En este sentido precisó que «no queremos ni podemos, obligar a nadie a hablar en catalán, pero lo que sí que nos obliga la Ley Orgánica del Sistema Universitario es a preservar las lenguas propias, y es muy interesante leer el articulado, porque sale y así figura en diferentes lugares».
Por ello defendió el acuerdo alcanzado el mes de enero pasado por el denominado consejo de dirección de la UIB, que estableció un plan de incremento de la docencia en catalán en los estudios con un menor uso de esta lengua.
El objetivo no es otro que el de imponerla tanto en las asignaturas obligatorias como en las optativas, en aquellos estudios de grado en los que su uso sea inferior a ese porcentaje, prácticamente en todos.
Un acuerdo que entidades como la asociación de profesores a favor del bilingüismo en Baleares, PLIS Educación por favor, denunció que infringe la propia Ley de Normalización, que permite a los profesores dar sus clases en la lengua que deseen.
También la entidad Hablamos Español exigió al Govern balear de Marga Prohens el pasado mes de julio, que anule esta normativa de usos lingüísticos de la UIB elaborando un nuevo reglamento, que respete la cooficialidad lingüística, y «que no se intente normalizar lingüísticamente a alumnos y al personal».
De hecho el juzgado de lo contencioso administrativo de Palma, está estudiando el recurso interpuesto por la asociación contra el acuerdo ejecutivo de 18 de enero sobre los usos lingüísticos en los estudios de Grado, que imponen el citado porcentaje del horario lectivo en catalán.
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