La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial. 

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.

Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios. 

Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.

En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".

No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".

Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".

La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".

No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.

Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".

Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.

En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.

Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.

Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".

Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".

En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.

La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

El largo camino de El Corte Inglés: Amazon factura seis veces más en España

BARCELONA.- Los temores de El Corte Inglés en su guerra online contra los gigantes se justifica. El ranking elaborado anualmente por la revista de eShow Barcelona y Netquest revela que la cadena de grandes almacenes factura 683,8 millones a través de las ventas por internet, mientras que Amazon y Aliexpress facturaron 4.241 millones de euros y 1.234 millones de euros millones, respectivamente.  

En el resto de clasificación aparece eBay, en tercer lugar, con 678,3 millones de euros y Pc Componentes, con 314 millones. Completan el top 10 Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y Privalia.

Por número de pedidos, Amazon, Aliexpress y eBay vuelven a copar el podio, mientras que El Corte Inglés queda otra vez en el cuarto lugar.

El gigante de Jeff Bezos recibió en 2017 un total de 53 millones de pedidos, Aliexpress con 16 millones de pedidos y eBay con 13,5 millones de pedidos. La web del gigante de la distribución española, por su parte, se situó cuarta con 3,7 millones de pedidos.

Los datos del estudio contrastan con lo que la compañía americana pagó a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Los últimos datos disponibles en el registro mercantil afloran una tributación por valor de 864.000 euros, cifra muy exigua si se compara con el volumen de negocio que revela el estudio.

¿Por qué? Al igual que la mayoría de gigantes digitales o empresas emergentes, su entramado societario le permite implantarse en España con una filial en la que justifica únicamente pagos por marketing y servicios de publicidad. Dicho de otro modo, lo que se compra en la web se factura fuera de España, lo que le permite adelgazar su factura fiscal cada año.

Precisamente, este aspecto fue el que criticó el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en su última comparecencia. Gimeno abogó por crear un marco normativo europeo que implante "como mínimo la igualdad fiscal" sin "ningún tipo de proteccionismo caduco”.

Además, reiteró que, en ese sentido, busca “únicamente la igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.

Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 

La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 

Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.

La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.

-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.

La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.

Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).

No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.

Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.

Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 

La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.

-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 

Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.

Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.

-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 

Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.

No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 

Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.

En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.

Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.

Un fraile recupera cultivos curativos de los capuchinos ocultos en manuscritos inéditos

BARCELONA.- La sabiduría de la congregación capuchina sobre los huertos de plantas medicinales, que se escondía en manuscritos inéditos, ha sido recuperada por el historiador y fraile capuchino Valentí Serra de Manresa, en un libro en forma de diccionario-enciclopedia que ha presentado este martes.

El libro, titulado El huerto medicinal. Sabiduría capuchina de la A a la Z (Editorial Meditarrània), es una recopilación de los conocimientos medicinales practicados por los antiguos frailes capuchinos, que el autor ha estudiado y ordenado alfabéticamente.

Valentí Serra (Manresa, Barcelona, 1959), también archivero y bibliotecario, ha explicado que este libro es fruto de muchos años de investigación de la historia de los capuchinos en Cataluña, lo que le llevó a estudiar aspectos de su vida cotidiana, como la gastronomía, el cultivo de la tierra y la manera de afrontar las enfermedades “leves” con los remedios populares.

El religioso quiere compartir los conocimientos de la medicina natural y de los cultivos ecológicos y ha afirmado que el libro se presenta como un servicio para los que “tienen interés por la agricultura ecológica y por los huertos urbanos, así como por quienes quieren recuperar la medicina popular”.

Fray Valentí Serra ofrece una alternativa a la medicina convencional y propone a la ciudadanía las “beneficiosas propiedades” de prácticas y cuidados ancestrales, que “hoy están intoxicadas por los componentes químicos”, aunque, según ha aclarado el autor, “las terapias naturales llegan hasta donde llegan, y la medicina convencional es la que debe tratar las enfermedades más graves”.

En ese sentido, el capuchino ha afirmado que las enfermedades leves, “de la vida cotidiana”, como la mucosidad, la gripe, el resfriado, la mala digestión, el dolor de estómago o la tensión, se pueden solucionar con hierbas y plantas, que incluso sirven para equilibrar los niveles de azúcar en sangre o mejorar la circulación sanguínea.

Como curiosidades, el fraile ha destacado algunas hortalizas y plantas, como las acelgas, que, “si se pone su raíz en vino, al poco tiempo se obtiene un vinagre suave muy útil para aliñar las ensaladas”.

También ha señalado el uso de la cebada, un producto que los capuchinos también utilizaron para hacer la cerveza y que guardaban un secreto: “Durante siglos la aromatizaron con otros materiales, como el mirto, que sería muy interesante recuperarlo para saber cómo sabía la cerveza en la época medieval”.

En su deseo de recuperar el cultivo de algunos frutos y plantas más antiguas, destacan también las acerolas o el armuelle, que servirían para poder volver a la cocina medieval y permitirían conocer, a su vez, cómo eran sus salsas, “con contrastes entre dulce y salado”.

El fraile ha explicado la historia de una planta que trajeron los capuchinos misioneros de América, a la que bautizaron precisamente como capuchina y que los antiguos indígenas la empleaban de antibiótico natural, por lo que ha recordado que “el mundo americano ha enriquecido la tradición de las hierbas remedieras”.

El religioso ha destacado que muchas de las plantas se utilizaron de manera ininterrumpida en la medicina popular y en las farmacias desde la Edad de Piedra y hasta el siglo XIX, pero ha lamentado que, cuando se empezaron a sintetizar químicamente los principios activos de las plantas y nació la industria farmacéutica, “esto se perdió”.

“Ahora, ver muchos efectos secundarios de los medicamentos o que algunos sean caros y poco accesibles ha hecho que se vuelva a tomar el ‘tesoro de los pobres’, que se puede encontrar en bosques o campos y obtener fácilmente”, defiende el historiador.

