sábado, enero 26, 2019
El niño malagueño, 'Julen,' localizado muerto esta noche en el pozo de Totalán
MÁLAGA.- Julen, el niño malagueño de dos años, vecino del barrio de El Palo, y que cayó a un pozo en Totalán el domingo 13 de enero, ha sido hallado muerto finalmente. La Brigada de Salvamento Minero ha encontrado el cuerpo sin vida del pequeño a la 1.25 de la madrugada de este sábado, después de trece jornadas de intensa búsqueda, en el punto donde se le buscaba, después de cavar manualmente y con gran dificultad los cuatro metros que separaban el pozo donde se encontraba el menor y el túnel paralelo -de casi 60 metros de profundidad y aproximadamente un metro y medio de ancho- perforado para que pudieran entrar los mineros para llegar hasta el pequeño.
El
pozo en el que estaba atrapado el menor tiene unos 110 metros de
profundidad y cerca de 25 centímetros de ancho. Un guardia civil era el
encargado de sacar el cuerpo del pequeño de fondo del pozo, tras recibir
la pertinente autorización judicial.
Una comisión judicial se ha activado ya para proceder al levantamiento del cadáver. Los padres del menor habían sido informados de la situación antes de que se hiciera pública la localización del cuerpo.
Una comisión judicial se ha activado ya para proceder al levantamiento del cadáver. Los padres del menor habían sido informados de la situación antes de que se hiciera pública la localización del cuerpo.
A pesar de lo avanzado de la hora en que se ha conocido el hallazgo del
cuerpo del pequeño, las muestras de pésame y de dolor se han sucedido de
manera inmediata.
Numerosas muestras de pésame a los padres del menor y de apoyo a los
equipos de rescate que han trabajado sin descanso hasta dar con Julen.
Los servicios funerarios ya están en la zona,
mientras la Guardia Civil se ha desplegado para asegurar el tránsito por
la zona.
El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "apoyo y
cariño" a los padres y seres queridos de Julen.
"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", ha comentado Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.
"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", ha comentado Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.
También la Casa Real ha enviado un mensaje de pésame a la familia del niño vía Twitter:
"Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la
familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las
personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites".
El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis,
ha confirmado la muerte de Julen y ha mostrado sus condolencias a
través de un tuit.
"Desgraciadamente A la 1.25 horas de esta madrugada,
los equipos de rescate han accedido al punto del pozo donde se buscaba a
Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño. Se ha activado
la comisión judicial. Mis condolencias y pésame a la familia", ha
tuiteado.
El rescate, en el que viene colaborando desde el primer día un operativo de más de 300 efectivos que trabajan por turnos,
se vienen sucediendo desde que el pasado 13 de enero se recibiera el
aviso de caída de un menor por un agujero de 25 centímetros de diámtro y
110 metros de profundidad en la zona conocida como Dolmen del Cerro de
la Corona de esta localidad malagueña.
El niño, que estaba con
unos familiares en una finca, cayó en un orificio de prospección para
buscar agua de pequeño diámetro pero gran profundidad. Desde entonces se
activó un operativo para rescatarlo formado por efectivos de distintos
cuerpos que han estado trabajando en el lugar día, tarde y noche sin
descanso y haciendo frente a las grandes dificultades técnicas que se
han ido encontrando, especialmente por la dureza del terreno.
Así, estos días ha habido efectivos de la Guardia Civil de diversas
unidades, como del equipo de montaña, unidades de la localidad de
Vélez-Málaga, del Seprona, de Actividades Subacuáticas, Tedax; así como
administraciones como el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la
Diputación malagueña y los ayuntamientos de Totalán y Málaga y
organismos dependientes de las mismas como 112 Andalucía, el Consorcio
Provincial de Bomberos y de la capital.
También han estado
participando en el rescate profesionales de distintos sectores, como del
Colegio de Ingenieros y Caminos de Málaga, de Minas, así como las
empresas Expoa, Actua, Civiliza, Cemosa, Rodio, Narval Ingeniería, OHL y
la empresa sueca SPT (Stockholm Precision Tools), encargada de
geolocalizar a los 33 mineros chilenos que fueron
rescatados en el año 2010.
Además han colaborado en estas labores la
empresa Pepe Nuñez, Acosol, Restitubo, SGO Obras y el Club de Montañismo
de Rincón de la Victoria, entre otros.
También la brigada de Salvamento Minero de Hunosa,
procedente de Asturias, se desplazó hasta la localidad malagueña para
ayudar en las tareas de rescate, un trabajo crucial para sacar al
pequeño y no exento de complicaciones que ha concluido finalmente en la
madrugada de este sábado.
Así, después de que una perforadora
fuese realizando la galería vertical paralela al pozo donde se
encontraba Julen, no sin encontrarse dificultades que ralentizaron los
trabajos por la roca, y en lo que se tardó 55 horas; se procedió al
encamisado.
Sin embargo, al llegar a la cota de 42 metros de profundidad
una desviación propició un cambio de planes, de manera que tuvieron que
sacarse de nuevo los tubos, reperfilar la perforación y volver a
iniciar las labores de entubado.
