Sin libertad de expresión todos los
demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los
tiranos es reducirla o suprimirla.
Lo primero que hizo el gobierno del
PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el
estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión
y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción
de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y
manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
La
inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es
acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros,
raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe
enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos
sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura
especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad.
Quien
impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero
no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de
respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso
por ejemplo, solo hay un paso.
Y
ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de
expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia
porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias,
faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha,
muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en
justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es
manifiestamente parcial, política.
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