BARCELONA.- La Generalitat catalana quiere
clarificar cuanto antes los ingresos que espera recibir con el cambio de
inquilino en la Moncloa. Los cálculos del Govern, solo teniendo en
cuenta pagos que lleva hasta una década reclamando al Estado, elevan la
factura a más de 10.000 millones de euros, publica http://www.eleconomista.es/.
Se trata de importes vinculados a las
competencias autonómicas, pero todavía no recibidos, que la
administración catalana ha puesto sobre la mesa para aviso a navegantes
antes de la reunión prevista dentro de una semana, el lunes 9 de julio,
entre el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el español,
Pedro Sánchez.
Dada la tardía formación del Govern, este
mes de junio, y el difícil equilibrio de las mayorías en el Parlament,
el nuevo vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha
renunciado a intentar aprobar Presupuestos de la Generalitat para 2018 y
ha iniciado directamente la elaboración de los de 2019, pero sí que
está interesado en conseguir ingresos por todas las vías posibles cuanto
antes.
Así, aprovechó su primera comparecencia en
el Parlament la semana pasada para abogar por "iniciar la negociación
con el Estado para que se cumplan los modelos vigentes", y cifró la
deuda pendiente en 6.000 millones de euros. De estos, más de la mitad
corresponden a las inversiones que debía realizar el Estado en
infraestructuras catalanas entre 2007 y 2013, según lo que estipulaba la
disposición adicional tercera del Estatut.
Además, la Generalitat cuenta con recibir
casi 3.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en el tercer y
cuarto trimestre de este año. En la primera mitad de 2018, todavía con
el Gobierno del PP, la comunidad autónoma recibió casi 5.900 millones,
pero los siguientes pagos ya deben llegar bajo el mandato de Pedro
Sánchez.
Con los mercados todavía cerrados para la
administración catalana, el FLA es su fuente fundamental de
financiación. Desde que se pusieron en marcha los mecanismos de liquidez
estatal en 2012, Catalunya ha recibido 76.771 millones de euros
-incluyendo aportaciones extraordinarias como adelantos de la
liquidación del modelo de financiación-, y actualmente suponen el 70% de
la estructura de deuda de la Generalitat.
Otro punto en el que el gobierno catalán
quiere incidir ante Sánchez es en el "principio de lealtad
institucional", apuntó Aragonès. El Ejecutivo de Torra reprocha que el
Estado ha tomado decisiones en los últimos años que aumentan gastos o
reducen ingresos de la Generalitat y no lo ha compensado con los
recursos económicos correspondientes.
Algunos
ejemplos son el aumento de la retribución de los funcionarios (1.100
millones), cambios en el IRPF (100 millones por la reducción de la base
imponible), y modificaciones en la liquidación del IVA (400 millones).
También en este apartado se incluye el reparto del límite de déficit
entre los diferentes niveles de administraciones públicas españolas
"injusto, arbitrario y que incumple la ley de estabilidad".
Impuestos
En cualquier caso, la
voluntad de la Generalitat es la de aumentar los ingresos, ya sea por
mayores transferencias del Estado o por mayor recaudación, y en este
segundo apartado batallará para recuperar impuestos suspendidos por el
anterior Gobierno central.
El mayor exponente es el impuesto sobre
los depósitos bancarios, con el que la Generalitat pretendía recaudar
635 millones de euros anuales en su planteamiento inicial, si bien
Cristóbal Montoro cortó las alas a las aspiraciones catalanas
adelantándose con un tributo estatal equivalente.
Joaquim Torra también
quiere recuperar el impuesto al ADSL, con el objetivo de destinar la
recaudación -estimada en unos 16 millones anuales- a impulsar la cultura
catalana.
Sin embargo, el nuevo gobierno catalán no
puede atribuir todos sus males a los anteriores ejecutivos centrales,
sino que cuenta también con lastres propios, provenientes de los
gobiernos autonómicos precedentes.
El más relevante a corto plazo es el
de la recuperación de la gestión pública de la empresa Aigües Ter
Llobregat (ATLL) después de que la Justicia haya anulado el concurso de
concesión durante 50 años adjudicado en diciembre de 2012.
Otro gran escollo para Torra, que afecta a
la capacidad de acometer nuevas inversiones de obra pública, es la
financiación diferida de obras realizadas en el pasado, denominada
financiación estructurada.
En los presupuestos de la Generalitat de
2017, el dinero comprometido era de 1.031,9 millones, y según los
últimos datos fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya,
en 2013, la Generalitat catalana tenía gastos con cargo a ejercicios
futuros por más de 92.400 millones de euros, con plazos que alcanzaban
hasta más allá de 2050.
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