El Parlament balear valida el decreto que elimina el requisito de catalán para trabajar en la sanidad pública

PALMA.- El pleno del Parlament balear ha validado este martes el decreto de medidas urgentes en el ámbito sanitario y educativo y que, entre otras medidas, incluye la eliminación del requisito lingüístico de catalán para trabajar en la sanidad pública balear.

El texto ha sido convalidado con los votos a favor de PP y Vox el diputado de Sa Unió y el voto en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, tras haberse rechazado su tramitación como proyecto de ley.

En materia sanitaria el texto contiene medidas para captar y fidelizar a profesionales sanitarios y contempla la regulación jurídica de zonas de difícil cobertura y la declaración de nuevas de muy difícil cobertura.

En este sentido, los médicos que acepten cubrir estas plazas podrían llegar a cobrar un complemento de 20.000 euros anuales, el triple de los complementos de difícil cobertura (6.600 euros para los A1 y a 4.800 euros el A2).

Cabe recordar, en relación al requisito lingüístico, que la propia consellera de Salud, Manuela García, reconoció que el Govern no tenía datos concretos sobre cuántos profesionales no venían a trabajar a Baleares o abandonaban el archipiélago por la cuestión lingüística.

En el ámbito educativo, destaca la gratuidad del primer ciclo de educación infantil --etapa educativa de cero a tres años-- en centros públicos y de la red complementaria, que está previsto que llegue a más de 11.000 alumnos de 194 centros. El decreto se concreta en 45.000 euros por aula.

El texto lo ha defendido ante la Cámara la consellera de Salud, Manuela García, aunque también lo firma el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. La responsable de Salud ha afirmado que la aprobación de este decreto era una "responsabilidad del Govern" y, en materia educativa, ha recordado que era una "injusticia" que las familias tuvieran que sostener el gasto de las primeras etapas educativos. 

"Aligeramos el peso económico injusto y priorizamos el acceso a la primera educación a colectivos en situación de riesgo pobreza y exclusión social", ha añadido.

En relación al decreto en el ámbito sanitario, que persigue la captación y fidelización de profesionales, García ha calificado de "alarmantes" las ratios de profesionales-pacientes en algunas especialidades y ha recordado que en los últimos ocho años a pesar de contar con más presupuesto, han aumentado las listas de espera quirúrgicas y de consulta con especialista.

Así, dado que el principal reto es poder contar con más profesionales, ha considerado como "imprescindibles" las medidas de captación y fidelización, entre ellas, la relativa al requisito lingüístico. Sobre esta última, únicamente ha afirmado que "no puede haber pacientes de primera y de segunda".

En su intervención, García ha adelantado que el Govern ya ha presentado la propuesta para que oncología médica de Can Misses sea considerado como puesto de muy difícil cobertura.

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha celebrado que "nunca un Govern había hecho tanto en tan poco tiempo", en relación a las medidas contenidas en el decreto para los sectores educativo y sanitario.

Durán ha recordado que, en materia educativa, que existe el ambicioso objetivo de que a final de año, todos los centros sean gratuitos y se alcance la universalización y la gratuidad de los cero a los 18 años. "Replantéense su voto en contra, la sociedad no lo entendería", ha afirmado dirigiéndose a la oposición.

En relación al requisito lingüístico, la 'popular' ha recordado que el objetivo es captar profesionales sanitarios "vivan donde vivan y vengan de donde vengan". El objetivo, ha resumido, es garantizar a los pacientes una prestación adecuada. "Va a costar mucho tapar la nefasta gestión pero lo importante es empezar a hacerlo", ha concluido.

Además, ha acusado al anterior Govern de introducir excepciones al catalán "por la puerta de atrás" y con el conocimiento de los socios del Pacte. "Su voto en contra es una muestra de cinismo descomunal", ha añadido dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

La diputada de Vox María José Verdú ha celebrado la gratuidad de la etapa educativa 0-3 años en el actual contexto económico y ha achacado la falta de profesionales sanitarios a la "imposición" del requisito lingüístico "de una lengua regional".

 "La época de las imposiciones lingüísticas se ha acabado. Llega la época de la libertad", ha añadido.

En el turno de los grupos que han votado en contra, la diputada del PSIB Amanda Fernández ha lamentado que se hayan mezclado 'ous amb caragols' y el mismo decreto contenga la gratuidad de la etapa 0-3 años, una buena medida, con "un ataque y un menosprecio al catalán".

Fernández ha calificado la eliminación del requisito lingüístico como "el preludio de lo contenido en el acuerdo PP-Vox y de la estrategia para arrinconar el catalán". 

Para la diputada, la eliminación del requisito devaluará la sanidad pública porque supondrá una peor atención médica. La socialista ha instado al Govern a presentar dos decretos garantizando que votarían a favor de la gratuidad de las medidas en materia educativa.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha lamentado la improvisación del decreto, que ha calificado como un 'check' en la lista de puntos del acuerdo de investidura de Marga Prohens.

Ramon, en términos parecidos a la diputada socialista, ha lamentado la vinculación de una medida positiva como la gratuidad del primer ciclo educativo con la eliminación del requisito lingüístico, que ha descrito como "una medida para contentar a Vox".

Para MÉS per Mallorca, el catalán "vuelve a ser la cabeza de turco" de la falta de profesionales sanitarios, que depende de resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la infrafinanciación.

MÉS per Mallorca también ha instado a presentar dos textos separados, para votar a favor de las medidas de carácter educativo, y ha pedido la tramitación como proyecto de ley.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha sostenido que la regulación de las plazas de difícil cobertura solo sirven para "tapar" la medida totalmente injusta de eliminación del requisito lingüístico. "Fían a la eliminación del requisito la solución a los problemas de la sanidad pública", ha apuntado.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha acusado al PP de hacer trampas "no al solitario, sino acompañados". Ha asegurado que es falso que la exigencia del catalán esté detrás de la falta de profesionales sanitarios.

MÉS per Palma critica el "sin sentido" que supone la catalogación del monolito de Sa Feixina como Bien Patrimonial

PALMA.- MÉS per Palma ha criticado el "sin sentido" que supone la catalogación del monumento bélico de Sa Feixina como Bien Patrimonial, tras la votación de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca en la que PP y Vox han votado a favor de la protección del monolito que conmemora las gestas del crucero Baleares en el bando nacional durante la Guerra Civil y finalmente hundido el 6 de marzo de 1938 frente al Cabo de Palos, muy cerca de la base naval de Cartagena.

La formación ha opinado este martes en un comunicado que "la única intención que hay detrás de esta protección es el interés de exaltar la dictadura franquista". 

En este sentido, la regidora Kika Coll ha dicho que catalogar el monumento "es una muestra de odio hacia las víctimas del franquismo, ya que es un homenaje al miedo y la represión".

Los ecosoberanistas consideran que la defensa de este monumento demuestra que "las derechas de Mallorca y Baleares son antidemocráticas, herederas de la dictadura franquista y de la muerte". 

Por su parte, la concejal Neus Truyol ha recordado que durante 75 años "nunca se había planteado catalogarlo ni protegerlo".

Asimismo, desde MÉS per Palma, han defendido que "los informes técnicos del Servicio de Patrimonio del Consell de Mallorca, del año 2015", decía que "con el análisis del monumento en Baleares no se han encontrado valores patrimoniales que justifiquen la aplicación de alguna de las figuras de protección establecidas en la ley Llphib". 

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha señalado que "ha quedado demostrado que el PP se siente cómodo defendiendo la protección de un monumento fascista", en referencia al monolito de Sa Feixina.

Así se ha expresado el ecosoberanista este martes después de la Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca que ha propuesto ejecutar la sentencia judicial que protege el monolito de Sa Feixina e incluir el monumento en el listado de Bienes Catalogados.

