PALMA.- La defensa del expresidente del Govern y
exministro de Medio Ambiente Jaume Matas ha alegado ante la Audiencia
Provincial de Baleares la prescripción del delito de cohecho del que le
acusa la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la contratación presuntamente
irregular de su mujer, por parte de una cadena hotelera, como dádiva en
favor del exdirigente del PP. Unos hechos por los que Matas irá al
banquillo por segunda vez para ser juzgado por un tribunal del jurado.
En concreto, tanto el letrado de Matas, Miquel Arbona, como el
fiscal Pedro Horrach han estado presentes este lunes en una vistilla de
cuestiones previas celebrada a puerta cerrada y presidida por el
magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia, Juan Jiménez, quien
próximamente deberá resolver mediante un auto acerca de los alegatos
vertidos por la defensa del expresidente, a los que se ha opuesto el
Ministerio Público, que no ha expuesto ninguna cuestión.
Además de la posible prescripción del delito de cohecho en el que
habría incurrido el exlíder 'popular' en las islas, el letrado de Matas
ha alegado haber visto vulnerados los derechos fundamentales de su
patrocinado por no haber sido inquirido sobre estos hechos cuando fue
interrogado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, al
tiempo que ha cuestionado los testigos propuestos por la Fiscalía por
no tener vinculación con estas pesquisas, según ha puesto de manifiesto.
En concreto, la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito
de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal
(cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u
otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que
solicita para él una pena de 900 euros de multa así como el comiso de
los 42.111 euros cobrados por su esposa, Maite Areal.
Estos hechos se enmarcan en una de las 27 piezas separadas del
caso Palma Arena, un fleco en el que los investigadores apuntan a que el
propietario de la cadena hotelera Grupotel, Miquel Ramis, dio empleo a
Areal como regalo en favor de Matas. Unos trabajos por los que su mujer
habría cobrado 60.000 euros brutos durante 2007, pactados de forma
verbal y sin la existencia de un contrato laboral de por medio.
Cabe recordar que dentro de esta pieza, el propietario de Grupotel
admitió que en 2007 dio empleo a Areal a petición de Matas, recordando
que ésta cobró por ello 60.000 euros brutos durante ese año. Y es que,
según recordó, después de que el exjefe del Ejecutivo autonómico le
solicitara un puesto para su mujer, se creó una plaza para ella como
relaciones públicas por un año, aunque negó que se hiciese como un
"regalo".
El empresario manifestó que Areal no tenía un horario determinado
ni tampoco despacho en el hotel Valparaíso, pero defendió que la
producción del establecimiento durante ese año se incrementó de forma
notable respecto a otros periodos. Un hecho que, sin embargo, no
atribuyó al trabajo desarrollado por la mujer de Matas, de quien apuntó
que no controlaba si su trabajo era fructífero.
A nivel global, el caso Palma Arena investiga un presunto desvío
de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del
velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el tren de
vida llevado por Matas como máximo mandatario de la Comunidad balear.
Dentro del mismo proceso se indaga la actividad supuestamente delictiva
llevada a cabo por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio
Diego Torres, al frente del Instituto Nóos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario