BMN plantea un recorte de 1.163 trabajadores, un 15% de la plantilla actual

MADRID.- La dirección de BMN comunicó anoche a los sindicatos sus planes para acometer el proceso de reestructuración obligado por Bruselas a cambio del rescate de 730 millones de euros, y que pasa por un recorte de 1.163 trabajadores, un 15% de la actual plantilla.

Según han señalado hoy CCOO y UGT en una circular, para cumplir con el plan aprobado por Bruselas, la plantilla de BMN, surgida de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caixa Penedès y Caja Granada, debe reducirse a 4.189 empleados al cierre de 2014.

La cifra supone un excedente de 3.166 empleados respecto a la plantilla actual (7.355), si bien los recortes que deberá llevar a cabo la entidad se reducirán gracias a que 2.003 empleados se incorporarán al Banco de Sabadell tras el acuerdo alcanzado por BMN para traspasarle a la entidad que preside Josep Oliú su red en Cataluña y Aragón.

Aún así, el “excedente” es de 1.163 personas, muy por encima de las 863 bajas que se habían barajado hasta el momento. El periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) se abrirá el día 29 de abril, finalizando el 29 de mayo.

Frente a este planteamiento, el conjunto de los sindicatos ha exigido una renuncia explícita por parte de la dirección de cualquier planteamiento de bajas forzosas. De no producirse esa retirada en la reunión de la mesa del día 29, avisan los representantes de los trabajadores “abordaremos una batería completa de movilizaciones”.

Los sindicatos considera que BMN “no es igual que otras entidades nacionalizadas”, ya que se ha mantenido en sus puesto “a los gestores y éstos sostienen que el proyecto tiene viabilidad futura”.

Desde el cierre de 2009, se ha producido una reducción de 1.374 personas, un 15,43% del total de la plantilla, entre los trabajadores de las cajas fundadoras.

Las cajas rescatadas despedirán aún a otros 5.000 trabajadores 

La enésima ronda de despidos en el sector financiero podría afectar todavía a 5.000 empleados de los grupos rescatados de las antiguas cajas de ahorros. Entidades como Caja España-Duero, BMN y CatalunyaCaixa todavía tienen pendiente realizar los recortes obligados a cambio del rescate de Bruselas.

Es el caso de Caja España-Duero, la que tiene más avanzado el proceso de reestructuración, que afectará a 1.502 trabajadores según el plan aprobado por Bruselas.

Este proyecto cuenta con una fuerte oposición de los sindicatos, que ya han convocado seis días de huelga a partir del próximo 29 de abril.

Actualmente, la plantilla está conformada por unos 5.000 empleados, por lo que la nueva ronda de despidos afectará a un 30% del total. En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero ya vino acompañada de un ERE para 846 trabajadores.

El plan de BMN aprobado por Bruselas a cambio de los 730 millones de euros de ayudas públicas, por su parte, exige un recorte de 1.163 empleos, según comunicó ayer la dirección a los sindicatos, un 15% de la plantilla actual (7.355 empleados). El recorte no incluye los 2.003 empleados se incorporarán al Banco de Sabadell tras el acuerdo alcanzado por BMN para traspasarle a la entidad que preside Josep Oliú su red en Cataluña y Aragón. Desde el cierre de 2009, se ha producido una reducción de 1.374 personas, un 15,43% del total de la plantilla, entre los trabajadores de las cajas fundadoras (Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra).

Más singular es el caso de CatalunyaCaixa, en el que no se ha negociado aún ningún recorte de personal ya que en principio esa misión la iba a acometer la entidad que se la adjudicase en subasta. La escasa demanda obligó al FROB a suspender el proceso de venta, pero el recorte de la plantilla es inaplazable. El mercado calcula que deberán producirse unas 2.000 bajas, de la actual plantilla conformada por 7.000 trabajadores, aunque algunos rumores elevan la cifra hasta 2.500. La entidad catalana ya acometió en su día un ERE de 1.300 empleados, ampliado posteriormente con 330 bajas incentivadas.

Liberbank es un caso aparte, ya que hasta el momento en sus reuniones con los sindicatos ha propuesto recortes salariales y de jornada, que se complementarán con 666 suspensiones de contrato, que se prorrogarán durante un período de tres años. Este plan cuenta con la fuerte oposición de los sindicatos.