La propuesta ha salido adelante con siete votos a favor, de PP y Vox, y cuatro en contra, de MÉS per Mallorca y PSIB, que habían pedido este lunes la retirada de este punto del orden del día de la Comisión.

En este sentido, Alzamora ha señalado que desde su formación "no pueden estar de acuerdo porque hay un recurso de amparo de la Asociación Memoria de Mallorca en el Tribunal Constitucional que no ha sido contestado".

Por otra parte, ha indicado que la Ley de Memoria Democrática "prevé que aquellos monumentos que hagan referencia al franquismo tienen que ser catalogados y eliminados". 

"El PP ha defendido de forma ideológica un monumento que tiene una clara connotación franquista", ha concluido.

El PP de Manacor pide que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario municipal

PALMA.- El PP de Manacor ha registrado una moción en el Ayuntamiento, para ser tratada en el próximo pleno, en la que piden que las competencias de movilidad vuelvan al Plenario Municipal.

En una nota de prensa, el PP de Manacor ha informado del registro de una moción para ser tratada en el próximo Plenario municipal. La moción pide que las competencias relativas a movilidad --circulación y estacionamiento de vehículos-- vuelva al Plenario y no a la Comisión de gobierno.

Desde hace numerosas legislaturas el Ayuntamiento de Manacor ha contado con un equipo de gobierno formado gracias a la obtención de una mayoría absoluta en el Pleno. Por este motivo, ha señalado, existía una concordancia entre los acuerdos del Pleno y las resoluciones de Alcaldía.

"La legitimidad democrática radica en el hecho de que las decisiones de gobierno del municipio se sustenten en la representación que la ciudadanía ha otorgado y que se refleja en la composición del Pleno", ha subrayado el PP de Manacor.

Pero, ha precisado, en esta legislatura, el equipo de gobierno "no cuenta con el apoyo mayoritario de los miembros del Pleno, representantes de la ciudadanía", y es por este motivo que, según ha considerado, "se han de ajustar a la nueva realidad fruto de las urnas y de los pactos post electorales las atribuciones de los órganos de Alcaldía y Junta de Gobierno Local".

Así, el PP de Manacor ha pedido que varios artículos de las Ordenanzas relativas a la movilidad en el municipio "se cambien para adaptarlas a esta nueva realidad" y que "sea el Plenario municipal al completo quien se pronuncie antes de ejecutar cualquier cambio de calado en estas áreas".

Vox desenmascara a "Mercadona" por identificarse con la más que dudosa Agenda 2030

 

MADRID/VALENCIA.- La cadena de supermercados españoles Mercadona celebraba esta semana el octavo aniversario de su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba que quiere seguir «trabajando para alcanzar un futuro más sostenible». 

En la práctica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se resumen en un conjunto de medidas no votadas por los ciudadanos sino aceptadas por la gran mayoría de dirigentes políticos occidentales a través de lobbies, y que en la práctica supone la liquidación de la soberanía de las naciones y el ataque a la familia, a la vida y las raíces de Occidente. 

En este sentido, impone el «fanatismo climático», la ideología de género y alienta las avalanchas migratorias con el perjuicio inexorable a la prosperidad de las familias, al sector primario y a la industria.  

La polémica llegaba cuando muchos usuarios respondían al mensaje publicado en Twitter afirmando que no volverían a comprar en ninguna de sus tiendas. 

Incluso Vox, partido que ha defendido en incontables ocasiones a la empresa española y a su dueño, Juan Roig, de los ataques sufridos de manera habitual por Podemos, se hacía eco de la publicación y mostraba su sorpresa por el hecho de que «una empresa privada se dedique a hacer campañas políticas, enarbolando una bandera que está amenazando nuestro campo, nuestra industria y el progreso de todos los españoles».  

Por su parte, la síndica de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha asegurado que lo que critican es que una empresa "alce la bandera" de los ODS, con los que Vox está "totalmente en contra". 

"Y lo vamos a seguir defendiendo", dijo tras rechazar que la cadena de supermercados defienda los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Peligran 344 millones de fondos europeos para Baleares al no tramitar Armengol proyectos para gastarlos

PALMA.- Peligran 344 millones de fondos europeos Next Generation para Baleares al no haber tramitado el anterior Ejecutivo autonómico presidido hasta el pasado 7 de julio por la actual presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, proyecto alguno para gastarlos, según okDiario.

En total, el Gobierno central asignó a las Islas 1.014 millones de euros destinados a diferentes áreas como agricultura, salud, cultura, vivienda, igualdad, medio ambiente, pymes, turismo, etcétera.

En algunos casos los importes aprobados son de enjundia como en iniciativas para el sector turístico, que suman un total de 250 millones; para educación son 126; energía 262, o vivienda, 98 millones.

A 30 junio, el anterior Govern había movilizado y realizado algún tipo de tramitación presupuestaria, reserva de crédito o autorizaciones de diferentes proyectos, por valor de 670 millones. En consecuencia, a día de hoy, hay 344 millones de euros sin tocar y hay diferentes áreas y departamentos autonómicos donde la situación es más que preocupante.

Para asuntos de digitalización, de los 31 millones asignados, sólo han sido gastados 144.000 euros, apenas el 0,46% del total por lo que, en este caso, el riesgo de perder esos fondos es elevadísimo, así como en iniciativas vinculadas al área de energía, donde sólo se ha ejecutado un 13,9% del montante global.

En otros casos la situación de inoperatividad no alcanza esos niveles dramáticos, como en materia de ocupación donde ya se han destinado a diferentes proyectos el 49% del total millonario asignado; 52% lleva ya empleados el área cultura, o un 65% las iniciativas en materia de movilidad.

En otras áreas el riesgo de perder esas inversiones es muy elevado. El caso más llamativo es en proyectos relacionadas con el sector turístico donde sólo hay movilizados el 31,4% del total de 250 millones. En suma hay 134 millones sin destino alguno.

Esta misma semana el actual Govern de la popular Marga Prohens reconocía que pondrá en marcha toda la maquinaria para intentar que no se pierda un euro, «pero no sabemos si seremos capaces», porque el termino para su tramitación en algunos casos lleva la fecha límite de 31 de diciembre de 2023 y en otros, un año después.

Como admitió el vicepresidente, conseller de Economía, Hacienda e Innovación y portavoz, Toni Costa, en la pasada Comisión de Hacienda, «tenemos que poner en marcha proyectos que sean factibles para no perder un euro. Pero la situación es la que es”.

En el apartado del factor de insularidad previsto en el Régimen Especial Balear (REB) dentro de los Presupuestos Generales del Estado hay dos anualidades, una de 2022 por un total de 109 millones y otra del presente año de 103 millones (212 millones en total) que se tienen que ejecutar antes de 31 diciembre 2024.

En estos momentos, el nivel de gasto no llega ni a los 40 millones de euros, (un 19% del total) por lo que el riesgo de perder buena parte del montante es incluso más elevado que en los fondos Next Generation.

Costa achacó esta falta de iniciativas y proyectos a la forma de proceder del anterior Ejecutivo. «Asignaban financiación a ideas, no a proyectos, y después para desarrollar ese proyecto puede tardar años. Pero si no hay proyectos, no hay ejecución. Ahora pedimos proyectos a ejecutar para que puedan ser licitados y después buscar financiación, pero no al revés: primero financiación y después proyectos».

Éxodo de 127 guardias civiles en Baleares al no poder pagar el alquiler de una casa

MADRID.- La Guardia Civil en Baleares necesita urgentemente refuerzos y la sangría de agentes no cesa. Este lunes se oficializaban los nuevos destinos de miles de guardias civiles en toda España, y el déficit en Baleares sigue aumentando. Entran 47 nuevos agentes y se van 174. En total, la Comunidad autónoma pierde 127 efectivos, en un éxodo marcado por el coste disparado de la vivienda que ha llevado a los guardias a dormir incluso en caravanas.

