sábado, abril 28, 2018

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.
La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).
Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.
En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 
Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».
Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 
Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».
El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».
Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.
Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.
Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».
Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

La Audiencia Nacional obliga investigar la compra de suelo que financió la CAM

ALICANTE.- Las operaciones de compra de suelo financiadas por la CAM para negocios en los que se embarcó con varias mercantiles –entre las que se encuentran Santomera Golf Resort S. L. y La Ermita Resort S. L. (San Javier)– van a seguir investigándose en la Audiencia Nacional después de que un tribunal de la sección Cuarta haya ordenado reabrir la causa que la juez Carmen Lamela cerró el mes pasado por prescripción, según recoge el diario Información.

Entre los investigados en este procedimiento se encuentran el exdirector general de la Caja Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones en las que la Caja se embarcó a través de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). 
A ellos se suman los responsables de las empresas: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia.
Frente a la postura de la juez y de la fiscal, partidarias ambas de la prescripción al considerar los hechos constitutivos de un delito de administración desleal, que caduca a los cinco años, en vez de uno de apropiación indebida, cuyo plazo es de diez, el tribunal, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Eloy Velasco, estima el recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al que se adhirió la Fundación CAM y ordena seguir la investigación ampliando además el abanico de posibles cargos.

«Distracción de réditos»

En la resolución, contra la que no cabe recurso, Velasco considera «precipitado» el archivo acordado por Lamela «a la luz de hipotéticos descubrimientos fácticos en las diligencias que quedan aún por practicar», lo que podría aportar «pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones, o de ambos, a la CAM, gran perjudicada de los mismos».
El magistrado apunta que, además de la administración desleal y la apropiación indebida, «cabe calificaciones penales alternativas que conducen a plazos prescriptivos superiores a los manejados por la instructora», entre los que cita la asociación ilícita o la estafa cualificada.
El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto es analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalías».
Para ello, el socio de la Caja compraba el suelo y en un plazo corto de tiempo se lo vendía a una sociedad creada al efecto incorporando todas las plusvalías que la tasación le permitiera. «Una vez hecho esto, la CAM financiaba la operación adquiriendo posteriormente las participaciones sociales de esas empresas, con lo que el socio no se exponía a riesgo alguno sino que realizaba la mayor parte de su beneficio en el momento de la constitución y de la primera financiación recibida de la CAM por la sociedad participada, y el resto de aportaciones de la CAM agravaban la situación de perjuicio patrimonial de dicha entidad», según el relato de la fiscal que, no obstante, pidió el archivo.
En contra de su interpretación, que hablaba de operaciones aisladas, considera Velasco que no puede descartarse una «continuidad delictiva» y entiende que «la acción debe analizarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».
Para apoyar esta idea el magistrado agrega que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP, que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros».

«Investigados no accesorios»

Estas prácticas, concreta Velasco, «se exteriorizan en la creación de empresas ad hoc que trasladaron el riesgo a la CAM, perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros, con una también pérdida de cartera que supera los 60 millones, con el oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».
Y va más allá en esa conexión al concretar que todas las operaciones inmobiliarias que se investigan «exteriorizan una secuencia, una serie de acciones homogéneas que aprovechan un plan preconcebido o un patente defecto de control (...) que, aunque fueron ejecutadas en distintos momentos temporales, obedecen a una misma resolución delictiva (...) que siempre abocan en la misma víctima y que ejecutan unos mismos sujetos activos con una clara homogeneidad del modus operandi».
Esta forma de actuar, concreta el ponente, explica «la irracionalidad económica dentro de la racional que supone la idea criminal de trasvasar los riesgos de la CAM y apropiarse de los réditos rápidos de las plusvalías de los solares, previa creación de sociedades a tales fines, generando en una asimetría de riesgos un enorme perjuicio a la CAM y sus propietarios y unos réditos a sus gestores, que responden a un plan criminal grupal».

