"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica
Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del
Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa
que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a
hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro,
multiplicando la desconfianza hacia lo español.
¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.
Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de
la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una
gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de
administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de
Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo
que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no
está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios
básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las
bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.
Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con
tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir
del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico,
señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan
Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública
del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local,
donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos
era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con
pocos riesgos.
¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...",
enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de
transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas
giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del
sector donde anteriormente ejercía su cargo público.
En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción
España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.
"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades,
pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura.
No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la
gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos.
El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No
hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra
cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en
práctica la cosa cambie".
El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto:
"La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene
ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción
están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández,
profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.
Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos
participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción
generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las
leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad
y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se
queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de
un 'enchufe' alguna vez?
Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador
imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio
Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro
Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado
de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en
consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la
población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por
defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente
actuaría de otra manera", insiste Herrero.
Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción.
Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para
la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de
las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la
Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de
normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser
encauzado".
El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible
-soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y
compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria,
en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.
¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno
más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales,
pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de
partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una
alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".
Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción
y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos
políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la
politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas,
establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del
Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.
Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin
embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las
críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales",
afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en
proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se
queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta
de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el
paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como
un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se
pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los
sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán
incluidas.
La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque
"mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más
medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad
jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco
Mundial, la corrupción
puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha
retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y
castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas.
Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y
se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos.
Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del
Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.
La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda
Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de
infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a
los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta
10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la
más productiva".
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