PALMA.- Un funcionario de la oficina de extranjeros de
Delegación del Gobierno de Baleares ha aceptado una condena de 13 meses
de prisión, frente a los 13 años que inicialmente la Fiscalía
solicitaba para él, por facilitar la entrada ilegal a extranjeros en
España a sabiendas de las irregularidades existentes en sus expedientes.
Otros dos acusados también se han declarado culpables de haber
llegado a cobrarles a cambio hasta 12.000 euros y cada uno de ellos se
ha conformado con una pena de año y medio de cárcel.
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público
reclamaba 13 años de prisión para cada uno de los acusados por los
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad
en documento mercantil, y que de forma conjunta indemnizasen de forma
conjunta con un total de 94.522 euros a las personas que resultaron
afectadas por estos hechos.
Sin embargo, en base al acuerdo alcanzado con la acusación
pública, al funcionario, Felipe M.F., le ha sido retirado el primero de
los delitos -por el que se enfrentaba a diez años- y únicamente se le ha
mantenido el segundo, además de enfrentarse a tres meses de multa,
nueve de inhabilitación y sin que tenga que hacer frente a la
indemnización reclamada inicialmente.
Mientras tanto, en el caso de los otros dos acusados, Luisa
Karenina H.J. y Juan M.C., además de ver reducida notablemente la
petición de condena de cárcel y multa -a tres meses-, se les ha aplicado
la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada si bien deberán
indemnizar a los perjudicados.
En concreto, los hechos acaecieron antes de 2004, fechas en las
que, movidos por la intención de obtener un beneficio patrimonial
injusto, los tres reos se dedicaban de forma estable y organizada a la
introducción en territorio español de ciudadanos extranjeros,
principalmente de origen peruano, con la finalidad de que residieran y
pudieran trabajar en España de manera irregular.
A tal efecto, la acusada, de origen peruano, contactaba con
compatriotas suyos que se encontraban en Perú y a quienes reclamaba una
cantidad que solía oscilar entre los 2.000 y los 4.000 euros, y que en
algunos de los casos podía llegar a los 11.00 y 12.000 euros.
Una vez pagada la cantidad, Luisa Karenina H.J. la repartía con
Juan M.C, cuya gestoría se dedicaba al asesoramiento en materia laboral
de pequeñas y medianas empresas, de modo que juntos formulaban a partir
de ese momento solicitudes de permisos de residencia en España y trabajo
por cuenta ajena inicial, basados en inexistentes ofertas de empleo,
supuestamente realizadas por las empresas que eran clientas de la
gestoría y falsificando la firma de los administradores de las mismas.
Realizada la solicitud, la inculpada se dirigía al funcionario de
extranjería, quien a sabiendas de las irregularidades existentes en los
expedientes, ya que no iban acompañados de la documentación de la
empresa, compulsada y cotejada, y valiéndose del cargo que ocupaba,
obviaba los trámites de cita previa y de comparecencia del empresario
empleador, impidiendo así que éstos tuvieran conocimiento de la oferta
de trabajo que aparentemente habían realizado.
Así, colocaba los expedientes en la mesa del funcionario encargado
de realizar los trámites, dando por buenos aquellos cuya verificación
le correspondían. Los tres acusados actuaron de este modo con un total
de 16 ciudadanos extranjeros. La acusación pedía inicialmente para cada
uno de los procesados el pago de una multa de 4.320 euros, ahora
reducida.
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