El archivero ha explicado alguna de las propiedades de las hierbas como, por ejemplo, la milenrama, una planta pulmonaria conocida también como “la hierba de las heridas”, que, en latín y en griego, se llama “achilea”, relacionada con el talón de Aquiles.

El autor ha destacado la zanahoria, que “no solo es buena para la piel y las quemaduras”, sino que también es buena para la vista, ya que, si se corta por el medio, parece un iris.

“Los antiguos se percataron de que ello igual también era bueno para la vista”, lo que demuestra que “la misma naturaleza ofrece una orientación de para qué puede servir la planta”, ha finalizado.

Una inundación gigante rellenó el Mediterráneo hace cinco millones de años

MADRID.- El fondo del mar Mediterráneo central ha revelado pruebas de una de las mayores inundaciones en la historia de la Tierra, registrada hace más de cinco millones de años.

Se cree que la inundación, conocida como la inundación Zancleana, puso fin a la Crisis de la Salinidad de Messiniense (MSC), un periodo durante el cual el mar Mediterráneo se secó parcialmente. 

Debido a la reducción de su conexión con el océano Atlántico, el mar Mediterráneo se transformó en un lago salino gigante que se evaporó parcialmente por el clima seco de la región, hace seis millones de años.

Una de las teorías propuestas para explicar el rellenado del mar Mediterráneo al final del MSC unos 640.000 años después es una inundación catastrófica a través del Estrecho de Gibraltar.

Al examinar la colección más completa de datos del lecho marino de las islas costeras de Sicilia y las Islas Maltesas, un equipo internacional de geocientíficos ha descubierto una extensa masa enterrada de material que se cree que fue erosionado y transportado por la inundación Zancleana.

Esta masa cubre un área equivalente a la de la isla de Creta y tiene hasta 900 metros de espesor en algunos lugares. El paso de la inundación Zancleana a través del escarpe de Malta -un largo acantilado de piedra caliza submarina- dio lugar a una cascada de 1,5 kilómetros de altura (equivalente a cinco veces la altura de la Torre Eiffel). 

Esta agua erosionó un cañón de 5 kilómetros de ancho y 20 de largo en el fondo marino que aún se conserva bajo el agua frente a la costa de la ciudad de Noto (sudeste de Sicilia).

Este descubrimiento es importante porque demuestra que el nivel del mar Mediterráneo durante el MSC se redujo en más de 1.000 metros, y que el final del MSC coincidió con una inundación catastrófica que afectó a todo el mar Mediterráneo.

Los cazadores tomarán las tres grandes islas para exigir que se "respete su modo de vida"

MADRID.-La Real Federación Española de Caza (RFEC) y las federaciones autonómicas saldrán a la calle el próximo domingo 15 de abril en cuarenta capitales españolas para reivindicar este "modo de vida" y exigir el fin de los "insultos", "ataques" y "agresiones" a este colectivo que aseguran vienen de parte de organizaciones ecologistas y animalistas "con la connivencia" de las administraciones públicas.

Las concentraciones se celebrarán de forma simultánea a las 12.00 horas en 40 capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela o Mérida, bajo el lema de 'Sí a la caza, nuestra forma de vida". A las movilizaciones asistirán los principales colectivos y órganos de representación del mundo rural, asociaciones agrarias y ganaderas, el sector de la pesca deportiva y otras actividades vinculadas al mundo rural y sus tradiciones.

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López Maraver, ha defendido que no solo la caza, sino "todos los afectados del mundo rural, unidos" los que saldrán a la calle a "exigir respeto" a sus aficiones, tradiciones, sus valores y, en definitiva a su "forma de vida".

"Vamos a exigir respeto a la caza y a los cazadores, y a demostrar que somos un colectivo unido y activo que defiende una actividad que protege la conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza", ha recalcado el presidente de la RFE.

López Maraver ha añadido que en la concentración se exigirá igualmente a las administraciones públicas "más sensibilidad y cercanía con los problemas y necesidades de la caza" y revindicará a la sociedad su "derecho a practicar una caza ética y sostenible".

Hasta la fecha, se ha confirmado las concentraciones en Almería (Rambla de Almería); Cádiz (Plaza de Asdrúbal); Córdoba (Plaza de las Tendillas); Granada (Fuente de las Batallas); Huelva (Plaza del Carmen): Jaén (Parque Plaza de las Batallas); Málaga (Plaza de la Marina); Sevilla (Muelle de la Sal junto al río Guadalquivir); Palma de Mallorca (Plaza de España); Menorca (Recinto Ferial de Es Mercadal); Ibiza (Finca Es Coll des Jundal - Sant Josep).

En Canarias habrá concentraciones en Santa Cruz de Tenerife (Plaza de España); en Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de la Fuente Luminosa). También habrá movilizaciones en Santander (Plaza del Ayuntamiento); Albacete (puerta principal del Parque de Abelardo Sánchez, plaza Gabriel Lodares); Ciudad Real (Plaza Cervantes); Guadalajara (Plaza del Infantado); Toledo (Plaza del Ayuntamiento); Cuenca (Plaza de España); en Ávila (Plaza de Santa Ana); Burgos (Paseo de la Sierra de Atapuerca); León (Plaza San Marcelo); Palencia (Plaza Mayor); Salamanca (Plaza Mayor); Segovia (Plaza de Santa Ana); Soria (Plaza de San Esteban); Valladolid (Plaza Mayor), Zamora (Plaza de la Marina).

Asimismo, los cazadores también se movilizarán en Barcelona (Parc Ciutadella); en la ciudad autónoma de Ceuta; en Madrid (Plaza de Cibeles); Mérida (Plaza de España); Santiago de Compostela (Rúa do Horreo); La Rioja (Plaza del Mercado); Murcia (Plaza Circular); Pamplona (Avda. Carlos III); Bilbao (Plaza del Arriaga); San Sebastián (Plaza Easo); Oviedo (Plaza de la Escandalera). 