J.S.H, de San José de Ibiza pasa a estar destinado en Murcia; R.G.D, de Mallorca a Alicante; A.G.M, de Llucmajor a Madrid; D.D.O, de Mallorca a Vitoria. Y así, hasta 174 agentes. Esa es la lista que publicó la semana pasada el Boletín Oficial de la Guardia Civil en la resolución por la que se destina a sus nuevos puestos, texto reservado a consumo interno al que ha tenido acceso okDiario. La salida se produce en las modalidades de Antigüedad, Méritos y Libre Designación.

De esa forma, Baleares pierde desde esta misma semana 127 agentes de la Guardia Civil -descontando los 47 nuevos que llegan-, dejando a la Comunidad en una situación preocupante para Interior. AUGC había advertido a la Dirección General que hacían falta 600 agentes más en Baleares para evitar la saturación en algunos puntos con gran carga de trabajo, especialmente en zonas de gran afluencia de turismo. Sin embargo, en vez de aliviar el déficit, éste es cada vez mayor.

Actualmente, explican fuentes de la Guardia Civil en Baleares, en el archipiélago hay destinados alrededor de 1.700 agentes -cifra actualizada tras la salida de esos 127 guardias-. Es una dotación que para las asociaciones es a todas luces insuficiente.

El principal problema para los agentes en Baleares, tal y como vienen denunciando desde hace años, es el coste de la vivienda. Con los precios de compra y de alquiler disparados, y con un parque residencial cada vez más enfocado al turismo ocasional, la Comunidad se ha convertido en inaccesible para muchos de los funcionarios comisionados en alguna de sus islas. Y no hay plazas suficientes, ni mucho menos, en las casas cuartel.

Basten estos datos como botón de muestra: cinco de los seis municipios con la vivienda más cara de España están en Baleares; en algunos puntos de las islas, el precio se ha disparado por encima del 18% en sólo un año; y, respecto a hace una década, el precio se ha disparado en general un 73%.

Con los precios más altos del país, Interior se ha negado a darle a los guardias civiles de Baleares la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que permitiría adoptar medidas para garantizar el acceso a la vivienda y compensar el coste de la insularidad.

Según recuerdan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), esta problemática «ha llevado a que muchos efectivos opten por abandonar las islas en busca de condiciones de vida más adecuadas».

Baleares se ha convertido, dicen, en un «destino a evitar» para los guardias civiles «debido a la carestía de la vida y, en particular, a la escasez de viviendas asequibles».

«La dificultad de encontrar alojamiento asequible ha generado una situación insostenible para aquellos que prestan servicio en estas islas. Recordamos que a principios de este verano varios guardias civiles tuvieron que dormir en caravanas ante la imposibilidad de encontrar alojamiento», señalan desde AUGC.

Lo que reclaman a Grande-Marlaska es que el destino en Baleares sea considerado preferente. «Esto implicaría que los efectivos que completen tres años de servicio en las islas tengan prioridad al solicitar su siguiente destino. Esta medida no solo ayudaría a retener a los guardias civiles en Baleares, sino que también contribuiría a paliar la actual falta de personal en la región».

En la actualidad, la mayoría de los agentes destinados en Baleares optan por cambiar de destino después de cumplir el año obligatorio, lo que agrava aún más la escasez de efectivos en la región.

Los técnicos tributarios de Baleares presentan alegaciones a la supresión del impuesto de sucesiones

IBIZA.- Joan Torres TorresPALMA.- La Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares (APttCB) ha presentado ya un escrito de alegaciones sobre el Decreto Ley 4/2023, de la supresión y recorte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así lo anuncia Joan Torres Torres, presidente de la APttCB: «Creemos que estos cambios ayudarán a que la economía crezca», ha dicho al Periódico de Ibiza y Formentera.

El punto número uno del escrito elaborado por los Técnicos Tributarios engloba los beneficios en materia del ITP. El Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023, de 18 de julio, contempla la supresión del ITP para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad en la compra de la primera residencia habitual en inmuebles cuyo coste no supere los 270.151,20€, y una bonificación del 50% del mismo impuesto para jóvenes menores de 36 años, familias con personas con discapacidad a su cargo, familias numerosas y monoparentales en la compra de la primera residencia habitual si su precio no supera los 350.000 euros.

«Nosotros nos oponemos a estos topes», explica Torres, recordando los altos precios de la vivienda en las Baleares. «Según el decreto, si el inmueble supera esos precios, las personas no pueden beneficiarse de la rebaja fiscal. Desde la APttCB decimos que, como los precios están tan altos, la diferencia del límite marcado al precio de la vivienda se deba tributar», comenta el ibicenco.

 Es decir, abrir la posibilidad de poder beneficiarse de la supresión del ITP en más ocasiones, no solo con los inmuebles que rebajen esos 270.151,20€ o los 350.000€, dependiendo del caso, pero solo hasta esos límites. Lo que exceda del precio tributará como hasta ahora.

 «En el caso de Ibiza y Formentera», dice Torres, «los precios son mucho más elevados, por eso pedimos que el importe límite suba en las Pitiusas hasta los 350.000 euros en todos los casos».

Además, en este aspecto, los Técnicos Tributarios solicitan que las bonificaciones fiscales se apliquen también a las viviendas de nueva construcción, no solo a las de segunda mano. «Las viviendas nuevas van sujetas al IVA, no al ITP. Claro, la comunidad autónoma no tiene competencias en IVA, es el Estado», expone Torres, anticipando el problema a la vista. 

Sin embargo, este colectivo propone una solución: «Cuando hacen declaraciones vinculadas a las operaciones de primeras copias de escrituras y actas notariales con la primera escritura, van por Actos Jurídicos Documentados y se paga al 1,2%. Pedimos que este acto, que sí que es competencia de la autonomía, se bonifique al 100%». 

El artículo tercero del Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se centra en la bonificación en las adquisiciones de sujetos pasivos incluidos en los grupos I (descendientes y adoptados menores de 21 años) y II (descendientes y adoptados mayores de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes). 

«La ley dice que el límite para la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) es que no se supere el valor real, pero este ya no existe según la Ley Antifraude», indica Torres. El valor real, según explica el ibicenco, es un «valor hipotético que te podrían llegar a pagar» mientras que el valor de mercado es «el que realmente te pagan».

La APttCB cree entonces que el concepto de valor real debería cambiarse a valor de referencia. Este valor, sin embargo, está reducido para que no llegue al valor de mercado: «La Ley Antifraude dijo que se aplicase un factor de minoración, que consiste en multiplicar el valor de mercado por 0,9». 

«Aquí ahora es al revés: como no se paga en sucesiones, beneficia hinchar los precios», afirma el ibicenco. Para ello, los asesores fiscales proponen que se incremente el valor referencial multiplicándolo por 1,111 y así consiguiendo que sea lo más equiparable al valor de mercado posible.

«La discusión es que mucha gente podría decir: ‘No, si me haces poner el valor de referencia y luego vendo, me estás perjudicando porque realmente podría poner un valor mayor, ya que la ley me lo permite, y venderlo al mismo valor que he puesto sobre el ISD. Por lo tanto, no habría ganancia patrimonial», aclara Torres. 

El presidente de la APttCB explica que, entonces, el Govern limita de cierta manera la bonificación del 100% hasta el valor de referencia. «Nosotros decimos que se deje el valor de referencia pero que se dé la posibilidad de incrementarlo, sin obligación, hasta el valor del mercado», reitera.

En el supuesto que no que no exista valor de referencia, se aplicaría la instrucción 1/2019, de 4 de octubre, del Administrador Tributario de la ATIB incrementado, con el objetivo de equiparar el valor lo máximo posible al precio de mercado. El valor resultante de la instrucción sería incrementado entonces entre un 40 y un 60%. 