Tras ello, este jueves a las 17.33 horas estos especialistas, considerados un cuerpo de elite,
se introdujeron en la cápsula ideada por el director técnico del
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Julián Moreno, y ejecutada
por dos herreros malagueños, para ejecutar los trabajos con pala y
martillo neumático hasta llegar al menor.
Por turnos de entre 40
minutos y una hora fueron cavando la galería horizontal de cuatro
metros hasta conectar con el pozo al que cayó el pequeño.
En su trabajo
se fueron encontrando con dificultades, de nuevo por la extrema dureza
del terreno, siendo necesarias incluso microvoladuras controladas, que ralentizaron algo más los tiempos previstos.
Desde la Guardia Civil han insistido todos estos días en que se ha
estado trabajando con la idea de que Julen estaba vivo. El miércoles 16
de enero se conoció, además, que el mismo día de la caída al pozo se
extrajeron restos biológicos que, tras analizarse y casar con el ADN de
los padres y del propio biberón del niño, indicaron que eran del
pequeño.
También se constituyó un comité asesor formado por el
Colegio de Ingenieros de Málaga con técnicos diversos y empresas para
ayudar en todo momento durante las complicadas labores de proyección y
ejecución de las diversas medidas.
Estos días el delegado de dicho
Colegio en Málaga, Ángel García Vidal, ha sido el portavoz y ha estado
explicando los pasos que se han ido dando para localizar al niño.
La subdelegada del Gobierno, María Gámez,
ha recordado en diversas comparecencias el trabajo "sin descanso"
realizado y la complejidad de las actuaciones, además de dar todo su
apoyo y cariño a la familia de Julen; al igual que el delegado del
Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el nuevo
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se desplazó al
lugar el sábado 19 de enero, destacando, asimismo, la labor sin descanso
realizada para sacar al niño del pozo y la magnitud de los trabajos
acometidos.
Mientras tanto, los padres del pequeño, José y
Victoria, han estado en todo momento en el lugar, primero en una carpa
en la zona y, después, por seguridad y dada la magnitud de las obras, en
una casa cedida por una vecina de la localidad. El pasado jueves
participaron en una vigilia en apoyo a los efectivos y para dar fuerza a los progenitores.
El padre del pequeño, José Roselló, que agradeció los trabajos que se
han estado acometiendo, confió, en unas declaraciones que hizo a los
medios de comunicación en los primeros días, que su hijo seguía vivo,
admitiendo que tanto su mujer como él estaban "muertos" tras tantos días
de espera pero con la esperanza de que tienen en el cielo un ángel, en
referencia a un hijo de tres años que falleció hace algo más de un año.
Después de casi 13 días de intenso e incesante trabajo, en el que se ha
utilizado maquinaria propia de una obra de ingeniería civil, que es lo
que se ha ejecutado para llegar hasta el pequeño Julen, no han cesado
las muestras de solidaridad con la familia del niño y todos los
participantes en estas arduas tareas de rescate, quienes han recibido,
además, el calor del pueblo de Totalán que ha llevado comida, bebida y otros útiles para todo el operativo.
Cronología
- Domingo 13: Julen cae a un pozo de más de 100 metros
- Lunes 14: Hallada una bolsa de chucherías en el agujero
- Miércoles 16: Hallado pelo de Julen en el pozo
- Viernes 18: Llega la perforadora a Totalán
- Lunes 21: Finalizado el pozo de rescate
- Martes 22: Los tubos se atascan: hay que ensancharlo
- Jueves 24: Los mineros bajan al pozo
- Viernes 25: Desesperación y nervios en las últimas horas
- Sábado 26: Hallado muerto Julen
domingo, diciembre 30, 2018
Más de 2.000 personas se manifiestan en Mallorca por la independencia
PALMA.- Más de 2.000 personas han participado en la manifestación independentista convocada en Palma de Mallorca con motivo de la Diada. Con el lema de la pancarta principal "Por la plena soberanía. República mallorquina. Construyamos los Paísos Catalanes", la cabeza de la manifestación ha salido del paseo del Born de Ciutat.
Tras
la pancarta, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, la
coportavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets; el presidente del Consell
de Mallorca, Miquel Ensenyat; la portavoz presidente de la Asamblea
Soberanista de Mallorca, Margalida Miquel; la presidenta de la Asamblea
Nacionalista Catalana (ANC), Elisenda Paluzie; el alcalde de Palma,
Antoni Noguera; entre otras autoridades, encabezando una manifestación
soberanista llena de banderas, pancartas y lemas defendiendo la
soberanía de Baleares.
Algunos asistentes han portado carteles a favor de la libertad de los presos catalanes y líderes del Procés.
La
marcha, que ha comenzado a las 18,30 horas, ha recorrido distintas vías
y calles de la ciudad y ha finalizado en el Parque de las Estaciones. A
las 19,00 Vox y el Foro Baleares han convocado su propia concentración
en la plaza de España cuyo lema es 'Por la unidad de España. No somos
Països Catalans', en la que han participado más de 300 personas.
Justo una hora después, a las 20,00 horas, ha tenido lugar el acto institucional de la tradicional ofrenda floral
junto a la estatua del rey Jaume I, en la plaza de España, a la que han
asistido las máximas autoridades de la ciudad y de Baleares.