Por su parte, en Valencia se celebrará una macromanifestación el próximo 26 de mayo.

El FMI avisa de que en España la tasa de actividad caerá al 50% si no hay políticas de choque

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional advierte de que el envejecimiento de la población mermará de forma considerable la tasa de participación en el mercado laboral –lo que en España suele denominarse tasa de actividad-, es decir, el colectivo de personas en edad y capacidad de trabajar que hace que las economías tiren adelante, avanza El País. 

Según los cálculos publicados hoy, en función de las previsiones demográficas de Naciones Unidas, el porcentaje de esta participación bajará un promedio de cinco puntos y medio en los próximos 30 años si no hay políticas que lo eviten, con España en el grupo de los peor parados. Su tasa de actividad rondará el 50% en 2050 (cuando cerró 2017 en el 58%), el mismo débil nivel que estima para Francia, Bélgica, Italia y Portugal.

Al margen de las economías más perjudicadas por esta tendencia, en general, un descenso de la tasa de actividad de 5,5 puntos como el que el Fondo proyecta se traduce en un recorte de la producción de tres puntos porcentuales en una economía desarrollada. Este cálculo procede de uno de los capítulos analíticos del informe de primavera que el FMI presentará en sus jornadas de la semana que viene y plantea la necesidad de una mayor actividad de la mujer y los empleados de edad avanzada para frenar este declive, entre otras medidas.

Para España, el asunto es de especial calado, sobre todo en un momento de protestas por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y, en paralelo, de voces de alarma por la sostenibilidad de las pensiones con un mercado laboral cada vez más envejecido. 

El propio FMI publicó el pasado marzo un estudio en el que advertía de que el número de pensionistas en la cuarta economía de la zona euro se disparará de nueve a 15 millones en las próximas tres décadas. Para que ello sea sostenible, plantea, entre otras medidas, la necesidad de incorporar a más de cinco millones de inmigrantes y aumentar las cotizaciones de algunos trabajadores con salarios más altos.

Más inmigración

Si la española es una de las economías con más riesgo de perder tasa de actividad en las próximas décadas, también es una de las que más ha visto crecer esta tasa en los últimos años, burbujas y recesiones mediante. En el grueso de las economías avanzadas, el porcentaje de participación laboral no ha variado más de dos puntos si comparamos 1985 y 2016, pero España, Alemania, Corea del Sur y Holanda destacan con incrementos de más de cinco puntos en el mismo periodo.

El Fondo anima a las economías desarrolladas a impulsa la entrada de extranjeros a su mercado laboral con el fin de compensar el declive de su mano de obra, un mensaje que choca con la ola nacionalista experimentadas en varios países europeos y en Estados Unidos, entre otros, en los que la clase trabajadora se ha visto muy erosionada en los últimos años.

"Políticas migratorias más restrictivas agravarían notablemente el efectivo negativo del envejecimiento de la población en la participación [en el trabajo]", señala el informe, que incluso se atreve con cálculos sobre lo que ocurriría si el flujo migratorio se para: "Si no se permite nueva inmigración, el declive de la participación sería 2,7 puntos porcentuales mayor", añade, aunque reconoce los potenciales problemas que la recepción de inmigrantes plantea en los países. Para EE UU, el migratorio es un debate que enciende a los electores. 

En Europa, también. Este domingo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ganó las elecciones de nuevo en su país a lomos de un discurso muy nacionalista y radical contra la inmigración.

Menos patentes, menos productividad

El Fondo huye en los capítulos analíticos de referirse a países o Gobiernos específicamente al plantear sus recomendaciones, pero sí apunta a los debates del momento. Esa vez no habla directamente del proteccionismo, aunque entona su habitual canto a la globalización en un momento en el que grandes potencias como EE UU y China se enfrentan en una espiral arancelaria. 

Los estadounidenses han visto cerrar miles de fábricas en las últimas décadas por la fuga de producción a países con mano de obra más barata y por la robotización.

"Mientras este capítulo destaca los efectos positivos de la globalización en el crecimiento, los gobernantes deben asegurarse de que esos beneficios se comparten ampliamente entre la población", señala el informe dedicado a la productividad en una economía globalizada.

Hay elementos para la preocupación de los países avanzados en este terreno. Para tomarle la temperatura a la innovación de las economías, el número de patentes registradas es una buena pista y los datos resultan poco alentadores en el grupo de EE UU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, el G-5, cuyo crecimiento en patentes se ha ralentizado desde 2000, según el FMI, en paralelo a su productividad. 

Sin embargo, el capítulo destaca el crecimiento de China y Corea. Las políticas chinas para incentivar las patentes han producido un 'boom' en los últimos años.

El Constitucional avala las subvenciones a los colegios que segregan por sexos

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y ha avalado que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

El pleno ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro y ha desestimado en su totalidad el recurso que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de 2014.

El recurso iba contra varios puntos de la LOMCE, y no solo la financiación pública de la educación separada por sexos, sino también contra la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión tenga una alternativa obligatoria, por lo que, al ser desestimado en su totalidad, también se confirman estos otros aspectos de la norma.

'El Corte Inglés' tiene un doble reto en digital

MADRID.- El Corte Inglés fue durante décadas el campeón nacional. Amazon, sin embargo, ha llegado a España muy tarde, lo hizo definitivamente en 2011 tras varios intentos fallidos. Pero, aunque tarde, lo ha hecho con una fuerza singular. En tan sólo siete años se ha convertido en casi un monopolio de la venta online. Eso también ha ocurrido con Alibaba, que ha logrado un espectacular músculo en nuestro país, aunque a distancia de Amazon. El negocio de Alibaba no obstante tiene algunas particularidades que lo hacen distinto, según www.merca2.es.

