martes, septiembre 26, 2023

El Parlament balear valida el decreto que elimina el requisito de catalán para trabajar en la sanidad pública


PALMA.- El pleno del Parlament balear ha validado este martes el decreto de medidas urgentes en el ámbito sanitario y educativo y que, entre otras medidas, incluye la eliminación del requisito lingüístico de catalán para trabajar en la sanidad pública balear.

El texto ha sido convalidado con los votos a favor de PP y Vox el diputado de Sa Unió y el voto en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, tras haberse rechazado su tramitación como proyecto de ley.

En materia sanitaria el texto contiene medidas para captar y fidelizar a profesionales sanitarios y contempla la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas de muy difícil cobertura.

En este sentido, los médicos que acepten cubrir estas plazas podrían llegar a cobrar un complemento de 20.000 euros anuales, el triple de los complementos de difícil cobertura (6.600 euros para los A1 y a 4.800 euros el A2).

Cabe recordar, en relación al requisito lingüístico, que la propia consellera de Salud, Manuela García, reconoció que el Govern no tenía datos concretos sobre cuántos profesionales no venían a trabajar a Baleares o abandonaban el archipiélago por la cuestión lingüística.

En el ámbito educativo, destaca la gratuidad del primer ciclo de educación infantil --etapa educativa de cero a tres años-- en centros públicos y de la red complementaria, que está previsto que llegue a más de 11.000 alumnos de 194 centros. El decreto se concreta en 45.000 euros por aula.

El texto lo ha defendido ante la Cámara la consellera de Salud, Manuela García, aunque también lo firma el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. La responsable de Salud ha afirmado que la aprobación de este decreto era una "responsabilidad del Govern" y, en materia educativa, ha recordado que era una "injusticia" que las familias tuvieran que sostener el gasto de las primeras etapas educativos. 

"Aligeramos el peso económico injusto y priorizamos el acceso a la primera educación a colectivos en situación de riesgo pobreza y exclusión social", ha añadido.

En relación al decreto en el ámbito sanitario, que persigue la captación y fidelización de profesionales, García ha calificado de "alarmantes" las ratios de profesionales-pacientes en algunas especialidades y ha recordado que en los últimos ocho años a pesar de contar con más presupuesto, han aumentado las listas de espera quirúrgicas y de consulta con especialista.

Así, dado que el principal reto es poder contar con más profesionales, ha considerado como "imprescindibles" las medidas de captación y fidelización, entre ellas, la relativa al requisito lingüístico. Sobre esta última, únicamente ha afirmado que "no puede haber pacientes de primera y de segunda".

En su intervención, García ha adelantado que el Govern ya ha presentado la propuesta para que oncología médica de Can Misses sea considerado como puesto de muy difícil cobertura.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha celebrado que "nunca un Govern había hecho tanto en tan poco tiempo", en relación a las medidas contenidas en el decreto para los sectores educativo y sanitario.

Durán ha recordado que, en materia educativa, que existe el ambicioso objetivo de que a final de año, todos los centros sean gratuitos y se alcance la universalización y la gratuidad de los cero a los 18 años. "Replantéense su voto en contra, la sociedad no lo entendería", ha afirmado dirigiéndose a la oposición.

En relación al requisito lingüístico, la 'popular' ha recordado que el objetivo es captar profesionales sanitarios "vivan donde vivan y vengan de donde vengan". El objetivo, ha resumido, es garantizar a los pacientes una prestación adecuada. "Va a costar mucho tapar la nefasta gestión pero lo importante es empezar a hacerlo", ha concluido.

Además, ha acusado al anterior Govern de introducir excepciones al catalán "por la puerta de atrás" y con el conocimiento de los socios del Pacte. "Su voto en contra es una muestra de cinismo descomunal", ha añadido dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

La diputada de Vox María José Verdú ha celebrado la gratuidad de la etapa educativa 0-3 años en el actual contexto económico y ha achacado la falta de profesionales sanitarios a la "imposición" del requisito lingüístico "de una lengua regional".