El "gurú" De Guindos cuando vendía las cuotas participativas fallidas de la CAM
MADRID.- Un caluroso día del mes de mayo de 2008 en Alicante, la
extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) reunía a todos sus
directivos y directores de oficina para arengarles ante la crisis que
acechaba y presentar el producto financiero estrella que les iba a
permitir superar el temporal y "hablar de tú a tú" a la gran banca
comercial. Las cuotas participativas, según recuerda el.diario.es.
EE UU ya había entrado en recesión
y varios de sus bancos habían caído a causa de las hipotecas basura. La
tormenta ya hacía temblar los cimientos bancarios de Suiza y Gran
Bretaña. Pero en España, la música seguía sonando al son de la batuta de
prestigiosos gurús económicos, el Banco de España y el Gobierno del
PSOE.
El producto estrella lo presentaban a los
directivos de la CAM el economista de Analistas Financieros
Internacionales Emilio Ontiveros y el otrora presidente ejecutivo para
España y Portugal del también fallido y piedra angular de la crisis
Lehman Brothers, Luis de Guindos, entidad que ayudaría en la
comercialización de las cuotas participativas por primera vez en la
historia de España y gracias a la autorización del Gobierno. Más de
50.000 clientes adquirieron este producto.
¿Qué podía fallar? De Guindos había sido secretario de
Estado con Rodrigo Rato y uno de los padres del "milagro español", (amén de posteriormente gran protector político del banquero murciano Egea Krauel). Pero
las cuotas participativas -una especie de acciones de las cajas de
ahorros pero sin "derechos políticos"- acabaron siendo uno de los
mayores pufos de la historia de las finanzas en España que, con el
hundimiento de la CAM por su insolvencia, arruinó a miles de pequeños
inversores a los que se les vendió el producto como un plazo fijo.
Este acto triunfalista y su impacto en la historia de la CAM -absorbida
por un euro por Banco Sabadell años después tras fracasar en una
fusión- se incluye en una de las cuatro partes en que se divide el
último libro del periodista Ernesto Ekaizer El libro negro. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos
(Espasa, 2018).
Eldiario.es ha accedido al vídeo del acto que acompaña a
la noticia y cuya conversación se reproduce a continuación por su
interés periodístico para entender la magnitud tragicómica de la crisis y
a algunos de sus personajes.
La presentación de las
cuotas participativas se realizó en la sala principal de la Institución
Ferial de Alicante y se planteó como un show al
estilo americano. Antes de la charla de Guindos y Ontiveros moderada por
una conocida presentadora de televisión, los más altos directivos de la
CAM habían animado a la tropa preocupada por la llegada de una crisis
financiera que el Gobierno de Zapatero y el Banco de España todavía se
empeñan en negar.
El acto sobre las cuotas participativas se planteó como
un diálogo entre las dos estrellas invitadas con preguntas teledirigidas
de la periodista para sacar el máximo provecho a los expertos. Guindos
explica que las cuotas son como acciones, pero sin "derechos políticos".
Según el actual vicepresidente del BCE, "son el recurso de mayor valor
para los mercados financieros" y que "más crecerá en la actual
situación" de inestabilidad.
Tras la presentación
inicial llegó la soflama: "Las cuotas participativas será algo que, con
el tiempo, tres o cuatro años, será estudiado en las mejores escuelas de
negocio del mundo", asegura De Guindos, que antes había sido precedido
por Ontiveros llamando a la tranquilidad. "Este producto no te convierte
en un rentista de riesgo, sino en participante de los éxitos de la CAM.
El paso que faltaba a las cajas para hablarles de tú a tú a los grandes
financieros", argumenta el economista.
Y sigue la
arenga el exministro: "Estamos haciendo historia económica. Por primera
vez se da a terceros la oportunidad de participar en la historia de
éxito de la CAM". El resto de la historia de la caja de ahorros
alicantina y del "éxito" de las cuotas participativas que miles de
clientes llevaron a los tribunales tras perder todo lo invertido ya es
conocido y ha sido contado.
En
abril de este año, la Audiencia Nacional archivó la causa penal contra
los directivos de la caja alicantina por la comercialización de las
cuotas participativas y son ahora los juzgados de lo civil de los
partidos judiciales donde había oficinas de la CAM los que atienden las
demandas de los afectados. El primer juicio por esta vía se celebró el
pasado mes de septiembre. Todos esperan a recibir justicia.
La jueza prorroga el secreto del 'caso Zaplana' pero le oculta sus argumentos
MADRID.- La instructora del caso Zaplana
decretó hace unos días una nueva prórroga del secreto que pesa sobre el
procedimiento en el que se investiga al expresidente de la Comunidad
Valenciana y que estalló el pasado mayo con la entrada en prisión del
'popular'. La responsable del caso Erial dictó un auto para argumentar su decisión, pero ha mantenido los motivos que le llevan a hacerlo también en reserva para las partes.