Nadie puede negar de la brillantez del planteamiento de los americanos. Ético o no, fairplay o no, se lo saben de memoria y lo replican en todos los mercados en los que operan. España no ha sido una excepción. Pocas veces el “Veni, vidi, vici” se ha ejecutado en nuestro país de forma tan espectacular, y eso da miedo.

Si es cierto que, en nuestro mercado, por sus particularidades a nivel logístico, se esperaba una mayor resistencia los primeros años. Pero Amazon tuvo el viento de cola, ya que los primeros años tras su llegada, El Corte Inglés, ahogado en problemas financieros y accionariales, no presentó batalla ni resistencia. 

De hecho, durante una época pareció tener “poco interés” en el desarrollo del comercio electrónico. Esto podría parecer trivial, pero sin embargo es muy significativo en nuestro mercado, la compañía de Hermosilla (en la imagen) es de las pocas empresas europeas que, por su historia, su implantación y su capilaridad en un país, pueden competir con el gigante americano que juega con las cartas marcadas. 

En nuestro entorno hay otros dos rara avis, pero no compiten frontalmente con Amazon al ser sectoriales. Se trata de Inditex en moda, y Mercadona en alimentación.

Hoy el comercio electrónico tiene una penetración tardía, pero crece exponencialmente en España. No estamos aún a la altura de otros países europeos, pero hemos cogido mucha velocidad. El 67% del total de internautas españoles compra online. Somos un mercado cercano a los 20.000 millones de euros, alejado aún de otros mercados como Alemania (95.000 millones) y el Reino Unido, líder europeo indiscutible, un mercado de 173.000 millones de euros, donde uno de cada dos euros se gasta online. 

Allí, el 85% de sus internautas, 62,2 millones de habitantes, compra online. Mercados similares al nuestro en tamaño, como el italiano, están algo más maduros con facturaciones de 30.000 millones de euros anuales.

En las últimas décadas, mientras el viento soplaba favorable, si a alguien no le interesó un rápido crecimiento del comercio electrónico fue a El Corte Inglés. Pero tampoco a Kodak le interesó el desarrollo de la cámara digital, pensaron que iba contra su negocio, y eso los llevó a la ruina. No puedes frenar el futuro y la innovación. Mejor competir contigo mismo antes de que te impongan la realidad y hayas quedado rezagado.

La empresa española, líder indiscutible en el sector físico, afrontó de lleno el reto de los operadores sectoriales (MediaMark, Decathlon, Inditex etc). Llegó la crisis y la caída del consumo, y entre unas cosas y otras sus cuentas de forma dramática y eso influyó decisivamente en no invertir para afrontar el reto digital. 

El tiempo pasó despacio hasta que apareció Amazon. Entonces el reloj de arena cogió velocidad de vértigo. Ahora, los retos son dos. Los operadores sectoriales que merman las cuentas de resultados de algunas secciones, y muy especialmente, el reto del comercio electrónico.

En ese terreno, el partido va 0-3 y hay que ponerse manos a la obra para remontarlo. Al menos para no perder por una goleada mayor.

Para El Corte Inglés es un doble reto. Por un lado, va a tener que cambiar parte de su ADN más tradicional si quiere competir con los nuevos operadores, especialmente con Amazon. Por otro lado el crecer en digital, que para los operadores digitales es un fin en sí mismo, en El Corte Inglés no garantiza nada. Necesitan crecer en digital sí, pero siempre buscando un nuevo consumidor, no sólo migrando los actuales de un canal a otro. 

Si las ventas aumentan mucho, pero lo hacen a costa de vaciar los centros comerciales, la situación será dramática. La empresa se estará fagocitando a si misma, perdiendo cuota de mercado y bajando la rentabilidad de los centros comerciales. Sobrarán decenas de miles de empleados. Sobrarán y no aportarán más que pérdidas decenas de centros comerciales, los menos rentables.

El principal reto digital que se asume es detener la sangría y encontrar al nuevo cliente. Ese cliente, menor de 30 años, no entra en los Centros de El Corte Inglés más que por error. Los ve desfasados, como si fuera el comercio de la generación de sus padres y abuelos. 

Es un reto de captación de nuevas generaciones similar al que afrontó con un sobresaliente éxito Mercedes Benz hace 25 años, al percatarse que o rejuvenecía su base de clientes, o literalmente desaparecería la marca, porque se estaban poco a poco muriendo, y no enganchaban con las nuevas generaciones. 

Hoy, muchos jóvenes sólo entran en las tiendas de El Corte Inglés si van acompañando a sus mayores, cuando hace décadas eso no sucedía. Sí, El Corte Inglés hace 20 o 30 años era cool para los jóvenes. El principal reto de su ecommerce, es captarlos de nuevo.

El Corte Inglés y el difícil, pero apasionante reto digital

El reto por lo tanto es mantener como sea la facturación y cuota de mercado en grandes almacenes, al menos hacer que se erosione lo más lento posible, mientras se crece de forma exponencial en la parte digital. Esto no será sencillo, pero es fundamental.
Lo primero, tal y como dijo Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en su aplaudida intervención en Davos, para competir se precisan unas reglas del juego justas. Mismo negocio, mismas condiciones. De eso, que es imprescindible y fácilmente entendible, hemos hablado ya en otras ocasiones 

La situación actual vulnera la libre competencia. Es de locos que eso ocurra con una empresa sistémica que en España da trabajo de forma indirecta a 150.000 familias. O lo arreglamos o nos estamos haciendo el harakiri, y el legislador tiene una responsabilidad sobre ello, y así debemos exigirles.

Pero al margen de que a nivel nacional y europeo se ordene la actividad de los nuevos operadores, para hacer frente a los intermediadores se prevén dos planes.

Hace tan sólo unos días en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Dimas Gimeno invitado por su presidente Isidro Fainé, hablaba de una alianza de distribución entre grandes operadores europeos, para facilitar de ese modo la competencia con los grandes operadores de ecommerce. 

