PALMA.- El expropietario de la Policlínica Miramar
Cristóbal Pizá, quien se ha sentado de nuevo en el banquillo de los
acusados, ha negado haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes
deshaciéndose de dos inmuebles para frustrar el pago de un millón de
euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario,
Francisco Miralles. Precisamente, Miralles está querellado contra el
empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9
millones de euros en otra causa que se está instruyendo en Palma.
En concreto, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el
acusado y dos para su mujer, mientras que la acusación particular,
ejercida por la letrada Isabel Fluxà en representación de Inversiones
Grupo Miralles (IGM), reclama tres para cada uno de ellos, además de una
fianza civil de 147.651 euros conjunta para ambos.
En su declaración durante el juicio celebrado en el Juzgado de lo
Penal número 2, Pizà ha justificado que vendió la mitad indivisa de un
inmueble de Santa Ponça y otro medio de La Rioja porque le "urgía"
saldar deudas con la Banca March, y no para eludir la deuda que tenía
pendiente con Miralles. Del mismo modo se ha pronunciado su esposa,
Antonia Margarita Morro, quien ha señalado que accedió a comprar la
vivienda de Logroño consciente de las deudas de su marido con el banco.
Las propiedades, pertenecientes a la entidad Consaba -de la que
Pizá era administrador único y a la que Miralles, a través de la
mercantil IGM, concedió el préstamo en enero de 2006- fueron vendidas a
su suegra (el inmueble de Calvià) y a su mujer (el de Logroño) por
diversas circunstancias que impidieron finalmente traspasar el inmueble a
otro comprador, según justificó Pizá, asistido al igual que su esposa
por el abogado Gabriel Garcías.
Sin embargo, la querella interpuesta por el Grupo Miralles, a la
que tuvo acceso acceso Europa Press, sostiene que Pizà procedió a la
venta de las viviendas "por un precio irrisorio" (87.545 euros la de
Santa Ponça y 121.260 la de Logroño) una vez que fue demandado por IGM.
Una operación de la que, según la acusación, se sirvió el imputado
para frustrar los derechos de crédito del acreedor y conseguir así que
los inmuebles permanecieran dentro del patrimonio familiar. Es más,
postula que la pareja hizo constar domicilios distintos "para engañar y
confundir" mientras que el acusado se permitió dejar de percibir a
través de Consaba los 2.000 euros de alquiler que cobraba mensualmente
por ambos inmuebles.
El querellante postula que fue en enero de 2006 cuando IGM
concedió un préstamo de dos millones de euros a Consaba, entonces
administrada por Pizá junto al fallecido Miquel Dalmau, debido a la
"estrecha relación de amistad y confianza" que unía a Miralles con el
acusado. Posteriormente, IGM fue adquiriendo acciones de Ameba -la otra
empresa de Pizá y Dalmau y cuya situación financiera "era una debacle"-,
pagando únicamente la diferencia con el préstamo, si bien el resto del
dinero adeudado ascendió finalmente a un millón de euros por los
intereses pactados.
Miralles solicita asimismo una multa de 18.000 euros más un tercio
de esta cantidad tanto para Pizà como para su mujer, así como 15.000
euros en concepto de costas.
El pasado mes de marzo, se sentó en el banquillo por presuntamente
apropiarse, junto a Miquel Dalmau, de al menos 708.000 euros de los
ingresos de la Policlínica, unos hechos por los que la acusación
particular solicita para él cinco años de prisión por un delito de
apropiación indebida y reclama una indemnización de 1,4 millones de
euros para el denunciante de los hechos, el doctor Pablo Ramis. Pizá
responsabilizó a Dalmau de las supuestas irregularidades.
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