El escueto escrito notificado a Zaplana, al que ha tenido acceso El
Confidencial, no incluye por tanto argumentación alguna y se limita a
reflejar la parte dispositiva. Como antecedentes de hecho muestra,
exclusivamente, la fecha de la anterior prórroga del secreto,
dictada en noviembre.
Los fundamentos de derecho quedan sustituidos por
unos puntos suspensivos. En la disposición final acuerda "prorrogar el
secreto de las actuaciones para todas las partes excepto para el
Ministerio Fiscal" y precisa que se dará cuenta a estas únicamente de la
parte dispositiva y los antecedentes.
La
prórroga se ha producido en pleno repunte de la polémica por el
mantenimiento en prisión de Eduardo Zaplana, que fue ingresado hace unos
días en La Fe por complicaciones en una dolencia derivada del trasplante
al que se sometió para paliar su leucemia.
La magistrada le ha denegado
la salida de prisión en varias ocasiones y no considera que su delicado
estado de salud sirva para paliar el riesgo de fuga y de destrucción de
pruebas.
En un auto de hace unas semanas rechaza la oferta de
colaboración del acusado bajo la justificación de que puede tratarse su
dolencia en cualquier lugar, también allí donde hay "paraísos fiscales".
La magistrada María Isabel Rodríguez asegura que la enfermedad del considerado cabecilla del caso Erial no
congela el peligro de que escape a la acción de la justicia.
"Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales",
destaca la magistrada que no da crédito a la oferta de cooperación que
formuló Eduardo Zaplana, dispuesto a facilitar el detalle de sus cuentas
que el Juzgado rastrea a través de comisiones rogatorias a distintos estados que aún están pendientes de respuesta.
El que fuera ministro de Trabajo con el PP ingresó en la cárcel de
Picassent hace más de siete meses junto a varios de sus colaboradores en
el caso Erial, los presuntos testaferros Joaquín Barceló y Francisco Grau.
En el caso, que también afecta al exdirector general de la Policía Juan Cotino,
se le atribuyen delitos como cohecho, prevaricación, malversación,
blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la
contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una
asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
A
cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la titular del Juzgado de
Instrucción 8, la causa trata de delimitar el blanqueo de más de 10
millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales por la
adjudicación de contratos públicos entre ellos la concesión de las ITV y
el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la
Generalitat.
El Papa convoca a obispos de todo el mundo en una cumbre contra los abusos sexuales
CIUDAD DEL VATICANO.- El
Papa Francisco ha convocado, entre el 21 y el 24 de febrero, a los
presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo en una
cumbre sin precedentes para atajar los casos de abusos sexuales en el
seno de la Iglesia.
Además, el Pontífice ha solicitado a los máximos responsables de las conferencias episcopales de cada país que visiten personalmente a víctimas de abusos sexuales como paso previo para la preparación de este encuentro.
En una misiva remitida a cada uno de ellos, Francisco explicó que el objetivo de visitar a las víctimas es que aprendan "de primera mano el sufrimiento que han soportado".
Para el Papa, estos encuentros personales son una "forma concreta" de reafirmar que los supervivientes del abuso clerical son la "prioridad" en la mente de todos durante el encuentro de febrero, a medida que se unen "en solidaridad, humildad y penitencia" para avanzar en la crisis de los abusos.
Francisco pretende implantar un protocolo de actuación común en todas las áreas geográficas episcopales para que no vuelva a reproducirse el silencio cómplice de las más altas esferas de la jerarquía católica en torno a estos casos. Durante 2018, informes como el de la Corte Suprema de Pensilvania (EEUU) -que reveló que más de 300 sacerdotes abusaron de niños durante las últimas siete décadas con la mirada connivente del Vaticano- o el de la Iglesia católica alemana -que documentó 3.677 casos de abusos sexuales a niños entre 1946 y 2014- han acelerado esta decisión.
Además, el Papa se enfrentó durante 2018 a otra polémica relacionada con el escándalo de los abusos durante su visita a Chile, cuando defendió al obispo Juan Barros, acusado por un grupo de víctimas de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima. A los pocos días, el Papa se dio cuenta de su error y rectificó. Recibió a tres de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima en el Vaticano y abrió una investigación que cristalizó en la renuncia en bloque de la Conferencia Episcopal del país andino. De momento, ha aceptado la dimisión de cinco de ellos.
El Pontífice también hizo de la lucha contra la pederastia una de las claves de su viaje a Irlanda en el mes agosto para asistir al Encuentro Mundial de las Familias. "Pedimos perdón. El Señor mantenga y acreciente este estado de vergüenza y de compunción, y nos dé la fuerza para comprometernos en trabajar para que nunca más suceda y para que se haga justicia", señaló entonces Francisco en un viaje en el que se reunió con víctimas de esta lacra en un país en el que se han destapado diversos escándalos a lo largo de los años.
Durante ese viaje, el exnuncio de la Santa Sede en Estados Unidos, monseñor Carlo Maria Viganò pidió en una misiva la renuncia del Papa, al que acusó de conocer desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales que pesaban sobre el cardenal Theodore McCarrick. Francisco había aceptado en julio la renuncia del que fuera arzobispo emérito de Washington después de que la justicia estadounidense diera crédito a diversas denuncias de abusos y encubrimiento contra McCarrick.