Es una idea interesante, pero compleja. Empresas que venden marcas de terceros (en el caso de la empresa española el 70%), podrían generar una distribución global europea, minimizando los costes logísticos y la necesidad de inversión en los mismos. Eso convertiría a El Corte Inglés en un operador europeo, no sólo en un campeón nacional. 

Ese trabajo comenzó hace meses, y aunque sea difícil de creer, empezó por lo más básico: identificar por parte de El Corte Inglés a sus iguales, empresas compatibles con buena capilaridad de nivel europeo y producto similar con las que se pueda llegar a un acuerdo.

Dado el alto número de operadores y que hay mercados muy fragmentados es un reto difícil, pero hay que afrontarlo.

El Corte Inglés Prime

Un segundo paso vendrá por parte de la implantación de un servicio de tarifa plana de envíos, similar a Amazon Prime. En estos momentos se están estudiando distintas posibilidades con objeto de que el servicio vea la luz durante 2018.

Amazon Prime es una de las grandes ventajas que ofrecen los americanos. Una tarifa plana logística que permite por una cuota, ahora mismo absurda y deficitaria, y que será revisada al alza, fidelizar y hacer crecer la base de clientes.

Hoy, Amazon cobra 19,95 euros al año por acceder a Prime. Se espera que el precio se revise para asemejarse a países de nuestro entorno. Se barajan opciones que triplicarían ese precio hasta los 50-60 euros anuales. Cómo es realmente útil, con mayor o menor cabreo la gente, mayoritariamente, aceptará el aumento. Lo vale.

En El Corte Inglés explican que no será fácil: “Amazon ofrece más cosas que un simple envío gratis, a cambio de esa suscripción debemos ver otras contrapartidas, no sólo el envío”. Eso es algo que debo decir que yo no comparto del todo. Por mucho que es cierto que Amazon ofrece otras ventajas (Prime Vídeo, Prime foto etc.), no me parecen diferenciales para contratar el servicio.

La vedette es la logística. El cliente paga por los envíos, por pedir durante todo el año lo que quiera sin costo de transporte. No por los servicios añadidos, que, ya que te los dan igual los usas, pero mi sensación es que mucha gente -yo entre ellos- ni lo hace. 

Yo soy usuario de Amazon Prime desde que se creó en España, y lo hago simplemente por la ventaja logística. Si necesito algo, por pequeño que sea el importe, ya nunca más me enfrento a la tesitura de que el coste de transporte haga que pedir determinados productos por internet sea ilógico.

Aún no está fijado el precio de “El Corte Inglés Prime” (espero, eso sí, que le pongan un nombre en castellano) y las características del mismo. De hecho, habrá que ver si Amazon Prime no sufre variación de precio como se espera, y eso trastoca los planes de precio. Sería interesante por ejemplo dos velocidades, una para todo tipo de productos, incluyendo supermercado, y otra, tal vez más económica, para non-food, donde los márgenes son mayores y es más fácil de escalar.

El Corte Inglés, por medio de acuerdos con empresas logísticas para la “última milla” utilizaría sus más de 90 tiendas como auténticos centros logísticos para distribuir desde ahí las compras online a usuario final. Se trataría de una gran ventaja respecto Amazon, que tiene poco centros de almacenaje y están en las afueras de las grandes ciudades, en polígonos industriales. 

De este modo podría garantizar la entrega en 24 horas y en muchos casos, en poco más de 2 horas si hay cercanía entre el centro comercial y el domicilio final.

En paralelo a esta oferta deben prepararse acuerdos logísticos con operadores de “última milla” que puedan hacer posible una escalada significativa del número de las entregas. Ahí de nuevo es fundamental garantizar una competencia justa con el gigante americano. La empresa española, no cogerá atajos. No veremos planteamientos vergonzantes como los que hacen de Jeff Bezos el negrero del siglo XXI pretendiendo, por medio de Amazon Flex que no profesionales; incluso estudiantes, y jubilados, en condiciones laborales discutibles y en sus ratos libres, le repartan los paquetes.

Los fondos de pensiones deberán sostener las infraestructuras públicas

MADRID.- España ha pasado de ser un país de gran inversión en infraestructuras a quedarse rezagado por debajo de la media de la Unión Europea. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, advierte de que la inversión pública, que superó los 20.000 millones en pleno boom de la crisis, no volverá y aconseja que el Gobierno busque la inversión en grandes fondos de pensiones y de infraestructuras para seguir con el desarrollo del sector, según elEconomista.

Los Presupuestos de 2018 recogen el mayor incremento de inversiones con dinero público en infraestructura desde que se inició la crisis económica en 2008. El Estado destinará 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a 2017, pero son cifras muy alejadas a los momentos precrisis, cuando se llegó a movilizar más de 22.000 millones en AVE, carreteras y otros desarrollos.

Según el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, España ha pasado de ser un país de "gran inversión" a uno que tiene un nivel por debajo de la media europea, ya que el gasto en infraestructuras representaba el 5% del PIB al inicio de la crisis y un 14% del gasto público, cuatro puntos por encima de la media europea, tras lo que se produjo un ajuste "brusquísimo" hasta situarse ahora en dos puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos de PIB que de la UE.

El jefe de supervisión de las cuentas públicas ha avisado que los niveles anteriores de recursos públicos no volverán ya que economía española va a estar "constreñida" en los próximos años "de forma mucho más notable" que en los últimos ejercicios por el elevado nivel de endeudamiento público que presiona el gasto del Estado y por las restricciones de financiación de la banca, que cada vez tiene mayores requerimientos de solvencia.

La AIReF plantea buscar alternativas para no perder los niveles de desarrollo como el modelo de EEUU en el que grandes fondos de pensiones e infraestructuras invierten en obra pública. Estas firmas tienen un perfil de inversión de muy a largo plazo con rentabilidades estables y ligadas a la inflación que encajan perfectamente con las infraestructuras.

