Concentración contra el secuestro de "los niños tutelados" por instituciones públicas

MADRID.-  Este domingo, 10 de marzo, se han concentrado de nuevo, en la plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, las familias afectadas por la retirada irregular de la tutela de sus hijos y las personas que, sin ser afectadas, están apoyando esta causa.

Las familias se concentran un domingo de cada mes para denunciar la pasividad del Estado ante esta situación y para concienciar a la gente de la perversión que esconde todo esto.

En España, decenas de miles de niños se encuentran bajo la tutela del Estado en contra de la voluntad de sus padres. Lo primero que se puede pensar es que “algo muy malo habrán hecho esos padres para que les quiten a sus hijos”.

"Sin embargo, analizando muchos casos reales, se puede comprobar la inconsistencia de los motivos que han justificado tan terrible castigo, así como la energía que dedican los padres y familiares a intentar recuperar a sus hijos", se dice en un documento redactado por los afectados.

"Hay en España aproximadamente 40.000 niños tutelados sin garantías ni derecho a réplica. Las familias están sufriendo porque les arrebatan a sus hijos y nietos con informes más que cuestionables. Las evaluaciones son arbitrarias y subjetivas. Las realizan los mismos técnicos que deciden el desamparo y quitan la tutela a las familias. Esto solo apunta a que hay un interés por conseguir que muchos niños sean utilizados como mercancía con fines más que siniestros.

Nuestro sistema, ha favorecido legalmente, total potestad a los Servicios Sociales para actuar en el seno de las familias.

Los trabajadores Sociales están autorizados, sin necesidad de orden judicial, para intervenir en familias y tutelar niños sin que nadie cuestione ni investigue la realidad que viven los niños.

Se ha desarrollado un entramado mafioso dentro de los Servicios Sociales que acechan a víctimas potenciales para conseguir abrir un falso expediente de desamparo y que el Estado consiga la tutela.

Entran en viviendas, colegios y retiran niños, sin avisar a las familias, aduciendo desamparo, maltrato o abandono...

Es tan irregular y monstruoso lo que está pasando con miles de niños y familias que nadie quiere creerlo.

Es inadmisible que un poder como la Administración tenga la potestad de separar a los hijos de sus familias biológicas sin orden judicial y sin garantías procesales. Toda una perversión del Estado de Derecho.

Los niños son literalmente, secuestrados por los tentáculos de la Administración. Con menos derechos que un preso en una cárcel. Los niños se quedan aislados de sus padres y familiares y dejan de tener vínculos con ellos. Les destrozan la vida.

¡Está ocurriendo en España, en Europa y en otras partes del mundo con leyes engañosas que lo están permitiendo!

Está bien diseñado y pensado. Todos confiamos, por defecto, en que las instituciones velan por nosotros. Mejor o peor. Con más o menos recursos. Pero jamás podríamos pensar que su intención fuera aprovecharse de la vulnerabilidad social para hacer negocio y destrozar a niños y familias.

Un organismo como los Servicios Sociales en el área de protección a la infancia que se supone debe velar por los intereses de los niños. Que tendría que tener como objeto prioritario ayudar, apoyar para que los niños tuvieran una estructura de protección afectiva y segura, no solo no apoya, no solo no ayuda, sino que daña y destruye la estabilidad y la vida de miles de niños y consecuentemente de las familias.

Utilizan el factor sorpresa, el desconcierto de quien es cuestionado por lo que hace y tiene que justificarse ante un organismo que se supone quiere velar por su interés y está utilizando el abuso de poder y autoridad para dejar en indefensión a las familias y luego, cuando ya están absolutamente sometidas, justificando lo injustificable para que no les hagan daño y proteger a sus pequeños, en ese momento, declaran el desamparo y les quitan las tutelas.

Las familias entran en procesos de perturbación, incredulidad y bloqueo favoreciendo así que este entramado mafioso que hay dentro de la Administración consiga su propósito.

A los niños les hacen vivir el trauma más espantoso y el daño más cruel. Y todo esto está silenciado.

Les alejan de la familia, recluyéndolos en centros de acogida donde malviven, les mantienen sedados y donde hay un hermetismo absoluto de las condiciones y el trato recibido. Luego pasan a ser acogidos por familias que cobran por tenerlos, pero que no tienen ningún vinculo afectivo, en el mejor de los casos, o, en el peor, solo están interesados por la rentabilidad que les dan. 

El siguiente paso puede ser la adopción. Esto es una pesadilla terrible porque muchos de estos niños, además de ser cruelmente arrancados de su entorno afectivo y familiar, tienen que adaptarse a vivir en condiciones inhumanas, en muchas ocasiones maltratados por los que les acogen.