Sobre que en el Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley 4/2023 se especifique que todo deberá quedar en escritura pública, el documento de alegaciones recomienda que en los casos de que haya un solo heredero no sea obligatorio. Torres explica que, haciendo de la escritura pública un requisito, puede que al heredero le toque pagar más incluso beneficiándose de la supresión del ISD. «Sería injusto, por eso creemos que debería ser obligatorio tan solo en los casos que una norma legal así lo disponga».

El punto tres del documento de alegaciones se enfoca en las bonificaciones de herencias de sujetos pasivos del grupo III (hermanos, sobrinos y tíos). En el caso de que personas del grupo III coincidan con descendientes o adoptados del causante, entendiendo que ninguno de estos esté desheredado, los asesores fiscales ven correcta la bonificación del 25% en el ISD. 

En el caso de que no haya personas del grupo I y II, o que estas estén desheredadas, la APttCB propone aumentar la bonificación de los sujetos del grupo III e incluso del grupo IV del 50% al 100%: «Cuando tengan consideración de pariente más próximo, que no haya otro antes, se deberán beneficiar de la supresión total del ISD».

«¿Qué quiere decir esto? Si no hay hijos pero sí sobrinos, y tiene que heredar el sobrino, que este tenga la bonificación del 100% como tendrían los hijos», ejemplifica Torres, recordando que hay muchas parejas o matrimonios que no tienen hijos.

 «Nosotros decimos que se pase del 50% de bonificación marcado en el Proyecto de Ley hasta el 100% para así poder aceptar la herencia y seguir con el desarrollo económico», expresa el presidente de la asociación.

El último apartado del escrito gira en torno a las reparticiones de las herencias. En los casos en los que hay un testamento, los bienes quedan repartidos conforme así lo estipule el escrito. «Cuando no hay testamento, sin embargo, todos heredan por igual», explica Torres.

 Esto puede generar conflictos porque, según indica el ibicenco, es muy difícil dividir en partes iguales una herencia: «Imagínate que son dos hermanos y tienen que heredar una casa, es imposible. O, por ejemplo, que hay dos pisos y uno cuesta más que el otro».

«Pongamos que a uno de los hijos su padre le pagó la carrera y por eso se conforma con el piso barato. Esta renuncia lleva a que el hermano tenga que pagar el ISD y que quizá el otro obtenga ganancia patrimonial», expone el presidente de la APttCB. 

Por esta razón, alegan que este exceso que se da en los acuerdos de partición, debido a la imposibilidad de conseguir partes iguales para todos los herederos, se bonifique al 100% en el Impuesto de Donaciones. 

«Entendemos que, cuando hay acuerdos, no se deberían pagar excesos de adjudicación por temas de estos, cuando es imposible partir las herencias», afirma Torres.

Torres aprovecha la ocasión para recordar a Benjamin Franklin: «Decía que hay dos cosas que están claras: la muerte y los impuestos. Sin los impuestos, un Estado no funciona». 

El ibicenco reitera la idea de la APttCB de que el ISD va en contra del desarrollo económico: «Fuera del grado I y II hay que pagar burradas. Puede haber casos, por ejemplo, del grupo IV que van a recibir la herencia de un tío abuelo de 600.000€ y tienen que pagar casi 240.000€.

 ¿Esto qué puede provocar? Pues que renuncien a la herencia, que ocurre mucho. Esto no ayuda al desarrollo económico».

 «Por eso creemos», continuó, «que la supresión del ISD puede ayudar mucho al desarrollo económico: si es una empresa, la pondrás a funcionar; si es una casa, la podrás reformar, etc. Todo esto a efectos de IVA e IRPF genera ingresos. Lo que deja de recaudar la comunidad por un lado lo recauda del otro».

¿Se ha visto obligado el gobierno británico a renunciar 'de facto' a la agenda municipal de 15 minutos?

 

LONDRES.- "En el Reino Unido, el gobierno se ha visto obligado a renunciar a la agenda municipal de 15 minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar las multas", ha dicho en su blog el prestigioso, por bien informado periodista, Benjamin Fulford. Pero Inglaterra no "renuncia" a la ciudad de los 15 minutos, pese a lo que se dice en las redes sociales, según la agencia internacional de noticias Associated Press.

 "Las cámaras no pueden ser protegidas porque han desfinanciado a la Policía. Los tribunales no pueden procesar a ese número de personas".

Los posts afirman que el Foro Económico Mundial (FEM) y otras organizaciones de mentalidad global están conspirando para imponer ciudades de "15 minutos" en las que sus libertades se verán gravemente recortadas por las tecnologías avanzadas.

Pero el principio de diseño urbano hace hincapié en la construcción de comunidades más compactas donde las necesidades cotidianas puedan encontrarse a 15 minutos a pie. No se trata de restringir los movimientos ni las libertades de las personas.

La idea de que Inglaterra está "abandonando" el concepto tampoco es exacta. Funcionarios británicos afirman que se están confundiendo erróneamente los esfuerzos basados en estos conceptos con las controvertidas normativas anticontaminación impuestas en otras partes del país.

El Plan de Mejora Medioambiental del Reino Unido, que pretende "restaurar la naturaleza" y "atajar la contaminación ambiental", por ejemplo, compromete al gobierno a garantizar que todo el mundo viva a menos de 15 minutos a pie de "espacios verdes" como parques y campos o "espacios azules" como ríos, estanques y otras vías fluviales.

"En la actualidad, el 38% de las personas no tienen espacios verdes o azules a menos de 15 minutos a pie de su casa", según el plan de 25 años, revisado en enero para incluir el nuevo objetivo y otros esfuerzos. 

"Por eso establecemos un nuevo y ambicioso compromiso de trabajar en todo el gobierno y más allá para garantizar que cualquier persona pueda llegar a un espacio verde o azul a menos de 15 minutos de la puerta de su casa".

Anna Calder, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, que dio a conocer el plan, confirmó que los esfuerzos para hacer realidad ese objetivo siguen en marcha.

Citó el Marco de Infraestructura Verde, un conjunto de directrices y normas dirigidas a planificadores y promotores comunitarios.

Funcionarios británicos afirman que el país insular sigue avanzando en los esfuerzos relacionados con el concepto de diseño urbano, sobre todo invirtiendo en más parques y espacios abiertos. 

Además, dicen, las cámaras y multas a las que se hace referencia en los posts están asociadas a esfuerzos no relacionados para reprimir a los vehículos viejos y contaminantes en Londres y otras ciudades.

"El Marco incluye una herramienta cartográfica galardonada que puede ayudar a identificar los lugares donde más se necesitan los espacios verdes", escribió la agencia en un comunicado de prensa de febrero.

 "El gobierno ya ha utilizado la herramienta para garantizar que el fondo de 9 millones de libras "Levelling Up Parks" llegue a las zonas de bajos ingresos con acceso limitado a espacios verdes".

El concepto de ciudades de 15 minutos tampoco tiene "nada que ver" con las cámaras y las multas a las que se hace referencia en las publicaciones de las redes sociales, según Carlos Ratti, profesor de estudios urbanos del MIT y director de su Laboratorio de Ciudades Sensibles.

Las 50.000 multas mencionadas en los mensajes de las redes sociales se refieren probablemente a las casi 50.000 multas impugnadas con éxito en Birmingham por su Zona de Aire Limpio.

Las cámaras, por su parte, se refieren probablemente a la destrucción de cientos de cámaras de tráfico por los opositores a las restricciones de emisiones de Londres, conocidas como Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ).

Todo cerca, pero no tan bonito como parece

La idea es reducir las emisiones provocadas por los desplazamientos protegiendo a los vecinos de la contaminación. Por eso resulta imprescindible lo de moverse a pie o bicicleta, utilizando el coche solo en contadas ocasiones. 

Y estas restricciones de tráfico han sido, precisamente, las que han provocado la protesta de los ciudadanos que en algunas ciudades como Oxford, en el Reino Unido, ven en ellas una limitación de la movilidad.  

las restricciones se han ido poco a poco ampliando en la ciudad. Han ido llegando desde el centro a la periferia y actualmente ya hay muchos problemas circulatorios para poder llegar a muchos puestos de trabajo.

