PALMA.- La Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares
(TSJB) ha declarado nulo el despido de una trabajadora de la Agencia de
Turismo Balear (ATB), entidad a la que obliga a readmitir a la empleada y
a abonarle 32.0000 euros en concepto de salarios.
La sentencia afirma que para haber despedido a la demandante, que desempeñaba sus funciones como técnico en Ibiza,
la ATB tenía que haber recurrido al procedimiento de despido colectivo,
ya que otros doce trabajadores también fueron cesados con
justificaciones económicas.
La trabajadora fue contratada en junio de 2004 por el Instituto de
Estrategia Turística (Inestur -disuelto en 2010-) y fue despedida en
abril de 2012 por la ATB, que asumió a la plantilla de la anterior
entidad, esgrimiendo la amortización de puesto de trabajo ya que se
suprimía la actividad en Ibiza.
Según la ATB, el déficit presupuestario de la Comunidad, que en 2011 llegó a los 1.063 millones de euros,
hacía necesaria una reestructuración de la empresa pública mediante la
reducción del 20,5 % de los puestos, lo que suponía un ahorro de 446.000
euros.
La sentencia revoca otra del juzgado social de Ibiza de julio de 2012
y aclara que la situación de contratación temporal por la que atravesó
la trabajadora durante todos los años que prestó servicio a la ATB era
un fraude de ley.
Además, indica que la mayoría de la plantilla de la empresa
demandada, es decir 57 de los 78 que la conformaban antes de los
despidos, tenían contratos indefinidos no fijos, "lo que apunta a un generalizado incumplimiento de las reglas de contratación" por parte de Inestur, ahora ATB.
Advierte que no consta que ni Inestur ni la ATB hayan convocado jamás
concursos públicos de acceso a los 78 puestos de trabajo, por lo que el
juez precisa que la empresa debió recurrir al despido colectivo para
esgrimir razones económicas para la supresión de la descentralización de
gestión de calidad en Ibiza.
Contra esta sentencia cabe recursos de casación ante la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.
No extrapolable
El Govern entiende que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que le ha obligado a readmitir a una trabajadora de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), tras declarar nulo su despido, "no es en absoluto extrapolable a todos los casos de extinción del puesto de trabajo por amortización del mismo".
En un comunicado, la Conselleria de Presidencia ha señalado que la citada sentencia, que estima el recurso de suplicación presentado por la empleada contra la sentencia dictada el pasado 30 de julio de 2012 por el Juzgado de lo Social de Ibiza, la cual se revoca y deja sin efecto, "contiene una argumentación que no coincide con la argumentación jurídica presentada por la empresa pública", razón por la cual ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Cabe recordar que el TSJB indica que para proceder a la extinción del contrato de la demandante por razones económicas, que es lo que subyace tras la supresión de la descentralización de la actividad de gestión de calidad en Ibiza, "debió acudirse al procedimiento de despido colectivo regulado en el artículo 51 ET, habida cuenta del número de trabajadores afectados por la medida empresarial y el total de los empleados que ocupaba la entidad demandada y, al no haberse hecho así, es evidente que nos encontramos ante un despido".
El Govern apunta que esta sentencia, como en el cuerpo de la misma reconoce, "cambia el criterio que sobre esto mantenía la misma Sala en relación con la posibilidad de extinguir la relación laboral de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público".
"Ahora bien, este cambio de criterio lo es en relación al caso concreto que se examina y por circunstancias muy específicas del mismo", considera, razón por la cual estima que no es extrapolable al resto de casos de extinción del puesto de trabajo por amortización del mismo.
Tanto es así, que el Govern recalca que la Sentencia revoca la dictada en su día por un Juzgado del Social, que daba la razón a la empresa demandada, "basándose precisamente en la jurisprudencia que, hasta el día de hoy, mantiene el Tribunal Supremo, el último pronunciamiento sobre esta cuestión es del mes de diciembre de 2012".
Es más, el Govern añade que la cuestión que se examina ha sido resuelta de manera diferente, "no sólo por los juzgados sociales -que en varias ocasiones han acogido las tesis de las empresas demandadas-, sino incluso por diferentes tribunales superiores de justicia, provocando incluso votos particulares que no comparten el cambio de criterio que alguno de ellos ha expuesto en las sentencias, como pasa en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Por lo tanto, el Govern asevera que "no estamos delante de un debate jurídico definitivamente resuelto, mucho menos con la contundencia y claridad que se pretende" y, por ello, entiende que es "imprescindible que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la materia".
