PALMA.- La expresidenta del Parlament balear Maria
Antònia Munar ha solicitado la suspensión del juicio del caso Can
Domenge, cuyo inicio está previsto el 5 de junio, a raíz de las
"inesperadas" revelaciones efectuadas por el exconseller insular
Bartomeu Vicens, quien la implicó en el presunto cobro de un soborno
millonario a cambio de la adjudicación de los terrenos palmesanos de Can
Domenge a la mercantil Sacresa por parte del Consell, institución que
entonces ella presidía.
Mediante un escrito el
letrado de Munar, Gabriel Garcías, señala que ante la reciente confesión
de Vicens resulta "indispensable" la práctica de una información
suplementaria en la que se escuche a todas las partes afectadas, de modo
que acusaciones y defensas puedan solicitar la prueba de prácticas que
estimen pertinentes al respecto.
Amparándose en el artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LeCrim) a la necesidad de que se practiquen "nuevos elementos
de prueba o alguna sumaria instrucción complementaria" en caso de que
"revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones
sustanciales en los juicios", el abogado asevera que las revelaciones de
Vicens "cambian radicalmente la estrategia para una correcta y seria
defensa".
Tanto es así que, según Garcías, de no suspenderse la vista oral
"causaría inefensión" a su patrocinada. Del mismo modo, la defensa ha
interpuesto un recurso contra el registro practicado la pasada semana en
su vivienda de Costitx, al alegar que, durante la diligencia, un
representante de la Fiscalía "pudo observar durante largo tiempo los
argumentos de defensa" que su defendida tenía guardados en una carpeta,
viendo de este modo vulnerado su derecho a la defensa.
De igual forma, señala Garcías en el recurso de reforma y
subsidiario de apelación, la Policía se incautó de recortes de prensa de
noticias "que iban a ser usados en la elaboración de la defensa".
Finalmente, el abogado asevera que, incluso, los investigadores se
incautaron de documentos que no guardan relación alguna con las
pesquisas, como una factura de la reforma de la casa de 1995, la
declaración responsable del inicio de actividad turística de 2013 para
una vivienda vacacional, cartas enviadas por Vicens desde prisión -en la
que cumple condena por otra causa de corrupción- y otras misivas
dirigidas por Munar al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, al exdelegado
del Gobierno Ramón Socías, al Fiscal Superior de Baleares Bartolomé
Barceló, al expresidente del Govern Francesc Antich y al exsecretario de
Estado de Turismo Joan Mesquida.
Munar ha apelado a la necesidad
de que se proceda a la suspensión del juicio debido a que las nuevas
confesiones aluden "a un cohecho" y a que se habría manipulado el
concurso por el que los terrenos de Can Domenge fueron adjudicados a
Sacresa por treinta millones de euros, la mitad, según las pesquisas, de
su valor en el mercado y de lo que ofrecía Núñez y Navarro, querellante
en este proceso. "Ante este hecho tan grave la Ley permite que se pida
una suspensión", ha recalcado en este sentido.
En lo que al registro de su domicilio se refiere, la exdirigente
histórica de Unió Mallorquina (UM) ha manifestado que "lo que han hecho
con ello es impedir mi defensa, porque tenía todo lo de Can Domenge
preparado, con las respuestas a cada una de las cosas que se decían en
el escrito de acusación, y ya saben lo que voy a contestar". "Es una
vulneración clarísima al derecho de defensa", ha recalcado al respecto.
Según confesó recientemente Vicens mediante un escrito, tanto
Munar como el exvicepresidente de esta institución Miquel Nadal, el
propio Vicens y UM percibieron, como soborno por la adjudicación
supuestamente irregular de los solares, hasta un total de cuatro
millones de euros como soborno. Unas afirmaciones que dieron lugar a la
denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción y a los registros de
las viviendas de la expresidenta del Parlament y de Nadal, sin que se
hallase en ellas rastro del dinero que presuntamente cobraron por el
amaño del proceso.
Todo ello después de que así lo ordenase el juez de guardia, Juan
Pedro Yllanes, tras la denuncia remitida ese mismo día por el Ministerio
Público a raíz de las confesiones realizadas por Vicens y de la entrega
ante la Audiencia Provincial de Baleares de 160.000 euros del cohecho
investigado.
El día 5 de junio está previsto que arranque, tras más de cinco
años de que estallase su operación policial, el juicio del caso Can
Domenge, que a lo largo de ese mes y principios de julio sentará por
segunda vez en el banquillo a Munar, junto a Nadal, Vicens y el también
exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, quienes serán juzgados por la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Para cada uno de ellos, el
Ministerio Público solicita seis años de prisión.
