MADRID.-
Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción
internacional con la venta de armas desde la empresa pública Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de Infantería de Marina retirado, Ángel María Larumbe,
han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones
irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en
el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y recoge la Cadena SER.
Mordidas
por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70
contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.
Encinas
Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente
Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las
autorizaba la propia Defex.
Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el
porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato
de la empresa pública.
Pero ha sido Defex la que ha desmontado la coartada
de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al
juzgado que "bajo ningún concepto" autorizaron jamás las comisiones.
El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública Defex, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido
en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de
152,9 millones de euros.
La pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones.
Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre
funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España.
Para ello
utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales
que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía
Francisco Paesa.
Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional,
sostienen que esta
empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y
“sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200
y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en
colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía
armas.
La
pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente
cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han
sido identificados excepto el "kin" (sic) o "rey" de la trama (king):
el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3
millones de euros.
Al
menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas
Charro, conocen la identidad del particular "míster X" de la
organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el
momento se han negado a desvelarla.
Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran "palabras mayores".
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