Rajoy tiene casi despejado el camino hasta 2020, pero total ¿para qué? / José Oneto *

Cuentan que las instrucciones que el miércoles dio Rajoy a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, cuando se dirigía a la Puerta del Sol para pactar la salida de Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad, fue tajante: “Dile que la quiero fuera antes de las doce”. 

Y, efectivamente, a las doce menos cuarto, comparecía Cristina Cifuentes, toda vestida de blanco, anunciando su dimisión porque no podía más tras el cerco y la ofensiva a la que estaba siendo sometida, “por tierra mar y aire“, según ella desde que accedió a la Presidencia del PP y de la Comunidad y comenzó a denunciar la corrupción en su propio partido. Después, un máster inexistente y un vídeo comprometedor, hizo el resto…

Ese día, a las doce, Mariano Rajoy quería anunciar que se había llegado a un acuerdo con el PNV para que el partido vasco votase en contra de las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, primer y decisivo paso para la aprobación final, que a estas alturas, es el gran  desafío político de Rajoy. Un desafío que le permitirá agotar la legislatura. 

Y para ese anuncio feliz, debió pensar que tenía que arreglar “lo de Cifuentes”. Y que tenía que arreglarlo antes del mediodía en que entraría por la puerta principal del Congreso y le preguntarían, no por los Presupuestos, sino por Cifuentes y su posible dimisión, antes de la moción de censura.

El PNV, que tanto había insistido en que no aprobaría los Presupuestos hasta que se levantase el artículo 155, de intervención por el Gobierno central de la Generalitat de Cataluña, se olvidaba del polémico artículo y salvaba al Soldado Rajoy (ver republica.com PNV: Salvar al Soldado Rajoy), como lo salvó hace un año, con los Presupuestos de 2017 gracias al Cupo y a una inversión gigantesca en infraestructuras, como ha ocurrido este año, que el partido vasco ha querido reconciliarse con los pensionistas, y no solamente con los del País Vasco, asumiendo con habilidad, sus reivindicaciones.

Así, este año de nuevo, salvaba hoy al soldado Rajoy (176 votos a favor, y 174 en contra) a cambio de que el soldado de la Moncloa aceptase subir las pensiones de acuerdo con el IPC (algo que, decía que era imposible porque ya el IPC no se utilizaba como referencia en ningún país de Europa) y porque no había fondos económicos suficientes para una revalorización de las pensiones, aplicando ese criterio de subida que era el que han venido reclamando millones de pensionistas que, durante semanas, han salido a las calles de las ciudades españolas (especialmente en Bilbao), exigiendo que la tan traída y llevada recuperación. Llegase también a ellos.

Ante la sorpresa de este nuevo balón de oxígeno de los nacionalistas vascos que le permitirá a Rajoy agotar la legislatura en 2020, después de prorrogar los Presupuestos de ahora, el año que viene, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aclarado que el pacto con el presidente Rajoy conlleva dos consecuencias políticas: “Ganamos tiempo para Catalunya y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño”, ha señalado. Para el dirigente vasco si no hubiera habido acuerdo sobre los Presupuestos, habría un adelanto electoral en el otoño, que es lo que quiere Ciudadanos “y no le vamos a hacer nunca el caldo gordo a Ciudadanos”. 

“Somos -ha añadido- incompatibles con Ciudadanos y no queremos que lleguen a la Moncloa. Sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa. No tengo relación con Rivera, ni buena ni mala”, ha subrayado Ortuzar, el nuevo aliado de Rajoy…

Ahora se abre el periodo de enmiendas parciales que culminará el próximo 24 de mayo. Si entonces se mantiene la votación de este jueves con el voto de Nueva Canarias (hoy también ha votado a favor del Gobierno Pedro Quevedo de Nueva Canarias debido, según ha dicho, a un error) el Gobierno y su Presidente tiene el camino despejado hasta las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales. 

Pero eso, en un panorama de crisis política en el Partido, realmente devastadora, por la corrupción, y por la parálisis. Una parálisis que Rajoy ha conseguido transmitirte a todas las estructuras de poder.


(*) Periodista y economista


https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/04/26/5531/