Y las restricciones en Oxford iban a ir más. A partir de 2024 se pondrían en marcha los llamados filtros de tráfico de seis vías por las que solo podrán circular libremente los autobuses y taxis (el transporte público), peatones y ciclistas. Los residentes que tengan coche tendrían permiso para conducir, pero solo 100 días al año -25 si eres habitante del condado y no residente en la ciudad-.

Y aunque desde las autoridades han anunciado que habría excepciones, como las personas con movilidad reducida o trabajadores sanitarios, hay muchos habitantes enfadados, tanto como para que el concejal de Movilidad haya denunciado en la BBC amenazas de muerte.

El Gobierno presiona para que más de 100 ciudades españolas apliquen las ZBE

 

 

MADRID.- Más de nueve meses después de que entrase en vigor la normativa que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE, menos del 10% de los municipios españoles que deben activar la suya han cumplido con la ley, según el digital www.motorpasion.com

El Gobierno ya ha dejado claro que no habrá sanciones para los Ayuntamientos que no pongan en marcha su ZBE, pero acaba de avisar a decenas de localidades de que, si no lo hacen, tendrán que devolver los fondos europeos destinados a poner en marcha estas ZBE.

A nivel político, las ZBE han sido motivo de conflicto desde el primer día. A pesar de ello, la normativa que obliga a establecer una ZBE en las ciudades de más de 50.000 habitantes entró en vigor a principios de este año.

El problema es que, como reconoció hace unos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, solo hay 14 ciudades con una ZBE activa, menos del 10% de las 151 localidades españolas con más de 50.000 habitantes.

También tienen obligación de tener ZBE las ciudades de más de 20.000 habitantes para activarla, puntualmente y siempre que sea necesario, en episodios de alta contaminación.

Teresa Ribera reconoció, también hace unos días, que no habrá sanciones para las ciudades que no están cumpliendo con la normativa. Según la ministra, “no puede haber sanciones entre administraciones”. Pero eso no significa que el Gobierno esté dispuesto a mirar hacia otro lado.

El Ejecutivo acaba de avisar de lo que sucederá con las ciudades que sigan sin poner en marcha su ZBE a través de una carta que ha enviado a cerca de 200 ayuntamientos, según señala Público.

En esta carta, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana advierte a todos estos consistorios de que tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido para impulsar la movilidad sostenible si no activan su ZBE.

Algunas ciudades todavía no tienen su ZBE porque están necesitando tiempo para establecerla, pero otras se han negado directamente a implantar esta zona con restricciones al tráfico y al aparcamiento, como Gijón.

El mismo aviso también va dirigido a las ciudades que están revirtiendo o modificando proyectos. Es algo que llevamos viendo desde hace unas semanas en varias ciudades, como en Barcelona, donde ya ha comenzado la demolición de la Barcelona peatonal de Colau.

Valencia es otro ejemplo porque ha decidido quitar un carril bici construido por el anterior Gobierno regional con fondos europeos Next Generation para devolvérselo a los coches. En Logroño también hay guerra política por el mismo motivo.

El subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, recordó “el fuerte compromiso de su ministerio con la transformación sostenible de la movilidad urbana, que, por ejemplo, se ve reflejado en la concesión de 1.500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación a 196 municipios y dos entes supramunicipales para desarrollar 1.064 actuaciones encaminadas a implantar ZBE, a adquirir autobuses cero emisiones, a peatonalizar calles y a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones”.

Según apunta El Nacional.cat, la carta que ha enviado el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a estos casi 200 ayuntamientos, señala que “el régimen de modificación de las inversiones establece que el beneficiario de los recursos tiene que cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, ejecutar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones".

El aviso deja claro que incumplir cualquiera de estos proyectos o actividades implicará la devolución de los fondos europeos recibidos para llevarlos a cabo. En caso de que algunas ciudades quieran llevar a cabo cambios en estos proyectos, deberán aprobarse por la secretaría de Transportes.

En España, solo funcionan 14 de las 149 zonas de bajas emisiones obligatorias por ley

 

MADRID.- Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no son una opción. Son un requisito legal desde el 21 de mayo de 2021, cuando entró en vigor la Ley de Cambio Climático, que persigue entre otras cosas “mejorar la calidad del aire”.  Los municipios (y los territorios insulares) tenían más de un año y medio para implementarlas. La fecha tope era el 1 de enero de 2023. 

Este proyecto de zonas de bajas emisiones, además de la obligación legal, ha contado con financiación proveniente de los fondos de recuperación europeos. Los distintos proyectos presentados por las ciudades suman, de momento, un desembolso de 1.500 millones de euros aprobado y entregado por el Gobierno central. 

A septiembre de 2023 hay vigentes esas 14 ZBE más otras tres de municipios alrededor de Barcelona (en Cataluña se llegó al acuerdo de extender la implantación de áreas con menos tráfico a poblaciones de más de 20.000 vecinos).

“Vamos con muchísimo retraso y tendría que darse un avance gigantesco en este trimestre final para que se pusieran en marcha este año”, reflexiona la encargada de Movilidad en Greenpeace, Cristina Arjona.

 “Primero se ralentizó porque el real decreto sobre ZBE llegó en diciembre de 2022, de hecho el Ministerio está siendo flexible por eso, pero, después de la elecciones municipales han llegado cambios de gobiernos locales y se ha pasado de retrasar a, en algunos casos, dar pasos atrás”, remata.  

En el registro del Ministerio se califica como “en trámite” a la mayoría de ciudades restantes, aunque hay más de 15 “pendientes”, es decir, “sin trámites iniciados”, según describe Transición Ecológica.  

Lo que ha hecho García Albiol en Badalona es anunciar que aprobará una moratoria a las restricciones de tráfico de la ZBE. “No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, justificó el político del PP. En realidad, la normativa explica que esta medida debe buscar “impulsar el cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público”. 

Y dentro de ese objetivo incluir “restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. 

Tres meses (con las vacaciones de por medio) le ha durado al nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha en el cuarto municipio más poblado de Cataluña. Pretende desactivarla al dejar sin efecto sus restricciones. 

Era una de las únicas 14 zonas en funcionamiento –de 149– en poblaciones de más de 50.000 habitantes, donde es obligatorio desde el 1 de enero pasado, según el registro del Ministerio de Transición Ecológica. Es apenas un 9%. 

Carmen Duce, coordinadora de Transporte en Ecologistas en Acción, explica que “como ni la ley ni el real decreto que desarrolla las zonas contempla sanciones eso ha permitido dilatar el proceso”.

 “Lo que hemos podido ver in situ es que, en un principio, los ayuntamientos no tenían ni idea de lo que significa una zona de bajas emisiones y como el decreto del Gobierno no llegó hasta diciembre de 2022, eso les permitió echar balones fuera”, abunda Duce. 

La cuestión es que antes de eso, en noviembre de 2021, Transición Ecológica publicó unas directrices sobre cómo podrían implementarse estas áreas. Un documento para orientar a las ciudades que estaban obligadas a desarrollar su ZBE.  

Ahí se recogieron cuatro vías para sacar coches de las urbes. Incluso el real decreto que se elaboró un año después contempla que aquellos municipios que hubieran puesto en marcha zonas de tráfico restringido antes del real decreto tendrían 18 meses para retocar sus planes y adecuarlos a la normativa si no encajaban.

“Luego llegaron las elecciones municipales del 28M”, prosigue Duce. “Donde había voluntad política nos decían que hacerlo antes de la votación era un suicidio. Y después hemos detectado que donde ha habido cambio, parece que hubiera una consigna de esto no porque es lo que hacían lo otros, obviando, eso sí, el compromiso legal y, además, unos fondos asignados”.