El Papa prefirió no responder a las acusaciones de Viganó asegurando que sus declaraciones "hablaban por sí mismas". Unas afirmaciones que generaron cartas de apoyo al Pontífice por parte de conferencias episcopales de todo el mundo. El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), dirigió una carta de "afecto, cercanía y apoyo" a Francisco. "Santo Padre, no está solo", aseguraba en el escrito.
Además, a finales de este año el Vaticano ha oficializado la salida del círculo de consejeros que asesoran al Papa (el C-9 vaticano) de los cardenales Francisco Javier Errazuriz y George Pell. El primero está implicado en el encubrimiento de las denuncias de las víctimas del sacerdote chileno Fernando Karadima. El segundo fue recientemente condenado por un tribunal australiano por abusos sexuales a dos menores.
La problemática de los abusos sexuales por parte del clero ha sido uno de los principales desafíos del pontificado de Francisco, que aplicó desde el inicio una política de 'tolerancia cero' que impulsó su predecesor Benedicto XVI.
Para ello, puso en marcha una comisión específica, aunque no estuvo exenta de polémicas, como la dimisión de la irlandesa Marie Collins, una de las víctima que formaba parte de la comisión al entender que parte de la curia romana ponía obstáculos a los trabajos de este órgano.
En su tradicional discurso de Navidad ante la Curia Romana de este año, Francisco volvió a asegurar que la Iglesia hará todo lo necesario para llevar ante la justicia a los curas pederastas al tiempo que afirmó que "nunca más encubrirá o subestimará" los casos de abusos sexuales por parte del clero.
La Inquisición española / Ramón Cotarelo *
Por eso, la declaración de Turull centra la cuestión: no pedirá perdón y reivindicará lo que hicieron el 1-O y el 27-O porque
no entiende que fuera un delito, sino un acto político y, como tal
debatible en foro político, no penal. Palinuro coincide. En efecto no
solo no se dan los delitos concretos que se les imputan de rebelión y
sedición porque, al faltar el requisito de la violencia, no pueda
hacerse; es que, mirado con detenimiento, no hay delito en absoluto.
Procurar
cualquier objetivo por medios pacíficos y democráticos es un derecho.
También lo es procurar pacífica y democráticamente la separación de
España. Si no lo es, o no se permite que lo sea, arrastrando a los
responsables a una farsa judicial, evidentemente, no será a causa de los
medios, que son los mismos, sino a causa del fin, esto es, la
separación de España. Lo que los jueces quieren castigar como delito es
el ejercicio de un derecho.
El
ámbito del derecho es el de las interpretaciones divergentes. Pero no
tanto. Algo no puede ser un delito y un derecho al mismo tiempo, salvo
que lo sea para partes distintas, como es el caso. Para los indepes, la
acción política pacífica y democrática en pro de la independencia de
Cataluña es un derecho irrenunciable.
Para los jueces, el gobierno, los
medios, la opinión española, procurar algo pacífica y democráticamente
es un derecho, salvo que se trate de la separación de España. El
"delito" está en el propósito, el objetivo, la idea.
Este
juicio es una farsa porque es un proceso de convicciones, como los de
la Inquisición. Lo que para esta era herejía, para los juzgadores de hoy
es un crimen nefando que les gustaría tratar como delito de alta
traición. Al necesitarse aquí una situación bélica (siempre más difícil
de inventar que la existencia de violencia) no se puede proceder por la
vía militar, aunque no será por falta de ganas.
La
justicia de los jueces españoles se hace en nombre del Estado español,
personificado en el monarca, en resumen, de España. España es la fuente
absoluta de derecho. Es una entidad prejudicial, en cuyo marco tienen
sentido los procesos legales. Su permanencia y unidad, por tanto, son
sagradas.
Si alguien osa cuestionar la unidad de España, cuestiona su
misma razón de ser, algo que los jueces no pueden admitir, ya que los
cuestiona a ellos, descubriendo su carácter de juez y parte y
aniquilando toda base de la justicia.
Lo
que los jueces quieren juzgar es un viejo conocido de toda tiranía: el
"delito" de opinión. Por eso el proceso es una farsa judicial porque es
un proceso por convicciones. La doctrina que subyace en esta actitud de
unos jueces españoles dispuestos a condenar a unas personas por no
querer ser españolas es la muy esclarecida que soltaba ayer Rosa Díez:
las ideas independentistas no son legítimas y Vox es un partido político tan legítimo como otros. Ideas no legítimas, tome nota, Torquemada cuando haya que proceder contra quienes las albergan. Y Vox, partido legítimo.
Por
supuesto, mientras no delinca, será legitimo. La gente tiene derecho a
pensar lo que quiera y decirlo, según las circunstancias. Tan legítimo
es ser independentista como soñar con ver a todos los independentistas
colgados. Con todo, esta segunda variante no tiene buena fama.
En
su visión, los jueces están animados del espíritu de Díez. Para ellos,
negar España, ir contra su unidad, querer separarse, como para la ex-de
UPyD, es ilegítimo, es delictivo, debe castigarse. A esos apuntan las
referencias de algunos al superior interés de España en su lenguaje
judicial .
