PALMA.- La expresidenta del Parlamento balear y del
Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, deberá personarse 'apud acta'
todos los lunes y viernes ante el Juzgado de paz del municipio en el que
reside, Costitx, como medida cautelar impuesta por el tribunal de la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que además ha
aplazado al próximo 19 de junio el juicio del caso Can Domenge, en el
marco del cual la Fiscalía solicita seis años de prisión para la
exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM).
Durante la sesión celebrada este jueves, el presidente del tribunal,
Diego Gómez-Reino, ha admitido la renuncia, por parte de Munar, del
abogado que le ha asistido durante los últimos años, Gabriel Garcías.
"Una renuncia que a mi entender no estaba suficientemente
justificada", ha precisado el magistrado, aceptando a su vez la
designación del nuevo letrado de la acusada, José Antonio Choclán, quien
tendrá de plazo hasta el día 19 para preparar la defensa en el marco de
este juicio.
Inicialmente, el tribunal le ha emplazado a personarse ante la propia
Audiencia, si bien Munar ha alegado tener a su madre enferma en Costitx
y ha pedido así presentarse ante las dependencias del Juzgado de paz de
su municipio, "como he hecho hasta ahora", tal y como ha alegado.
Mientras tanto, en esta misma sesión el Consell de Mallorca,
personado como acusación particular, ha desistido de ejercer acciones
civiles contra las entidades bancarias que concedieron el crédito a la
mercantil Sacresa para la compra de los solares de Can Domenge, La
Caixa, Sa Nostra y Banca March. Mientras tanto, estas dos últimas han
renunciado a las costas procesales.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau solicitó este miércoles la
celebración de una vistilla para reclamar medidas cautelares contra la
inculpada, después de que la Audiencia le diese hasta el 17 de junio
-plazo ahora ampliado al día 19-, para que prepare con su nuevo letrado
el juicio.
El representante del Ministerio Público justificó su solicitud al
apuntar a la "maniobra" ejercida por la expolítica balear "no sólo para
dilatar el proceso sino para preparar la fuga o alterar fuentes de
prueba". Nada más iniciarse la vista oral, Munar se sentó frente al
tribunal, ante cuyo presidente se mostró "totalmente indefensa" con
motivo de las últimas revelaciones producidas en torno a la adjudicación
presuntamente irregular de los terrenos palmesanos.
El magistrado llegó a preguntarle si es "consciente" del perjuicio
que causa a la Sala su cambio de letrado tan sólo dos días antes del
juicio, ante lo cual la exdirigente 'uemita' afirmó: "le juro que no era
mi intención causar ningún perjuicio tras seis años de instrucción del
caso y de sufrimiento".
En un tenso inicio de juicio, la expresidenta de la Cámara balear
afirmó haber perdido la confianza en el abogado que le ha representado
durante estos últimos años, Gabriel Garcías, a raíz de los registros
practicados en sus viviendas después de que el exconsejero insular y
también acusado Bartomeu Vicens revelase que tanto ambos como el
exvicepresidente del Consell y la propia UM percibieron un soborno de
cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de Can Domenge a la
mercantil Sacresa.
"Tras los registros, la Fiscalía sabe ahora exactamente todo lo que
pienso y opino sobre este tema. Se llevaron una libreta donde durante
los seis años de instrucción he tomado notas y en la que por cada
acusación de la Fiscalía, al lado tenia anotada cuál sería mi
respuesta", aseveró Munar. "Quiero empezar de cero en esta causa con un
nuevo letrado", recalcó, incidiendo en que las "divergencias" con su
anterior abogado se han producido debido a los registros y a que "no
hemos coincidido en las formas. No me siento representada en estos
momentos".
Cabe recordar que sobre Munar ya fue impuesta en el marco del llamado
caso Maquillaje una fianza penal de 350.000 euros -el fiscal la
solicitó por un total de 450.000-, la retirada del pasaporte y la
prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización
judicial, medidas que podrían agravarse en virtud de las que solicite de
nuevo el Ministerio Público.
En concreto, en el banquillo se sientan Munar, y otros tres exaltos
cargos de la extinta formación política: Nadal, Vicens y Flaquer. Junto a
ellos también están acusados Santiago Fiol, abogado asesor de Sacresa
considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y el
propietario de Sacresa, Román Sanahuja.
