PALMA.- Los investigadores siguen buscando sin hallar los
fondos que presuntamente percibieron la expresidenta del Parlamento
balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el
exvicepresidente de esta institución Miquel Nadal y el exconsejero
insular de Territorio Bartomeu Vicens, como soborno por la adjudicación
supuestamente irregular de los solares palmesanos de Can Domenge, tras
haber registrado de nuevo, a lo largo de esta mañana, la vivienda de la
exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM).
Según han señalado hoy fuentes de la investigación,
declarada secreta por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Palma, la
Policía Judicial y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach sí han hallado
durante el allanamiento documentos que certificarían las relaciones que
Munar habría establecido con Vicens de cara a lograr el presunto amaño
del concurso por el que la venta de los terrenos acabó en manos de
Sacresa por unos treinta millones de euros, la mitad de su valor en el
mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, querellante en
el caso Can Domenge.
El registro de esta mañana, que ha finalizado en torno a las 13.30
horas, se suma a los practicados este lunes también en la vivienda de
Munar de Costitx y en la que posee en el Paseo Marítimo de Palma, así
como en el domicilio de quien fuese su delfín político Miquel Nadal.
Todo ello después de que así lo ordenase el juez de guardia, Juan Pedro
Yllanes, tras la denuncia remitida ese mismo día por la Fiscalía
Anticorrupción a raíz de las confesiones realizadas por Vicens y de la
entrega ante la Audiencia Provincial de Baleares de 160.000 euros del
cohecho investigado.
Según las pesquisas y de las declaración arrojada por el
exconsejero insular, la cantidad global del soborno ascendería a cuatro
millones de euros, que habrían sido repartidos entre Munar, Nadal, el
propio Vicens y la extinta UM, desaparecida a raíz de los numerosos
casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas.
Precisamente, el próximo 5 de junio está previsto que arranque,
tras más de cinco años de que estallase su operación policial, el juicio
del caso Can Domenge, que a lo largo de ese mes y principios de julio
sentará por segunda vez en el banquillo a Munar, junto a Nadal, Vicens y
el también exconsejero insular Miquel Àngel Flaquer, quienes serán
juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Para cada
uno de ellos, el Ministerio Público solicita seis años de prisión.
Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente
administrativo relativo a la adjudicación de los terrenos, la causa será
juzgada en concreto los días 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio y
del 1 al 5 de julio.
En concreto, sobre los excargos 'uemitas' pesan los presuntos
delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años
de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación,
pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de
malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y
Navarro como el Consell, personados como acusación particular.
Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol,
abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la
empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román
Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.
En relación con Munar, la jueza que instruyó la causa, Carmen
González, ya apuntó que la enajenación de Can Domenge "no era un asunto
más que pudiese pasar por alto a la presidenta", apreciando "indicios
bastantes" de que "por razón de su cargo, la influencia y poder que
ejercía sobre los consejeros directamente implicados" y por su
"participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales"
del proceso, "participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos
del concurso".
Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía
a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad
en el pleno en que se aprobó la enajenación "no cabe pensar que se
desentendiese del asunto".
Sin embargo, la expresidenta insular no es la única contra la que
cargaba González al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una
intervención "personal y activa" en la desafectación de los terrenos y
participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa,
además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación
para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005.
Es más, Núñez y Navarro destacaba que el hecho de que el pleno del
Consell asumiese la enajenación de los terrenos palmesanos no fue más
que una "maniobra" de Munar para "diluir" su responsabilidad en este
proceso, consciente de la "flagrante ilegalidad" que estaba
"perpetrando" junto a otros exaltos cargos de la Institución también
imputados en esta causa.
Cabe recordar que sobre Munar ya pesa una condena de cinco años y
medio de cárcel por desviar, junto a Nadal -quien fue sentenciado a dos
años y siete meses-, un total de 240.000 euros a la productora que ambos
controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del
Consell.
Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se
encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Can
Domenge, de Voltor, Maquillaje, Son Oms, Llompart, Ibatur y un séptimo
centrado en la presunta financiación ilegal de UM.
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