Es el mismo espíritu que anima a Vox: todo por España. Y
tanto en el caso de los magistrados como de los ultras de Abascal, "todo
por España" significa "todo contra Catalunya".
Los herejes de la Inquisición de hoy somos los catalanes.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
viernes, octubre 12, 2018
Referendos y liderazgo / Francisco Poveda *
En
Europa no entienden bien lo que realmente está pasando en España y lo
cierto es que nuestras embajadas no se han empleado casi nada en
explicar 'el procés' y sus causas profundas a las respectivas
opiniones públicas nacionales, de la Unión Europea al menos, y a sus más
relevantes medios en cada país, incluida la intervención y su
financiación exterior interesada por elevación para una balcanización de
la península Ibérica.
Y
quizás sea por el rubor que implica en una teórica democracia
parlamentaria occidental haber negado la libertad colectiva de expresión
a un grupo de ciudadanos españoles residentes en Cataluña a través de
un referendo consultivo (cuando el resultado implica únicamente la
manifestación de la voluntad general o popular de forma no vinculante)
que, en la fecha de su planteamiento, hubiese arrojado unos resultados
porcentuales previsibles y muy distantes de lo que significarían hoy de
realizarse tras un acuerdo político previo entre Madrid y Barcelona.
Ahí
Rajoy no estuvo políticamente muy fino entonces y de aquellos polvos...
estamos donde estamos y posiblemente a donde vamos. Aunque bien es
cierto que el Gobierno central no puede admitir, ni el sistema oneroso
de las autonomías regionales artificiales puede aguantar, que la
contribución fiscal del 20% del PIB español aspire a un sistema de
conciertos o cupo como el del País Vasco (5%) o Navarra (2%) a base de
aportaciones cuasi simbólicas al erario público de la Nación en el marco
de la reforma del Estatuto de Cataluña.
Explique
lo que explique y donde lo explique, Rajoy ha salido del Gobierno por
no asumir su responsabilidad política, personal y colegiada, ante el
desafío catalán. Y Sánchez entró de urgencia en Moncloa, presumiblemente de la mano
de Zarzuela y el Ibex, para encauzar un entuerto de tal envergadura
mientras se regenera una derecha conservadora estructuralmente corrupta,
se revela el escaso peso específico de un C's de plastilina y se
verifica el techo electoral de un neocomunista Podemos ante la
recuperación constatable del voto socialista antes de convocar unas
nuevas elecciones generales todo lo tarde en el tiempo que se pueda para
que el régimen del 78 pueda recuperar el aliento y apuntalar a la
Corona ante los crecientes embates republicanistas de diferentes
procedencias.
Porque
aquí entendemos cualquier referendo como plebiscito es por lo que no se
hizo en 1978, diferenciado del de la nueva Constitución, el del sistema
de Gobierno (monarquía o república) que hoy, en 2018, aún parece
pendiente para legitimar democráticamente a la Corona cuya única
decisión existencial actual proviene de las Cortes de Franco en primer
lugar y, en segundo, de la dinástica de don Juan de Borbón desde un
punto de vista de sucesión interna al entenderlo todo como una
reinstauración de lo desechado en 1931 por unas elecciones municipales
concluyentes.
Pero
la Corona puede y tiene que hacerse útil en tiempos tan turbulentos si
es que aspira a sobrevivir en España. Nunca entendí muy bien como no se
renovó por completo el equipo de Zarzuela con la ascensión al Trono de
Felipe VI. Y ahora aún lo entiendo menos al trascender que el
cuestionado desde Cataluña discurso real del 3-O se coció en los
entornos del monarca, lo que todavía puede resultar más problemático de
cara a las periferias del país y sus élites más liberales por
ilustradas.
El
resultado es que la sociedad española más inquieta por joven, bien
formada y progresista ha elegido este simbólico 12 de octubre para
debatir sobre la abolición de la monarquia parlamentaria tras el
cuestionamento que se ha producido horas antes en el Parlamento
catalán.
Y
puede continuar en algunos ayuntamientos de las llamadas nacionalidades
históricas, desde Galicia a las Vascongadas y hasta de Baleares, visto
el poco entusiasmo ante el llamamiento del constitucionalista PP para
cubrir hoy todas las fachadas de nuestras viviendas con la enseña
nacional con motivo del 12 de octubre. Su escasa capacidad de
convocatoria tiene mucho que ver con la corrupción sistémica, la
degradación general y la ascensión de los populismos, que explican el
fenómeno catalán y la falta de credibilidad, por agotamiento, del
régimen del 78 en todo su conjunto, hasta el desprestigio en Europa de
nuestra Justicia por su infiltración política definitiva al margen de la
Fiscalía.
Con
todo, lo más preocupante e inquietante es la falta de un liderazgo
nacional que tan bien supo encarnar el actual rey emérito Juan Carlos I.
