PALMA.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha
decretado, a petición de la Fiscalía, prisión provisional comunicada sin
fianza para el exconsejero de Comercio, Industria y Energía del
Gobierno balear de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por riesgo de fuga
después de que este lunes fuera condenado a 16 años de prisión por el
desvío de más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio
de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Así lo ha decidido la Audiencia, a petición de los fiscales
Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau en la vistilla celebrada este
mediodía en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares,
de forma que el tribunal ha decidido agravar las medidas cautelares
contra Cardona, mientras que, por su parte, la defensa del exconsejero
se ha opuesto a esta petición.
El exalto cargo del PP se encuentra en los Juzgados de Ibiza, a la
espera de ser conducido a prisión, después de que fuera citado a las
12.30 horas para asistir a la vista a través de videoconferencia.
Cardona se enfrenta a la pena más elevada impuesta para un político en
Baleares y a una de las más altas en todo el país.
Cabe recordar que la Audiencia ya acordó el pasado mes de mayo, a
petición de la Fiscalía, retirar el pasaporte al exconsejero así como su
personación en dependencias de la Guardia Civil el día 1 de cada mes,
prohibiéndole además salir del territorio nacional sin previa
autorización judicial, al considerar que sobre él pesan indicios
suficientes de criminalidad que pueden conllevar un elevado riesgo de
fuga.
Sobre el condenado, para quien la Fiscalía solicitaba hasta 21
años de prisión, pesan un delito de asociación ilícito (tres años de
cárcel), un ilícito continuado de malversación en concurso con
prevaricación, falsedad en documento oficial por funcionario, falsedad
en documento mercantil y fraude a la administtración (siete años y
medio) y un delito continuado de cohecho (cinco años y medio). Además,
ha sido condenado a treinta años y diez meses de inhabilitación.
Mientras tanto, otros tres de los acusados que han sido condenados
en el marco del caso Scala, el exdirector general de Promoción
Industrial del Gobierno balear Kurt Viaene -cinco años y cinco meses de
prisión-, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -cuatro años y dos
meses- y el empresario y exconcejal de Lloseta Felipe Ferré -tres años y
nueve meses-, han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a
que pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los
próximos días en el centro penitenciario de Palma.
Según la resolución judicial, de 639 páginas, los exaltos cargos
urdieron el expolio del CDEIB mediante la creación de entidades
mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros
y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas
existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a
proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que
participaba el Consorcio.
Ya en sus alegatos finales durante la vista oral, el fiscal Pedro
Horrach subrayó que el "saqueo sistemático" y el uso de la
Administración "para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy
contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso". Y en
el epicentro de esta causa, el exconsejero de Comercio, al que el fiscal
se refirió como "el jefe de la banda", con "indicios múltiples y
variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a
saquear las arcas públicas".
En una contundente intervención ante el tribunal, Horrach aludió
al "historial político" de Cardona, desplegando los numerosos indicios
incriminatorios que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el
funcionamiento del grupo delictivo y participó en la manipulación de los
procedimientos administrativos. "Yo tardé dos segundos en conocer estas
reglas básicas de este tipo de procedimientos, ¿y él no las conocía?",
espetó al respecto.
Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio al
exconsejero, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia,
dirigiéndose al acusado, que "no le voy a decir cuántos casos llevo,
pero me los miro todos", después de que el inculpado aseverase que no
podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través
del Consorcio que él presidía.
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