IBIZA.- Las facturas remitidas por Prensa Pitiusa al Ayuntamiento de Ibiza
correspondientes a los supuestos «anuncios» publicados en el semanario
durante el segundo semestre de 2012 fueron recibidas en Intervención el
pasado 25 de febrero «indebidamente conformadas», puesto que solo
contaban con «la firma del responsable técnico y sin la firma del
responsable político», señala la interventora María José Vegas en su
informe, entregado el pasado jueves a los responsables políticos que
forman parte de la comisión de investigación de este caso.
Vegas detalla
que aquel mismo día recibió tres bloques de facturas con idénticas
irregularidades: eran las facturas entregadas por la editora del
semanario en el Consistorio el 15 de octubre (correspondientes a los
«anuncios» inexistentes de septiembre), el 8 de noviembre (por los
«anuncios» fantasma de octubre) y el 11 de diciembre (por la
«publicidad» intangible de noviembre).
En los tres casos,
recibidos en un mismo paquete, Intervención de Vila «los envió
nuevamente [ese mismo día, el 25 de febrero] al área de alcaldía para su
conformación por el responsable político». Quien finalmente aceptó
poner su firma, tras continuas reticencias pues ningún político quería
correr ese riesgo, fue la segunda teniente de alcalde, Lina Sansano.
También consta la rúbrica del jefe de gabinete, Antonio Beneyto. De
hecho, costó tanto que alguien diera su visto bueno que los documentos
ya firmados no llegaron a Intervención hasta el 6 de marzo, nueve días
más tarde. Debidamente conformadas, las facturas fueron incluidas en el
expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda 1/2013, de este
ejercicio.
Precisamente, en su informe la interventora saca los
colores al actual gobierno municipal por haber abusado de esos
expedientes extrajudiciales, que en principio deberían ser «una
excepción» pero que se han «desvirtuado» tras emplearse con excesiva
asiduidad.
Ese reconocimiento extrajudicial fue llevado a la
comisión informativa de Hacienda celebrada el 22 de marzo, que con los
votos del PP fue dictaminada favorablemente. En principio, el siguiente
paso era remitirla al pleno para su aprobación definitiva, pero entonces
estalló este escándalo y la alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui,
decidió retirar ese punto del orden del día.
A
lo largo del año 2012, tanto la interventora María José Vegas como su
antecesor, José Torres Riera, se mantuvieron inflexibles y pararon, como
si fueran guardametas, cada gol que los responsables políticos les
querían colar por la escuadra. Ya se pusieron objeciones hace justo un
año, el 19 de abril de 2012, por «la manera en que se realizaba el
gasto» , 33.410 euros por cuatro facturas presentadas tanto por Prensa
Pitiusa como por TEF y Global Mediterráneo (solo esta empresa se llevaba
20.626 euros), todas ellas del mismo propietario. El interventor
advertía de que se había «omitido la fiscalización previa» establecida
para los contratos menores recogida en apartado 2, punto 3 de la base
49º de la ejecución de los presupuestos de ese año.
En ese caso,
el equipo de Gobierno había incumplido de manera flagrante esa base: en
ella se recalca que para «los gastos iguales o superiores a 5.000 euros e
inferiores a los límites establecidos por los contratos menores» se
debe hacer una propuesta de gasto firmada por el responsable del órgano
gestor y por el concejal correspondiente, que debían adjuntar tres
presupuestos o una memoria justificativa de su adjudicación directa.
Además de haber troceado los pagos, hasta entonces se había obviado todo
lo contemplado en esa base, que explica cómo se debe proceder a la
tramitación de los contratos menores. ¿La causa? La interventora lo deja
claro en su informe: porque esos pagos se sustentaban en un simple
«contrato verbal» de la alcaldesa con Prensa Pitiusa, una irregularidad
ya difícil de subsanar y que ha sido el origen de todo este embrollo.
La
interventora volvió a poner reparos en un informe fechado el 11 de
septiembre de 2012 al observar que el gasto total que le pasaban –seis
facturas, tres de la TEF y tres del semanario por, oh casualidad,
idéntico valor de 6.392 euros que sumaban un total de 38.352– superaba
«el límite establecido para los contratos menores», 18.000 euros según
el artículo 138.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Además, y al igual que las facturas de abril de ese año, se
había omitido el procedimiento establecido en la base 49º de la
ejecución del presupuesto de 2012.
Pese a todo, el primer
teniente de alcalde, Juan Daura, firmó un decreto para dar salida a esos
pagos, si bien la ley de Haciendas Locales advierte en su artículo 217
que ante objeciones como la planteada por el interventor solo vale la
firma del presidente de la entidad local, que en Vila es su alcaldesa.
Ese artículo recalca que esa facultad «no es delegable en ningún caso».
Las
objeciones de Intervención no son solo por las facturas emitidas por
Prensa Pitiusa, sino también por las de TEF y Global Mediterráneo. De
hecho, el edil de Nova, Antonio Villalonga, ha exigido que se envíen a
la Fiscalía todas las facturas, incluidas las de la televisión de
Antonio Planells, según 'Diario de Ibiza'.
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