MADRID.- La instructora del caso Zaplana
decretó hace unos días una nueva prórroga del secreto que pesa sobre el
procedimiento en el que se investiga al expresidente de la Comunidad
Valenciana y que estalló el pasado mayo con la entrada en prisión del
'popular'. La responsable del caso Erial dictó un auto para argumentar su decisión, pero ha mantenido los motivos que le llevan a hacerlo también en reserva para las partes.
El escueto escrito notificado a Zaplana, al que ha tenido acceso El
Confidencial, no incluye por tanto argumentación alguna y se limita a
reflejar la parte dispositiva. Como antecedentes de hecho muestra,
exclusivamente, la fecha de la anterior prórroga del secreto,
dictada en noviembre.
Los fundamentos de derecho quedan sustituidos por
unos puntos suspensivos. En la disposición final acuerda "prorrogar el
secreto de las actuaciones para todas las partes excepto para el
Ministerio Fiscal" y precisa que se dará cuenta a estas únicamente de la
parte dispositiva y los antecedentes.
La
prórroga se ha producido en pleno repunte de la polémica por el
mantenimiento en prisión de Eduardo Zaplana, que fue ingresado hace unos
días en La Fe por complicaciones en una dolencia derivada del trasplante
al que se sometió para paliar su leucemia.
La magistrada le ha denegado
la salida de prisión en varias ocasiones y no considera que su delicado
estado de salud sirva para paliar el riesgo de fuga y de destrucción de
pruebas.
En un auto de hace unas semanas rechaza la oferta de
colaboración del acusado bajo la justificación de que puede tratarse su
dolencia en cualquier lugar, también allí donde hay "paraísos fiscales".
La magistrada María Isabel Rodríguez asegura que la enfermedad del considerado cabecilla del caso Erial no
congela el peligro de que escape a la acción de la justicia.
"Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales",
destaca la magistrada que no da crédito a la oferta de cooperación que
formuló Eduardo Zaplana, dispuesto a facilitar el detalle de sus cuentas
que el Juzgado rastrea a través de comisiones rogatorias a distintos estados que aún están pendientes de respuesta.
El que fuera ministro de Trabajo con el PP ingresó en la cárcel de
Picassent hace más de siete meses junto a varios de sus colaboradores en
el caso Erial, los presuntos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau.
En el caso, que también afecta al exdirector general de la Policía Juan Cotino,
se le atribuyen delitos como cohecho, prevaricación, malversación,
blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la
contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una
asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
A
cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la titular del Juzgado de
Instrucción 8, la causa trata de delimitar el blanqueo de más de 10
millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales por la
adjudicación de contratos públicos entre ellos la concesión de las ITV y
el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la
Generalitat.
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