PALMA.- El consejero balear de Presidencia, Antonio
Gómez, ha anunciado este martes que el ejecutivo regional recurrirá al
Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares (TSJIB) sobre los despidos en el sector público.
En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el posible coste
que podría tener para las arcas públicas el hecho de que los 600
despidos sean declarados nulos, Gómez ha remarcado que "estamos ante un
debate jurídico que no está resuelto y, por lo tanto, tenemos que acudir
al Tribunal Supremo". En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo
balear "trabaja en defensa de los intereses generales".
Por su parte, la socialista Pilar Costa ha recordado que el
Gobierno ha despedido a más 600 trabajadores del sector público y que
algunos de éstos han sido declarados nulos por los tribunales. Según ha
manifestado, una sentencia del pasado mes de abril anula un despido
"porque se saltaron cualquier formalidad".
Asimismo, la parlamentaria ha añadido que su grupo tiene "ciertas
sospechas" de que, en determinados casos, han sido "despidos a la carta"
sin un criterio objetivo, sino únicamente "partidistas".
Por todo ello, ha pedido al Gobierno que "no sigan" porque el
coste para las arcas públicas será "multimillonario". Además, ha añadido
que no es cierto que únicamente haya 130 recursos ante la Justicia,
puesto que el sindicato UGT ha presentado una demanda colectiva, en
representación de todos los despidos, por lo que "se puede dar el caso
de que la Justicia anule los 600 despidos", con lo que las
indemnizaciones podrían "superar los 30 millones de euros".
Por otro lado, Costa ha recordado que el Gobierno creó la Oficina
de Control Presupuestario, presidida por Joaquín García, con el objetivo
de redimensionar el sector publico. No obstante, ahora "esta gran
gestión puede llevar a indemnizaciones millonarias contra el gobierno
balear por el deficiente trabajo hecho y por no rectificar", ha dicho la
socialista.
En este sentido, la parlamentaria ha apuntado que "lo ultimo que
nos faltaba era la amenaza de los tribunales de embargar las cuentas
publicas del ejecutivo de Baleares por su nefasta gestión. Rectifiquen o
Bauzá y Joaquín García tendrán que salir por patas", ha dicho, tal y
como le pasó a García en el Grupo Drac, "que protagonizó la suspensión
de pagos más grande de la historia de Baleares, entre él y Vicente
Grande. Espero que no sea un preludio de lo que nos espera", ha añadido.
No obstante, Gómez ha reiterado que "avanzar lo que va a decir un
juez sobre casos concretos sería un gran atrevimiento" por su parte.
Así, ha remarcado que el Gobierno trabaja "en aras del interés general" y
ha negado que el TSJIB sentencie en contra del Ejecutivo balear. "Lo
que ha hecho es que hay una sentencia que ha sentenciado un caso
concreto en el que nosotros no estamos de acuerdo con su argumentación y
vamos a recurrir en casación al Tribunal Supremo", ha reiterado.
Asimismo, Gómez ha apuntado que mientras se producía la sentencia
del TSJIB de un despido de una persona en la ATB, un Juzgado de lo
Social avalaba la amortización de cuatro plazas en empresa Trambadia y
otro Juzgado de lo Social hacía lo propio con empresa Gesma.
"Estamos ante un debate jurídico que no está resuelto y, por lo
tanto, tenemos que acudir al Tribunal Supremo, garantizar que el
Ejecutivo trabaja en defensa de los intereses generales, creo que
hablarle de defensa de los intereses generales es como hablarle en chino
mandarín", ha dicho a Costa.
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