PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº
8 de Palma, Juan Pedro Yllanes, en funciones de guardia, ha acordado
prisión provisional bajo fianza de 25.000 euros para dos de los
empresarios detenidos en el marco de la Operación Garden, quienes han
prestado declaración a lo largo de esta tarde.
Así lo ha informado el Tribunal de Justicia de Baleares, que ha
señalado que el juez les ha dado de plazo hasta el martes día 30 de
abril, a las 15.00 horas, para depositar la caución. El procedimiento
está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Palma,
que ha decretado el secreto de sumario.
En concreto, los arrestos tuvieron lugar este miércoles en el
marco de una nueva investigación que ha sido bautizada con el nombre de
Operación Garden, centrada en un presunto desvío de fondos públicos y
cohecho que se materializaba, entre otros hechos, en la instalación de
jardines por parte de estos empresarios en fincas de exaltos cargos de
Unió Mallorquina (UM) y entonces responsables del Consell de Mallorca.
Dentro de esta operación, anoche fue puesto en libertad por la
Policía Nacional un tercer empresario detenido. Fuentes del caso
explicaron que se trata de unas nuevas pesquisas desarrolladas a
instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la que se indaga un presunto
desvío de fondos públicos desde la Institución insular a la UTE que
llevó a cabo los anteriores trabajos haciendo uso del dinero
presuntamente defraudado, en concreto durante los años 2006 y 2007,
época en la que el Consell estaba presidido por Maria Antònia Munar.
Durante los últimos días se ha tomado declaración a numerosos
imputados, entre los que se encuentran excargos de la extinta formación
regionalista y más en concreto de la Conselleria de Obras Públicas,
entonces dirigida por Antoni Pascual, mientras que este jueves se
procedió a arrestar a los tres empresarios, que están vinculados a dos
de las tres mercantiles que integraban la UTE investigada y que estaba
relacionada con el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.
Según las nuevas investigaciones, que constituyen un fleco del
denominado caso Peaje, en lugar de abonar comisiones en efectivo, los
empresarios montaban jardines en las viviendas y trasladaban camiones
cargados con tierra de jardín a los exresponsables del Consell
vinculados a esta supuesta trama.
Cabe recordar que el caso Peaje, en manos del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Palma, se inició a raíz de la querella que
interpuso el Ministerio Público contra 16 exaltos cargos del Consell y
empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de
23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones
inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la
UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró,
Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere
Infraestructuras, MAB y Sacyr).
Los imputados podrían haber incurrido, según los investigadores,
en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y
falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados
han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese
en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los
trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente
cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
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