Para Escrivá existe la necesidad de captar este tipo de inversores "naturales" de largo plazo como son los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las propias aseguradoras.

A su juicio hay margen de actuación por esta vía, puesto que solo alrededor de un 3% de los fondos de inversión internacionales dirigen el ahorro hacia las infraestructuras. Asimismo, ha considerado necesario explotar el papel de los bancos públicos de desarrollo y las asociaciones público-privadas.

En su opinión, este camino requiere también apostar por una evaluación sistémica e independiente de los proyectos, lo que obliga a evolucionar desde una evaluación basada en criterios exclusivamente fiscales (que las inversiones fueran sostenibles) a una evaluación basada en la eficiencia económica.

Ha añadido que se tienen que valorar no solo los efectos directos sino también las externalidades positivas y negativas.

Al respecto ha dicho que en un país como España, con un sesgo muy elevado en la inversión pública hacia infraestructuras, hace falta una "evaluación serena" del impacto de esa inversión. En España las infraestructuras han supuesto un importante factor de cohesión territorial, pero ha asegurado que se trata "más de una intuición" que del resultado de un "análisis fino".

Además, insiste en la posibilidad de estudiar la vía de "adecuar más las tarifas y los pagos y copagos a los costes", de forma que "pague el que hace uso de la infraestructura", algo que ya sucede en España "en cierto porcentaje".

El presidente de la AIReF ha lamentado que en España hay "poca cultura" de una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de los proyectos públicos, de los impactos que pueden tener y de un análisis profundo de los costes, el beneficio y los resultados, lo que hace que la priorización en los Presupuestos sea "complicada". Por ello, ve "crucial" introducir elementos de eficiencia en la evaluación de proyectos y encontrar espacios fiscales para poder destinar la financiación a los proyectos más productivos.

Preguntado sobre el rescate de las autopistas, Escrivá ha indicado que la normativa anterior de octubre de 2015 es "agua pasada", ya que desde entonces hay una nueva Ley de Contratación Pública y una nueva normativa que establece que si se produjese algo similar, el Estado pagaría lo que obtendría con la relicitación de las autopistas, con lo que disminuye la posible vulnerabilidad del Estado.

"Tenemos una legislación que protege mucho más al Estado y esto no va a volver a ocurrir", ha enfatizado Escrivá, quien ha explicado que, con el nuevo régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, se acota el riesgo asumido por la Administración al valor del activo.

La libertad de expresión es la base de todo / Ramón Cotarelo *

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. 

 

Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La preocupación por las pensiones alcanza su mayor nivel en 30 años

MADRID.- La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas y ya son citadas por un 15,5 por ciento de los encuestados.

Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6 por ciento frente al 11,3 por ciento del mes pasado.

Ratifican que un hombre residente en Palma, y no reconocido por su padre, reciba una herencia millonaria

SEVILLA.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que acordaba que un camarero mallorquín de 60 años de edad que no fue reconocido por su padre, natural de Utrera, pueda recibir una herencia millonaria, valorada en más de dos millones de euros, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado contra la citada sentencia.

El demandante nació fuera del matrimonio tras la relación entre su padre y una sirvienta que trabajaba para él en su casa. El abogado del camarero, Fernando Osuna, expuso anteriormente que "los familiares adinerados, con mala fe, destruyeron los restos óseos que estaban enterrados en el cementerio para evitar la prueba del ADN porque temían que diera positiva", mientras que "tampoco se presentaron" en el Instituto de Toxicología de Sevilla para comparar su ADN con el de su cliente.
"Se trata de un curioso caso en virtud del cual no heredó en su momento un hijo por haber nacido fuera del seno del matrimonio", explicó el abogado, que agregó que su padre, "con un buen patrimonio", murió hace ya unos 15 años, "se negó a reconocerlo como hijo y a ayudarle económicamente", de forma que hizo testamento y no dejó bienes para el hijo extramatrimonial.
De esta forma, su cliente se tuvo que marchar a Baleares hace muchos años "a ganar dinero para poder vivir", residiendo actualmente en Palma de Mallorca, apuntó el abogado, que indica que la herencia se compone al menos de una finca rústica y viviendas. "Es posible que haya más patrimonio, pero puede ser que esté oculto", aseveró Osuna.

La Audiencia, entonces, rechazó el recurso de los hermanos de su cliente contra la sentencia de un Juzgado de Utrera que, tras cinco años de juicio, reconoció la condición de hijo biológico a este camarero mallorquín.
En la sentencia, la juez de Utrera destacaba el "extraordinario parecido físico" existente entre el camarero y los hijos reconocidos del fallecido y asevera que éstos tuvieron una actitud "claramente obstruccionista", reprochándoles el hecho de que mantuvieran una "negativa absolutamente injustificada" para no hacerse las pruebas de ADN.
Contra la sentencia de 20 de junio de 2017 de la Audiencia se presentó recurso de casación, que ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo, como se recoge en el auto de 4 abril de 2018 y contra el que no cabe recurso alguno.
El Supremo argumenta que el recurso de casación no puede prosperar por incurrir en causa de inadmisión por incumplimiento de los requisitos del recurso de casación. Además, incurre en causa de inadmisión por inexistencia de interés casacional, por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo invocada por depender de las circunstancias concurrentes en cada caso y cuya aplicación sólo podría conllevar "una modificación del fallo omitiendo los hechos declarados probados y eludiendo su razón decisoria.

Porque la Audiencia considera acreditadas las relaciones íntimas entre el padre y la madre del demandante, quien trabajó como sirvienta en la casa de aquél en la época de la concepción, a quien no se conoce ninguna otra relación y quien fue citada en el año 1964 para recibir indemnización por estupro contra éste, todo ella con negativa injustificada de los demandados a someterse a las pruebas biológicas, medio probatorio esencial, fiable e idóneo".

¿Cómo supervisan las universidades españolas los títulos de máster?