La vicepresidenta de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha avisado a partir del anuncio de García Albiol que “el Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”. Badalona ha recibido un millón de euros de fondos europeos solo para el proyecto de implementación de esa zona de bajas emisiones.  

Arjona entiende que en el asunto de las zonas de bajas emisiones ha habido “una falta divulgación y difusión a la población sobre qué suponen porque, al final, parece que sean una molestia en lugar de algo positivo”. 

Duce coincide: “Se ha explicado muy mal. Se ha jugado con la idea de que solo podrían usarse coches eléctricos, es decir, algo para ricos, y en realidad se trata de un montón de cosas más como la movilidad activa, la bicicleta o el transporte público”.

Además, Carmen Duce apunta otra circunstancia: “Todos los recursos ante tribunales que se han presentado cuando había medidas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Burgos, Gijón... han hecho que los ayuntamientos optaran por hacerlo vía ordenanza municipal que, si bien tienen su lado positivo porque hay más información pública, hacen el proceso más lento”.

La idea de que haya estas áreas con menos tráfico es “reducir las emisiones [de gases] derivadas de la movilidad”, explica la ley. Más de un cuarto de las emisiones en España son producidas por automóviles, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. 

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del dióxido de nitrógeno proviene de los vehículos, según el Ayuntamiento. En Madrid, aproximadamente un tercio de todos los gases de efecto invernadero salen de los tubos de escape. Es, con mucho, el principal contaminador, según las tablas municipales.  

“En realidad implementarlas va a mejorar la salud, el espacio urbano, va a dar más espacio a peatones, hará que el transporte público funcione mejor...” detalla Cristina Arjona. “Ha sido un hándicap que no se haya hecho esa difusión positiva porque, una vez que se implantan estas medidas, la población ve cómo son y nadie las quiere revertir”, comenta esta ingeniera civil que ilustra el argumento con el caso de la peatonalización de Consell de Cent en Barcelona que una jueza ha ordenado eliminar una vez ejecutada, tras la denuncia de un grupo de comerciantes. Ahora, ninguno allí desea perderla. “Fui detractor, pero me gusta”, comentaba un vecino a elDiario.es tras conocerse el fallo judicial.

Tanto Arjona como Duce insisten en la necesidad de que se completen todas las áreas previstas. Este pasado jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes, en medio de actos por la Semana de la Movilidad, han insistido conjuntamente en la importancia de las ZBE ya que “priorizan los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público, colectivo y descarbonizado, frente a otros modos de transporte más contaminantes”.

“No puede entrarse en el revanchismo político”, remata Duce. “Lo primero debería ser la salud y el bienestar población. Los pasos atrás es que son a veces ridículos y también hay que decir que la mayoría de los trayectos diarios son a pie o en transporte publico y los coches son un minoría”.

En este sentido, los datos oficiales de la Comunidad de Madrid dicen que el automóvil privado representa el 39% de los viajes a diario. En la ciudad de Barcelona, el coche supone solo el 25% de todos los desplazamientos. En el área metropolitana de Valencia y en Sevilla es un 40%.

“Pero –remata la ecologista– los coches ocupan mucho espacio en las calles y parece que también en las mentes”.

Alarma por el hundimiento del 50% de la aviación comercial en Alemania

FRÁNCFORT.- La aviación está hoy muy lejos de retornar a la normalidad previa al Covid en Alemania. Los vuelos interiores punto a punto están un 50 por ciento por debajo de 2019. Si no fuera que China está aún peor, Alemania saldría como uno de los países ‘grandes’ en peores condiciones. Las aerolíneas se quejan o se marchan. Como siempre, la que se queja haciendo más ruido es Ryanair. Pero Easyjet, que no ha protestado, ha reducido su actividad significativamente.

Ahora BDL, la patronal de la aviación, en la que obviamente Lufthansa tiene la voz cantante, se ha sumado a las protestas con una dura acusación de Matthias von Randow, su presidente, que ha aprovechado una entrevista en el dominical del Die Welt, para decir que los costes que tienen que asumir son abrumadores. “Lo que necesitamos es una moratoria sobre las tarifas de transporte aéreo. Las cargas que soportamos no deben seguir subiendo”, remarca.

Según Von Randow, “una de las principales razones de la desaparición de la oferta de vuelos en Alemania es el enorme aumento de los costes”. Los impuestos estatales para un A320, por ejemplo, son entre tres o cuatro veces más elevados en Alemania que en Francia o España, equivalentes a 4.000 euros por vuelo.

Las aerolíneas se oponen a que los aeropuertos trasladen sus pérdidas a las aerolíneas y también esperan que los costes brutales de reducir las emisiones contaminantes caigan exclusivamente sobre ellas y sus clientes. “Los miles de millones de euros procedentes de los ingresos del impuesto al tráfico aéreo deberían utilizarse para este fin”, dice Von Randow.

El milagro económico alemán se convierte en "malestar europeo"

 NUEVA YORK.- Alemania se transforma en "el enfermo de Europa" y ralentiza la economía de toda la Unión Europea. La estrategia alemana orientada a la exportación ya no funciona: la subida de los precios del gas supuso un duro golpe, y los antiguos proveedores y consumidores pasaron a ser competidores, explica 'Bloomberg'.

Berlín logró impresionantes avances económicos en las últimas décadas apoyándose en importaciones de energía de bajo precio, sobre todo desde Rusia. Gracias a esta estrategia, el país germano se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de productos manufacturados como automóviles, máquinas-herramienta y maquinaria.

 

Pero ahora, "este esquema está fallando, y Alemania necesita encontrar uno nuevo, por su propio bien y por el de la economía europea en su conjunto", destaca el medio. La escalada del precio del gas, provocada por sus propias restricciones al comercio con Moscú, ha sido un duro golpe para Berlín. 

 

De diciembre de 2021 a julio del año 2023, la producción del sector industrial alemán, intensivo en energía, cayó un 18%, y Alemania se vio superada por Rusia en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) y volumen económico.

 

Por su parte, China ha pasado de proveedor y consumidor a competidor y "este año 2023 superará con toda seguridad a Alemania y se convertirá en el segundo exportador mundial de automóviles, después de Japón", pronostica Bloomberg.

 

La escasez energética y la falta del gas ruso dio lugar a ciertas medidas gubernamentales. Por ejemplo, Alemania aprobó el 21 de septiembre un proyecto de ley que hará obligatorias las medidas de ahorro energético en todos los sectores económicos.

 

La nueva ley, llamada Ley de Eficiencia Energética, regulará el ahorro de energía en los edificios públicos y la industria, con la esperanza de reducir aún más su uso: en un 26,5% para 2030 en comparación con 2008. Mientras tanto, en 2022, el consumo energético de Alemania ya cayó al nivel más bajo desde 1990, informa el portal Oilprice.com.

 

Conforme con Bloomberg, todas esas medidas, junto a "los años de infrafinanciación [una financiación inferior a la necesaria], las infraestructuras físicas y digitales subdesarrolladas que necesitan inversiones multimillonarias" debilitan la productividad de industria alemana.

La ONU pretende crear una autoridad mundial contra la pandemia con poderes de aplicación del confinamiento

 

NUEVA YORK.- La declaración de la ONU sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias ha sido aprobada por Dennis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU (AGNU), a pesar de las objeciones de 11 países. Esta aprobación se llevó a cabo sin someterla a una votación de la asamblea completa. El propósito de esta declaración es establecer una autoridad pandémica global con poderes disruptivos, como la capacidad de imponer confinamientos, promover la vacunación universal y censurar lo que considera "desinformación".

La declaración respalda el uso de tecnologías de salud digital para "implementar y respaldar medidas de salud y fortalecer los esfuerzos nacionales de respuesta" en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Algunos de los puntos que se solicitan incluyen una mayor vigilancia y la implementación de documentos sanitarios digitales. Los pasaportes de vacunas serían considerados como tecnologías de salud digital.