Además no nos olvidemos de denunciar las condiciones precarias, inhumanas y deplorables en las que se encuentran muchos de los centros de acogida. La perversión y la corrupción extrema que desprecia, humilla, maltrata de forma cruel a los niños y adolescentes que viven en ellos. Centros de acogida de gestión privada y con técnicos de infancia que cumplen la función de carceleros de las más baja estofa.

¿Nadie de la Administración se da cuenta de que esto es un crimen contra la infancia y la adolescencia?

¿Cómo pueden presumir de proteger a la infancia permitiendo esta realidad?

Así, podemos decir claramente que se está produciendo la destrucción de familias de forma legal. Familias rotas por el sistema. Niños desamparados bajo el fraude de pervertir la ley de protección de menores. La ley de protección de la Infancia". 

Intereses económicos detrás de todo, denuncian los afectados

Miles de millones que la Unión Europea dota a la Administración por niño tutelado. "Hay una arbitrariedad absoluta en las decisiones de un negocio que mueve una ingente cantidad de dinero de los contribuyentes a costa del sufrimiento de muchas familias que ven cómo sus hijos son apartados de su seno, en muchas ocasiones con la consiguiente desprotección y la imposibilidad de apelar una decisión que se toma sin las garantías necesarias".

"Nuestro sistema ha visto que tutelar niños es muy rentable y da cuantiosos beneficios mediante subvenciones de la Unión Europea. El Estado, mediante las competencias de las Comunidades Autónomas y utilizando a los servicios municipales como mano ejecutora, están ingresando 68.000 euros por niño nada más ser tutelado y entre 4.000 a 12.000 euros mensuales hasta que cumplen la mayoría de edad.

Un sistema que desprotege y maltrata a los niños porque han hecho un negocio basura destrozando sistemáticamente a familias vulnerables.

Muchos niños viven aislados de sus familias, siendo controladas y supervisadas las visitas como si fueran presos peligrosos.

A otros no les dejan el contacto con ellos.

Y otros, desaparecen y las madres no los vuelven a ver.

Un negocio que va en auge apoyado por leyes de protección de la infancia falaces que se han ido aprobando a golpe de decreto o de forma engañosa. O utilizando otras leyes, como la de la violencia de género, que finalmente facilitan el acceso a las familias. Una cantidad de empresas que se están lucrando, sacando beneficios traficando con niños. Eso es lo que está ocurriendo".

Entre las reivindicaciones que plantean estas familias están:

-Escuchar a las familias afectadas que están sufriendo el abuso de un sistema corrupto y prevaricador.

-Revisar expedientes y evaluar la realidad de cada familia y que los niños vuelvan con sus familias, con sus madres, con sus abuelas...

- Investigar a quienes estén participando en este entramado y que se depuren responsabilidades.

- Desmantelar esta mafia y que sean investigadas las irregularidades que se están cometiendo.

-Compensar a las familias como corresponde por los daños y perjuicios generados.

-Derogar leyes trampa que han permitido que los Servicios Sociales tenga impunidad y estén blindados.

- Reformar la ley de protección de la infancia y todas las revisiones que se han ido haciendo y han favorecido la impunidad del entramado mafioso.

- Reevaluar, higienizar y favorecer un sistema de protección a la infancia que sea una opción positiva para el crecimiento físico y emocional de los niños, en los casos que la situación así lo requiera.

Cada vez son más los periodistas, juristas, abogados, psicólogos, médicos, educadores sociales que están haciéndose eco y expresando con claridad este terrible atentado contra los derechos humanos, contra los derechos de los más vulnerables, contra los derechos de los niños y adolescentes.

Las familias quieren que los lectores se informen. "Cualquier acto de corrupción es denunciable. Pero que el objeto de la corrupción sea a costa del sufrimiento de miles de niños utilizados, maltratados y desamparados por el propio Estado, es un crimen abyecto sin parangón. Los medios oficiales no hablan, pero Internet está lleno de estas denuncias".

También piden atención y prudencia ante cualquier situación "donde sospechéis que los Servicios Sociales puedan intervenir. Si hay niños de por medio puede activarse el protocolo para intervenir y la suerte depende de qué técnico o servicio de infancia esté detrás gestionando la situación. Mucha precaución porque puede ocurrir lo peor".

Colegios, centros de salud u hospitales, denuncias directas en la Policía por litigios conyugales, "van a ser puertas de acceso seguras. El que cualquier persona denuncie a alguien por inquina o mala intención... Además de aquellas personas que por necesidad vayan directamente a solicitar ayudas a los Servicios Sociales. También son objetivo seguro, todos los hijos de madres o padres que fueron tutelados".