MADRID.- Cada año las universidades ofertan miles de másteres para que los alumnos puedan perfeccionar sus conocimientos y se especialicen en ámbitos concretos, pero ¿cómo supervisan las facultades que los alumnos han cumplido sus obligaciones para obtener el título? Varios centros consultados responden.

Estos títulos están de actualidad tras el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que investiga la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en sus notas.

La vicerrectora de Docencia de la Universidad Pompeu Fabra, Cristina Gelpí, explica que en el caso de su centro cada máster establece sus condiciones para superarlo, está formado por un conjunto de asignaturas y cada una de ellas tiene un "plan docente" que recoge los objetivos de las materias.

En ese plan se detallan "las reglas de juego" para superarlo y, aunque "no hay una fórmula única, por supuesto se garantiza que en todos hay un seguimiento de la actividad que realizan los estudiantes".

La autorización para impartir un máster, indica Gelpí, la realiza en su caso la Dirección General de Universidades y solamente se autorizan los que está previamente verificados, es decir, los que han pasado auditorías internas y externas.

"Si le preguntas a cualquier universidad, por lo menos catalana, te dirá que el control de calidad que se exige a un máster es muy alto, porque estamos auditados externamente", sostiene la vicerrectora de Docencia.

Señala que en la Pompeu Fabra, universidad que es de las pocas españolas que suele quedar en puestos relevantes en las listas internacionales, los másteres "no se modifican en función de la persona". Hay unas normas comunes en la universidad y unas específicas de cada máster, pero, insiste, "no hay adaptaciones ad hoc por la situación personal".

Subraya que las obligaciones de los estudiantes de másteres de la universidad catalana son las mismas que las de cualquier estudiante del centro, determinadas en la normativa académica publicada y aprobada por el consejo de gobierno.

Asistir a clase, si la enseñanza es presencial; un comportamiento "ético por encima de todo"; la producción y elaboración de los trabajos previstos; en definitiva, "unos derechos y deberes establecidos en cualquier normativa o estatuto, nada raro", indica Gelpí.

Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid afirman que la expedición de cualquier título oficial "se efectúa una vez que el sistema y el gestor del título verifican el cumplimiento de todos los requisitos académicos y administrativos por parte del estudiante, incluyendo, obviamente, el pago de las tasas de expedición del mismo".

Asimismo, sostienen que todos los títulos oficiales de la Autónoma "están aprobados antes de su implantación por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca), y cada uno de ellos cuenta con una memoria de verificación, que recoge todos los requisitos exigibles".

Las mismas fuentes resaltan que la normativa establecida para conseguir el título se detalla "exhaustivamente" en las guías docentes de cada título, que se encuentran disponibles en la web de la universidad madrileña.

Gelpí defiende la calidad de los másteres que se imparten al menos en el sistema universitario catalán. "Todos los que han pasado por un proceso de acreditación y verificación externos son de calidad, porque en eso estamos como sistema universitario catalán todos de acuerdo, ya que no nos hacemos ningún favor si nuestros productos no son buenos", añade.

Según la estadística del informe Universidades, centros y titulaciones curso 2017-2018 del Ministerio de Educación, los másteres han pasado a ser 3.540, cuando el pasado año eran 3.772. De ellos, 2.780 son de universidades públicas, y 779 de privadas.

Si se compara con el curso anterior, el número de másteres impartidos disminuyó en las universidades públicas (3.015 impartidos en 2016-17) y aumentó ligeramente en las privadas (776 impartidos en 2016-2017).

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).

Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.

Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).

En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.

Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).

Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.

En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.

En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 

Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 

“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.

Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 

Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.

Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.

De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 

El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?

Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.

Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Los ahorros no son suficientes

La previsión de gasto del Gobierno para 2018 se cifra en el 40,5% del PIB, cerca de los 490.000 millones. Según datos de la Intervención General del Estado, casi 130.000 millones se destinan a nóminas de las Administraciones; otros 200.000 millones para pensiones, desempleo y transferencias sociales; unos 30.000 millones van a intereses de la deuda; otros 30.000 para inversiones, y la cifra de subvenciones roza los 8.000 millones. 

Además, se desembolsan unos 60.000 millones para consumos intermedios, esto es bienes y servicios para la Administración. Gobiernos y expertos alegan que aunque se gaste con más eficiencia, los ahorros no son suficientes para atender las crecientes necesidades del Estado de Bienestar.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).

De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.

Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.

El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.

Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.

Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.

Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.

Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.

Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.

No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.

En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.

Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com. 

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.

Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 

El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.

Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente

Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.

Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.

El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.

La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 

Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 

Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

Todo lo que se necesita saber sobre las oposiciones de Correos

MADRID.- Este año tendrá lugar una nueva convocatoria para optar a una plaza en Correos y Telégrafos de España y aquí se puede consultar los requisitos para poder hacerse con una de las 1.869 plazas ofertadas, sumadas a las 2.345 acumuladas del año pasado. Se trata de una oposición general de ámbito nacional que convoca la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos para formar parte de su personal operativo. 

La oferta comenzó el pasado 28 de diciembre y las fechas se irán indicando en cada oferta de carácter local. 

Cuando se publiquen las convocatorias provinciales, se presentará el plazo de presentación de instancias, por las que habrá que pagar 10 euros. Ya se puede consultar en este enlace las Bases del Proceso de Consolidación de Empleo publicadas por Correos.

