PALMA.- El Grupo MÉS reclama el uso público del
Palacio de Marivent y pide que se investiguen las posibles
irregularidades en la gestión de la residencia estival de la Familia
Real en Palma de Mallorca, de forma que insta al Govern a tomar las
medidas "necesarias" para esclarecer si se han "derrochado" dinero
público y, si es así, reclamar que se devuelva.
Así lo ha manifestado la coalición en un comunicado, tras conocer
la imputación de quien fuese conseller de Presidencia en el último
Govern del Pacte (2007-2011), Albert Moragues, quien deberá comparecer
ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 10 de Palma, Carmen
Abrines, en relación con las presuntas irregularidades cometidas en el
marco de la contratación de una empresa para la limpieza y mantenimiento
del Palacio de Marivent.
En esta línea, MÉS ha manifestado su apoyo a la
investigación judicial, al tiempo que ha instado al Ejecutivo balear a
tomar las medidas "necesarias" para que se investiguen las presuntas
irregularidades y, si es el caso, se persone en el caso como acusación
particular para reclamar que se devuelva el dinero público que se haya
podido "derrochar".
Asimismo, MÉS ha instado al Govern a actuar para recuperar el
Palacio de Marivent en beneficio de los ciudadanos de las islas y, en
esta línea, ha recordado que el Palacio de Marivent es responsabilidad
del Ejecutivo balear como sucesor de la Diputación Provincial, que en el
año 1966, la recibió por donación de Anunciació Marconi Taffani,
viuda del pintor Joan de Saridakis.
Concretamente, ha apuntado que la constitución de la Fundación
Pública Museo de Arte Saridakis tenía como finalidad establecer un Museo
de Arte abierto al público, servicios culturales y de enseñanza y
centro de adiestramiento artístico complementario.
En este sentido, ha explicado que en el año 1973, la Diputación
cedió el uso del Palacio a los entonces príncipes, Juan Carlos y Sofía
y, desde entonces, ha tenido el carácter de residencia privada de la
Familia Real, lo cual supuso el cierre del Museo al público y, por otra
parte, "las consecuencias favorables de la presencia del jefe del Estado
en la isla, con un cierto uso oficial para recepciones y entrevistas
con personalidades estatales e internacionales".
Sin embargo, MÉS ha indicado que hoy, las circunstancias sociales,
económicas y políticas, a las que "no resulta ajena la institución de
la Corona, a las cuales se suman las investigaciones sobre
posibles irregularidades en la gestión del mantenimiento del palacio,
recomiendan una reconsideración del uso, con objeto de volverlo a poner a
disposición de los ciudadanos, con usos artísticos y culturales y que
permita que el Govern deje de aportar los 1,5 millones de euros públicos
anuales para la residencia estival de los monarcas".