La caída de las tasas de vacunación en todo el mundo es motivo de "profunda preocupación", según la declaración. Se compromete a respaldar la investigación y el desarrollo de vacunas, considerando que la vacunación de rutina es una intervención rentable y eficiente en salud pública. 

Para mejorar la inmunización, se insta a fortalecer las capacidades de divulgación y proporcionar información basada en evidencia para fomentar la confianza, aceptación y demanda. Además, se busca ampliar la cobertura de vacunación para prevenir brotes y evitar la propagación y reaparición de enfermedades transmisibles.

La declaración enfatiza la necesidad de convertir los poderes temporales relacionados con COVID-19 en permanentes de manera sostenible, aprovechando las prácticas y lecciones aprendidas de la pandemia. Además, busca el establecimiento de un fondo pandémico de 30 mil millones de dólares por año para "inversiones críticas" relacionadas con la preparación y respuesta a las pandemias.

La nueva declaración expresa su preocupación por el impacto negativo de la desinformación y la desinformación relacionadas con la salud en los servicios de inmunización sistemática a nivel mundial. Además, se solicita la implementación de medidas para abordar la información errónea, especialmente en las plataformas de redes sociales. También se busca contrarrestar la vacilación de la vacuna y generar mayor confianza en las autoridades de salud pública.

La colaboración mundial en la prevención de pandemias y la mejora de la salud pública es creída por los partidarios de la declaración como algo que será ayudado por ella. Algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 serán aplicadas, según afirma la Organización Mundial de la Salud. 

Sin embargo, aquellos que entienden las implicaciones de esta medida están muy preocupados, incluyendo al presidente del Centro de Política de Seguridad, Frank Gaffney, quien la describe como "sin precedentes". 

Él dijo: "No hay forma de evitar el hecho de que va a venir a expensas de la soberanía de las diversas naciones a las que posteriormente se les dirá que tienen una emergencia y se les dirá lo que tienen que hacer al respecto".

"Esta es una prensa de corte completo para que la totalidad de la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias especializadas y sus organizaciones afiliadas, respalden y apoyen su propuesta globalista de la OMS en todo el mundo estado policial totalitario médico y científico", dijo Francis Boyle, J.D., Ph. D., experto en armas biológicas y profesor de derecho internacional de la Universidad de Illinois.

También preocupa a los críticos que, al apoyar las restricciones al estilo COVID-19, se cierren las escuelas y se obligue esencialmente a las mujeres a abandonar sus trabajos, lo cual podría llevarlas potencialmente a la pobreza.

Una carta fue escrita por los representantes de 11 países al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual expresaron sus reservas sobre la declaración. En dicha carta se afirmaba: "Creemos firmemente que esta no es la manera adecuada de gestionar las negociaciones multilaterales e inter gubernamentales sobre temas de gran importancia para la comunidad internacional, especialmente para los países en desarrollo". 

Boyle ha acusado a la Asamblea General de la ONU de distorsionar la declaración al obtener la aprobación del presidente de la AGNU, ya que sabían que no sería aprobada como una resolución de consenso por parte de la Asamblea General debido a las 11 objeciones presentadas.

Dr. Manuel Jesús Rodríguez, forense español, relata lo que ha visto en autopsias de muertes instantáneas

 

Una concentración en Palma exige a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata"

PALMA.- Una concentración, convocada este sábado, a las 19.00 horas, por la Asociación Nueva Vida, en la plaza Marqués del Palmer, de Palma, ha exigido a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata".

La coordinadora de la sede de Baleares de la Asociación Nueva Vida, Valeria Esteban, ha explicado que la concentración de este sábado tiene lugar con motivo del 'Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas'.

Así, en primer lugar, ha señalado que su objetivo es "apelar a la conciencia de la ciudadanía, en general, porque sin demanda no hay trata, no hay prostitución, ni prostíbulos ni proxenetas, en resumen, no hay este sistema".

"Queremos, por tanto", ha manifestado, "hacer una llamada de atención a visibilizar una situación que existe y que está muy vigente no solo en España, en su conjunto, sino de forma muy particular en Baleares, una comunidad autónoma que, además, es destino de turismo sexual, y, de esta manera, dar voz a todas las víctimas que existen muy cerca de nosotros".

En segundo lugar, ha continuado, esta concentración "pretende ser un llamamiento a las autoridades públicas en dos direcciones, por un lado, para que continúen con el proceso, paralizado en marzo de este año, debido a las elecciones, de aprobación de un proyecto de ley orgánica e integral contra la trata y, por otro, para que se ponga en marcha la modificación del código penal". 

"Hay que ser valientes y continuar con este tema porque mientras hay personas sufriendo", ha recordado Esteban.

Y, en tercer y último lugar, la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, ha reivindicado "la necesaria implementación de una ley que regule el acceso a la pornografía con controles efectivos de edad, como se hace en otros países".

En este sentido, Esteban ha recordado que, por ejemplo, "en Estado Unidos, en Utah, no se puede acceder a Pornhub, desde que se aprobó una ley que obliga a la web a verificar la edad de sus usuarios" y que, de igual manera, "países como Reino Unido, Italia o Francia están tomando medidas similares".

Esteban ha lamentado que, sin embargo, "en España se va muy retrasado" y "las consecuencias en menores y en la sociedad en general; así como en la prostitución, cuya base es la pornografía y la cúspide es la trata, se está alimentando y desarrollando de una forma sin precedentes".

La coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida ha detallado que el pasado año 2022, solo en Palma, se atendió a 1.448 personas en situación de prostitución y, según Red de atención directa a personas que ejercen la prostitución en Palma, de éstas el 22 por ciento eran víctimas de trata.

A nivel autonómico, según distintos estudios externos, a los que ha hecho referencia Esteban, 90.000 hombres pagan por sexo y un 90,5 por ciento de jóvenes de entre 13 y 18 años consumen pornografía.

Y, para concluir, a nivel global, Esteban ha puesto el foco en que el 80 por ciento de pornografía infantil que hay en las redes a día de hoy es producido por los propios menores.

"Cifras todas ellas", ha sentenciado la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, "alarmantes" y que "dan buena cuenta de el problema real al que hay que hacer frente entre todos".

Jaime Martínez, José Luis Benejam y Vicent Roig, en los órganos de máxima autoridad de la FEMP

PALMA.- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, el de Alaior, José Luis Benejam y el de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, han sido elegidos para formar parte de los órganos de máxima autoridad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según ha informado el PP este sábado en una nota de prensa, el XIII Pleno de la FEMP ha elegido por votación a tres municipios de Baleares, en concreto a Palma (Mallorca), Alaior (Menorca) y Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), gobernados por el PP para formar parte de sus distintos órganos de gobierno.

Así, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, pasa a formar parte de la Junta de Gobierno mientras que José Luis Benejam y Vicent Roig, alcaldes de los ayuntamientos de Alaior y de Sant Josep de sa Talaia, respectivamente, formarán parte del Consejo Territorial.

De esta manera, la capital balear volverá a estar presente en la Junta de Gobierno de la FEMP.

Baleares, entre las CCAA que el Consejo de Ministros declarará como 'Zona Catastrófica' este lunes por las lluvias

MADRID.- La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que este lunes el Consejo de Ministros declarará Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil aquellos territorios que sufrieron las precipitaciones persistentes y generalizadas de principios de este mes de septiembre, que registraron un balance de ocho fallecidos y cuantiosos daños personales en prácticamente todas las provincias.

 Especialmente se ha referido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Un acuerdo, ha explicado la ministra en funciones, que "responde al compromiso del Gobierno con la reducción de los plazos de tramitación de las ayudas a entidades locales por catástrofes naturales a un tercio del tiempo empleado en antiguas legislaturas".