El temario consta de 16 unidades

- Unidad didáctica 1. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
- Unidad didáctica 2. Productos postales. Línea básica.
- Unidad didáctica 3. Productos postales. Línea urgente.
- Unidad didáctica 4. Productos postales. Paquetería.
- Unidad didáctica 5. Productos postales: línea económica.
- Unidad didáctica 6. Productos postales. Servicios financieros.
- Unidad didáctica 7. Productos postales: servicios de telecomunicaciones.
-Unidad didáctica 8. Productos postales: otros servicios y productos.
- Unidad didáctica 9. Procesos postales: admisión.
- Unidad didáctica 10. Procesos postales: clasificación.
- Unidad didáctica 11. Procesos postales. Distribución.
- Unidad didáctica 12. La calidad en los servicios postales.
- Unidad didáctica 13. Herramientas ofimáticas corporativas.
- Unidad didáctica 14. Aspectos básicos en Correos en materia de Seguridad en la información (LOPD), Prevención de blanqueo de capitales, Prevención de riesgos laborales, Igualdad y Relaciones laborales.
- Unidad didáctica 15. Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal.
- Unidad didáctica 16. Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Goirigolzarri se muestra «orgulloso del proceso de integración con BMN»

MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este lunes que la posible fusión de Bankia con BBVA o el Banco Sabadell, «es una leyenda urbana». «Nunca me he sentado con ningún colega ni español ni extranjero a negociar ningún tipo de fusión», ha aseverado.

Así, el directivo ha descartado cualquier operación de fusión a corto plazo de la entidad financiera nacionalizada, pero «uno nunca sabe lo que va a pasar a medio o largo plazo» y «en el mercado no se puede decir que no vaya a ocurrir», ha puntualizado.

Goirigolzarri ha realizado estas declaraciones durante un almuerzo informativo previo a la Junta de Accionistas que se celebrará este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, en el que también se ha referido al proceso de privatización de la entidad y ha señalado que el escenario que se plantean es el de «cumplir con la ley», que marca Bankia ha de finalizar su privatización a finales de 2019.

En este sentido, ha alabado el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que dispone de «muy buenos profesionales», y ha apuntado que es a ellos a quienes corresponde decidir si «hacer un proceso más acelerado con paquetes --accionariales-- más amplios, pero tienen que buscar el momento».

«Tienen un mandato, tienen que optimizar el precio y tienen un criterio profesional», ha insistido. El banquero ha señalado que aunque en septiembre-octubre la cotización de las acciones parecía «algo deprimida», este año comenzaron con ratios importantes y espera «en los próximos meses una mejora».

De hecho, se prevé un aumento de los tipos de interés para el segundo trimestre del año próximo por lo que cree que la privatización «se puede adelantar algo».

Inversores interesados en paquetes grandes

En este punto, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha agregado que «muchos inversores están interesados en entrar en paquetes grandes» y habrá que ver las «oportunidades de realizar descuentos».

Si en 2012 Bankia era un «activo marginal que no interesaba a nadie», ahora es una «franquicia excelente», ha asegurado el presidente de la entidad, quien ha explicado las líneas maestras del Plan de Estratégico para los tres próximos años que presentará este martes a los accionistas y con el que Bankia «aspira a convertirse en el mejor banco de España, el más rentable, el más eficiente y el más sólido».

Con este plan, prevé incrementar en tres años el nivel de la satisfacción sus clientes hasta el 92% y ganar 400.000 nuevos clientes; desarrollar su nivel tecnológico, hacer una buena gestión de riesgos y ganar relevancia en el mercado empresarial de las pymes.

Repartir 2.500 millones en dividendos

De este modo, en 2020, prevé tener unos beneficios de 2.300 millones de euros, una rentabilidad de doble dígito y generar capital de forma orgánica para repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros.

Esta hoja de ruta, que supone «el fin de una etapa y el comienzo de una nueva», ha subrayado, se basa en tres motores de crecimiento: aumentar las cuotas de productos de alto valor añadido, la fusión con BMN y el cumplimiento de todos los objetivos del Plan de Reestructuración que finalizó en diciembre de 2017, gracias a lo cual se verán «liberados» de las limitaciones que este establecía.

Situación en Cataluña: «Cuanto antes se normalice mejor»

En cuanto al traslado de las sedes de Caixabank y Sabadell a raíz de la incertidumbre política de Cataluña, Goirigolzarri considera que se trata de una «buena noticia para la Comunidad Valenciana», tanto desde el punto de vista de la imagen como por el potencial económico. «Me alegré mucho», ha admitido, porque «todo lo que es bueno para la Comunidad es bueno para Bankia», que tiene en esta región el 20% de su negocio.

En su caso, ha dicho, apenas notaron durante «una semana» el impacto de la crisis catalana. «Y desde el punto de vista bancario no estamos viendo nada extraño, es un momento de gran normalización», ha señalado.

No obstante, ha manifestado que «cualquier solución a la situación en Cataluña debe pasar por el respeto de la ley, del Estado de derecho y de la Constitución Española», y desea que «cuanto antes se normalice» la situación, porque «sería mejor para todos, para España y para Cataluña».

En cuanto a la devolución de los más de 22.000 millones en ayudas públicas que Bankia recibió del Estado, Goirigolzarri ha asegurado que se están «dejando la piel» para que los contribuyentes las recuperen y ha señalado que Bankia habrá devuelto 2.863 millones tras el dividendo que se abonará este mes.

No obstante, ha hecho notar que «la gente parece olvidar lo que pasó hace seis años» cuando se solicitó el rescate bancario. Todas las ayudas pasaron por un procedimiento «reglado», ha dejado claro.

«Orgulloso del proceso de integración con BMN»

Finalmente, José Ignacio Goirigolzarri se ha mostrado «orgulloso del proceso de integración con BMN» y no solo ha descartado la pérdida de clientes, sino que ha confiado en que «va a haber 500.000 clientes de BMN encantados porque a partir del segundo trimestre no van a pagar comisiones».

En este punto, preguntado por las «quejas» que se han recibido en Baleares durante los últimos días en cuanto a banca online y en la atención en oficinas, Giorigolzarri ha defendido que «una integración es siempre muy compleja» tanto desde el punto de vista técnico como humano.

En este caso, se han cambiado miles de dispositivos y cajeros, además de modificarse claves de clientes, por lo que, «por supuesto» que se han creado colas durante unos días y hay mecanismos que han registrado incidencias, por no ha habido un «aumento significativo» de los problemas, ha aseverado.