El Ejecutivo balear ha explicado que el proceso de reestructuración del sector público se está llevando a cabo examinando, "como no puede ser de otro modo, empresa por empresa".
En consecuencia, ha remarcado que se ha actuado en cada caso teniendo en cuenta "las concretas y muy particulares circunstancias concurrentes, optándose por la amortización o por el despido según los casos", de modo que aclara que "el optar por una u otra figura de ninguna forma obedece a la arbitrariedad, sino, al contrario, al estudio de cada supuesto y sus circunstancias".
Por otra parte, el Govern ha negado "rotundamente" las afirmaciones y cálculos realizados extrapolando costes para las arcas públicas como los costes de tramitación, en base, además, de 600 trabajadores a los cuales ha afectado el proceso de reestructuración.
En este sentido, ha precisado que el número total de trabajadores afectados, entre amortizados y despedidos, que han interpuesto demanda es de 131, de los cuales, "algunos incluso han desistido una vez interpuesta la demanda o se han acogido a la sentencia de instancia que ha dado la razón a la empresa".
El PSIB exige al Govern que "rectifique"
La diputada del PSIB Joana Barceló ha exigido al Govern la "rectificación inmediata" de los despidos de trabajadores públicos que está haciendo el Ejecutivo balear, al tiempo que le ha pedido que asuma las responsabilidades que se derivan, después de que la Justicia haya declarado nulo uno de estos despidos.
En un comunicado, Barceló se ha referido así a la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que ha obligado al Govern a readmitir a una trabajadora de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), tras declarar nulo su despido.
Así, la parlamentaria socialista ha anunciado la presentación de una serie de preguntas en la Cámara balear al vicepresidente Económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, tras hacerse pública la citada sentencia, que señala que la amortización de plazas que está haciendo el Ejecutivo del PP en el sector público con el despido de trabajadores sin ninguna indemnización es nulo.
Barceló ha indicado, como ya se denunció por parte del PSIB, las dudas legales que despertaban estos despidos y las consecuencias económicas por el pago de futuras indemnizaciones.
En este sentido, ha exigido "responsabilidades políticas", después de que el PP "se negase a atender ninguna petición de análisis e informe jurídico para avalar la decisión política de despedir sin indemnizar en el sector público".
Por otro lado, ha apuntado a la Oficina de Control Presupuestaria, que era el órgano encargado de la reestructuración del sector público, a la Vicepresidencia Económica, responsable de la legalidad laboral, o a los consellers responsables de cada uno de los sectores públicos afectados, como "los máximos responsables de toda la situación creada por estos despidos".
Finalmente, Barceló ha criticado que sea precisamente el Ejecutivo autonómico el que, "bajo la excusa de reducir el sector público, no cumpla con la legalidad vigente", al tiempo que ha exigido "ejemplaridad y cumplimiento de la Ley" al Govern en un momento "tan duro laboralmente para tantos trabajadores y empresas".
No extrapolable
El Govern entiende que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que le ha obligado a readmitir a una trabajadora de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), tras declarar nulo su despido, "no es en absoluto extrapolable a todos los casos de extinción del puesto de trabajo por amortización del mismo".
En un comunicado, la Conselleria de Presidencia ha señalado que la citada sentencia, que estima el recurso de suplicación presentado por la empleada contra la sentencia dictada el pasado 30 de julio de 2012 por el Juzgado de lo Social de Ibiza, la cual se revoca y deja sin efecto, "contiene una argumentación que no coincide con la argumentación jurídica presentada por la empresa pública", razón por la cual ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Cabe recordar que el TSJB indica que para proceder a la extinción del contrato de la demandante por razones económicas, que es lo que subyace tras la supresión de la descentralización de la actividad de gestión de calidad en Ibiza, "debió acudirse al procedimiento de despido colectivo regulado en el artículo 51 ET, habida cuenta del número de trabajadores afectados por la medida empresarial y el total de los empleados que ocupaba la entidad demandada y, al no haberse hecho así, es evidente que nos encontramos ante un despido".