 "La época de las imposiciones lingüísticas se ha acabado. Llega la época de la libertad", ha añadido.

En el turno de los grupos que han votado en contra, la diputada del PSIB Amanda Fernández ha lamentado que se hayan mezclado 'ous amb caragols' y el mismo decreto contenga la gratuidad de la etapa 0-3 años, una buena medida, con "un ataque y un menosprecio al catalán".

Fernández ha calificado la eliminación del requisito lingüístico como "el preludio de lo contenido en el acuerdo PP-Vox y de la estrategia para arrinconar el catalán". 

Para la diputada, la eliminación del requisito devaluará la sanidad pública porque supondrá una peor atención médica. La socialista ha instado al Govern a presentar dos decretos garantizando que votarían a favor de la gratuidad de las medidas en materia educativa.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha lamentado la improvisación del decreto, que ha calificado como un 'check' en la lista de puntos del acuerdo de investidura de Marga Prohens.

Ramon, en términos parecidos a la diputada socialista, ha lamentado la vinculación de una medida positiva como la gratuidad del primer ciclo educativo con la eliminación del requisito lingüístico, que ha descrito como "una medida para contentar a Vox".

Para MÉS per Mallorca, el catalán "vuelve a ser la cabeza de turco" de la falta de profesionales sanitarios, que depende de resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la infrafinanciación.

MÉS per Mallorca también ha instado a presentar dos textos separados, para votar a favor de las medidas de carácter educativo, y ha pedido la tramitación como proyecto de ley.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha sostenido que la regulación de las plazas de difícil cobertura solo sirven para "tapar" la medida totalmente injusta de eliminación del requisito lingüístico. "Fían a la eliminación del requisito la solución a los problemas de la sanidad pública", ha apuntado.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al PP de hacer trampas "no al solitario, sino acompañados". Ha asegurado que es falso que la exigencia del catalán esté detrás de la falta de profesionales sanitarios.

MÉS per Palma critica el "sin sentido" que supone la catalogación del monolito de Sa Feixina como Bien Patrimonial


PALMA.- MÉS per Palma ha criticado el "sin sentido" que supone la catalogación del monumento bélico de Sa Feixina como Bien Patrimonial, tras la votación de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca en la que PP y Vox han votado a favor de la protección del monolito que conmemora las gestas del crucero Baleares en el bando nacional durante la Guerra Civil y finalmente hundido el 6 de marzo de 1938 frente al Cabo de Palos, muy cerca de la base naval de Cartagena.

La formación ha opinado este martes en un comunicado que "la única intención que hay detrás de esta protección es el interés de exaltar la dictadura franquista". 

En este sentido, la regidora Kika Coll ha dicho que catalogar el monumento "es una muestra de odio hacia las víctimas del franquismo, ya que es un homenaje al miedo y la represión".

Los ecosoberanistas consideran que la defensa de este monumento demuestra que "las derechas de Mallorca y Baleares son antidemocráticas, herederas de la dictadura franquista y de la muerte". 

Por su parte, la concejal Neus Truyol ha recordado que durante 75 años "nunca se había planteado catalogarlo ni protegerlo".

Asimismo, desde MÉS per Palma, han defendido que "los informes técnicos del Servicio de Patrimonio del Consell de Mallorca, del año 2015", decía que "con el análisis del monumento en Baleares no se han encontrado valores patrimoniales que justifiquen la aplicación de alguna de las figuras de protección establecidas en la ley Llphib". 

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha señalado que "ha quedado demostrado que el PP se siente cómodo defendiendo la protección de un monumento fascista", en referencia al monolito de Sa Feixina.

Así se ha expresado el ecosoberanista este martes después de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca que ha propuesto ejecutar la sentencia judicial que protege el monolito de Sa Feixina e incluir el monumento en el listado de Bienes Catalogados.

