El empresario del sector del ocio Bartolomé Cursach había salido de la cárcel de Palma sobre las 21.20 horas de ayer, después de permanecer 13 meses en prisión preventiva por la investigación por presunta corrupción.
Cursach era el único investigado en este caso que seguía en prisión provisional, dictada el 3 de marzo del año pasado por el juez de Instrucción nº 12 de Palma, Manuel Penalva, -instructor de la causa hasta que fue recusado el mes pasado- por la investigación de una trama de funcionarios y policías presuntamente corruptos que beneficiaban sus negocios.
La Audiencia de Palma ha acordado mantener la prisión provisional para el empresario del ocio nocturno, pero ha fijado una fianza de 1 millón de euros para que pudiera salir de la cárcel, al admitir parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa de Cursach contra el auto por el que ingresó en la cárcel. Ha mantenido la prisión provisional pero eludible bajo fianza de 1 millón, a consignar en metálico o bien mediante aval bancario y le ha retirado el pasaporte.
Además el tribunal ha completado la medida de fianza con la obligación de que el empresario señale el domicilio donde debe ser hallado y avise si cambia en algún momento, y además le ha prohibido salir de Mallorca salvo autorización judicial expresa y previa, y le obliga a presentarse en el juzgado todos los lunes y a comparecer tantas veces como sea llamado.
El juez ordenó la prisión provisional de Cursach para evitar la reiteración delictiva, proteger las pruebas y por riesgo de fuga. La Audiencia ha señalado que no considera el encarcelamiento provisional "estrictamente necesario" en el actual momento procesal porque "el tiempo ya transcurrido en prisión preventiva mitiga los riesgos que aún se mantienen".
Según el tribunal, el peligro para los testigos se ha atenuando porque ha habido condenas por estos hechos y el riesgo de reiteración delictiva se ha reducido por la propia investigación judicial y por la presión mediática del caso.
En cuanto al riesgo de fuga, se mantiene por la eventual pena a la que pudiera ser condenado Cursach y por su elevada capacidad económica, pero aparece atenuado por los 13 meses encarcelado, por sus vínculos familiares y empresariales sólidos en Mallorca, por su edad (72 años) y el embargo de sus cuentas bancarias e inmuebles. 
El tribunal afirma que no cabe acordar la libertad incondicional de Cursach porque, "aunque atenuado", todavía existe "razonable riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la Justicia" ya que el arraigo del empresario en España "no ofrece por sí solo suficientes garantías".

Decenas de abogados piden en Palma una Justicia digna

Precisamente, varias decenas de abogados de Palma se han concentrado este mediodía en la puerta de los juzgados de Vía Alemania para reivindicar mayores medios para la Justicia, unos emolumentos dignos para el turno de oficio y medidas para que se pueda conciliar la actividad profesional de los letrados de asistencia jurídica gratuita con la vida familiar.
Los concentrados han difundido un manifiesto donde se recogen las siguientes reivindicaciones: "Justicia con Medios: Exigimos un aumento relevante y progresivo de la inversión en justicia por parte del Ministerio y Govern Balear, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea, siendo especialmente vergonzoso en jurisdicciones como Social, donde hay más de un año de retraso para el señalamiento de juicios por esta falta acuciante de medios, o en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, donde la falta de personal ha obligado a suspender la asignación de asuntos a Violencia 1, previéndose el colapso inminente por la sobrecarga de trabajo en Violencia 2.
Justicia Independiente: es imprescindible, que la elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice por los jueces, debiendo el Gobierno dejar de inmiscuirse en las designaciones de las cúpulas y cargos judiciales.
Turno de Oficio Digno: debe asumirse una mejora de las retribuciones del turno de oficio, para que sean dignas y acordes a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implica, estableciendo su liquidación mensual puntual y garantizando el actual marco y sistema de justicia gratuita, ya que como bien es sabido todavía se hallan pendientes de pago el trabajo realizado el 4º trimestre del año pasado.
Exigimos que, al igual que se hace con el Ministerio Fiscal, se entregue al letrado de oficio una copia de las actuaciones con carácter previo a la toma de declaración del cliente, y que no se produzcan llamamientos para acudir en sede judicial o policial sin contar con la presencia del investigado y, en su caso, el intérprete del idioma que fuere.
Conciliación Profesional: deben realizarse modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar; entre ellas, la suspensión de plazos procesales en situación de baja laboral del letrado, o por ingreso hospitalario o enfermedad grave de parientes de primer grado.
Dignidad profesional: igualdad de trato en horarios, juzgados, plazos, sitios de reunión y esperas dignos en todos los juzgados y un largo etcétera. Así como que se proceda a la suspensión de la actuación de que se trate en caso de retraso grave en el servicio: es inasumible para cualquier Letrado tener que esperar 3 horas para iniciar el juicio o declaración, habiendo problemas de solapamiento de actuaciones, etc.
Justicia Accesible. No renunciamos a la infamia de las tasas judiciales, por lo que exigimos su total eliminación, al menos, para las PYMES y ONGs. El derecho fundamental a la Justicia no puede ser una de las actividades que soporta una de las tasas impositivas más elevadas.
Justicia Eficaz: Debe plantearse la apresurada Justicia Digital que nos va a lastrar durante décadas, con la creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ. Debe regularse el derecho de desconexión de los abogados."