Si en 2015 pasaban 461 días hasta la publicación de la convocatoria, en la actualidad se ha reducido el periodo de tramitación a 148 días, a pesar de que ha habido que afrontar en este periodo la gestión de la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra.

Isabel Rodríguez ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones públicas durante la pasada legislatura en la pandemia."Tuvimos que gestionar desde la adversidad y, desde el impulso del Gobierno de España, participamos todas las administraciones juntas en la recuperación, aportando lo mejor de este país, con la colaboración de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, presidentes de diputaciones elegidos por ellos, y la sociedad".

"Todas las administraciones públicas estuvieron a la altura ante la mayor amenaza desde la guerra civil en términos humanitarios y económicos. Mi reconocimiento a quienes gestionaron aquellos momentos, a la sociedad y a las administraciones públicas por la cooperación leal que nos dimos", ha añadido.

Rodríguez ha asegurado que "la política municipal no solo contribuye al bienestar de nuestro país, también nos aporta "respuestas a los grandes retos globales del futuro".

Y en el balance de la legislatura que ha finalizado, ha subrayado la pandemia, las consecuencias de la guerra, las DANAS para declarar sentirse "orgullosa de pertenecer a un Gobierno que ha estado a la altura en la respuesta, como lo estuvieron los ayuntamientos".

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado 1.397 vuelos

PALMA.- Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado un total de 1.397 vuelos, según ha informado Aena.

Durante este sábado el aeropuerto de Palma será el que más vuelos gestione, con un total de 951 movimientos. En cuanto al aeropuerto de Ibiza, tiene programados 294 vuelos y, el de Menorca, operará un total de 152 vuelos.

Así, durante este fin de semana los aeropuertos de Baleares tienen previstos un total de 2.707 vuelos. El día de mayor afluencia será éste sábado, con 1.397 vuelos programados, mientras que mañana domingo se gestionarán 1.310 vuelos.

Cánceres que aparecen de forma nunca vista tras las vacunas COVID, denuncia el Dr. Harvey Risch

 

NEW HAVEN.- El Dr. Risch es profesor emérito de epidemiología en el Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Medicina de Yale. Sus investigaciones se han centrado ampliamente en las causas del cáncer, así como en la prevención y el diagnóstico precoz.

En una entrevista para el programa "American Thought Leaders" de EpochTV, el Dr. Risch dijo que ahora los pacientes deben esperar meses, no semanas, para conseguir una cita en una clínica oncológica de Nueva York.

Es difícil observar si una vacuna puede causar cáncer, porque el cáncer suele tardar en desarrollarse, dijo el Dr. Risch. Puede tardar entre dos y 30 años, dependiendo de los distintos tipos de cáncer, desde la leucemia hasta el cáncer de colon.

"Lo que los clínicos han estado viendo", dijo el Dr. Risch, "son cosas muy extrañas: por ejemplo, personas de 25 años con cáncer de colon, que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad -eso es básicamente imposible según el paradigma conocido de cómo funciona el cáncer de colon- y otros cánceres de larga latencia que están viendo en personas muy jóvenes."

Dijo que no es así como se desarrolla normalmente el cáncer.

"Tiene que haber algún estímulo iniciador para que esto ocurra", afirmó.

Lucha contra el cáncer

El Dr. Risch dijo que, en su opinión, el cáncer es algo que un cuerpo humano sano puede combatir y desactivar, ya que las células cancerosas no normales son engullidas cuando se detectan en un cuerpo con un sistema inmunitario funcional.

 Sin embargo, si el sistema inmunitario está comprometido, no puede hacer frente a la tarea de neutralizar las células cancerosas, y éstas se dejan multiplicar y crecer, dando lugar a los síntomas del cáncer.

"Ese es el mecanismo que considero más probable en este caso", afirma el Dr. Risch. "Sabemos que las vacunas COVID han causado diversos grados de daño al sistema inmunitario en una fracción de las personas que las han tomado".

Ese daño podría traducirse en contraer COVID más a menudo, contraer otras enfermedades infecciosas o contraer cáncer.

Otro ejemplo que dio el Dr. Risch fue el cáncer de mama, que normalmente, si hay una remanifestación después de la extirpación quirúrgica, la remanifestación se produce después de dos décadas. Sin embargo, ahora se observa que las mujeres vacunadas remanifiestan los cánceres de mama en periodos de tiempo mucho más cortos.

"Ésas son las señales iniciales que hemos estado observando, y debido a que estos cánceres se han estado produciendo en personas que eran demasiado jóvenes para contraerlos, básicamente, en comparación con la forma normal en que funciona, se han designado como cánceres turbo", dijo el Dr. Risch.

"Algunos de estos cánceres son tan agresivos que, entre el momento en que se detectan por primera vez y el momento en que vuelven a recibir tratamiento al cabo de unas semanas, han crecido de forma espectacular en comparación con lo que los oncólogos habrían esperado por la forma en que el cáncer progresa normalmente", añadió.

"Esté en sintonía con su cuerpo", recomendó el Dr. Risch, para notar cualquier nueva señal que pueda dar el organismo.

Efectos adversos tras la vacunación

El Dr. Risch también se refirió al aspecto de que los organismos médicos oficiales no reconozcan a alguien como vacunado dentro de las dos primeras semanas de vacunación. Esto sucede, dijo, porque las agencias médicas dicen que los efectos de la vacuna necesitan dos semanas para empezar a manifestarse. Los efectos adversos que se producen unos días después de la vacunación se contabilizan oficialmente como afecciones que se manifiestan en personas no vacunadas, dijo.

Sin embargo, los efectos adversos graves tras recibir la vacuna se han producido en los primeros cuatro días, dijo el Dr. Risch. Dijo que tres cuartas partes de los efectos adversos se están registrando como ocurridos en personas no vacunadas.

Los responsables de la toma de decisiones durante la pandemia "tiraron por la borda los principios de la salud pública a los seis días de la pandemia e hicieron lo contrario de todo lo que sabíamos que debía hacerse para los virus respiratorios", afirmó.

Un ejemplo fue la negación de un tratamiento precoz eficaz y las vacunaciones innecesarias, que muestran un "fracaso colosal de la salud pública durante este periodo", afirmó.

El Dr. Risch dijo que mucha gente es ahora menos propensa a dejarse "propagandizar" con respecto al COVID, y que las noticias sobre una nueva variante que va a conquistar el mundo en el próximo mes son "propaganda para vender el próximo lote de vacunas que saldrá en unas semanas."

"La gente está harta de esto y va a haber mucha más contestación", dijo.

Riesgos para la sociedad

El Dr. Risch dijo que, aunque el riesgo individual de una reacción adversa a la vacuna es relativamente bajo, una vez que ese riesgo se manifiesta a mayor escala, cuando millones de personas han recibido la vacuna, el resultado es que cientos de miles de personas quedan con lesiones y acontecimientos adversos graves que a menudo son peores que el propio virus.

La opinión del Dr. Risch es que nadie debería vacunarse con una vacuna de ARNm, ya que las nuevas variantes son leves y no ponen en peligro la vida. Ha oído hablar de algunas hospitalizaciones que duraron algunos días, pero como la mayoría de las personas tuvieron COVID en el pasado, también tienen cierta inmunidad a estas nuevas variantes.

"No hay razón para que la gente se vacune ahora, en ningún grado", afirmó.

Dijo que el COVID se ha convertido en una enfermedad similar a la gripe en su grado de gravedad, y que la propaganda para asustar a la gente está siendo impulsada por el gobierno en nombre de las compañías farmacéuticas para vender más vacunas.

"Vivimos en contacto social unos con otros y, por tanto, propagamos infecciones de bajo nivel. Esto es parte de la vida humana que damos por sentado e intentamos tratarlo lo mejor que podemos", dijo.

 "Así es como deberíamos gestionar esto".

 

https://www.zerohedge.com/covid-19/cancers-appearing-ways-never-seen-after-covid-vaccinations-dr-harvey-risch