El Govern apunta que esta sentencia, como en el cuerpo de la misma reconoce, "cambia el criterio que sobre esto mantenía la misma Sala en relación con la posibilidad de extinguir la relación laboral de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público".
"Ahora bien, este cambio de criterio lo es en relación al caso concreto que se examina y por circunstancias muy específicas del mismo", considera, razón por la cual estima que no es extrapolable al resto de casos de extinción del puesto de trabajo por amortización del mismo.
Tanto es así, que el Govern recalca que la Sentencia revoca la dictada en su día por un Juzgado del Social, que daba la razón a la empresa demandada, "basándose precisamente en la jurisprudencia que, hasta el día de hoy, mantiene el Tribunal Supremo, el último pronunciamiento sobre esta cuestión es del mes de diciembre de 2012".
Es más, el Govern añade que la cuestión que se examina ha sido resuelta de manera diferente, "no sólo por los juzgados sociales -que en varias ocasiones han acogido las tesis de las empresas demandadas-, sino incluso por diferentes tribunales superiores de justicia, provocando incluso votos particulares que no comparten el cambio de criterio que alguno de ellos ha expuesto en las sentencias, como pasa en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
Por lo tanto, el Govern asevera que "no estamos delante de un debate jurídico definitivamente resuelto, mucho menos con la contundencia y claridad que se pretende" y, por ello, entiende que es "imprescindible que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la materia".
El Ejecutivo balear ha explicado que el proceso de reestructuración del sector público se está llevando a cabo examinando, "como no puede ser de otro modo, empresa por empresa".
En consecuencia, ha remarcado que se ha actuado en cada caso teniendo en cuenta "las concretas y muy particulares circunstancias concurrentes, optándose por la amortización o por el despido según los casos", de modo que aclara que "el optar por una u otra figura de ninguna forma obedece a la arbitrariedad, sino, al contrario, al estudio de cada supuesto y sus circunstancias".
Por otra parte, el Govern ha negado "rotundamente" las afirmaciones y cálculos realizados extrapolando costes para las arcas públicas como los costes de tramitación, en base, además, de 600 trabajadores a los cuales ha afectado el proceso de reestructuración.
En este sentido, ha precisado que el número total de trabajadores afectados, entre amortizados y despedidos, que han interpuesto demanda es de 131, de los cuales, "algunos incluso han desistido una vez interpuesta la demanda o se han acogido a la sentencia de instancia que ha dado la razón a la empresa".
El PSIB exige al Govern que "rectifique"
La diputada del PSIB Joana Barceló ha exigido al Govern la "rectificación inmediata" de los despidos de trabajadores públicos que está haciendo el Ejecutivo balear, al tiempo que le ha pedido que asuma las responsabilidades que se derivan, después de que la Justicia haya declarado nulo uno de estos despidos.
En un comunicado, Barceló se ha referido así a la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que ha obligado al Govern a readmitir a una trabajadora de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), tras declarar nulo su despido.
Así, la parlamentaria socialista ha anunciado la presentación de una serie de preguntas en la Cámara balear al vicepresidente Económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, tras hacerse pública la citada sentencia, que señala que la amortización de plazas que está haciendo el Ejecutivo del PP en el sector público con el despido de trabajadores sin ninguna indemnización es nulo.
Barceló ha indicado, como ya se denunció por parte del PSIB, las dudas legales que despertaban estos despidos y las consecuencias económicas por el pago de futuras indemnizaciones.
En este sentido, ha exigido "responsabilidades políticas", después de que el PP "se negase a atender ninguna petición de análisis e informe jurídico para avalar la decisión política de despedir sin indemnizar en el sector público".
Por otro lado, ha apuntado a la Oficina de Control Presupuestaria, que era el órgano encargado de la reestructuración del sector público, a la Vicepresidencia Económica, responsable de la legalidad laboral, o a los consellers responsables de cada uno de los sectores públicos afectados, como "los máximos responsables de toda la situación creada por estos despidos".
Finalmente, Barceló ha criticado que sea precisamente el Ejecutivo autonómico el que, "bajo la excusa de reducir el sector público, no cumpla con la legalidad vigente", al tiempo que ha exigido "ejemplaridad y cumplimiento de la Ley" al Govern en un momento "tan duro laboralmente para tantos trabajadores y empresas".
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