Desde Pablo Iglesias hasta Felipe VI, pasando por Pablo Casado,
Albert Rivera, Pedro Sánchez y hasta Alberto Garzón, no se han revelado
como líderes en coyuntura tan propicia como la de ahora para poder
demostrarlo con un poco de esfuerzo. Y esa es la verdadera tragedia
nacional que puede dar lugar a todo tipo de riesgos interiores y
exteriores para conservar las esencias culturales e históricas que
sustentan identidad, folklores aparte.
Meses
después de la moción de censura en el Congreso, la derecha se ha
fraccionado en tres partidos extremos que han regalado el centro al PSOE
mientras la izquierda reformadora y transformadora reside en Podemos,
por lo que cabe concluir que en unas eventuales elecciones próximas, y
coincidiendo con el CIS, hoy ganaría con holgura el centro-izquierda
frente a los nacionalistas incluso, por un significativo deslizamiento
del voto con las posibles excepciones de Andalucía, Cataluña y puede que
hasta el País Vasco, según coinciden sociólogos expertos en
demoscopia.
(*) Periodista y profesor
(*) Periodista y profesor
La ‘Matrix’ de los partidos políticos / Guillermo Herrera *
La explicación es que la Verdad está fragmentada y dividida
entre las distintas propuestas de los partidos políticos. Si
votas una cosa, estás en contra de la otra, pero no existe un
pensamiento integral y holográfico que permita
comprender la razón de cada uno para recogerla en una síntesis
coherente y ofrecer soluciones integrales.
Lo ideal sería un centro político que recogiera las virtudes de
la derecha y de la izquierda para ofrecerlas en una síntesis
armónica, y ofrecer un modelo perfecto de sensatez y sabiduría,
pero el centro nunca se ha vendido bien en el mercado político
de España porque la opinión pública tiende siempre a la
polarización hacia los extremos según el problema que
defiendan.
La centralidad política hubiera evitado la guerra civil y
tantos extremismos políticos como se han dado en nuestra patria.
Pero cuidado, el centro no puede ser nunca una tibieza de mediocridad
y de indefinición como ha ocurrido a veces, sino un modelo bien
definido de soluciones sensatas.
Cada partido político está aglutinado en torno a unas verdades
fundamentales, pero a veces este núcleo está rodeado de una nube
de contradicciones que “donde dije digo que digo Diego”, y
ahí es donde se estrellan los talentos políticos.
Los que están a favor de la inmigración se olvidan de los
derechos de los ciudadanos españoles sin techo que están
instalados en la pobreza absoluta, duermen en la calle y piden
limosna como mendigos. ¡Todavía no he escuchado a ningún
partido político que quiera solucionar esto! El problema
fundamental es que no se cumple el contenido social de la
Constitución Española, y sin embargo se cumple a rajatabla el
derecho de los bancos a desahuciar a familias pobres.
Los que defienden los derechos de los animales (yo también lo
hago por compasión) se olvidan de los derechos de las personas,
y viceversa. Si amas a tu patria estás obligado a ser de derechas
(¡qué idiotez!) y
si defiendes los derechos de los trabajadores estás
obligado a defender el separatismo.
Otra idiotez, que se olvida que la izquierda nunca ha sido
nacionalista sino internacionalista.
Tampoco se acuerdan que el
nacionalismo separatista es un invento de la burguesía más
adinerada para defender sus
intereses egoístas, y ahora lo han convertido en bandera de la
izquierda. Esto es como mezclar las churras con las
merinas, porque una cosa no
tiene nada que ver con la otra.
A la pregunta clásica de si ¿hay algo más tonto que un obrero
votando a la derecha o que un millonario votando a la izquierda? mi
respuesta es afirmativa: un pobre adorando a un rico a través
de la llamada “prensa rosa”.
Todo está fragmentado y dividido para evitar soluciones
completas y dividir y enfrentar a la gente (divide y vencerás).
Por eso pienso que el sistema de partidos es una conspiración
como la copa de un pino para encerrarnos a todos en una ‘Matrix’
de soluciones parciales e incompletas. La palabra partido
viene de partir, dividir, fragmentar, enfrentar y crear
partidarios, es decir fanáticos sectarios dispuestos a todo.
Lo que mejor saben hacer todos los partidos políticos es defender
sus propios intereses corporativos, aunque sea en contra de los
intereses de su pueblo al que dicen servir, y esto acaba con mucha
facilidad en la corrupción que todos conocemos.
Eso no quiere decir que yo defienda la dictadura, que tampoco. Quiere
decir que tenemos que inventar algo nuevo y armónico que acabe con
esta división y enfrentamiento entre la derecha y la izquierda,
entre azules, rojos, naranjas y morados. ¿Es que no hay imaginación?
Tanto es así que al final la gente acaba votando no lo que más
le gusta sino lo que menos le disgusta, aunque sea tapándose las
narices para no oler la podredumbre de tanta corrupción.
A mi me seduce el ideal platónico del sabio al poder, o la tradición
ancestral existente en todas las culturas de la humanidad de
comunidades autogestionadas y gobernadas por un consejo de ancianos
sabios, santos e iluminados que tome siempre decisiones sensatas para
no cometer los errores de los jóvenes.
