PALMA.- El grupo parlamentario Vox en Baleares ha registrado este jueves en el
Parlament la proposición de ley que permitirá crear y regular el
funcionamiento de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.
La nueva ley, elaborada por Vox, ya se encuentra en trámite parlamentario antes de presentarse en el pleno y, una vez se apruebe, se creará la oficina que iniciará su actividad en enero de 2024, tras la aprobación de los presupuestos autonómicos.
En una nota de prensa, la formación ha explicado que el objetivo de la nueva oficina será "defender la libertad de uso y opción lingüística" y "fomentar la protección, tanto del castellano, como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas, que desde hace más de 30 años sufren la aplicación de una normativa pancatalanista", algo que, desde el punto de vista del partido, resultaba "una imposición que dificultaba el uso del castellano".
La medida está contemplada en el acuerdo de investidura firmado entre el PP y Vox en el punto 58, que prevé la eliminación la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que según Vox "ha servido como instrumento de exclusión del castellano y la imposición lingüística durante las legislaturas anteriores".
Como ya había adelantado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, la nueva oficina "ofrecerá un servicio útil a los ciudadanos porque les permitirá emplear la lengua que quieran sin ningún tipo de traba".
La nueva ley, elaborada por Vox, ya se encuentra en trámite parlamentario antes de presentarse en el pleno y, una vez se apruebe, se creará la oficina que iniciará su actividad en enero de 2024, tras la aprobación de los presupuestos autonómicos.
En una nota de prensa, la formación ha explicado que el objetivo de la nueva oficina será "defender la libertad de uso y opción lingüística" y "fomentar la protección, tanto del castellano, como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas, que desde hace más de 30 años sufren la aplicación de una normativa pancatalanista", algo que, desde el punto de vista del partido, resultaba "una imposición que dificultaba el uso del castellano".
La medida está contemplada en el acuerdo de investidura firmado entre el PP y Vox en el punto 58, que prevé la eliminación la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que según Vox "ha servido como instrumento de exclusión del castellano y la imposición lingüística durante las legislaturas anteriores".
Como ya había adelantado la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, la nueva oficina "ofrecerá un servicio útil a los ciudadanos porque les permitirá emplear la lengua que quieran sin ningún tipo de traba".
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