitiva, que hasta entonces se pueden presentar alegaciones y se pueden estudiar casos individuales en los que se hayan visto cercenados derechos por la nueva normativa, «aunque es una ley a futuro y, por tanto, no no se puede hablar de derechos adquiridos», señaló. 

Como no hay dudas de seguridad jurídica, «no tenemos previsto asumir posibles indemnizaciones», agregó Mora. Presentar recurso contencioso-administrativo es la otra alternativa anunciada por Piris.

'PalmaActiva' entrevista a 80 personas para seleccionar personal para 'Urban Food Mallorca'

PALMA.- PalmaActiva ha realizado este lunes una jornada de selección de personal para Urban Food Mallorca en la que un total de 80 personas han podido hacer entrevistas de trabajo con responsables de recursos humanos de la empresa, que necesita cubrir las próximas semanas 33 puestos -personal de bar (18), personal de cocina (10) y de limpieza (5)-.

Según ha informado en un comunicado que publica Última Hora, las jornadas de selección son una iniciativa de PalmaActiva en las que se facilita el contacto directo entre personas que buscan trabajo y los responsables de recursos humanos que buscan candidatos para cubrir vacantes.

La regidora de Turismo, Comercio y Trabajo, Joana Maria Adrover, ha destacado que este año PalmaActiva ha realizado en sus instalaciones cinco jornadas de selección en las que se han ofrecido 369 puestos de trabajo y gracias a las cuales 440 personas han podido hacer entrevistas con responsables de recursos humanos.

Inaugurada la nueva ruta marítima entre Mallorca y Francia

PALMA.- Desde este domingo está abierta una nueva ruta marítima entre el puerto de Alcúdia y el sur de Francia, concretamente al puerto de Toulon. La naviera encargada es Corsica Ferries, empresa que une puertos franceses e italianos con Córcega y Cerdeña desde hace cincuenta años, avanza Diario de Mallorca. 

Este domingo muy temprano ha llegado al puerto de Alcúdia el Mega Express Two, primer buque en realizar la ruta. Está previsto que el buque arribe a este puerto dos veces por semana, los domingos a las seis y media de la mañana, partiendo una hora después, y los jueves a las 18.30, partiendo a las 19.30. Estos horarios cambiarán conforme avance la temporada.

El Mega Express Two es un buque construido en Francia en el año 2001, que tiene 176 metros de eslora y una capacidad de 1.756 pasajeros, pudiendo llevar 550 vehículos a una velocidad máxima de 29 nudos, estando dotado de restaurante a la carta, Self-Service, piscina, tiendas, etc.

La empresa Corsica Ferries fue fundada en el año 1968, cuando su primer barco el Corsica Express unió puertos de Córcega con puertos italianos, desde entonces la empresa no ha dejado de crecer, realizando actualmente rutas desde Francia e Italia a Córcega y Cerdeña, estrenándose esta temporada en la línea Toulón-Port d'Alcúdia. El año pasado transportó 3,6 millones de pasajeros y un millón de vehículos.

No es la primera vez que Alcúdia está unida por vía marítima al sur de Francia, en el verano del año 1975, el Skipper Clement, un buque fletado por la Naviera Aznar, realizó la ruta con Port Vendres, transportando 20.053 pasajeros y 5.456 vehículos, y en el verano de 1984 el Majorca Rose, de la naviera Dolphin International, cubría también la ruta Port d'Alcúdia-Port Vendres.

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.

¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?

Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.

El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.

La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.

El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:

• 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
• 2% para las pensiones de viudedad
• 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
• 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales

Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.

Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.

El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.

La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.

Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.

La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.

Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.