PALMA.- El exconsejero de Turismo del Govern,
exvicepresidente del Consell de Mallorca y expresidente de Unió
Mallorquina (UM), Miquel Nadal, ha acudido a primera hora de este lunes a
la Audiencia Provincial de Baleares para recoger un requerimiento de
prisión con el que deberá ingresar, en un máximo de cinco días -tiene de
plazo hasta este viernes, día 2-, en el centro penitenciario de Palma
después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la pena de cuatro
años de cárcel que le fue impuesta en el marco del caso Voltor.
El exalto cargo deberá así entrar en prisión por auspiciar la
contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller, Tomás Plomer, tras
determinar el Alto Tribunal que Nadal era "el mejor situado" en el
organigrama de la Consejería de Turismo para gratificar con fondos
públicos a "un fiel peón de su peripecia política" -en alusión a Plomer-
por sus trabajos en favor de UM.
Se da la circunstancia de que la semana pasada ingresaron en la
cárcel la expresidenta del Parlamento y del Consell Maria Antònia Munar,
en su caso de forma provisional sin fianza ante un elevado riesgo de
fuga, así como el también exconsejero de Turismo Francesc Buils, tras
ser confirmada la pena de tres años de prisión a la que fue condenado en
otra pieza del caso Voltor. Mientras tanto, el también exalto cargo de
UM Antoni Rebassa dispone hasta este miércoles para ingresar por condena
firme.
En su sentencia, el Alto Tribunal considera probado cómo Nadal
cobró hasta 13.080 euros por la labor que habría efectuado para la
extinta formación, abonados desde el Instituto de Estrategia Turística
(Inestur) -dependiente de la Consejería-. "Nadal, siendo el beneficiario
de aquellos servicios, tenía capacidad política y administrativa para
compensarlos, bien que ilícitamente, como resulta que en efecto se
hizo", señala el TS.
La sentencia, que desestima uno a uno los argumentos vertidos en
su recurso de casación por el letrado de Nadal, José Zaforteza, tilda de
"abrumadoramente irregular" el contrato menor suscrito entre el Inestur
y Plomer por unos servicios que no entrañaban trabajo alguno, e incide
en que la orden desencadenante "tuvo que provenir del más alto nivel del
organigrama: de alguien con capacidad autónoma 'de facto' para
contratar al margen de la Ley, esto es, de Nadal".
La Sala de lo Penal refuerza su fundamento en la "total
irregularidad" del contrato rubricado; en el dato de que Plomer había
prestado servicios políticos que Nadal tenía interés en compensar; en
que la decisión de hacerlo de este modo, además de penalmente relevante,
es política, y en que esa clase de decisiones "sólo podía tomarlas el
que contase con el necesario poder político y la posición idónea en el
organigrama de la Consejería".
Los magistrados recriminan asimismo que el letrado de Nadal "se
prodiga en toda una serie de consideraciones del peculiar marco político
general de UM", si bien "son por completo periféricas y ciertamente
ajenas al objeto de la causa". En este sentido, rebaten la denuncia del
abogado de que se ha producido un sesgo en el tratamiento de las
pruebas, ante lo cual el TS subraya que la actitud de la Audiencia al
respecto fue de un "rigor encomiable".
El Alto Tribunal recalca cómo de los hechos se desprende que el
papel de los demás acusados en favor de Plomer -el exgerente del
Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antonio Oliver, la
exresponsable del Centro de Investigaciones y Tecnologías Turísticas de
las Islas Baleares (CITTIB) María Luisa Tortella, y el exdirector
general de Promoción Turística Joan Sastre- "fue debida a la iniciativa
de Nadal que, por su posición en ese área de la Administración balear
-como consejero de Turismo-, gozaba de poder necesario al efecto".
Cabe señalar que se trata de la tercera condena que pesa sobre
Nadal, después de que ya fuera condenado a dos años y siete meses de
prisión en el marco del llamado caso Maquillaje por un desvío de 240.000
euros públicos a la productora que controlaba junto a la expresidenta
del Consell Maria Antònia Munar, a través de testaferros, mientras ambos
eran máximos responsables de la Institución insular.
Mientras tanto, este mismo martes ha sido condenado a otros cuatro
años de cárcel en el marco del caso Can Domenge, por su intervención en
la venta irregular de los solares palmesanos por treinta millones de
euros a la promotora Sacresa, por debajo de su valor en el mercado.
Nadal es, además, el exalto cargo público de Baleares que se
encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Voltor y
Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge, Llompart, Ibatur y en una
séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.
Se da la circunstancia de que, en el marco del caso Voltor, Nadal
fue arrestado en febrero de 2010 mientras ostentaba los cargos de
consejero de la Consejería de Turismo y concejal en el Ayuntamiento de
Palma. Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de
2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas
pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de
millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para
posteriormente extenderse a la actuación de UM.