La propuesta ha salido adelante con siete votos a favor, de PP y Vox, y cuatro en contra, de MÉS per Mallorca y PSIB, que habían pedido este lunes la retirada de este punto del orden del día de la Comisión.

En este sentido, Alzamora ha señalado que desde su formación "no pueden estar de acuerdo porque hay un recurso de amparo de la Asociación Memoria de Mallorca en el Tribunal Constitucional que no ha sido contestado".

Por otra parte, ha indicado que la Ley de Memoria Democrática "prevé que aquellos monumentos que hagan referencia al franquismo tienen que ser catalogados y eliminados". 

"El PP ha defendido de forma ideológica un monumento que tiene una clara connotación franquista", ha concluido.

El PP de Manacor pide que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario municipal


PALMA.- El PP de Manacor ha registrado una moción en el Ayuntamiento, para ser tratada en el próximo pleno, en la que piden que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario Municipal.

En una nota de prensa, el PP de Manacor ha informado del registro de una moción para ser tratada en el próximo Plenario municipal. La moción pide que las competencias relativas a movilidad --circulación y estacionamiento de vehículos-- vuelva al Plenario y no a la Comisión de gobierno.

Desde hace numerosas legislaturas el Ayuntamiento de Manacor ha contado con un equipo de gobierno formado gracias a la obtención de una mayoría absoluta en el Pleno. Por este motivo, ha señalado, existía una concordancia entre los acuerdos del Pleno y las resoluciones de Alcaldía.

"La legitimidad democrática radica en el hecho de que las decisiones de gobierno del municipio se sustenten en la representación que la ciudadanía ha otorgado y que se refleja en la composición del Pleno", ha subrayado el PP de Manacor.

Pero, ha precisado, en esta legislatura, el equipo de gobierno "no cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros del Pleno, representantes de la ciudadanía", y es por este motivo que, según ha considerado, "se han de ajustar a la nueva realidad fruto de las urnas y de los pactos post electorales las atribuciones de los órganos de Alcaldía y Junta de Gobierno Local".

Así, el PP de Manacor ha pedido que varios artículos de las Ordenanzas relativas a la movilidad en el municipio "se cambien para adaptarlas a esta nueva realidad" y que "sea el Plenario municipal al completo quien se pronuncie antes de ejecutar cualquier cambio de calado en estas áreas".

Vox desenmascara a "Mercadona" por identificarse con la más que dudosa Agenda 2030

 


MADRID/VALENCIA.- La cadena de supermercados españoles Mercadona celebraba esta semana el octavo aniversario de su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba que quiere seguir «trabajando para alcanzar un futuro más sostenible». 

En la práctica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se resumen en un conjunto de medidas no votadas por los ciudadanos sino aceptadas por la gran mayoría de dirigentes políticos occidentales a través de lobbies, y que en la práctica supone la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, a la vida y las raíces de Occidente. 

En este sentido, impone el «fanatismo climático», la ideología de género y alienta las avalanchas migratorias con el perjuicio inexorable a la prosperidad de las familias, al sector primario y a la industria.  

La polémica llegaba cuando muchos usuarios respondían al mensaje publicado en Twitter afirmando que no volverían a comprar en ninguna de sus tiendas. 

Incluso Vox, partido que ha defendido en incontables ocasiones a la empresa española y a su dueño, Juan Roig, de los ataques sufridos de manera habitual por Podemos, se hacía eco de la publicación y mostraba su sorpresa por el hecho de que «una empresa privada se dedique a hacer campañas políticas, enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y el progreso de todos los españoles».  

Por su parte, la síndica de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha asegurado que lo que critican es que una empresa "alce la bandera" de los ODS, con los que Vox está "totalmente en contra". 

"Y lo vamos a seguir defendiendo", dijo tras rechazar que la cadena de supermercados defienda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.