¡Feliz Día de la Hispanidad y un abrazo muy fuerte a todos
mis hermanos hispanos!
martes, octubre 02, 2018
Incomunicada por mar Menorca por el fuerte temporal
MAHÓN.- La isla de Menorca se encuentra incomunicada por mar desde anoche y
durante esta mañana a causa del fuerte oleaje, con olas que pueden
alcanzar los 6 metros de altura, que está azotando la isla, han
informado fuentes portuarias.
El puerto de Mahón cerró anoche a las 22.15 de anoche y el de Ciutadella poco antes, sobre las 22.00 horas.
Menorca se encuentra hoy en alerta naranja por
fenómenos costeros adversos y ráfagas de fuerte viento del norte que han
rebasado en algunos puntos de la isla los 82 kilómetros por hora.
La Agencia Estatal de Meteorología ha comunicado que la racha máxima
de viento registrada hoy, a las 06.00 horas, ha alcanzado los 83
kilómetros por hora.
Otro punto afectado por el
temporal es el aeropuerto de Menorca con una máxima de 82 kilómetros por
hora. La alerta naranja se mantuva activa hasta las 21.00 horas.
domingo, septiembre 30, 2018
jueves, julio 19, 2018
Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas
MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela https://www.vozpopuli.com.
El magistrado, Carmelo Ordóñez,
del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente
en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda
-su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del
derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
Gómez
Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares
por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron,
Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que
planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que
contemplaba la edificación de 244 apartamentos.
Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la
licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas
reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios
ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de
14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial
sostenible en Islas Baleares.
A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.
La
sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para
entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se
adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo
Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa
que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.
El empresario no había podido hasta entonces reunir la
cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de
euros. El pasado 19 de abril expiraba el
plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago,
pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.
A
pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del
pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y
Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio,
se inadmitió recurso de casación contra la
decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al
pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es
firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Gómez
Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago
del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda
de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado
ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.
El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en
pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor
"extenuante" al frente del concurso del aeropuerto.
El
magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael
Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición
de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha
realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor
para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y
la recuperación del espacio aéreo".
"Concluir el
proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso,
desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez.
La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los
intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".
El
magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos
hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del
aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso".
El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que
fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias
generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo
en manos de los querubines de la especulación".
El
juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del
aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría
probable "que podamos volver al averno", un
escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante
meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los
intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y
tener por compradora definitiva a Cria (...)".
El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano
VALENCIA.-
La
Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno
valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat
Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la
Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.
La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
Esto
implica que para
que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al
castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la
Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana,
es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua
cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Puntos de la norma que avala la Justicia
El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por
cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con
la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como
en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
Rotulación ilegal
La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de
acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el
castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y
normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Tras recordar “la inexistencia de un deber
de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que
sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos,
carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier
soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de
cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Establecer el valenciano entre los
requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos
carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a
contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en
perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre
los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
El hecho de que
las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga
en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma
consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de
administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones
públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo
La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis
MADRID.- Las cajas de
ahorros han sido las tristes protagonistas de la crisis y la
reestructuración de la banca en España. Prueba de ello es que su
número de oficinas se ha se ha reducido en un 51% desde los máximos
que sus redes alcanzaron en 2008, un recorte superior al de los
bancos ya que muchas cajas existentes entonces han desaparecido en
distintas integraciones. No obstante, su compromiso
territorial se demuestra con un 32% de las sucursales en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, con CaixaBank a la
cabeza, según publica www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco.
Un
total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han
desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las
existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la
reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector
de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de
25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las
redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se
agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el
número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo
de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como
Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como
imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos
absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo
inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas
cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las
entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.
Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor
incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas
poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una
oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de
ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000
habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un
31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en
municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de
negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen
defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo
presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas,
está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este
tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su
red con 1.147 sucursales.
Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha
visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las
entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867
empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos
de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje
muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector
bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de
tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los
responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo
ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.
Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España
MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este
tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si
exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si
por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es
casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda Libre Mercado.
A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los
impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de
Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.
Según ha publicado El Economista,
Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su
intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país.
Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias
ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o
menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de
Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la
publicación.
La ministra buscará
consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es
improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han
rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.
Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *
Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar
de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de
alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de
cada persona.
No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente
sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la
voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de
tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para
ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’:
lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.
Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí
de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde
ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas
horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves
el júbilo por ninguna parte.”
Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación
es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar
al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la
experiencia adquirida.
La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el
entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no
se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la
basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es
aburrido.
Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su
profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene
una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos
en teoría.
Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un
trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo
que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos
enriquecedores, como no sea el de los ricachones que
hacen fortuna.
Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y
familiares con escasos momentos de libertad y con muchas
limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos
perjudique en el trabajo.
Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda
alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio
cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una
vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.
Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero,
descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener
tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el
dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.
Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren
las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de
vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.
Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría,
y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los
hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades
a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.
En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se
trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina
heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de
indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue
institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.
Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra
cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a
finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y
Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución
industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de
trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera
reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las
necesidades de la vida cotidiana.
En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como
los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que
será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear,
porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo
o su infierno, o su limbo de aburrimiento.
(*) Periodista
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