Después de las diferentes iniciativas que han ido presentando en esta legislatura, la formación de ultraderecha reclama ahora que el conocimiento del catalán deje de ser un requisito en las oposiciones para ser docente en las Islas.
Han presentado una proposición no de ley en el Parlament donde insta al Govern a "eliminar la imposición del catalán como requisito ineludible para el acceso a la docencia garantizándose que el desconocomiento de la lengua cooficial no penalice en ningún supuesto el acceso a la función pública".
Argumentan los socios de investidura del PP que es imprescindible "para acabar con esta discriminación que supone además un requisito innecesario, que impide atraer profesionales con los mejores perfiles posibles a nuestra comunidad autónoma, permitiendo a los docentes de otros lugares prestar sus servicios en Baleares sin que las barreras lingüísticas sean un obstáculo para ellos y sus familias".
Defienden desde la formación ultra que el conocimiento del catalán pase a ser un "mérito o criterio adicional en la selección de futuros educadores".
Ante esto, el sindicato STEI ha argumentado que "ya no puede haber dudas". "Esto es un ejemplo más de la intención de la ultraderecha de querer aniquilar la lengua catalana", ha explicado Miquel Gelabert, secretario general.
"Se comprueba con cada iniciativa que han propuesto desde el comienzo de la legislatura. Conocen que en la Educación se trabaja con la normalidad lingüística y saben dónde tocar para que el catalán sea una lengua muerta", ha subrayado.
En los mismos términos se ha pronunciado la Obra Cultural Balear. Su presidente, Joan Miralles, sostiene que la propuesta supondría "una aberración" en el sistema educativo de las Islas. "No se garantizaría el derecho lingüístico en la enseñanza", ha añadido.
Actualmente tanto en las oposiciones como en las convocatorias de bolsines para interinos el Govern reclama el nivel C1 de catalán o equivalente y haber superado el Plan de Formación Lingüística y Cultural conocido como FOLC.
Para Vox, "tal exigencia supone una imposición lingüística que discrimina a los ciudadanos de Baleares y de otros lugares de España que no disponen de los certificados mencionados para acceder a la función pública docente en condiciones de igualdad".
Lo considera "un requisito prescindible para aquellos docentes que deban impartir las clases en castellano", puntualizan desde la ultraderecha.
En este sentido, Gelabert ha recordado que "el Govern no tiene potestad para llevar a cabo una iniciativa así", y la prueba es la presentación de esta propuesta "mediante una PNL chapucera y no mediante una Proposición de Ley".
Sostiene Miralles, por su parte, que la OCB trabajará "para que no llegue a buen puerto esta o cualquier medida que pretenda liquidar la presencia del catalán en la administración".
Tiene claro que la finalidad de propuestas como esta buscan que el castellano sea el idioma exclusivo de la administración, por lo que pide que el Partido Popular se pronuncie y "que empiece a coger las riendas de la política lingüística de Baleares, la cual marca Vox a día de hoy".
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